La esencia del liberalismo es la sacralización de la autonomía personal. Ese respeto no es irrestricto porque los individuos deben ceder parte de su libertad con el propósito de construir una organización que gestione la vida en común. Esa organización se llama Estado. Para evitar que esa entidad se vuelva, avasallante, contra quienes le otorgan esa capacidad, se establecen dos instituciones que, para cumplir su misión, deben ser independientes. La Justicia y la prensa.

Esta es la razón por la cual todo intento de concentración de poder en las manos de un caudillo está obligado a, tarde o temprano, entrar en conflicto con el Poder Judicial y con el periodismo. Esa pulsión por romper los límites está en la esencia del populismo. Si se trata, en lo económico, de un populismo estatista o de un populismo privatista, es anecdótico. Todas las variantes convergen en la misma tentación autoritaria.

Una quincena de diputados del oficialismo presentó esta mañana una denuncia penal contra su par y excolega de bloque Marcela Pagano (Coherencia) por “omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público”.

La demanda incluye a la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.

La presentación, impulsada por los diputados Lilia Lemoine, Celeste Ponce, Santiago Santurio, entre otros, fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones.

“El núcleo indestructible de la presente denuncia reside en tres hechos objetivos que surgen de las propias declaraciones juradas de la diputada Pagano: la desaparición sin trazabilidad del ‘depto. 2011′ a lo largo de tres instrumentos sucesivos; la omisión total y reiterada de los bienes de su conviviente el Sr. Franco Agustín Bindi pese a la obligación legal expresa; y la declaración ficticia de una tenencia en divisas inmutable a lo largo de dos años de intensa actividad patrimonial, consignada además con una fecha de origen manifiestamente imposible –advierten los denunciantes-. Ninguno de estos hechos requiere prueba adicional para ser constatado: emergen de la lectura comparada de documentos públicos emitidos por la propia Oficina Anticorrupción”.

En las últimas semanas, el Gobierno había adelantado que lanzaría un ataque sobre los diputados opositores como parte de su defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su crecimiento patrimonial y viajes al exterior, y para escudarlo durante el informe de gestión que presenta hoy en el Congreso. Para ello, el oficialismo había activado una investigación sobre las declaraciones juradas de los legisladores rivales.

Pagano, exintegrante del bloque de La Libertad Avanza y denunciante de Adorni (fue quien presentó la denuncia penal por la adquisición de la casa en el country Golf Club Indio Cua, de Exaltación de la Cruz), asomaba como objetivo claro de esa misión del oficialismo.

Sin embargo, Pagano no estaba en la Cámara baja cuando Adorni inició su informe de gestión. Según indicaron a cerca de la diputada, se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py “para aportar más elementos sobre el enriquecimiento ilícito” que se le atribuye al jefe de Gabinete.

La “funcionaria electa por el pueblo habría utilizado los recursos y las facultades que le confiere su mandato parlamentario para enriquecerse a expensas del erario público, valiéndose de su conviviente y padre de su hija —el Sr. Franco Agustín Bindi— como instrumento central del mecanismo», denunciaron los libertarios, advirtiendo que habría intentado ocultar ese crecimiento patrimonial presentando “declaraciones juradas patrimoniales sistemáticamente incompletas, omitiendo bienes propios al momento de asumir el cargo y los bienes de su grupo familiar conviviente”.

Es más, los libertarios sostienen que Bindi está vinculado con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, por lo que interpretan que existe “la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito denunciado tenga, al menos en parte, financiamiento de origen extranjero”.

La presentación guarda algunas singularidades. Por ejemplo, denuncia que Pagano no consignó precisiones en sus declaraciones juradas que, a las luz de las últimas revelaciones, tampoco Adorni habría cumplimentado. “Su ausencia total en los tres instrumentos públicos presentados configura prima facie la omisión maliciosa de datos prevista en el art. 268(3) CP”, señalan los diputados libertarios.

La situación se repite ante los bienes de Bindi. “La omisión sistemática de los bienes del conviviente en tres instrumentos sucesivos configura la conducta tipificada en el art. 268(3) CP y la infracción al deber impuesto por el art. 6 inc. c) de la Ley N° 25.188″, enfatizan los denunciantes.

Sobre ese punto había puesto la lupa Pagano al denunciar la compra de la casa en Exaltación de la Cruz a nombre de la mujer de Adorni. De hecho, el anexo reservado donde el jefe de Gabinete debe consignar el patrimonio de Bettina Angeletti fue incorporado con demoras ante la Oficina Anticorrupción, luego de que se revelara la compra de la casa del country.

La denuncia de los libertarios incluye una acusación adicional contra Pagano: menciona a cuatro personas contratadas como personal de apoyo por la diputada en la Cámara baja, las relaciona con empresas de Bindi y presuntos agentes de inteligencia, y afirma que “una vez percibidos sus honorarios con fondos del erario público, estas personas habrían reintegrado total o parcialmente dichos montos” a Bindi y Pagano.