ECONOMIA
Ley de biocombustibles: el Senado abre el debate y el sector discute si el precio del combustible bajaría $10 por litro
El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.
El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.
El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.
Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.
La propuesta propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización
Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.
El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor. Son diez pesos”, sintetizó.
“Si se aprueba la ley de Patricia Bullrich, van a quebrar 25 pyme, se van a perder 1.500 puestos de trabajo y se va a concentrar el mercado en seis multinacionales”, agregó Martelli.
Hoy, el mercado interno de biodiesel es territorio exclusivo de las pyme. Las grandes cerealeras tienen habilitada la exportación, pero prácticamente no exportan: los principales mercados mundiales –Estados Unidos y la Unión Europea– protegen su propia producción con barreras arancelarias y paraarancelarias. Esa situación empujó a las multinacionales a mirar hacia adentro, y el proyecto de Bullrich les abriría la puerta.
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes exportadoras, respaldó públicamente la iniciativa oficial y salió al cruce de las pyme con un argumento histórico: “Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso”, publicó Ciara en sus redes sociales.
Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso (Ciara)
En contraste, la entidad que representa a las empresas agroexportadoras, sostuvo que el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. La producción nacional de aceite de soja alcanza a 8,5 millones de toneladas anuales; las pyme de biodiesel consumen unas 650.000 toneladas, equivalente a un mes y medio de esa producción.
“Estuvimos todos apoyando un proyecto de ley que es el proyecto del futuro, porque va a permitir volver a poner en funcionamiento las grandes fábricas de biodiesel que están cerradas”, afirmó el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.
La entidad recordó que entre 2016 y 2018, Argentina fue el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones exportadas e inversiones superiores a los USD 2.500 millones.
A su vez, Idígoras rechazó los argumentos sobre el riesgo laboral. Afirmó que las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para “adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país”. Sobre el empleo, planteó que cada planta pyme ocupa en promedio a 10 personas, mientras que la industria exportadora tiene 1.500 puestos “en suspenso” por no poder abastecer el mercado interno.
Las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país (Idígoras)
“Estamos comparando 10 contra 1.500”, dijo, y agregó que la nueva ley traerá “una mejora sustancial para el consumidor en calidad y en precio”. Idígoras también calificó el régimen vigente de “soviético” y sostuvo que durante dos décadas las pymes vendieron biodiesel “a un precio 20% por encima de las condiciones de mercado”, con la Secretaría de Energía como garante de esa ecuación.
Martelli advirtió que el proyecto no amplía el mercado para las pyme, sino que lo reduce. El texto sube el corte del 7,5% al 10%, pero habilita a las petroleras a cubrir tres puntos porcentuales de esa diferencia mediante el denominado coprocesamiento, un mecanismo que consiste en incorporar grasas o materia vegetal en la destilación del petróleo y que técnicamente no constituye biodiesel. El resultado neto es que el corte efectivo para las pymes bajaría del 7,5% al 7 por ciento.
La desventaja estructural de las pyme ante una eventual competencia abierta con las cerealeras es múltiple. Las grandes empresas son, al mismo tiempo, proveedoras de aceite y potenciales competidoras. Según Martelli, esas compañías venden el aceite por encima de la paridad de exportación en el mercado interno, lo que encarece el insumo antes de que las pymes puedan transformarlo en combustible.
La diferencia de escala agrava el cuadro: una planta pyme grande produce hasta 50.000 toneladas anuales de biodiesel, mientras que una cerealera puede alcanzar las 500.000 toneladas. Las plantas de las multinacionales ya están construidas -levantadas originalmente para exportar- y no requieren inversión adicional para volcarse al mercado interno.
El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas
El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas. Daniel González esa opción por el impacto en el costo del gasoil y por razones fiscales: el biodiesel está exento de los impuestos que sí paga el diésel de origen fósil, de modo que un mayor corte implicaría menor recaudación. Las previsiones oficiales apuntan, además, a que el precio internacional del petróleo volverá a caer, lo que haría al biodiesel comparativamente más caro.
Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán ahora elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario del Senado. La reunión del miércoles fue informativa y el texto aún no tiene fecha de votación. Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta llegar al 20% en 2030, apareció como referencia recurrente en el debate para quienes reclaman una política más ambiciosa en materia de biocombustibles.
South America / Central America
- Resultados financieros récord: La compañía registró ingresos de USD 14.600 millones, superando ampliamente las previsiones de Wall Street, y logró un beneficio por acción de USD 0,35 (frente a los USD 0,15 esperados).
- Inflexión en Inteligencia Artificial: Por primera vez, los ingresos provenientes de los servicios de infraestructura y cómputo de inteligencia artificial superaron a los de Starlink, impulsados por el uso de Grok y Cursor.
- Posible fusión con Tesla: Elon Musk reveló que los comités especiales de SpaceX y Tesla están evaluando una combinación estratégica de ambas firmas, lo que despertó un gran optimismo especulativo en los mercados.
- Revisión al alza de analistas: Bancos de inversión como Citigroup elevaron su precio objetivo para la acción hasta los USD 240, reforzando el sentimiento de compra en el sector espacial.
ECONOMIA
Fracasaron las negociaciones del gobierno francés con los sindicatos: habrá huelga general a partir del 5 de noviembre
Sophie Binet, secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), convocó este miércoles a una huelga a partir del 5 de noviembre en nombre de la intersindical, con el objetivo de intensificar la presión sobre el gobierno francés. El anuncio se produjo tras la reunión que mantuvo con el primer ministro Sébastien Lecornu y varios de sus ministros, en el marco de las protestas del sábado pasado contra el costo de la vida y en reclamo de mejoras en educación y sanidad.
“Ha llegado el momento de llevar la movilización al siguiente nivel; la huelga debe tomar el relevo. La CGT, junto con el grupo intersindical, hace un llamamiento a la movilización más amplia posible el 5 de noviembre. Hacemos un llamamiento a asambleas generales en todas partes, en todos los centros de trabajo, para generalizar la huelga el 5 de noviembre y más allá”, dijo Binet.
Por su parte, Marylise Léon, secretaria general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) —el sindicato mayoritario del país—, subrayó que es “imprescindible” que el gobierno ofrezca respuestas sociales antes de esa fecha, en la que ya hay convocada una jornada de movilización. Según Léon, se trata de reivindicaciones que los trabajadores y trabajadoras “llevan esperando desde hace muchos años”.
Tras más de dos horas de reunión en Matignon, sede del gobierno francés, Binet denunció “el total desprecio” que, según afirmó, tanto Lecornu como sus ministros mostraron ante las demandas sindicales.
“El primer ministro y el Gobierno no nos han anunciado ninguna medida ni han tenido en cuenta nuestras reivindicaciones”, aseguró la líder del segundo sindicato del país por número de afiliados, solo por detrás de la CFDT.
Binet indicó que durante el encuentro recibieron “algunas pinceladas, pero nada preciso”. Lo único concreto, según relató, fue el compromiso del ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, quien les comunicó que los “recibirá próximamente para hablar del poder adquisitivo”.
Lecornu se reunió este miércoles con los representantes sindicales y tiene previsto recibir mañana a los de los partidos políticos.
Además, la dirigente de la CGT adelantó que el sindicato estará presente en las manifestaciones del próximo sábado para acompañar a quienes deseen movilizarse y “proteger a los jóvenes y a los trabajadores y trabajadoras que participen en las protestas”.
Por otro lado, un representante de la coordinación de los chalecos amarillos informó este miércoles que presentó una declaración ante la prefectura para marchar el sábado 24 de octubre en París, desde la plaza de la Bastilla hasta la Ópera. La convocatoria llega una semana después de que la jornada de protesta del 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida estuviera marcada por la violencia y los saqueos.
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ECONOMIA
Un Centro de Estudios de la UBA brinda asesoramiento gratuito a morosos: cómo consultarlo para enfrentar deudas
El sobreendeudamiento dejó de ser una inquietud limitada a un sector social y pasó a ocupar un lugar central en las consultas que recibe el Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPyN) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales, expensas y monotributo impago aparecen entre los problemas que llevan vecinos a pedir orientación sin costo.
La contadora, docente y directora del centro, Carla Kranevitter, sostuvo que el cambio se hizo visible desde abril. “La mayor cantidad de consultas empezó a ser sobre” endeudamiento y sobreendeudamiento, explicó durante una entrevista en Infobae en Vivo. Según señaló, la dificultad principal surge cuando las personas pierden la capacidad de afrontar sus obligaciones mensuales.
El equipo de voluntarios trabaja tanto en los barrios como en los consultorios de la Facultad. Hay charlas grupales abiertas y, además, un acompañamiento individual para quienes acercan su caso. “El encuentro territorial es el primer contacto; el trabajo viene después”, afirmó Kranevitter.
Cómo solicitar el asesoramiento gratuito del CEGEPyN
El asesoramiento del CEGEPyN es gratuito y está dirigido a personas que necesitan ordenar sus finanzas, conocer los costos de una deuda, regularizar situaciones impositivas o resolver dudas sobre pequeños emprendimientos.
Quienes requieran una consulta personalizada pueden ingresar al sitio oficial del centro, CEGEPYN – UBA (cegepyn.economicas.uba.ar), donde figura la modalidad para solicitar turno. La atención se realiza en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas, en avenida Córdoba 2122, Ciudad de Buenos Aires, en la planta baja del sector Consultorios Taller.
El centro también informa sus actividades territoriales y las próximas charlas abiertas a través de su cuenta de Instagram, @cegepyn. Esos encuentros se anuncian con la dirección y el horario, y no requieren inscripción previa. “La gente se acerca, tenemos una charla primero grupal”, detalló Kranevitter. En paralelo, los vecinos pueden plantear su situación ante docentes, graduados y estudiantes voluntarios.
La directora remarcó que el objetivo no consiste en prometer soluciones inmediatas. “Nosotros no damos respuestas mágicas”, advirtió. La tarea comienza por reunir y ordenar información: identificar acreedores, montos, tasas, vencimientos, ingresos y gastos esenciales. A partir de allí, los voluntarios estudian alternativas y realizan un seguimiento individual.
“Si podemos ayudar a un vecino, estamos haciendo un montón”, resumió Kranevitter al explicar el propósito del programa de extensión universitaria.
Tarjetas, billeteras y préstamos forman la combinación más frecuente
Las consultas reflejan situaciones diversas, aunque existen patrones reiterados. Kranevitter indicó que el endeudamiento con billeteras virtuales ocupa un lugar relevante por la facilidad de acceso a esos créditos. “Es tan fácil y con tan poco control que, en la medida que yo estoy necesitando liquidez, voy a acceder rápidamente a eso”, planteó.
A esa vía se suman las tarjetas de crédito, los préstamos personales y los compromisos informales con familiares o amigos. En algunos casos, la acumulación de obligaciones deriva en deudas con varios acreedores al mismo tiempo. La contadora mencionó el caso de una persona que debía cerca de $ 50 millones a ocho entidades distintas.
“No es solamente el volumen de deuda, sino a cuántos le debemos”, sostuvo. La fragmentación vuelve más difícil cualquier intento de refinanciación, porque una negociación con un acreedor puede no resolver los vencimientos pendientes con los demás.
El contador, docente y voluntario Lisandro Piriz explicó que el primer paso para quien ya no puede pagar consiste en hacer un relevamiento completo. “Ver cuáles son todas las deudas”, resumió. Eso implica anotar préstamos, tarjetas, cuotas pendientes, tasas de interés y fechas de vencimiento, además de calcular cuánto dinero ingresa al hogar y cuáles son los gastos básicos, como alquiler, alimentos, servicios y transporte.
“Hay que ver si de toda esa cuenta a mí me queda algo para pagar esas deudas”, señaló Piriz. Con esa información, el equipo puede evaluar si conviene solicitar una refinanciación, negociar un plan de pagos o consolidar obligaciones en un nuevo préstamo. Esta última opción requiere especial cautela: solo tendría sentido si la tasa y la cuota resultan sostenibles.
Pagar el mínimo evita la mora, pero encarece la deuda
Uno de los puntos que más dudas genera entre quienes llegan al centro es el pago mínimo de la tarjeta de crédito. Piriz explicó que esa alternativa permite evitar la mora en el mes, aunque deja financiado el saldo restante. “Si vos pagaste de cien, pagaste diez, el otro noventa se va a financiar para el resumen que viene”, indicó.
El problema aparece cuando el mecanismo se repite. “Si refinanciás tres resúmenes, cada vez el mínimo va subiendo más y va incluyendo cada vez más intereses”, alertó. Por eso, recomendó revisar el costo financiero total, la tasa aplicada y las condiciones de cada alternativa antes de tomar un préstamo más caro para cancelar otra obligación.
Kranevitter añadió que muchas personas se endeudan para pagar gastos corrientes. “Si yo estoy tomando esta deuda para llegar a fin de mes, para sobrevivir, ¿cómo el día de mañana voy a seguir sobreviviendo, llegar a fin de mes y aparte pagar la deuda?”, se preguntó.
Para la especialista, enfrentar el problema requiere evitar la desinformación, incluso cuando la situación genere angustia. “Primero tenemos la información y, aunque sea difícil, hay que enfrentar qué debemos, cuánto debemos y a quién le debemos”, dijo. El asesoramiento busca precisamente transformar ese panorama en un plan posible, con prioridades definidas y metas acordes a los ingresos de cada persona.
Monotributo, servicios y expensas también concentran consultas
El CEGEPyN recibe, además, numerosos pedidos de ayuda por bajas de monotributo debido a falta de pago. Kranevitter explicó que la baja de oficio ocurre después de diez meses consecutivos sin abonar la cuota. La deuda, sin embargo, continúa vigente y acumula intereses.
La alternativa consiste en verificar la situación fiscal, consultar las opciones de planes de pago y, una vez regularizada la deuda o aceptado un plan, tramitar el alta nuevamente. “El alta se tramita aparte, no es automático”, aclaró.
Las facturas de servicios y las expensas también aparecen en las consultas. En esos casos, los voluntarios orientan sobre posibles tarifas sociales, subsidios y planes de pago con las empresas o administraciones correspondientes. El centro no cancela deudas ni reemplaza la asistencia legal cuando resulta necesaria, pero ofrece información y acompañamiento para que cada persona pueda conocer sus opciones antes de tomar una decisión.
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