ECONOMIA
Le vaciaron las cuentas y el banco tendrá que pagarle muchísimo más de lo que le robaron

La Justicia civil de Mar del Plata condenó a una entidad bancaria pública a pagar más de $26 millones a una clienta que sufrió la sustracción de los fondos de sus cuentas mediante una maniobra de phishing.
El fallo, emitido por el Juzgado Civil y Comercial 4, responsabilizó a la institución por incumplir sus deberes de seguridad y colaboración, tras determinar que el fraude fue facilitado por deficiencias en el sistema digital de la entidad.
La reclamante tenía una caja de ahorro y una cuenta corriente en la entidad desde 2019. El 29 de julio de 2023, la mujer recibió un correo electrónico que simulaba provenir del banco, con el logo institucional y una advertencia sobre un supuesto bloqueo de su cuenta de homebanking. El mensaje la instaba a ingresar a un enlace y suministrar su clave token.
Según el fallo, luego de ingresar los datos, la clienta vio un mensaje de error y, al día siguiente, comprobó que se habían realizado transferencias no autorizadas por un total de $3.731.000. Los fondos fueron transferidos a una cuenta de una firma identificada como «Clara Balbin de Baston e Hijo», superando ampliamente el límite diario autorizado para extracciones.
La demandante denunció que el banco no restituyó el dinero ni ofreció una explicación satisfactoria, por lo que realizó una denuncia penal y envió una carta documento. La entidad, en su respuesta, rechazó su responsabilidad y alegó que la clienta habría facilitado voluntariamente sus claves, argumento que la usuaria calificó como falso y estandarizado.
El proceso judicial examinó si la relación entre la clienta y la entidad se encontraba amparada por la Ley de Defensa del Consumidor, considerando el destino final del servicio bancario. El juez determinó que, aunque parte de los fondos provenían de la actividad comercial de la mujer, el servicio de seguridad electrónica funcionaba como protección patrimonial y no como insumo productivo, por lo que correspondía la protección legal del consumidor.
Durante el juicio, la pericia informática resultó clave para reconstruir la maniobra. La experta designada por el tribunal determinó que el correo recibido era un caso de suplantación de identidad y que el acceso al sistema se había realizado desde direcciones IP extranjeras, distintas a las habituales de la usuaria. El análisis técnico evidenció que las transferencias se realizaron en horarios atípicos y por montos inusuales, sin que el sistema activara bloqueos o alertas reforzadas.
El fallo deja en claro que el sistema informático del banco permitía validar operaciones desde ubicaciones y dispositivos no habituales, lo que debió ser detectado y bloqueado preventivamente por los mecanismos de seguridad internos. La sentencia sostiene que el riesgo tecnológico es propio de la actividad bancaria digital y no puede trasladarse al consumidor.
El juez aseguró que la obligación de seguridad en materia financiera es de resultado y tiene respaldo constitucional. La sentencia cita jurisprudencia que define a la banca electrónica como una actividad riesgosa, cuyo riesgo debe permanecer bajo la órbita de quien diseña y administra los sistemas.
El banco intentó justificar su postura al argumentar que la clienta habría compartido indebidamente sus credenciales, pero la resolución rechazó esa defensa. El tribunal sostuvo que las técnicas de phishing, como la que ocurrió en este caso, son parte de los riesgos inherentes al servicio digital y deben ser previstas y controladas por la entidad financiera.
El fallo también también deja en claro que el deber de información no se agota en la publicación de advertencias generales en la web, sino que requiere comunicaciones específicas y en tiempo real ante conductas sospechosas. El banco no demostró haber activado alertas o bloqueos pese a la detección de transferencias atípicas y accesos desde el extranjero.
La sentencia valoró negativamente la conducta posterior de la entidad, que cerró el reclamo interno atribuyendo el hecho a la propia clienta y no acreditó una investigación exhaustiva ni gestiones efectivas para recuperar los fondos. El magistrado consideró que la actitud pasiva y la falta de colaboración agravan el incumplimiento del deber de buena fe.
El tribunal tuvo en cuenta también la afectación sufrida por la clienta, quien perdió todos sus ahorros y vio frustrados sus proyectos personales y familiares. El juez reconoció el daño moral derivado de la angustia, la incertidumbre y la pérdida de confianza en el sistema financiero.
El juez dispuso que la suma total, que asciende a más de $26,7 millones, deberá abonarse dentro de los diez días de quedar firme el pronunciamiento, más los intereses fijados para cada rubro y las costas del proceso.
La sentencia deja en claro que la seguridad bancaria digital es una obligación institucional, no una carga para el usuario. El magistrado remarcó que la confianza y la protección de los fondos depositados constituyen el núcleo del contrato bancario moderno.
En efecto, la conducta de la entidad fue desaprensiva, exculpatoria y carente de una respuesta técnica eficaz ante el reclamo. El juez entendió que la condena no solo repara el daño individual, sino que cumple una función preventiva y disuasoria para el sector.
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ECONOMIA
Las consultoras que releva el BCRA proyectaron una inflación de 2,3% en mayo: qué esperan para este mes

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), las consultoras prevén una inflación de 2,3% para mayo y de 2,1% para junio. Además, estimaron que la dinámica anual se ubicará en 30,5% y que el dólar cerrará 2026 en 1.658 pesos.
Las firmas consideradas más precisas en sus proyecciones, conocidas como el Top 10, también proyectaron una suba de precios del 2,3% para el mes, aunque recortaron levemente su estimación respecto al relevamiento previo.
A partir de junio, las proyecciones de los encuestados anticipan una desaceleración gradual de la inflación mensual. Para junio, la mediana de las expectativas se ubica en 2,1%, mientras que en julio baja a 2,0 por ciento.
El descenso continúa en los meses siguientes, con estimaciones de 1,8% para agosto y octubre, valor que se eleva a 1,9% en septiembre. Para noviembre, la inflación mensual esperada se reduce a 1,7 por ciento.
En cuanto al Índice de Precios al Consumidor Núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, la mediana de las estimaciones se ubicó en 2,2% para mayo, apenas por debajo del valor anticipado en el informe anterior. El grupo de los diez mejores pronosticadores calculó una inflación núcleo del 2,3%, lo que representa una baja de 0,2 puntos porcentuales en comparación con la medición previa.
En cuanto al dólar, las estimaciones del REM sitúan el tipo de cambio nominal en $1.422 como promedio para junio de 2026, es decir, $15 menos por dólar respecto a la encuesta previa, y por debajo de la cotización actual del mayorista.
Hacia diciembre de 2026, los participantes proyectan un dólar a $1.658, lo que implica una suba interanual prevista del 14,5 por ciento, en línea con la dinámica inflacionaria. En el caso del Top 10 de pronosticadores, el promedio esperado para el último mes del año es de $1.596 por dólar.
Por otra parte, los analistas consultados calcularon que el Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por estacionalidad habría crecido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y prevén una suba de 1,2% para el segundo trimestre, lo que representa ajustes al alza de 0,1 y 0,2 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior. Para el tercer trimestre, la estimación de crecimiento se mantuvo en 0,9 por ciento.
En términos anuales, el promedio de las proyecciones indica que el PIB real sería 2,9% mayor que el promedio de 2025, una mejora de 0,1 punto porcentual frente a la encuesta previa, mientras que el Top 10 de pronosticadores prevé un avance de 2,8% para 2026, con un incremento de 0,2 puntos porcentuales.
Respecto al mercado laboral, la tasa de desocupación estimada para el primer trimestre de 2026 es de 7,7% de la población económicamente activa, sin cambios frente al relevamiento anterior. Para el último trimestre del año, se espera que la tasa baje a 7,4 por ciento. El Top 10 proyecta tasas de 7,8% y 7,4% para el primer y cuarto trimestre, respectivamente.
En lo relativo al comercio exterior de bienes, el REM anticipa que en 2026 las exportaciones (FOB) sumarán USD 98.547 millones, lo que implica un aumento de USD 2.491 millones respecto a la encuesta pasada. Las importaciones (CIF) se estiman en USD 78.363 millones, USD 1.187 millones menos que en el relevamiento anterior. Así, el superávit comercial anual esperado asciende a USD 20.185 millones, es decir, USD 3.679 millones más que en el informe previo.
Por último, la estimación del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero para 2026 arroja un superávit de $16 billones, $100 mil millones por encima del valor consignado en el relevamiento anterior. El promedio de los diez principales pronosticadores ubica el superávit en $15,7 billones y ninguna proyección considera un resultado inferior a $9 billones para el año.
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ECONOMIA
Una empresa china se hará cargo de una mega obra minera: firmas locales en alerta

El resultado del proceso generó inquietud entre empresarios que esperan beneficiarse del auge del cobre. La postura de la compañía extranjera
04/06/2026 – 19:12hs
La adjudicación de una obra vinculada al desarrollo del proyecto minero Vicuña, uno de los emprendimientos de cobre más importantes de la Argentina, generó cuestionamientos por parte de sectores empresariales y legislativos luego de que una compañía china resultara ganadora de una licitación para ampliar el campamento permanente de la iniciativa en la provincia de San Juan.
Empresa china se hará cargo del proyecto «Vicuña»: polémica por obra minera en San Juan
El proyecto Vicuña, impulsado por las mineras Lundin Mining y BHP, contempla una inversión inicial estimada en unos 7.100 millones de dólares y busca desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, considerados entre los mayores depósitos de cobre sin explotar del mundo.
La controversia surgió luego de que trascendiera que una empresa de origen chino obtuvo la adjudicación para ejecutar una etapa de ampliación del campamento permanente del proyecto. La noticia despertó preocupación entre proveedores locales y algunos sectores políticos, que plantearon interrogantes sobre el grado de participación que tendrán las empresas argentinas en una iniciativa de semejante magnitud económica.
Desde distintos ámbitos vinculados a la cadena de valor minera señalaron que el desarrollo de grandes proyectos es una oportunidad para fortalecer la industria nacional y generar empleo local, por lo que reclamaron que se priorice la contratación de empresas argentinas siempre que existan capacidades técnicas y competitividad para realizar los trabajos requeridos.
La respuesta de Vicuña
Frente a los cuestionamientos, la empresa Vicuña aclaró que la obra adjudicada representa aproximadamente el 25% del campamento permanente proyectado y destacó que en los próximos meses se abrirán nuevas licitaciones para completar las siguientes etapas de construcción. Según la compañía, todavía existen numerosas oportunidades para la participación de proveedores nacionales e internacionales.
Además, la empresa informó que avanzan otros procesos licitatorios vinculados a la construcción de tres campamentos destinados al personal que trabajará en las obras del denominado Corredor Norte, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo integral del proyecto.
La discusión se produce en un contexto de fuerte expectativa por el crecimiento de la minería del cobre en Argentina, una actividad que concentra inversiones multimillonarias y que, además de los beneficios económicos directos, es observada por gobiernos provinciales, empresarios y comunidades como una herramienta para impulsar el desarrollo de proveedores locales y la generación de empleo en las regiones donde se emplazan los proyectos.
Por el momento, la adjudicación no fue revisada ni modificada, pero el caso abrió un debate más amplio sobre el equilibrio entre la llegada de inversiones extranjeras y la participación de empresas nacionales en las obras asociadas a los grandes proyectos mineros que se desarrollan en el país.
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ECONOMIA
Hidrovía: el Gobierno dio por finalizada la auditoría y avanza con el proceso de privatización

El Gobierno nacional anunció la conclusión de la auditoría del proceso de licitación de la Hidrovía, que, según el Ministerio de Economía, permitirá una reducción del 13,5% en el costo logístico exportador. La revisión, que se realizó sobre el proceso de privatización de la vía navegable, apuntó robustecer los estándares de calidad internacional y transparencia en la previa de la licitación que tiene como principales protagonistas a las empresas Jan de Nul y Deme.
En el tramo final de la proceso licitatorio, los equipos multidisciplinarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (APNYN) llevaron a cabo una inspección de procesos y agentes involucrados. “De dicha auditoría se llegó a una serie de conclusiones que terminan por respaldar y sostener esta licitación como una de las más importantes de la historia”, destaca el comunicado oficial de Economía.
El documento resalta el trabajo articulado con UNCTAD, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas especializada en gestión de infraestructuras críticas para el comercio exterior y desarrollo económico.
Esta entidad colaboró en áreas estratégicas del pliego y el futuro contrato de concesión, aportando recomendaciones en el aspecto económico-financiero, la conformación legal de la documentación, y los aspectos técnicos de la concesión. El informe de la agencia internacional fue presentado ante la APNYN y validado ante distintos usuarios de la vía navegable en reuniones públicas.
Durante el proceso, se realizaron reuniones técnicas en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, en las que participaron cámaras empresarias y otros actores del sector. De estas mesas surgió un reporte suscripto por UNCTAD que recomendó las mejores prácticas para la confección de los pliegos y la evaluación de ofertas. “Ese informe fue cumplido en su totalidad por parte de APNYN y avalado por los distintos usuarios de la vía navegable troncal en sendos comunicados”, subrayaron desde la cartera económica.
El Ministerio de Economía también puntualizó que la auditoría evidenció que “una vez elaborados los pliegos con la intervención de los agentes mencionados, se procedió al llamado de un proceso de Participación Ciudadana que repasó lo actuado en materia ambiental”. En esa etapa, se publicaron todos los informes y se habilitó la participación de más de 240 personas.
El proceso incluyó el mecanismo de Observaciones Previas, publicado por UNCTAD en portales internacionales y locales, que permitió a empresas, usuarios y organizaciones civiles sumar sus aportes. “Como resultado de dichos aportes, APNYN adoptó distintas sugerencias que facilitaron la presentación de ofertas, así como aportar información adicional requerida por las empresas interesadas en participar de la licitación, entre otros cambios técnicos implementados”, precisa el Ministerio.
Durante los tres meses posteriores a la publicación de la licitación, el sistema recibió más de 200 consultas y ninguna objeción, según los registros oficiales. El proceso culminó con la participación de tres empresas de primera línea mundial como oferentes.
El comunicado detalla las etapas de evaluación: la primera analizó antecedentes de empresas y capacidad financiera, la segunda los planes de trabajo y propuestas técnicas, y la tercera la presentación de la justicia (sin ninguna impugnación por parte de los oferentes). El Ministerio de Economía resalta: “Dicho mecanismo, más presentaciones en la justicia (que ninguna fue realizada por oferentes), fueron considerados como validación de la legitimidad del proceso”.
La auditoría también incluyó un análisis de los efectos esperados sobre el costo logístico exportador. El Ministerio sostiene que “la finalización del proceso, con reducción del 13,5% en los costos logísticos, representa una mejora significativa para la navegación y la exportación de productos desde la Argentina”. Según la cartera económica, se trata de “un avance que ningún gobierno pudo hacer antes”.
La cartera que conduce Luis Caputo remarcó que “el Gobierno del presidente Milei avanzará con la adjudicación de la concesión de la vía navegable troncal, luego de haber cumplido todas las etapas necesarias para una licitación con doble control nacional e internacional, y con los estándares más altos de transparencia y legalidad”. El comunicado concluye que el proceso “abre la puerta para la navegación y la logística con estándares internacionales y un beneficio histórico para el país”.
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