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POLITICA

Los artículos del proyecto de ley por Malvinas que chocan con la Constitución

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El proyecto de ley que promueve el Gobierno para sancionar a las empresas que explotan ilegalmente el petróleo de Malvinas esconde iniciativas que chocan con la Constitución Nacional, que restringen la libertad de expresión y derechos civiles con la declamada intención de actuar en defensa de la seguridad nacional.

Así crea el delito de desinformación, una figura difusa que permite encarcelar a quienes publiquen informaciones críticas, considera terroristas a ciudadanos ante la simple sospecha, prevé la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad y dota de superpoderes al Poder Ejecutivo para decomisar bienes.

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Al amparo del loable objetivo de defender la soberanía nacional, el proyecto de ley choca con la Constitución Nacional.

El mensaje que acompaña al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.

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Amenaza a la libertad de prensa

El artículo 111 del proyecto incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Castiga con prisión 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Una descripción difusa y amplia que hace que un periodista pueda ser detenido ante una información que el Gobierno considere falsa, cuando su programa o medio sea auspiciado, por ejemplo, por un ente de promoción turística de un país vecino.

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Ya la Corte Interamericana condenó en el pasado a la Argentina porque los tipos penales de calumnias e injurias, tal como estaban redactados, eran imprecisos para aplicarse a un periodista sin afectar su libertad de expresión, y ordenó reformar la legislación.

Javier Milei, durante el último homenaje a los caídos en MalvinasLUIS ROBAYO – AFP

Ahora las figuras de “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” son igual de vagas y ambiguas, agravadas porque ahora la pena es mayor y no exige probar que el autor supiera que la información era falsa.

Además, la Constitución Nacional prevé en el artículo 32 que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y el artículo 14 incluye el derecho de los ciudadanos de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

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El artículo 88 del título IV del proyecto sanciona administrativamente “interferir mediante medios engañosos” en el “proceso decisorio de las autoridades constituidas” cuando hay financiamiento extranjero.

Así redactados, plantean una figura amplia que puede abarcar la manera en que determinados medios cubren un asunto. Por ejemplo, periodistas de un consorcio internacional dedicado a la investigación, con financiamiento externo, que publiquen una información que el Gobierno considere falsa, pueden ser acusados de incurrir en este delito y terminar presos con penas graves.

Cuando castiga a quien “procure” alterar procesos electorales, pareciera que castiga la tentativa; no exige que el proceso electoral se haya alterado ni que la opinión pública se haya “manipulado” efectivamente.

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La idea de “manipular” o “desinformación” no está definida ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Es un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad. Una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión sobre el mismo tema o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, pueden considerarse así como parte de una campaña de “manipulación”.

Cualquier cobertura periodística coordinada entre varias redacciones, como ocurrió con los Panama Papers, cumple ese requisito y los periodistas podrían ser encarcelados.

El título IV crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo, que abre el sumario, congela fondos, restringe operaciones y decide la sanción.

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La justicia no interviene sino de manera posterior, pero ese recurso de apelación no suspende las sanciones y las medidas urgentes pueden renovarse indefinidamente. La afectación patrimonial ocurre y se sostiene en el tiempo antes de que un juez la revise.

Javier Milei utilizó la cadena nacional para anuncia el proyecto por Malvinas Presidencia

El secretario de Inteligencia de Estado es miembro permanente del Consejo y sus integrantes quedan sujetos al régimen de confidencialidad. El organismo que sanciona puede operar bajo secreto de inteligencia. Así, este organismo a cargo del Presidente puede investigar, sancionar y actuar sin dar cuentas, ni informar.

Lo componen el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No hay integrantes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la oposición.

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El mismo órgano legisla, ejecuta, investiga y sanciona, pues en la práctica es juez y parte y actúa en secreto. Antes incluso de abrir el sumario, el Consejo puede congelar fondos, restringir operaciones de cambio, bloquear permisos y habilitaciones.

La ley, además, incorpora el juicio en ausencia a delitos de recursos naturales cuando hasta ahora está reservado para los supuestos excepcionales de delitos de lesa humanidad o terrorismo, como en la causa AMIA. El uso de esta figura busca alcanzar a las empresas petroleras radicadas en el extranjero, inalcanzables para la justicia local.

El rol de las FFAA y la delegación de superpoderes

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La ley hace desaparecer la división entre asuntos de defensa nacional y seguridad interior; los primeros, referidos a las amenazas de agresores extranjeros, y los otros, a las situaciones domésticas. Esa división se realizó luego de la dictadura militar con la llegada de la democracia y colocó a las Fuerzas Armadas lejos de intervenir en problemas de seguridad interna.

Ahora el título V reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas “de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”.

Establece la norma que basta para incluir en un registro de actividades terroristas a un ciudadano ante la “sospecha razonable” de estar incurso en esas actividades, y aplicar una inmovilización patrimonial, su exclusión del sistema económico y financiero, la exposición pública como “vinculado al terrorismo”.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de defensa, Carlos Presti, en el predio donde se construirá la Base Naval en Tierra del Fuego

No es necesaria una sospecha judicial ni una causa penal. Así se avanza sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, donde dice que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.

Es decir que bastan “motivos razonables para sospechar”; no es necesaria una imputación formal, no un procesamiento, ni una condena, y la norma aclara que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”.

El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo materias ajenas a la administración o a la emergencia pública, y exige que el Congreso fije las bases de cualquier delegación. Así redactada, la norma prevé la delegación de superpoderes al Poder Ejecutivo, al contrario de lo que dice la Constitución Nacional.

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No habrá invitación del Gobierno a los expresidentes para asistir a los eventos del papa León XIV

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Gobernadores, diputados y senadores estarán el domingo por la tarde en el Palacio Libertad, para recibir al Papa León XIV, un convite al que no fueron invitados los expresidentes que tuvo el país desde el retorno de la democracia, en diciembre de 1983.

Luego de interminables negociaciones e idas y vueltas, los mandatarios que antecedieron a Javier Milei en el sillón de Rivadavia no tienen ni tendrán lugar ni invitación del Gobierno para los encuentros y actos que protagonizará el Santo Padre en su paso por la Argentina, la primera visita de un Papa desde la llegada a Buenos Aires de Juan Pablo II, en 1987.

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“En el encuentro en el Palacio Libertad están invitados todos los gobernadores, todos los diputados, todos los senadores. Los expresidentes todavía no están incluidos”, afirmó ayer el canciller Pablo Quirno, en la puerta del Palacio San Martín y antes de iniciar una reunión vinculada a la visita de León XIV, quien luego de arribar a Buenos Aires llegará a Plaza San Martín y de allí a la Casa Rosada para entrevistarse, por media hora, con el Presidente.

A tan poco tiempo de la llegada del Papa, que estará en el país cuatro días, las palabras del canciller suenan a sentencia, y una invitación a los expresidentes en condiciones de asistir suena casi imposible. Según pudo saber , los peronistas Alberto Fernández, Eduardo Duhalde, Adolfo Rodríguez Saá y Ramón Puerta no recibieron invitación, ni tampoco el exmandatario de Pro Mauricio Macri. Menos aún Cristina Kirchner (en prisión domiciliaria) e Isabel Perón, que tiene 95 años y reside en España.

Ramón Puerta y Adolfo Rodríguez Saá, el 23 de diciembre de 2001Federico Gustavino

Según pudo saber , la iniciativa original de invitarlos al Palacio Libertad había surgido del Episcopado que encabeza monseñor Marcelo Colombo, desde donde se propuso incluir a todos los expresidentes en ese evento, en una postal de unidad inédita en Argentina, aunque bastante común en países vecinos como Uruguay, donde mandatarios de distintos signos políticos suelen asistir a eventos vinculados con la defensa de la institucionalidad y la democracia. En su paso por Argentina, hace cuatro décadas, Juan Pablo II conoció al entonces expresidente Arturo Frondizi, presentado por el entonces mandatario Raúl Alfonsín.

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“No cayó bien, no hubo reacción favorable en el Gobierno”, susurran, algo decepcionados, cerca de uno de los protagonistas de los preparativos, aunque también reconoció que hubo sondeos preliminares con algunos de los exmandatarios, que no prosperaron. La última vez que el Poder Ejecutivo invitó a exmandatarios a un evento oficial fue el 9 de julio de 2024, cuando Macri y Rodríguez Saá asistieron a la firma del Pacto de Mayo, en Tucumán.

La iniciativa se retomó a mitad de semana, pero rápidamente fue descartada, en tiempos, sobre todo, de confrontación entre el oficialismo y el peronismo. Desde ese sector afirmaron, como dato adicional, que el Gobierno habría intentado poner trabas a la presencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el interior del Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde el Papa llegará el lunes 9 por la mañana, aunque el mandatario finalmente lo recibirá en el ingreso.

“Mauricio no pidió nada, ya tuvo suficiente Papa [en su mandato]”, contestaron, con ironía, cerca del expresidente, que sí podría participar, invitado por el gobierno porteño que encabeza su primo Jorge Macri, a alguno de los eventos religiosos como la misa prevista en la ciudad, según allegados al exmandatario.

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“No lo invitaron, pero no hay problema ni conflicto”, afirmó a la exsenadora Hilda González de Duhalde, en un intento por minimizar el desaire a su marido.

Eduardo Duhaldesilvana-colombo-14437

Los expresidentes Alberto Fernández y Cristina Kirchner son, tal vez, los nombres que más incómodos ponen al Poder Ejecutivo, para quien la oposición intenta “politizar” la visita del Sumo Pontífice.

“No hay que mezclar las cosas, es importante que el Papa esté y que tenga contacto con la gente”, afirmaron muy cerca de la expresidenta, que tampoco tiene pensado, a pesar de los deseos de algunos de sus allegados, hacerle llegar al Papa algún mensaje durante su estadía en el país.

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afirmó,había surgido,Jaime Rosemberg,Conforme a

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El Gobierno toma distancia de la posible candidatura de Cristina Kirchner y la atribuye a una interna peronista

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Luego de que Cristina Fernández de Kirchner abriera la puerta a competir por la Presidencia en 2027, el Gobierno tomó distancia del anuncio de la exmandataria y lo atribuyó a una interna del peronismo.

“Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Es un tema del peronismo. No nos carguen a nosotros si ella va a ser candidata o no. No está en nuestro análisis. Para nosotros es igual”, remarcaron desde Balcarce 50, donde sostienen la línea oficial promovida por Javier Milei de que no importa quién será el candidato opositor a enfrentar el próximo año.

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“Mi rival soy yo mismo. ¿Qué me importa los que atrasan cien años y que además fracasaron siempre? Es casi insultante tener que debatir con un comunista”, había dicho el Presidente a fines de septiembre en su discurso en el Coloquio de IDEA, consultado sobre las posibles candidaturas de Axel Kicillof o Myriam Bregman.

En ese sentido, el Gobierno sostiene esa postura incluso si la contendiente fuera la expresidenta, quien no descartó subirse a la arena electoral en caso de lograr un giro en su situación judicial. “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, dijo en una entrevista con The Washington Post publicada este lunes.

Cristina Kirchner abrió la puerta a una candidatura presidencial en 2027, en caso de lograr recuperar sus derechos políticos. (Foto: Reuters)

Por su condena firme en la causa Vialidad, Fernández de Kirchner contempla, además de los seis años de prisión domiciliaria, la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas. Por eso, su defensa presentó una petición ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que examine las condiciones en las que fue juzgada y condenada, con la esperanza de que una eventual presión internacional pueda llevar a revertir su inhabilitación.

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En el Gobierno conviven posturas. Hay quienes sostienen que no hay “ninguna” posibilidad de que la expresidenta pueda volver a competir electoralmente, pero un integrante de la mesa política aseguró a este medio que “no descartan nada”.

El Gobierno atribuyó el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a la interna del peronismo. (Foto: NA)
El Gobierno atribuyó el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner a la interna del peronismo. (Foto: NA)

Independientemente de eso, la lectura del oficialismo coincide con que el pronunciamiento de la exjefa de Estado apunta a ejercer presión en el propio ecosistema peronista, en medio del enfrentamiento que atraviesa su sector, representado por su hijo Máximo y La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el Frente Renovador de Sergio Massa.

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Milei impulsa el ascenso del juez Rafecas y se podría abrir una nueva vacante en Comodoro Py

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El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar un cargo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un movimiento que, de concretarse, dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.

La postulación, impulsada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberá obtener ahora el acuerdo de la Cámara alta para que Rafecas pueda asumir en el nuevo tribunal.

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Su eventual salida tendría impacto en Comodoro Py. En los tribunales de Retiro, Rafecas se encuentra al frente de dos juzgados federales (en uno es titular, en otro subroga) y, hasta la semana que viene, de manera transitoria, de un tercero: el que tiene a su cargo la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.

Rafecas concursó hace casi 10 años para la CasaciónFernando Massobrio

Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente, que permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.

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Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia hasta la semana que viene.

Martínez de Giorgi, el juez que sobreseyó a los hermanos Milei en el caso de la criptomoneda $LIBRA Fernando Massobrio –

Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.

Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

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Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.

Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal de la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.

Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.

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Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.

Reforma

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Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.

Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso−, las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aun así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro. Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

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Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.



Federico González del Solar,Daniel Rafecas,Javier Milei,Tribunales de Comodoro Py,Conforme a

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