ECONOMIA
La UIF introdujo cambios en el sistema de control para los sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) introdujo cambios significativos en los requisitos de inscripción y actualización para los Sujetos Obligados bajo la Ley N° 25.246, apuntando a fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Según se explica la Resolución 37/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, el organismo busca agilizar la gestión documental y optimizar la trazabilidad de los procesos de registración, exigiendo una mayor rigurosidad y digitalización en la presentación de documentación respaldatoria.
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, la inscripción de los Sujetos Obligados debe realizarse exclusivamente a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+), plataforma digital que centraliza la recepción, revisión y validación de documentos. Esta medida alcanza tanto a personas humanas como a estructuras jurídicas, quienes deberán adjuntar en formato PDF —u otro que pueda establecerse en el futuro— toda la documentación requerida, quedando sujeta a revisión y posibles solicitudes de rectificación por parte de la UIF.
El nuevo marco normativo establece que, al momento de la inscripción, los Sujetos Obligados deben presentar un conjunto detallado de documentos identificatorios y habilitantes. En el caso de personas humanas, se exige una nota dirigida al presidente de la UIF con datos personales, domicilios y actividad principal, así como copias de documentos de identidad, CUIL, CUIT o CDI, autorizaciones profesionales, certificación de antecedentes penales y, en caso de corresponder, constancias sobre condición de Persona Expuesta Políticamente o contratos de fideicomisos activos. Si la presentación la realiza un apoderado, debe adjuntarse el respectivo poder.
Para personas jurídicas o estructuras legales, la normativa exige una nota suscripta por la autoridad máxima, representante legal u Oficial de Cumplimiento, detallando razón social, actividad, domicilios y datos de contacto. Deben adjuntar el estatuto social actualizado, constancias fiscales, autorizaciones habilitantes, actas de designación de autoridades, declaración jurada de beneficiarios finales y certificaciones de antecedentes penales, entre otros documentos.
La UIF podrá solicitar datos adicionales para verificar la identidad de los beneficiarios finales, y toda modificación deberá ser informada en un plazo máximo de treinta días corridos. Cuando la mayoría accionaria pertenezca a una sociedad que cotiza en mercados regulados, podrá exceptuarse la identificación de beneficiarios finales si se garantiza acceso oportuno a la información.
La normativa dispone que la documentación observada debe ser regularizada en un plazo de quince días hábiles administrativos. Si el Sujeto Obligado no remite la información faltante o rectificada mediante el sistema SRO+ dentro del plazo, la inscripción será automáticamente bloqueada, quedando expuesto a las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246. Este mecanismo de control busca asegurar que solo aquellos que cumplan estrictamente con las exigencias puedan operar bajo el régimen de prevención de lavado de activos.
Los Sujetos Obligados ya registrados y sus Oficiales de Cumplimiento deberán mantener actualizados sus datos de domicilio legal o real, teléfonos y correos electrónicos en el sistema SRO+, informando cualquier modificación dentro de los cinco días hábiles de producida. En casos de ausencia o reemplazo del Oficial de Cumplimiento, la UIF debe ser notificada electrónicamente en el plazo de cinco días, incluyendo los motivos y duración del reemplazo, si corresponde.
En caso de incumplimiento de estas obligaciones de actualización, tanto el Sujeto Obligado como el Oficial de Cumplimiento podrán ser objeto de sanciones conforme al marco sancionatorio vigente. La Dirección de Supervisión de la UIF queda facultada para requerir actualización de documentación registral y adaptar los sistemas digitales de comunicación y notificación según sea necesario. La digitalización total de los trámites de inscripción y actualización representa un salto en la eficiencia de los controles aplicados por la UIF.
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- Recuperación de aprendizajes fundamentales. Casi la mitad de los estudiantes de tercer grado no comprende lo que lee y los resultados en matemática muestran un retroceso similar, con brechas amplias entre provincias, sectores de gestión y niveles socioeconómicos. Necesitamos establecer como objetivo prioritario la mejora urgente de los aprendizajes, especialmente en alfabetización inicial y matemática en la escuela primaria. Para eso, es fundamental consensuar y difundir una base curricular nacional que permita identificar qué debe saber cada estudiante en cada grado y año, y que ayude a las familias, los docentes y los equipos de gestión a monitorear los avances y exigir resultados.
- Sistema de información y transparencia educativa. Necesitamos construir un sistema integral de información que permita tomar decisiones basadas en evidencia en todos los niveles, desde la Nación hasta el aula, con datos confiables, accesibles y publicados de manera periódica y oportuna.
- Condiciones básicas para la enseñanza y los aprendizajes. La infraestructura escolar, el equipamiento y el tiempo efectivo de clase son condiciones indispensables para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, falta información actualizada, consolidada y pública sobre la infraestructura y el equipamiento disponibles, así como sobre la cantidad de días de clase reales y las horas efectivamente dictadas. Es necesario garantizar más y mejor tiempo de aprendizaje y establecer condiciones básicas de infraestructura y equipamiento en todas las escuelas del país.
- Rediseño del federalismo educativo y fortalecimiento de la autonomía escolar. La coordinación entre la Nación y las provincias arrastra tensiones históricas, responsabilidades poco claras y dificultades para cumplir las metas de inversión. Necesitamos un nuevo acuerdo federal que permita alinear responsabilidades, recursos y resultados. Al mismo tiempo, las escuelas estatales y sus equipos directivos deben contar con mayor capacidad para tomar decisiones sobre su funcionamiento y sus proyectos pedagógicos, con una rendición de cuentas centrada en los resultados educativos.
- Reformulación de la carrera profesional docente. Los docentes asumen la responsabilidad de enseñar en condiciones desafiantes y muchas veces sin las herramientas, el reconocimiento salarial y el apoyo estatal suficientes. El régimen laboral vigente, basado principalmente en la antigüedad, ofrece pocas alternativas de desarrollo profesional que no impliquen alejarse del aula, mientras que la profesión enfrenta una pérdida de prestigio social. Es necesario impulsar una discusión federal para modernizar la carrera docente, mejorar las condiciones de desarrollo profesional y fortalecer la calidad, la motivación y la gestión del sistema.
- Adaptación del sistema educativo a la inteligencia artificial y las transformaciones del mundo del trabajo. Los cambios tecnológicos, la inteligencia artificial, la automatización y la nueva economía del conocimiento plantean desafíos que la escuela no puede ignorar. Sin embargo, los diseños curriculares no siempre se actualizan con la velocidad necesaria para incorporar las competencias que exige este nuevo escenario. Necesitamos promover una actualización integral del sistema educativo que prepare a los estudiantes para comprender estos cambios, desarrollar nuevas capacidades y desenvolverse en un mundo laboral en permanente transformación.
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