POLITICA
Lesa humanidad: la Corte Suprema ordenó armar un protocolo para evaluar la salud de los militares detenidos
La Corte Suprema de Justicia pidió al Cuerpo Médico Forense que realice un protocolo médico sobre el estado de salud de los detenidos en instituciones penitenciarias, frente a los reclamos de militares, agentes policiales y civiles detenidos con prisión preventiva en causas por delitos de lesa humanidad. Muchos de ellos son mayores de 70 años, presentan patologías graves y atraviesan procesos judiciales excesivamente prolongados, lo que motivó numerosos planteos en la Justicia.
Según datos de la Unión de Promociones, hoy permanecen 519 personas privadas de su libertad por los hechos ocurridos en los años 70, de las cuales 440 cumplen arresto domiciliario y unos 80 siguen en establecimientos penitenciarios. De ellos, más de un centenar no tendría todavía condena.
La acordada 21/2026, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomendó al Cuerpo Médico Forense la elaboración de un protocolo destinado a evaluar el estado de salud de las personas privadas de su libertad y, especialmente, las posibilidades reales de que los tratamientos que requieren puedan llevarse adelante dentro del establecimiento penitenciario en el que se encuentran alojadas.
Los jueces solicitaron la definición de “criterios científicos, destinados a organizar y uniformar la tarea de constatación de los aspectos médicos y penitenciarios legalmente exigidos, y que sirva como orientación para la decisión sobre la procedencia de la detención domiciliaria”.
De acuerdo al requerimiento de la Corte, el protocolo deberá incluir, con el mayor detalle posible, “los exámenes e informes médicos pertinentes para constatar el estado de salud de la persona; la verificación de las condiciones de detención y de la factibilidad de llevar adelante el tratamiento indicado para la patología dentro del establecimiento penitenciario. Para evaluar la verificación de las condiciones de detención, se deberá protocolizar la información que deberán brindar las autoridades penitenciarias.
En los fundamentos de la medida, los ministros de la Corte recordaron que la Constitución nacional prescribe que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. Incluso, afirman que “toda medida que, con el pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
Así, el máximo tribunal reconoce a las personas privadas de su libertad el derecho a un trato digno y humano” y “la tutela judicial efectiva que garantice su cumplimiento”.
“Parámetros científicos”
“Es una decisión destinada a establecer pautas científicas y criterios uniformes que brinden a los magistrados mejores elementos de juicio”, explicó a el presidente del Foro Argentino de Defensa (FAD), Santiago Lucero Torres, al interpretar el alcance de la acordada judicial.
“No se trata de un fallo judicial, ni de una modificación de la legislación sobre prisión domiciliaria”, precisó Lucero Torres. Añadió, sin embargo, que las consecuencias prácticas pueden ser relevantes, en los casos que involucran a detenidos de edad avanzada o con patologías que requieren atención médica compleja.
“El motivo por el cual una persona se encuentra encarcelada no puede constituir un obstáculo para que reciba la atención médica que necesita, porque se encuentra comprometido un principio elemental de humanidad”, estimó el presidente del FAD.
La existencia de parámetros médicos uniformes y de una evaluación concreta de las condiciones de alojamiento, señalan entre los militares, puede constituir una herramienta importante para revisar situaciones que, por la edad o el estado de salud de los detenidos, merecen una consideración particularmente cuidadosa.
El Foro Argentino de Defensa sigue con atención la situación de numerosos militares, policías y civiles privados de su libertad. “Cualquiera que sea la causa que determine su detención, el Estado conserva la obligación indelegable de garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana y una adecuada atención de su salud”, indicó Lucero Torres.
Los datos aportados por la Unión de Promociones señalan que ya fallecieron 993 militares, integrantes de fuerzas de seguridad y civiles sometidos a procesos por hechos de los años 70 y el 82,8% murió sin sentencia firme.
A ello se suma la duración prolongada de muchas detenciones: 105 llevan entre tres y seis años de procesos con prisión preventiva, aunque hay casos más extremos: 128 enfrentan procesos que llevan entre seis y diez años, mientras unos 176 tienen procesos de 11 a 15 años y unos 33 superan los 16 años.
El Foro Argentino de Defensa sostiene que “estos números justifican, como mínimo, una revisión seria de la situación. “No estamos planteando impunidad ni cuestionando el derecho de la Justicia a investigar y condenar delitos. Estamos hablando de personas que en muchos casos superan ampliamente los 70 u 80 años, de procesos que llevan décadas y, sobre todo, de centenares que murieron sin una condena firme”, afirmó la entidad.
“La prisión preventiva no puede convertirse, por el simple paso del tiempo, en una pena anticipada”, señaló el presidente del FAD. Añadió que la decisión de la Corte ratifica la oportunidad para “discutir este asunto desde el Estado de Derecho y no desde las pasiones políticas de los años 70”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Los 70,Lesa Humanidad,Conforme a
POLITICA
La Cámpora difundió una protesta contra la Corte Suprema y el fiscal Luciani en la Facultad de Derecho
Una particular protesta estudiantil tuvo lugar este martes contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el juez Julián Ercolini en reclamo de la “libertad” de la exmandataria Cristina Kirchner y contra el fallo del máximo tribunal sobre la lay de Tierras.
La intervención de los estudiantes tuvo lugar durante el acto de entrega de los Premios Quorum que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Rosatti, Ercolini y el fiscal Diego Luciani, quien tuvo a su cargo la causapor la que Fernández de Kirchner resultó condenada, fueron sorprendidos en el auditorio por estudiantes que lanzaron papeles con la inscripción “Cristina Libre” y colgaron una bandera con la insignia “La tierra no se vende, la Corte sí”.
Por los videos que trascendieron pudo verse cómo los jóvenes irrumpían en el recinto al canto de “La Patria no se vende”, mientras los organizadores pedían orden en la sala. Después, los militantes procedieron a arrojar papeles desde el palco superior.
Las imágenes de la protesta fueron difundidas por la cuenta de Twitter ‘Cristina Libre’, relacionada a La Cámpora y que mantiene vigente el pedido de “libertad” de la exmandataria, condenada a cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad.
Pero no fue la única protesta del día contra la Corte. Sectores del PJ, la izquierda, gremios y piqueteros se manifestaron este martes frente al edificio del máximo tribunal contra el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras incluida en un decreto del presidente Javier Milei.
Los manifestantes, vinculados a organizaciones sindicales kirchneristas y de izquierda, llevaron a cabo la concentración, que se agrupó sobre una Plaza Lavalle, en el centro porteño.
Frente al edificio de los tribunales se montaron dos escenarios, uno ocupado por los sindicatos más cercanos al kirchnerismo y otro por las agrupaciones de izquierda que convocaron a la protesta.
La convocatoria no alcanzó a cubrir la Plaza Lavalle, aunque la instalación de los escenarios y el despliegue de manifestantes sobre Talcahuano generaron que se interrumpiera el tránsito en esa arteria, entre Tucumán y Lavalle.
El fallo de la Corte
El 30 de septiembre, el máximo tribunal dictó un fallo que, en la práctica, quitó los límites a la venta de tierras a extranjeros, al restituit un artículo del megadecreto de Milei de 2023.
Ese artículo, que derogaba la ley de Tierras y, por lo tanto, sus límites a la venta de tierras a extranjeros, había sido frenado por una presentación de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Los excombatientes alegaron que estaban legitimados en tanto defensores de la soberanía nacional, pero ese argumento fue rechazado por la Corte Suprema. En su fallo, el máximo tribunal fue muy críticó al advertir a los tribunales inferiores sobre reconocerles capacidad de iniciar acciones colectivas a actores que no tienen esa representatividad.
Un tribunal había dictado la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/23 que derogaba la ley de tierras. Pero la Corte revocó ese fallo.
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó una nueva serie de agravios del presidente Javier Milei contra periodistas, columnistas y directivos de medios de comunicación a través de publicaciones en la red social X.
En los últimos días, el Presidente volvió a utilizar sus cuentas en redes sociales para insultar a profesionales de la prensa a raíz de sus entrevistas, análisis, opiniones o publicaciones periodísticas.
ADEPA lamenta tener que volver a destacar algo que ha sostenido desde siempre. Quien gobierna, y es objeto de crítica, o considera que la información de un acto de gobierno es errónea, incorrecta o incluso puede evaluarla como sesgada, tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano de nuestra república: ejercer su crítica, aclaración o desmentida, incluso en tono enérgico y vehemente.
Lo que erosiona el debate público y el diálogo democrático son el insulto y el agravio, que afectan no solo al destinatario identificado, sino al conjunto del cuerpo social.
La libertad de expresión protege especialmente la circulación de opiniones sobre quienes ejercen el poder. La réplica ha sido concebida para responder, pero no para avalar los ataques personales.
Apenas unas horas antes del comienzo de una marcha contra la Corte Suprema de Justicia por el fallo que dejó vigente la derogación de la ley de tierras, las organizaciones piqueteras nucleadas en el Frente de Lucha Piquetero anticiparon sus reclamos contra los jueces del máximo tribunal y contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Repudiaron el fallo judicial que se conoció el martes de la semana pasada y volvieron a protestar por la eliminación del plan Volver al Trabajo, de $78.000 mensuales, que el Gobierno decidió reemplazar por vouchers de capacitación.
En la intersección de Moreno y la avenida 9 de Julio, en una plazoleta frente a uno de los laterales del edificio donde funcionaba el Ministerio de Desarrollo Social y sin cortar el tránsito, un puñado de manifestantes se concentró alrededor de los dirigentes de las agrupaciones, en una conferencia de prensa callejera, custodiada por una veintena de efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), fue una de las voces que arengaron a marchar contra la Corte. Afirmó que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti son “tres jueces cipayos que decidieron poner en venta la Argentina”. Y llamó a “marchar al Poder Judicial, que generalmente se la lleva de arriba y vela por el 1% más privilegiado”, y a repetir la movilización el día 15, al Congreso (cuando está previsto que se debata la posible derogación del decreto 70/23, firmado por el presidente Javier Milei, que en su artículo 54 deroga el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales”).
En medio de banderas del Polo Obrero, del Bloque Piquetero, de Libres del Sur, del Frente Barrial de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) o del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), entre otras organizaciones, también habló Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero. “Esta convocatoria es previa a la movilización a los tribunales, que tienen un objetivo de clase muy claro”, dijo. Repudió el reciente procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Juan Perón y añadió: “Otra mala noticia: acaban de elevar a juicio a los compañeros de Fate”.
El Ministerio de Capital Humano fue el otro eje de los reclamos en la conferencia de prensa piquetera, previa a la marcha contra la Corte. Los distintos oradores rechazaron la baja del plan Volver al Trabajo, decisión que los piqueteros judicializaron y que, tras distintas instancias, la Justicia convalidó. “Hace tres meses que no cobramos quienes percibíamos el Volver al Trabajo”, resaltó Sánchez. El mismo reclamo hicieron desde otras agrupaciones presentes en la ronda de prensa, como Libres del Sur o el Frente Barrial de la CTA.
A la breve manifestación se acercaron representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. El gremio realiza un paro de media jornada para sumarse a la movilización contra la Corte. La secretaria general de la Comisión Interna del gremio en el ministerio, Ingrid Manfred, denunció el “desmantelamiento de las políticas públicas, 3000 despedidos en el ministerio y persecución hacia la organización gremial con recorte salarial a los delegados”.
Belliboni, al cerrar la conferencia de prensa, dijo que el Ministerio de Capital Humano “no es de capital, porque se han vaciado los equipos técnicos, y mucho menos, humano”.
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