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POLITICA

Los artículos del proyecto de ley por Malvinas que chocan con la Constitución

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El proyecto de ley que promueve el Gobierno para sancionar a las empresas que explotan ilegalmente el petróleo de Malvinas esconde iniciativas que chocan con la Constitución Nacional, que restringen la libertad de expresión y derechos civiles con la declamada intención de actuar en defensa de la seguridad nacional.

Así crea el delito de desinformación, una figura difusa que permite encarcelar a quienes publiquen informaciones críticas, considera terroristas a ciudadanos ante la simple sospecha, prevé la participación de fuerzas militares en tareas de seguridad y dota de superpoderes al Poder Ejecutivo para decomisar bienes.

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Al amparo del loable objetivo de defender la soberanía nacional, el proyecto de ley choca con la Constitución Nacional.

El mensaje que acompaña al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” habla del “objetivo permanente e irrenunciable” de la recuperación de las Malvinas. Pero de los ocho títulos que componen la iniciativa, solo el primero se refiere a la explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

Los siete restantes crean un Sistema de Seguridad Nacional, modifican el Código Penal, la Ley de Defensa Nacional, la de Inteligencia y la de Financiamiento de los Partidos Políticos, con un alcance que excede a las Malvinas.

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Amenaza a la libertad de prensa

El artículo 111 del proyecto incorpora el artículo 225 bis al Código Penal. Castiga con prisión 5 a 12 años (de 8 a 15 si hay coerción) a quien, financiado u ordenado por un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”.

Una descripción difusa y amplia que hace que un periodista pueda ser detenido ante una información que el Gobierno considere falsa, cuando su programa o medio sea auspiciado, por ejemplo, por un ente de promoción turística de un país vecino.

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Ya la Corte Interamericana condenó en el pasado a la Argentina porque los tipos penales de calumnias e injurias, tal como estaban redactados, eran imprecisos para aplicarse a un periodista sin afectar su libertad de expresión, y ordenó reformar la legislación.

Javier Milei, durante el último homenaje a los caídos en MalvinasLUIS ROBAYO – AFP

Ahora las figuras de “manipular la opinión pública” y “desinformación masiva” son igual de vagas y ambiguas, agravadas porque ahora la pena es mayor y no exige probar que el autor supiera que la información era falsa.

Además, la Constitución Nacional prevé en el artículo 32 que “el Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal” y el artículo 14 incluye el derecho de los ciudadanos de “publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”.

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El artículo 88 del título IV del proyecto sanciona administrativamente “interferir mediante medios engañosos” en el “proceso decisorio de las autoridades constituidas” cuando hay financiamiento extranjero.

Así redactados, plantean una figura amplia que puede abarcar la manera en que determinados medios cubren un asunto. Por ejemplo, periodistas de un consorcio internacional dedicado a la investigación, con financiamiento externo, que publiquen una información que el Gobierno considere falsa, pueden ser acusados de incurrir en este delito y terminar presos con penas graves.

Cuando castiga a quien “procure” alterar procesos electorales, pareciera que castiga la tentativa; no exige que el proceso electoral se haya alterado ni que la opinión pública se haya “manipulado” efectivamente.

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La idea de “manipular” o “desinformación” no está definida ni en el proyecto ni en la legislación argentina. Es un juicio sobre la capacidad de persuadir de un mensaje, no sobre su veracidad. Una nota de investigación, un editorial, columnas de opinión sobre el mismo tema o una ONG que se dedique al fact-checking o a la verificación del discurso público, financiada por una fundación extranjera, pueden considerarse así como parte de una campaña de “manipulación”.

Cualquier cobertura periodística coordinada entre varias redacciones, como ocurrió con los Panama Papers, cumple ese requisito y los periodistas podrían ser encarcelados.

El título IV crea el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el presidente e integrado solo por miembros del Poder Ejecutivo, que abre el sumario, congela fondos, restringe operaciones y decide la sanción.

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La justicia no interviene sino de manera posterior, pero ese recurso de apelación no suspende las sanciones y las medidas urgentes pueden renovarse indefinidamente. La afectación patrimonial ocurre y se sostiene en el tiempo antes de que un juez la revise.

Javier Milei utilizó la cadena nacional para anuncia el proyecto por Malvinas Presidencia

El secretario de Inteligencia de Estado es miembro permanente del Consejo y sus integrantes quedan sujetos al régimen de confidencialidad. El organismo que sanciona puede operar bajo secreto de inteligencia. Así, este organismo a cargo del Presidente puede investigar, sancionar y actuar sin dar cuentas, ni informar.

Lo componen el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. No hay integrantes del Poder Judicial, ni del Legislativo, ni del Ministerio Público Fiscal, ni de la oposición.

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El mismo órgano legisla, ejecuta, investiga y sanciona, pues en la práctica es juez y parte y actúa en secreto. Antes incluso de abrir el sumario, el Consejo puede congelar fondos, restringir operaciones de cambio, bloquear permisos y habilitaciones.

La ley, además, incorpora el juicio en ausencia a delitos de recursos naturales cuando hasta ahora está reservado para los supuestos excepcionales de delitos de lesa humanidad o terrorismo, como en la causa AMIA. El uso de esta figura busca alcanzar a las empresas petroleras radicadas en el extranjero, inalcanzables para la justicia local.

El rol de las FFAA y la delegación de superpoderes

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La ley hace desaparecer la división entre asuntos de defensa nacional y seguridad interior; los primeros, referidos a las amenazas de agresores extranjeros, y los otros, a las situaciones domésticas. Esa división se realizó luego de la dictadura militar con la llegada de la democracia y colocó a las Fuerzas Armadas lejos de intervenir en problemas de seguridad interna.

Ahora el título V reforma la Ley de Defensa Nacional (23.554) para habilitar el empleo de las Fuerzas Armadas frente a amenazas “de carácter estatal o no estatal, cinéticos o no cinéticos”.

Establece la norma que basta para incluir en un registro de actividades terroristas a un ciudadano ante la “sospecha razonable” de estar incurso en esas actividades, y aplicar una inmovilización patrimonial, su exclusión del sistema económico y financiero, la exposición pública como “vinculado al terrorismo”.

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El canciller Pablo Quirno y el ministro de defensa, Carlos Presti, en el predio donde se construirá la Base Naval en Tierra del Fuego

No es necesaria una sospecha judicial ni una causa penal. Así se avanza sobre la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución, donde dice que “nadie puede ser penado sin juicio previo”.

Es decir que bastan “motivos razonables para sospechar”; no es necesaria una imputación formal, no un procesamiento, ni una condena, y la norma aclara que la inscripción en el registro “no estará condicionada a la existencia de una acción penal”.

El artículo 76 de la Constitución prohíbe delegar en el Poder Ejecutivo materias ajenas a la administración o a la emergencia pública, y exige que el Congreso fije las bases de cualquier delegación. Así redactada, la norma prevé la delegación de superpoderes al Poder Ejecutivo, al contrario de lo que dice la Constitución Nacional.

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POLITICA

Una nueva encuesta mostró un deterioro de la imagen de Milei y una aprobación estancada en 42%

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La aprobación de la gestión de Javier Milei se mantuvo en 42% por tercer mes consecutivo, aunque la encuesta nacional “El estado de la opinión pública en septiembre de 2026”, elaborada por Poliarquía Consultores, detectó un deterioro de los indicadores de confianza política y una pérdida de apoyo en sectores de su base electoral. El estudio también registró una brecha récord entre hombres y mujeres, expectativas sociales debilitadas y un aumento de las preocupaciones económicas.

El estudio señala que, después de un primer semestre marcado por el deterioro de distintos indicadores, durante los últimos tres meses se observa una estabilización. “En líneas generales las caídas se detuvieron”, sostiene el informe. Sin embargo, también identifica como dato negativo que el Gobierno “no logra iniciar la recuperación a pocos meses del comienzo de la dinámica electoral”. La encuesta describe además una sociedad partida respecto de la dirección del rumbo a seguir, con rechazos adicionales al estilo presidencial y niveles de optimismo social deteriorados.

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Para Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, el relevamiento muestra tres elementos centrales. “Hay tres puntos claves que revela el estudio: el primero es que se trata de un desgaste normal y natural en tres años de gestión. El segundo es el malestar popular por la economía. La inflación bajó pero los ingresos insuficientes y la precariedad laboral están entre las principales preocupaciones. Y tercero, es que hay un rechazo al estilo agresivo del Presidente con la gente, falta acompañamiento y Milei parece no tener sensibilidad”, explicó en declaraciones a Infobae.

Un informe de Poliarquía Consultores detalla los niveles de aprobación presidencial de Javier Milei y la valoración de su gestión gubernamental en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de la gestión presidencial se mantiene en 42% por tercer mes consecutivo, aunque el informe registra una pérdida de respaldo entre sectores vinculados con la propia base electoral de Milei. Entre los votantes de Patricia Bullrich en 2023, la aprobación cae ocho puntos respecto de agosto y acumula una baja de 18 puntos durante el año. En el nivel socioeconómico alto, la caída llega a diez puntos en comparación con agosto y a 22 puntos en lo que va de 2026.

Fidanza también se refirió a la brecha entre hombres y mujeres. Según explicó, Milei “siempre tuvo mayor apoyo entre los votantes masculinos por sobre los femeninos”, pero esa diferencia se amplió y “menos mujeres lo apoyan”. La encuesta registra una brecha de 20 puntos en la aprobación de la gestión durante el promedio de los últimos cuatro meses. La distancia era de nueve puntos en 2024, pasó a 11 en 2025 y llegó a 12 entre enero y mayo de 2026. Entre junio y septiembre alcanzó los 20 puntos. En septiembre, el 52% de los hombres aprueba la gestión presidencial, mientras que entre las mujeres lo hace aproximadamente un tercio.

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Un informe de Poliarquía Consultores detalla la percepción pública sobre los beneficiarios de las medidas de gobierno y la brecha de aprobación entre hombres y mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre la situación del país también presenta registros desfavorables. El 52% considera negativa la situación actual, tres puntos más que en agosto, mientras que el 55% cree que el país empeoró respecto de un año atrás, dos puntos por encima de la medición anterior. Para los próximos doce meses, el 41% estima que la situación empeorará, frente al 35% que espera una mejora y el 21% que considera que permanecerá igual.

En materia económica, la evaluación positiva de la situación actual se ubica en apenas 14%, cuatro puntos menos que en agosto, mientras que la valoración negativa llega al 52%, cinco puntos más. Para dentro de un año, el 40% considera que la situación económica del país estará peor, contra un 30% que cree que estará mejor y un 19% que espera que permanezca igual. Los problemas económicos, agrupados, concentran además el 60% de las principales preocupaciones personales. Dentro de ese conjunto, los bajos salarios reúnen el 20% de las menciones, el valor récord de la serie, seguidos por el desempleo y la inflación.

Otro de los indicadores que muestra deterioro está relacionado con la capacidad atribuida al Gobierno para resolver los problemas. El 56% sostiene que la administración no sabe cómo resolverlos, cuatro puntos más que en agosto. En tanto, el 35% considera que sabe cómo hacerlo pero necesita tiempo, tres puntos menos que el mes anterior y el registro más bajo del mandato de Milei. Apenas el 7% sostiene que el Gobierno ya está resolviendo los problemas.

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Un informe de la consultora Poliarquía analiza los principales problemas económicos personales y las preferencias por liderazgos políticos entre la población de Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción sobre a quiénes representa el Gobierno también presenta un resultado desfavorable. Siete de cada diez argentinos creen que actúa pensando solamente en “algunos sectores”, tres puntos más que en agosto. Solo el 29% considera que gobierna para la mayoría de la gente.

Fidanza agregó otro dato relacionado con la agenda política del Gobierno. “Abrazar la causa Malvinas no le dio el rédito electoral que buscaba”, señaló al analizar el impacto de esa posición sobre el respaldo al Presidente.

El desgaste aparece también en la comparación de los principales indicadores entre enero y julio. En ese período, la aprobación presidencial cae nueve puntos; la imagen positiva del Gobierno, 12; la percepción de que “gobierna para la mayoría de la gente”, 12; y la evaluación positiva de la situación económica, diez. También cae nueve puntos la expectativa de que la economía estará mejor dentro de un año y 12 puntos la expectativa positiva sobre la situación del país. Al mismo tiempo, aumenta 11 puntos la proporción que considera que “la mayoría de las personas que forman el gobierno son corruptas”.

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En el escenario de preferencias presidenciales para 2027 planteado por la encuesta entre Cristina Kirchner, Javier Milei y Mauricio Macri, Milei obtiene 34%, frente a 38% para Cristina Kirchner y 18% para Mauricio Macri. La medición vuelve a registrar una diferencia de casi 20 puntos en la predisposición a votar por Milei entre hombres y mujeres.

Sobre ese escenario, Fidanza planteó: “Existe un riesgo grande de fragmentación electoral el próximo año”. El director de Poliarquía vinculó esa posibilidad con otro dato del relevamiento: según explicó, los números actuales muestran similitudes con los registrados en 2023, antes del triunfo electoral de Milei. Para Fidanza, ese resultado refleja que el desencanto de los votantes permanece, que no fue suplido por Milei y que, por ese motivo, aparece el riesgo de una fragmentación del escenario electoral.

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Milei estuvo en Bahía Blanca y recorrió una planta industrial

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El presidente Javier Milei desembarcó este viernes en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca y recorrió la planta industrial de Compañía Mega en el marco de un tour a tres empresas alcanzadas por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Super RIGI. Por la tarde habrá un encuentro con la militancia libertaria.

Según la información oficial compartida por Presidencia, el titular del Ejecutivo se interiorizó sobre las proyecciones de la firma a través del RIGI. También sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía avanzará en la construcción de la mayor planta de urea de la región.

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Milei recorrió la planta industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGIPresidencia

Durante la recorrida por el complejo industrial de la Compañía Mega, líder en el procesamiento de gas natural proveniente de Vaca Muerta, Milei habló con operarios y participó de una presentación institucional sobre los planes de expansión de la empresa, que prevé una inversión de US$365 millones para ampliar su capacidad productiva y la exportación de hidrocarburos.

Milei recorrió la planta industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGIPresidencia

El proyecto, con impacto en Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires, contempla la generación de 770 empleos directos e indirectos.

Además, antes de la visita, Milei sobrevoló los terrenos donde Pampa Energía construirá una planta para producir urea, con capacidad de 2,1 millones de toneladas anuales a partir de 2029, mediante una inversión de US$2700 millones.

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Milei recorrió la planta industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGIPresidencia

El Presidente viajó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. También estuvieron presentes el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el presidente de Pampa Energía, Marcelo Midlin; y el CEO de Mega S.A., Tomás Córdoba.

Milei recorrió la planta industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGIPresidencia

La comitiva oficial además visitará Louis Dreyfus Company, que realizará una inversión de US$400 millones para construir en Bahía Blanca una planta de procesamiento de girasol y soja, que estará entre las más grandes del mundo.

Milei recorrió la planta industrial de Compañía Mega en Bahía Blanca y destacó las inversiones impulsadas por el RIGIPresidencia

Bahía es una ciudad gobernada por el peronismo, en el que los libertarios tienen varios nombres que miran con atención de cara a 2027. Entre ellos el del legislador Oscar Liberman; los libertarios también se entusiasman con el de Pepe Sánchez, el basquetbolista, exmiembro de la generación “dorada”, que se consagró en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

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Allanamiento a la casa de Cristina Kirchner: por qué la puerta blindada del placard sería una prueba clave en la causa Cuadernos

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La declaración del policía que encabezó el allanamiento al departamento de Cristina Kirchner en 2018 puso el foco sobre un detalle que puede resultar relevante para la causa Cuadernos: dentro de la propiedad había más de una puerta blindada y una de ellas protegía el acceso a un vestidor ubicado detrás de la cama del dormitorio.

El dato surgió durante el testimonio de Juan Carlos Barrales, por entonces jefe de la División Operaciones Federales de la Policía Federal, mientras se exhibían por primera vez los videos del procedimiento realizado el 23 de agosto de 2018 por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio.

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“Entramos por una puerta blindada. Había otra puerta blindada de lo que supusimos era la habitación matrimonial, de la ex Presidenta. Había almohadones con las iniciales de la expresidenta y de Néstor Kirchner”, contó Barrales durante su declaración.

La fiscal Fabiana León le preguntó entonces si había más de una puerta blindada en el departamento. El testigo respondió: “Sí, detrás de la cama había un vestidor, un placard con una puerta que era blindada. El señor Cabral, secretario de la ex Presidenta la volvió abrir para realizar el registro. Él estaba en el edificio, no en la unidad, nos ayudó”.

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