POLITICA
Lesa humanidad: la Corte Suprema ordenó armar un protocolo para evaluar la salud de los militares detenidos
La Corte Suprema de Justicia pidió al Cuerpo Médico Forense que realice un protocolo médico sobre el estado de salud de los detenidos en instituciones penitenciarias, frente a los reclamos de militares, agentes policiales y civiles detenidos con prisión preventiva en causas por delitos de lesa humanidad. Muchos de ellos son mayores de 70 años, presentan patologías graves y atraviesan procesos judiciales excesivamente prolongados, lo que motivó numerosos planteos en la Justicia.
Según datos de la Unión de Promociones, hoy permanecen 519 personas privadas de su libertad por los hechos ocurridos en los años 70, de las cuales 440 cumplen arresto domiciliario y unos 80 siguen en establecimientos penitenciarios. De ellos, más de un centenar no tendría todavía condena.
La acordada 21/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo destinado a evaluar el estado de salud de las personas privadas de su libertad y, especialmente, las posibilidades reales de que los tratamientos que requieren puedan llevarse adelante dentro del establecimiento penitenciario en el que se encuentran alojadas.
Los jueces solicitaron la definición de “criterios científicos, destinados a organizar y uniformar la tarea de constatación de los aspectos médicos y penitenciarios legalmente exigidos, y que sirva como orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria”.
De acuerdo al requerimiento de la Corte, el protocolo deberá incluir, con el mayor detalle posible, “los exámenes e informes médicos pertinentes para constatar el estado de salud de la persona; la verificación de las condiciones de detención y de la factibilidad de llevar adelante el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario. Para evaluar la verificación de las condiciones de detención, se deberá protocolizar la información que deberán brindar las autoridades penitenciarias.
En los fundamentos de la medida, los ministros de la Corte recordaron que la Constitución nacional prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Incluso, afirman que “toda medida que, con el pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Así, el máximo tribunal reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano” y “la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento”.
“Parámetros científicos”
“Es una decisión destinada a establecer pautas científicas y criterios uniformes que brinden a los magistrados mejores elementos de juicio”, explicó a el presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres, al interpretar el alcance de la acordada judicial.
“No se trata de un fallo judicial, ni de una modificación de la legislación sobre prisión domiciliaria”, precisó Lucero Torres. Añadió, sin embargo, que las consecuencias prácticas pueden ser relevantes, en los casos que involucran a detenidos de edad avanzada o con patologías que requieren atención médica compleja.
“El motivo por el cual una persona se encuentra encarcelada no puede constituir un obstáculo para que reciba la atención médica que necesita, porque se encuentra comprometido un principio elemental de humanidad”, estimó el presidente del FAD.
La existencia de parámetros médicos uniformes y de una evaluación concreta de las condiciones de alojamiento, señalan entre los militares, puede constituir una herramienta importante para revisar situaciones que, por la edad o el estado de salud de los detenidos, merecen una consideración particularmente cuidadosa.
El Foro Argentino de Defensa sigue con atención la situación de numerosos militares, policías y civiles privados de su libertad. “Cualquiera que sea la causa que determine su detención, el Estado conserva la obligación indelegable de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana y una adecuada atención de su salud”, indicó Lucero Torres.
Los datos aportados por la Unión de Promociones señalan que ya fallecieron 993 militares, integrantes de fuerzas de seguridad y civiles sometidos a procesos por hechos de los años 70 y el 82,8% murió sin sentencia firme.
A ello se suma la duración prolongada de muchas detenciones: 105 llevan entre tres y seis años de procesos con prisión preventiva, aunque hay casos más extremos: 128 enfrentan procesos que llevan entre seis y diez años, mientras unos 176 tienen procesos de 11 a 15 años y unos 33 superan los 16 años.
El Foro Argentino de Defensa sostiene que “estos números justifican, como mínimo, una revisión seria de la situación. “No estamos planteando impunidad ni cuestionando el derecho de la Justicia a investigar y condenar delitos. Estamos hablando de personas que en muchos casos superan ampliamente los 70 u 80 años, de procesos que llevan décadas y, sobre todo, de centenares que murieron sin una condena firme”, afirmó la entidad.
“La prisión preventiva no puede convertirse, por el simple paso del tiempo, en una pena anticipada”, señaló el presidente del FAD. Añadió que la decisión de la Corte ratifica la oportunidad para “discutir este asunto desde el Estado de Derecho y no desde las pasiones políticas de los años 70”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Los 70,Lesa Humanidad,Conforme a
POLITICA
Tensión por Malvinas: Londres publicó una guía para “proteger” a las empresas de las sanciones del gobierno argentino
El Reino Unido publicó este martes una guía oficial en la que respalda toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y descarta que Argentina tenga derecho a ejercer jurisdicción sobre las empresas que operan en el archipiélago, en la primera respuesta directa -y oficial- a las sanciones y advertencias que impulsó el presidente Javier Milei en las últimas dos semanas.
El documento, divulgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno británico y denominado “Hacer negocios con las Islas Malvinas”, afirma que la ley argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, se afirma en el texto.
Además, señala que el Reino Unido no encuentra fundamento legal para que los tribunales de cualquier país fuera de Argentina puedan ejercer jurisdicción legítima respecto de las medidas que Buenos Aires adopte. A través de esta guía, el gobierno británico recordó que sanciones anteriores impuestas por distintas administraciones argentinas estuvieron vigentes durante años sin impedir el crecimiento de la economía de las islas, y que la situación actual no difiere de ese historial.
La publicación se produce 11 días después de la cadena nacional donde Milei anunció su intención de enviar al Congreso un proyecto de ley de “defensa de la soberanía nacional” con sanciones económicas más severas para las empresas que extraigan petróleo en aguas que Argentina considera propias. Y avanzar en este sentido contra empresarios y firmas que operan en Malvinas.
En aquel momento, el mandatario calificó al yacimiento Sea Lion -un campo de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte de las islas- como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país. La iniciativa apunta directamente al consorcio Rockhopper–Navitas, que prevé iniciar la extracción en 2028, en el marco de un proyecto que apunta a extraer en una primera fase 170 millones barriles.
La propuesta legislativa incluiría penalidades para proveedores, accionistas y directores, y podría prohibirles operar o firmar contratos en territorio argentino. Rockhopper, en tanto, señaló en un comunicado que no espera que el anuncio tenga un “efecto material” en el desarrollo del proyecto.
La guía que difundió el gobierno británico sostiene que no discutirá la soberanía sobre las islas a menos que los propios isleños así lo deseen, posición que mantiene desde que el Reino Unido administra el archipiélago de forma ininterrumpida desde 1833, con la excepción del conflicto armado de 1982. El texto reafirma que el derecho a la autodeterminación de los isleños incluye la facultad de explotar sus propios recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, bajo la regulación del Gobierno de las Islas Malvinas y en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
En la práctica, la guía traza tres líneas de acción concretas para las empresas. Primero, establece que las actividades reguladas por la legislación de las islas son plenamente legítimas y que ningún tribunal fuera de Argentina tiene base para ejecutar las medidas de Buenos Aires. Segundo, recomienda que toda compañía o individuo que reciba correspondencia o amenazas de acción legal por parte de las autoridades argentinas obtenga asesoramiento legal independiente sobre sus circunstancias particulares.
Tercero, ofrece intervención directa del gobierno británico: donde una compañía, una subsidiaria o un proveedor enfrente presiones en un tercer país por su actividad legítima en las islas, el FCDO está dispuesto a hacer valer su postura ante esa empresa de forma directa.
Por otro lado, el canciller argentino Pablo Quirno salió a interpretar a su favor otro frente abierto en el Reino Unido. Ayer, los jefes de gobierno de Escocia, Gales e Irlanda del Norte —John Swinney, Rhun ap Iorwerth y Michelle O’Neill, respectivamente— suscribieron en Cardiff un memorando en el que afirman que el derecho a la autodeterminación corresponde a sus naciones y que la democracia no puede quedar condicionada por la negativa del Parlamento británico a autorizar procesos de consulta.
Quirno, que expuso en la apertura del Día de la Exportación organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), afirmó que esa declaración conjunta es “una excelente noticia” para Buenos Aires. “Que el Reino Unido defienda la integralidad territorial es una excelente noticia, porque es lo que nosotros también hemos reclamado siempre”, sostuvo el funcionario. El canciller reconoció que esos movimientos “le dan otra relevancia” al reclamo soberano argentino, aunque evitó pronunciarse sobre los asuntos internos del Reino Unido.
Consultado sobre eventuales quejas diplomáticas por las sanciones impuestas a las empresas petroleras que participan del proyecto Sea Lion, Quirno descartó que haya habido reclamos: “No ha habido absolutamente ninguna queja. Argentina está a derecho, cumpliendo con su legislación y tratando de agregar herramientas para la mejor defensa de nuestros intereses en Malvinas”, afirmó. El canciller también expresó confianza en que el Congreso apruebe el proyecto de ley impulsado por Milei, al que describió como una herramienta para “mejorar las condiciones que tenemos para defender nuestra soberanía”.
Mientras el gobierno británico publicaba su guía, en Buenos Aires la administración libertaria afina la redacción del proyecto. El documento se encuentra en la Secretaría Legal y Técnica bajo revisión final de la secretaria María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, informó Infobae. El envío al Congreso, que el Gabinete había previsto para el inicio de la semana, se demoró por los ajustes técnicos pendientes, y el oficialismo espera girar el proyecto esta semana.
Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
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Reino Unido desafía a la Argentina y anuncia proteción a las empresas que operan en Malvinas
El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino.
En un documento publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago. En el texto también apuntaron fuertemente contra la Argentina y argumentaron que no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.
“El Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Malvinas y celebra el continuo interés y la participación del sector privado en las islas”, expresaron.
La guía está destinada a empresas y particulares que buscan realizar negocios u otra actividad económica en el archipiélago; suministrar bienes o servicios a las islas Malvinas; o que están involucradas de alguna otra manera (directa o indirectamente) en el desarrollo de la economía de las islas, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, para su propio beneficio económico. Esto forma parte integral de su derecho a la autodeterminación”, aseguraron.
Hace dos semanas el presidente Javier Milei anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en el archipiélago y el envío de un proyecto de ley al Congreso sobre la soberanía nacional. Señaló que el Estado argentino tiene la obligación de usar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para “defender la soberanía y los recursos” del país.
Noticia en desarrollo.
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LA PLATA. – La marcha convocada para conmemorar el secuestro y la desaparición forzada de un grupo de estudiantes secundarios durante la última dictadura militar, suscitó controversia entre los distintos sectores del peronismo.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará este miércoles de marcha por los 50 años de la Noche de los Lápices, un raid de secuestros de una decena de estudiantes secundarios registrada durante la última dictadura, en 1976.
En tanto, La Cámpora llamó a movilizar en la misma conmemoración popular, bajo la bandera de la libertad de Cristina Kirchner. Alineada, la Federación de Estudiantes Secundarios (FES) convocó bajo el lema: “Patriotas y Valientes para cambiar la Argentina. Ayer por Perón hoy por Cristina”.
El homenaje será mañana, a las 14.30, en la Plaza Olazábal, de La Plata.
La marcha será una sola, pero hay tensión entre los sectores que no lograron unificar las consignas a futuro, más allá de la reivindicación por los sucesos del pasado.
El gobernador enfrenó críticas de La Cámpora por negar financiamiento estatal a micros escolares para que los estudiantes secundarios identificados con el liderazgo de Cristina Kirchner puedan asistir a la movilización que se desarrollará por las calles de esta capital.
Estudiantes de la FES un plenario previo criticaron a la dirección de Juventudes, que conduce Ayelén López bajo la órbita del ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Andrés Larroque, por negarse a pagar colectivos para sumar militantes adeptos.
Ante las críticas de los sectores estudiantiles peronistas que alzaron la voz contra el estado provincial, Kicillof cerrará esta tarde un Congreso Federal e Internacional de Juventudes en esta capital, bajo el auspicio del intendente local, Julio Alak.
El propio gobernador marchará, como lo hizo desde que asumió junto a las juventudes nucleadas desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que conduce Larroque. Antes se mostrará con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
En tanto el movimiento estudiantil secundario vinculado a La Cámpora identificado como Red Nacional de Centros de Estudiantes (ReNaCe), convocó a la marcha de mañana bajo la consigna “Patriotas y valientes para cambiar la historia: Romper la proscripción para cambiar la Argentina”, habrá actividades en distintos puntos del país, con una movilización central en La Plata.
“Nos juntamos a discutir la escuela que soñábamos de la mano de Cristina, una compañera que nos permitía soñar. Hoy los pibes van a la escuela con hambre, no pueden pagar el boleto, leen desde un celular porque no pueden pagar las fotocopias, sus padres se endeudan para comprarles una mochila y las escuelas se caen a pedazos”, dijo Alma Parla Hair, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios de la provincia de Buenos Aires. Y concluyó: “Cristina está presa, pero nosotros seguimos organizándonos, porque luchar por su liberación también es luchar por el país que queremos”.
Desde la Union de Estudiantes Secundarios de La Plata se llamó a una vigilia esta noche y a marchar el miércoles y reclamar también por la libertad de Cristina Kirchner. Esta organización visitó a la ex presidenta en su domicilio de detención en San José 1111 y luego lanzó una convocatoria bajo la consigna “Contra el FMI y los vendepatria, 30.000 razones para liberar a Cristina”.
La Noche de los Lápices
El 16 de septiembre es una jornada de memoria sobre la privación ilegítima de libertad contra un grupo alumnos secundarios durante la dictadura militar.
Hace 50 años, el 16 de septiembre de 1976 cinco estudiantes secundarios identificados como Claudia Falcone, y Francisco López Muntaner de 16 años; Horacio Ungaro de 17, María Clara Ciocchini, y Daniel Racero -los dos de 18 años y militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios- fueron secuestrados por reclamar por el boleto estudiantil.
La redada había comenzado el 4 de septiembre con la detención de Víctor Treviño, militante de la Juventud Guevarista, que al igual que los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre continúa desaparecido. El 8 de septiembre fue secuestrado Gustavo Calotti también de la Juventud Guevarista y de la UES. El 15 de septiembre fue detenido Horacio Acha, que continúan desparecido.
El 17 de septiembre, en plena madrugada fueron secuestradas a Emilce Moler. Al poco tiempo, el 21 de septiembre, Pablo Díaz , entonces de 18 años, fue secuestrado en este raid que se pasó a la historia como La Noche de los Lápices.
“Es cansador esta confrontación interna”, dijo Díaz, que mañana asistirá a la marcha. “Espero que se resuelva la polarización y se organice: la causa lo amerita”.
Díaz estuvo detenido en el Pozo de Banfield junto a los estudiantes secuestrados el 16 de septiembre de 1976 que permanecen desaparecidos. “Estuvimos en el Pozo al cuidado de mujeres embarazadas. Vivíamos en un calabozo encerrados sin luz. A mi me sacaron. A ellos los mataron de un tiro”, dijo Díaz a .
El testimonio de Díaz fue clave en los Juicio a la Juntas y Juicios de la Verdad, donde tuvo careos con ex militares.
Esta tarde la Universidad Nacional de La Plata rendirá un homenaje a los estudiantes secuestrados mediante la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad, que entregará un doctorado honoris causa a sobrevivientes y familiares de desaparecidos.
Se hará entrega del Doctorado Honoris Causa a Díaz, -sobreviviente del Pozo de Banfiel- junto a familiares de Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio De Acha, Horacio Ungaro, Daniel Alberto Racero, María Clara Ciocchini y Víctor Treviño todos ellos estudiantes detenidos-desaparecidos.
También recibirá el honoris causa Emilce Moler y Gustavo Calotti sobrevivientes del terrorismo de Estado, que permanecieron detenidos en otros centros clandestinos distintos al Pozo de Balfield y que fueron liberados.
Verónica Cruz desde la Universidad Nacional de La Plata, precisó que esta casa de estudios registra 800 personas detenidas desaparecidas en la última dictadura: “Nosotros en realidad iniciamos lo que se llama un ciclo especial ‘A 50 años del Golpe’ en la UNLP, en marzo del 2026, tratando de reconstruir y reivindicar ahí en nuestra agenda las diferentes luchas porque nuestra universidad tiene casi 800 personas detenidas desaparecidas y asesinadas por la última dictadura, incluso personas que fueron víctimas antes de 1976”.
De acuerdo a la investigación de la UNLP la larga noche de los lápices también tuvo por víctimas a Juan Cristobal Mainer, detenido el 29 de septiembre de 1976, Nilda Eloy, el primero de octubre de 1976. A Graciela Torrano, Alejandro Di Sio, Domingo Cáceres y Abel Fuks.
María José Lucesole,PJ Partido Justicialista,Conforme a
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