ECONOMIA
Las importaciones siguen en el freezer y la City ya habla del fin de la «restricción de dólares»
Mientras el Gobierno celebra los récords en exportaciones -que permiten el fuerte flujo de dólares que entran a la economía- los analistas ponen la lupa sobre las importaciones, y no esconden su preocupación por el escaso vigor que muestran las compras desde el exterior. Por lo pronto, la última encuesta REM corrigió a la baja, otra vez, su previsión de importaciones, en coincidencia con la capacidad ociosa de las plantas fabriles.
Las únicas importaciones que siguen creciendo son las de bienes de consumo final y automóviles -lo que en la jerga se denomina como «compras Temu»-, que ya representan la cuarta parte del total.
En cambio, el resto -maquinaria e insumos de la industria- sigue decreciendo, en línea con las expectativas de que el próximo dato del EMAE vuelva a mostrar números en rojo tras la breve ilusión del mes anterior.
Para algunos, esa situación una señal de que la industria seguirá en recesión, y con un nivel de capacidad ociosa tan alto que no amerita la compra de bienes de capital. Por caso, la consultora Analytica consigna «predominio de señales débiles en la demanda interna, la industria pesada y el sector automotriz», y pronostica una caída de 0,8% interanual para el EMAE de abril.
¿Adiós a la restricción externa?
Otros van más allá y creen que Argentina está viviendo un cambio de modelo, en el que ese bajo nivel de importaciones se corresponde con un nuevo escenario en el que ramas enteras de la producción perderán competitividad.
Es el caso de la consultora LCG, que compara la situación actual con la del año 2017. Y observa que, pese a que en ambos momentos se registra el mismo nivel de «atraso cambiario», ahora hay un sólido superávit comercial y posible superávit en cuenta corriente, mientras que el gobierno macrista sufría déficits de las cuentas externas.
Y concluye que el gran factor que posibilitó esa diferencia fue Vaca Muerta, que no sólo transformó un crónico déficit energético en un superávit: sacó del mapa la clásica «restricción externa».
Durante décadas, se consideraba que esa era una de las debilidades más difíciles de resolver para la economía argentina: como para crecer un punto del PBI se necesitaba aumentar tres puntos las importaciones, los dólares que generaba el campo nunca alcanzaban para reactivar a la industria. Eso llevaba a los tradicionales ciclos del «stop and go», y justificaba los planteos de regulaciones cambiarias, que tuvo su máxima expresión en el «cepo» de la era kirchnerista.
En definitiva, el nuevo panorama hace que un dólar de $1.400 no implique una presión en el que todos los importadores salgan corriendo a acumular stock por temor a una devaluación inminente. En principio, es una situación festejable, como de hecho la celebra Javier Milei en los discursos en los que critica a los teóricos de la restricción de dólares.
Pero, por otra parte, hay un creciente temor a que en la economía argentina se instale la llamada «enfermedad holandesa», como denominan los economistas a la situación en que se da un equilibrio de tipo de cambio bajo, que no permite competir a la industria y genera alto desempleo.
«Ahora, el sector de hidrocarburos está haciendo su aporte (junto con el optimismo para emitir ONs en dólares) para ocultar el síntoma del atraso cambiario. Tenemos márgenes afectados en varias empresas, pero no tenemos síntomas en la balanza de pagos. Esta enfermedad (holandesa) es asintomática al principio, pero está«, indica el reporte de LCG
Y advierte que ese modelo no está libre de un riesgo de crisis traumática: «Hoy, de hecho, ya empezó a mostrar síntomas en su impacto en empresas y en el empleo. Puede madurar de a poco, pero el desenlace (en una forma distinta a la de una crisis de balanza de pagos) puede ser repentino».
Recalculando a la baja
Al comienzo, la explicación que se daba para explicar la caída importadora era que, como en los meses previos a la elección legislativa de octubre se había generado una expectativa devaluatoria, se habían concretado importaciones «por las dudas» cuyo objetivo era acumular stock aprovechando un tipo de cambio que se percibía bajo.
Sin embargo, ese argumento, que era entendible en el momento inmediatamente posterior a la elección, ya va perdiendo fuerza siete meses después de realizada la elección. Tanto que los economistas creen que el bajón importador no es un accidente sino una tendencia estable en la economía.
Por lo pronto, la última encuesta REM entre expertos de bancos y consultoras confirmó la visión del mercado sobre el rumbo económico: cada vez se espera una mayor distancia entre exportaciones e importaciones. La buena noticia es que ayuda a la estabilidad financiera y a atenuar la sensación de riesgo ante el exigente calendario de pagos de deuda.
Pero, por otro lado, reafirmar que la crisis de los sectores «perdedores del nuevo modelo» no será apenas pasajera, sino que puede ser una tendencia de largo plazo. El REM ya recortó en u$s3.500 millones su previsión inicial, y hay analistas que creen que el próximo informe tendrá una proyección de u$s77.000 millones.
Incluso hay, entre los expertos, algunos que llegan más lejos y hasta creen que las importaciones serán menores que las del año pasado. Por caso, un informe de inversión Morgan Stanley pronostica que el volumen de las compras será de apenas u$s74.700 millones.
¿Señales de mejora?
A esta altura del año pasado, las importaciones ascendían a un promedio mensual de u$s6.000 millones, mientras que este año cayeron a u$s5.630 millones. De mantenerse esa media, el año terminaría incluso por debajo de lo que proyectan los economistas, en torno de u$s68.000 millones.
Esto implica que, pese a todo, hay una expectativa de que en el segundo semestre pueda haber una leve recuperación. Parte de esa suba se explicará por motivos «no positivos», como una mayor necesidad de importaciones de gas licuado de petróleo, de manera de suplir una mayor demanda ante las bajas temperaturas invernales.
Pero, otra parte, podría estar protagonizada por la industria. «Empiezan a darse algunas de las condiciones para que, muy gradualmente, las importaciones salgan del amesetamiento del último año y medio», observa Jorge Vasconcelos, economista jefe de Fundación Mediterránea.
Y enumera entre esas condiciones la baja de interés para los créditos, un aumento en el poder adquisitivo de la exportación y, finalmente, una mayor apreciación del peso -que abarata las compras del exterior-.
Pero, de momento, las importaciones más dinámicas siguen siendo las de productos de consumo final que compiten con la producción local. Es algo que se nota particularmente en rubros como la indumentaria y los electrodomésticos.
Y el gobierno ha dejado en claro que su apertura comercial no está fundada sólo en una vocación ideológica liberal, sino que es, sobre todo, parte de su estrategia anti inflacionaria. En un contexto en el que los alimentos y los servicios públicos empujan el promedio del IPC al alza, los bienes importados hacen de contrapeso.
Hablando en números, mientras la inflación acumulada enero-abril fue de 12,3%, la ropa apenas aumentó 5,9% y los electrodomésticos un 8,8%.
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ECONOMIA
Luz, agua, transporte, prepagas y colegios privados: cuánto aumentarán los servicios a partir de julio
A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.
El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.
Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.
El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.
Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.
Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.
La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.
La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.
AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.
Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.
Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.
Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.
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«Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste del sistema. Por eso decimos basta». Con este contundente título, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir tanto a los empresarios como al propio gobierno, la posibilidad de aplicar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos del AMBA, dejando a miles de usuarios sin transporte.
El gremio insistió sobre la situación crítica de la actividad y el repetido fracaso de las negociaciones salariales, que consideran estancadas. Asimismo, apuntó que el transporte de pasajeros se sostiene a través de un esquema de subsidios nacionales, provinciales y municipales y de las tarifas que pagan los pasajeros. Al respecto, detalló que los análisis basados únicamente en números o planillas «no reflejan el verdadero funcionamiento del sistema».
Explicó que «para que funcione el sistema deben estar presentes los trabajadores, los empresarios y el Estado en sus diversos niveles», al tiempo que denunció que hoy son «únicamente los trabajadores quienes salen a dar explicaciones, mientras empresarios y funcionarios mantienen silencio frente a una situación que se agrava».
Cómo puede actuar el gobierno frente a un paro e interna gremial
En las últimas semanas, la UTA advirtió que «peligra la paz social» desafiando a la Casa Rosada que hoy cuenta con la Ley de Modernización Laboral para desactivar conflictos que tienen alto impacto en la población, como el tema del transporte. Desde la secretaría de Trabajo ven que cualquier posibilidad de paro en los colectivos puede ser desactivado con la denuncia de esencialidad del servicio, que debe garantizar un 75% del transporte.
A esto se agrega la atomización que sufre la conducción del gremio a cargo de Roberto Fernández, cuestionado por distintos sectores que se presentarán como opositores en las próximas elecciones para renovar el consejo directivo. De hecho, el personal del Grupo Dota siempre van a contramano de las decisiones de la conducción de la UTA.
Estado de alerta y paritaria congelada
El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, aunque nunca habló de medidas de fuerza concretas, aunque fue uno de los impulsores de un paro de 36 horas con marcha en la reciente reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque sin consenso.
En un comunicado, la UTA recordó que la actualización salarial continúa congelada, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Apuntó que «el salario no alcanza y las paritarias deben ser realmente libres», dejando entrever una intromisión del Poder Ejecutivo en las discusiones salariales a través del ministerio de Economía.
Subrayó que varias líneas de colectivos permanecen paralizadas por falta de pago de salarios, una situación que «genera conflictos innecesarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad del servicio público«, afirmando que «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».
El documento detalló que la actividad genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país y planteó la incertidumbre que atraviesan diariamente los choferes por no saber si cobrarán sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, declaró que los trabajadores y trabajadoras «continúan cumpliendo con sus tareas a pesar de la inseguridad, el deterioro de calles y avenidas y las dificultades propias de la actividad, mientras deben afrontar compromisos económicos sin garantías de percibir sus salarios en fecha».
El gremio criticó tanto a los empresarios como al Estado
En el reparto de críticas, la UTA cuestionó al Estado por la falta de planificación, diciendo que «solo le preocupan las cuestiones financieras» y que, en algunos casos, favorece situaciones de concentración o monopolio, «lo que termina debilitando aún más al sistema». Fuentes gremiales manifestaron que «los sucesivos cambios en la secretaría de Transporte también son una señal de la falta de políticas para el Estado».
En cuanto a las empresas, las responsabilizó por limitarse a plantear que los recursos «no alcanzan», sin ofrecer soluciones concretas. Al respecto, el gremio dijo: «Queremos saber si es cierto el ‘no alcanza’ y qué tan claro es el Excel». Los voceros expusieron que las patronales «solo exigen una mejora tanto de la tarifa como de los subsidios, sin aportar ningún tipo de ideas a la mejora del sistema».
Frente a este panorama, solicitó transparentar las cuentas del transporte, abrir los números del sistema y convocar a todos los actores involucrados para encontrar una salida que garantice la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.
Ratificó que «buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores. Somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores».
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El mes de junio se acerca a su fin y el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita sus últimas jornadas. El cronograma de pagos, que se determina por la terminación del DNI de cada titular y contempla feriados nacionales, organiza la distribución de haberes, asignaciones y bonos extraordinarios para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales en todo el país.
La fecha de cobro es clave este mes, ya que junio incluye el pago del medio aguinaldo, un adicional que eleva significativamente el ingreso de quienes están alcanzados por las diferentes prestaciones previsionales y sociales.
Hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 8 y 9. Este grupo accede al pago de sus haberes de junio junto con el medio aguinaldo, conforme a las fechas establecidas por el organismo previsional.
El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.
Continúa habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. El período para acceder a este beneficio comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.
Hoy, lunes 29 de junio, acceden al cobro los beneficiarios de Progresar cuyo documento finaliza en 6 o 7. Este pago corresponde al mes de mayo y abarca a estudiantes de todos los niveles que cumplen con los requisitos del programa, incluyendo alumnos de nivel obligatorio, superior y formación profesional.
En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).
La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.
Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.
En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:
- Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
- Por Matrimonio, asciende a $126.489;
- Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.
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