ECONOMIA
Ley de biocombustibles: el Senado abre el debate y el sector discute si el precio del combustible bajaría $10 por litro
El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.
El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.
Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.
La propuesta propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización
Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.
El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor. Son diez pesos”, sintetizó.
“Si se aprueba la ley de Patricia Bullrich, van a quebrar 25 pyme, se van a perder 1.500 puestos de trabajo y se va a concentrar el mercado en seis multinacionales”, agregó Martelli.
Hoy, el mercado interno de biodiesel es territorio exclusivo de las pyme. Las grandes cerealeras tienen habilitada la exportación, pero prácticamente no exportan: los principales mercados mundiales –Estados Unidos y la Unión Europea– protegen su propia producción con barreras arancelarias y paraarancelarias. Esa situación empujó a las multinacionales a mirar hacia adentro, y el proyecto de Bullrich les abriría la puerta.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes exportadoras, respaldó públicamente la iniciativa oficial y salió al cruce de las pyme con un argumento histórico: “Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso”, publicó Ciara en sus redes sociales.
Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso (Ciara)
En contraste, la entidad que representa a las empresas agroexportadoras, sostuvo que el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. La producción nacional de aceite de soja alcanza a 8,5 millones de toneladas anuales; las pyme de biodiesel consumen unas 650.000 toneladas, equivalente a un mes y medio de esa producción.
“Estuvimos todos apoyando un proyecto de ley que es el proyecto del futuro, porque va a permitir volver a poner en funcionamiento las grandes fábricas de biodiesel que están cerradas”, afirmó el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.
La entidad recordó que entre 2016 y 2018, Argentina fue el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones exportadas e inversiones superiores a los USD 2.500 millones.
A su vez, Idígoras rechazó los argumentos sobre el riesgo laboral. Afirmó que las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para “adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país”. Sobre el empleo, planteó que cada planta pyme ocupa en promedio a 10 personas, mientras que la industria exportadora tiene 1.500 puestos “en suspenso” por no poder abastecer el mercado interno.
Las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país (Idígoras)
“Estamos comparando 10 contra 1.500”, dijo, y agregó que la nueva ley traerá “una mejora sustancial para el consumidor en calidad y en precio”. Idígoras también calificó el régimen vigente de “soviético” y sostuvo que durante dos décadas las pymes vendieron biodiesel “a un precio 20% por encima de las condiciones de mercado”, con la Secretaría de Energía como garante de esa ecuación.
Martelli advirtió que el proyecto no amplía el mercado para las pyme, sino que lo reduce. El texto sube el corte del 7,5% al 10%, pero habilita a las petroleras a cubrir tres puntos porcentuales de esa diferencia mediante el denominado coprocesamiento, un mecanismo que consiste en incorporar grasas o materia vegetal en la destilación del petróleo y que técnicamente no constituye biodiesel. El resultado neto es que el corte efectivo para las pymes bajaría del 7,5% al 7 por ciento.
La desventaja estructural de las pyme ante una eventual competencia abierta con las cerealeras es múltiple. Las grandes empresas son, al mismo tiempo, proveedoras de aceite y potenciales competidoras. Según Martelli, esas compañías venden el aceite por encima de la paridad de exportación en el mercado interno, lo que encarece el insumo antes de que las pymes puedan transformarlo en combustible.
La diferencia de escala agrava el cuadro: una planta pyme grande produce hasta 50.000 toneladas anuales de biodiesel, mientras que una cerealera puede alcanzar las 500.000 toneladas. Las plantas de las multinacionales ya están construidas -levantadas originalmente para exportar- y no requieren inversión adicional para volcarse al mercado interno.
El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas
El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas. Daniel González esa opción por el impacto en el costo del gasoil y por razones fiscales: el biodiesel está exento de los impuestos que sí paga el diésel de origen fósil, de modo que un mayor corte implicaría menor recaudación. Las previsiones oficiales apuntan, además, a que el precio internacional del petróleo volverá a caer, lo que haría al biodiesel comparativamente más caro.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán ahora elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario del Senado. La reunión del miércoles fue informativa y el texto aún no tiene fecha de votación. Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta llegar al 20% en 2030, apareció como referencia recurrente en el debate para quienes reclaman una política más ambiciosa en materia de biocombustibles.
South America / Central America
ECONOMIA
Este es el plan para recuperar a una láctea emblemática que acaba de venderse y vuelve a producir
El traspaso de Sudamericana de Lácteos, una compañía de peso en el mapa lechero y productivo en el interior del país, acaba de formalizarse y todos los cañones de su nuevo dueño apuntan ahora a recuperar rápidamente la capacidad comercial de la firma. El flamante titular de la empresa es Pablo González, un empresario rosarino con antecedentes en el sector y una aceitera en la localidad de Serodino,quien viene de alcanzar un acuerdo con el sindicato ATILRA y volverá a poner en marcha las instalaciones de la láctea en Díaz, en la provincia de Santa Fe. La operación implicó la continuidad de los 82 puestos de trabajo que genera la compañía, y el plan a futuro para Sudamericana de Lácteos contempla un esquema orientado a la exportación.
La intención de González es reactivar la labor de la planta de Díaz durante la última semana de este mes y la primera de agosto. Según fuentes del sector lácteo, está previsto que en una primera fase operativa las instalaciones alcancen un volumen de procesamiento inicial del orden de los 100.000 litros diarios de leche.
Durante la etapa de reactivación la actividad en Sudamericana de Lácteos se concentrará de forma prácticamente exclusiva en la fabricación de quesos duros y en barra. González tiene como meta alcanzar el 100% de la capacidad operativa instalada en un plazo máximo de seis meses.
La nueva conducción sostiene que la empresa presenta una ventaja competitiva para posicionar las marcas de la lechera, esto es, Premio, SyS, Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca, a partir de la disponibilidad de una infraestructura de aduana propia habilitada dentro del predio industrial.
En Sudamericana de Lácteos confían en que dicho factor logístico permitirá reducir los costos transaccionales de distribución internacional y agilizará los envíos hacia los centros de consumo del exterior. A partir de esa ventaja, la compañía orientará su estructura de comercialización con vistas a colocar el 70% de su producción en mercados internacionales.
Prevén nuevas inversiones en Sudamericana de Lácteos
En la hoja de ruta de la empresa está destinar el 30% de su capacidad restante a la elaboración de quesos y otros derivados con la premisa de abastecer al consumo dentro de la Argentina.
Hacia adelante, González también apuntará a ampliar el portafolio de productos de Sudamericana de Lácteos hacia otras variedades de quesos y la industrialización del suero. Para dar sustentabilidad al modelo de negocios y recuperar los márgenes de rentabilidad, la nueva conducción empresaria proyecta la ejecución de un programa de inversiones por un monto total de u$s4 millones a inyectar durante el próximo semestre.
En principio, los fondos en cuestión se asignarán al desarrollo de dos proyectos de infraestructura clave dentro de la planta de Díaz: la instalación de un parque de energía solar para el autoabastecimiento eléctrico y el montaje de un sistema de secado por método «spray» para el procesamiento de suero.
La incorporación del parque solar tiene como objetivo técnico la reducción de los costos fijos vinculados al consumo de energía de red, uno de los principales componentes en la estructura de costos de las lácteas en general. En paralelo, desde el ámbito lechero explicaron que el secador spray permitirá transformar el residuo líquido del proceso quesero en suero en polvo con alto valor comercial.
Sudamericana de Lácteos, en la senda de la recuperación
Como expuso iProfesional en notas anteriores, Sudamericana de Lácteos se encontraba bajo control de la firma cordobesa Servio, orientada a la producción y venta de dulce de leche, ghee y mantecas premium.
La firma mediterránea adquirió las instalaciones en Díaz a mediados del año pasado. Originaria de Villa María, Servio interviene en el mercado local e internacional de lácteos premium a través de productos y marcas como la manteca SyS, la manteca clarificada ghee homónima, el dulce de leche artesanal Servio y variedades de queso rallado con la misma etiqueta.
Tras la compra de Sudamericana de Lácteos, la firma chocó de frente con un mercado de consumo por demás deprimido y las complicaciones para sostener el funcionamiento de la planta de Diaz rápidamente comenzaron a multiplicarse.
La caída del negocio pegó en toda la comunidad santafesina, que posee alrededor de 2.000 habitantes y depende económicamente del funcionamiento de Sudamericana de Lácteos. Díaz se encuentra a poco más de 30 kilómetros de Clason, donde hoy existe un conflicto por la situación de derrumbe productivo y laboral que atraviesa Lácteos Verónica.
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ECONOMIA
Precio de la nafta: los sueldos compran casi 10 tanques menos y la baja todavía no tiene fecha
Un salario privado registrado alcanzaba en noviembre de 2023 para llenar 26,3 tanques de nafta súper de 50 litros. En julio de 2026, ese sueldo cubrió 16,4. La diferencia -casi diez tanques menos- no es considerado producto de un único factor, sino de una ecuación que arranca con la desregulación del sector energético que amplió el margen de las petroleras para actualizar precios, se profundizó con impuestos al combustible que se actualizan en cuotas y salarios que corrieron muy por detrás de la inflación energética, y encuentra su capítulo más reciente en el conflicto de Medio Oriente, que primero disparó el precio del crudo y ahora, luego bajó y ahora está un subibaja, promete una baja que todavía no tiene fecha firme en los surtidores.
El dato surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), que cruzó la mediana salarial del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con la evolución del precio de la nafta súper. El relevamiento arrojó que, mientras el salario privado registrado creció 311% entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el valor de la nafta se apreció 558% en el mismo período.
La brecha entre ambas variables explica, en gran medida, por qué el poder de compra del sueldo en términos de combustible se deterioró de forma sostenida.
Antes de que comenzaran los ataques en Medio Oriente, el salario mediano privado registrado permitía adquirir 19,4 tanques. En julio, esa cifra cayó a 16,4 cargas plenas
El retroceso se aceleró desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. En febrero de 2026, antes de que comenzaran los ataques, el salario mediano privado registrado permitía adquirir 19,4 tanques. En julio, esa cifra cayó a 16,4: tres cargas plenas menos en apenas cinco meses.
El precio de la nafta súper subió 27,2% desde el inicio de la guerra, sin que los salarios lograran acompañar ese ritmo.
La paradoja que advierten los analistas es que, durante los meses más álgidos del conflicto, el precio en los surtidores no reflejó en su totalidad la disparada del crudo internacional. YPF, con más del 55% del mercado minorista de combustibles, puso en marcha el 1° de abril un mecanismo de amortiguación -denominado internamente “buffer”- que el resto de las petroleras replicó.
El sistema buscaba evitar que la volatilidad de la cotización del barril Brent, que llegó a subir más del 50% durante la mayor intensidad del conflicto, se trasladara de forma directa a los precios al consumidor y presionara el índice de inflación.
El buffer operó en dos etapas. La primera duró 45 días; la segunda se extendió por 30 días, con un aumento del 1% en el precio del combustible durante ese período.
Gracias a ese mecanismo, la nafta súper se mantuvo en torno a los $2.000 por litro entre abril y junio, cuando el crudo internacional marcaba valores muy superiores a los que ese precio local implicaba.
El buffer tenía una condición explícita desde el principio: cuando el precio internacional del petróleo comenzara a bajar, el valor en el surtidor no bajaría de inmediato
Pero el esquema tenía una condición explícita desde el principio: cuando el precio internacional del petróleo comenzara a bajar, el valor en el surtidor no bajaría de inmediato. Primero, las petroleras recuperarían las ganancias resignadas durante los meses de contención.
La consultora 1816 analizó: “Durante varios meses, gracias al buffer, la nafta fue más barata de lo que correspondía según el precio del Brent y del A3500 (tipo de cambio mayorista que fija el BCRA), de modo que el sobreprecio actual no hace ni más ni menos que compensar a los refinadores y expendedores de combustibles”.
A mediados de junio, Donald Trump y el canciller iraní Kazem Gharibabadi acordaron un cese del fuego por 60 días y la reapertura del estrecho de Ormuz -por donde transitaba antes de la guerra cerca del 20% del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado (GNL)- . La noticia desató una caída inmediata del crudo; el Brent llegó a perder más del 5% en una jornada y tocó los USD 82 por barril, el valor más bajo en tres meses.
Un mes más tarde, Trump declaró que el alto el fuego “ha terminado”, aunque aclaró que su país continuaría las conversaciones diplomáticas a pedido de Irán. El petróleo volvió a a bajar después de tres días de suba.
Aun con ese rebote, los combustibles en Argentina no se movieron. Y la pregunta que circula en el mercado es cuándo llegará la baja.
Fuentes del sector consultadas por Infobae estiman que septiembre “suena lógico” como fecha para un primer ajuste a la baja, aunque advierten que ese plazo podría acortarse si el barril sigue cayendo. El litro de nafta hoy supera por poco los $2.000 y, señalan las fuentes, “siempre estuvo un poco por encima del dólar”, lo que hace que una reducción de esa magnitud “no suene irracional”.
En tanto, 1816 va más lejos en su proyección: si el objetivo de la industria fuera compensar la totalidad del congelamiento aplicado durante el buffer, la nafta debería mantenerse con los precios actuales hasta mediados de noviembre, con el valor actual del Brent en pesos como referencia.
Para adecuarse a los precios internacionales del crudo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%, lo que tendría un impacto directo sobre el IPC (consultora 1816)
La consultora también estima que, para adecuarse a los menores precios internacionales del crudo, los combustibles deberían bajar aproximadamente 16%, lo que tendría un impacto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de alrededor de 0,65 puntos porcentuales, sin contar el efecto indirecto sobre otros precios de la economía.
La velocidad de ese proceso, advierte 1816, “dependerá, en parte, de YPF”, que por su participación de mercado superior al 50% en el comercio minorista tiene la capacidad de fijar el precio de referencia de la nafta y el gasoil.
A la ecuación del buffer y los precios internacionales se suma una variable que opera en paralelo y que también presiona el precio final en el surtidor: la carga impositiva sobre los combustibles. A través del Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial el 1° de julio con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli, el Gobierno dispuso un incremento del 1% en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y en el Impuesto al Dióxido de Carbono.
La medida sigue un patrón que se repite desde 2024: aplicar una porción menor del ajuste acumulado y diferir el resto al mes siguiente. Para julio, el impacto concreto es de $21,19 por litro en el caso de la nafta sin plomo -más $1,298 por litro del Impuesto al Dióxido de Carbono-, y de $18,96 por litro para el gasoil, con un tratamiento diferencial para las provincias patagónicas y el partido de Patagones.
El grueso del ajuste pendiente -que acumula remanentes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026- quedó diferido a agosto
El grueso del ajuste pendiente -que acumula remanentes de 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026- quedó diferido a agosto. Aunque los antecedentes sugieren que ese cronograma podría volver a correrse.
El mecanismo de actualización, establecido por el Decreto 501/2018, fija revisiones trimestrales en enero, abril, julio y octubre de cada año, con base en la variación del IPC que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La administración y el control de la recaudación quedan a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
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Pese a que el pago del medio aguinaldo influyó en las cuentas, el ministro de Economía hizo referencia a una medida oficial que causó impactó
17/07/2026 – 16:24hs
El ministro de Economía, Luis Caputo, adjudicó a una decisión de política económica el déficit fiscal que se produjo en junio.
Luis Caputo explicó por qué hubo déficit fiscal en el mes de junio
«Esto es porque corrimos el vencimiento de ganancias de personas humanas de junio a julio», contestó el ministro sobre un posteo que hacía referencia a esta situación.
La aclaración que publicó Luis Caputo sobre el déficit fiscal registrado en junio.
La postergación se produjo a pedido de contadores y obedeció a la demorada discusión por las reforma en la Ley de Inocencia Fiscal.
Caputo recibirá este viernes nuevamente a los profesionales del área para terminar de acordar esos cambios.
El nuevo vencimiento opera el 27 de julio y hay expectativa por otra prórroga, pero esta medida impactaría otra vez en la recaudación y en las cuentas públicas.
El Sector Público Nacional (SPN) arrojó un resultado negativo por $1.024.891 millones en el sexto mes, debido al resultado primario negativo de $696.843 millones y el pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $328.049 millones.
Sin embargo, el primer semestre del año terminó con un superávit financiero de 0,1% del PIB, equivalente a 0,6% de superávit primario. La meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es de 1,4% del PIB en el frente primario.
Déficit fiscal mensual: el aguinaldo, entre las claves
El Sector Público Nacional (SPN) registró en junio un déficit primario de $696.843 millones y un déficit financiero de $1.024.891 millones, en un resultado que el equipo económico ya tenía previsto debido al impacto estacional del pago del medio aguinaldo a los empleados públicos. A pesar del rojo mensual, el primer semestre de 2026 concluyó con saldo positivo en las cuentas fiscales.
El dato fue informado por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. Según explicó, el déficit financiero se produjo luego de afrontar pagos de intereses netos por $328.049 millones y estuvo además condicionado por una menor recaudación derivada de la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
El primer semestre terminó con superávit fiscal
Más allá del resultado de junio, el Gobierno destacó que el balance acumulado del año continúa siendo superavitario.
Entre enero y junio, el SPN alcanzó un superávit primario equivalente al 0,6% del PBI, mientras que el superávit financiero se ubicó en 0,1% del PBI, manteniendo el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas.
El Gobierno considera al superávit fiscal uno de los ejes centrales de su programa económico y busca sostenerlo durante la segunda mitad del año y de cara al escenario electoral de 2027. En ese marco, semanas atrás el Ministerio de Economía presentó su programa financiero para 2026 y 2027, en el que volvió a ratificar el compromiso de preservar el equilibrio de las cuentas públicas como principal ancla de la política económica.
Luis Caputo defendió el ajuste del gasto público
Al difundir los datos fiscales, Caputo remarcó que «el orden en las cuentas públicas es un pilar fundamental del programa económico» y sostuvo que ese objetivo se alcanzó «a través de una fuerte reducción en el gasto público».
El ministro también afirmó que esa estrategia hizo posible avanzar con una reducción de impuestos nacionales acumulada desde 2024 equivalente a casi tres puntos del PBI.
El resultado de junio representó el primer déficit financiero mensual registrado en lo que va de 2026. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda atribuyeron el rojo principalmente a cuestiones estacionales, especialmente al pago del medio aguinaldo, además del efecto transitorio generado por la postergación del vencimiento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas.
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