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POLITICA

Los sindicatos educativos de la CGT planifican un paro docente en todo el país para después del Mundial

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Mientras varios de los principales dirigentes de la CGT están en Ginebra, Suiza, para denunciar al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), otros líderes cegetistas planifican en Buenos Aires un plan de lucha en reclamo de un aumento para los docentes, cuyo salario mínimo se mantiene en $500 mil.

Para reforzar su pedido, en la Secretaría de Políticas Educativas de la CGT, que encabeza Sergio Romero (UDA), están conversando con otros gremios del sector con un objetivo: realizar un paro docente luego del 19 de julio, fecha en que finalizará el Mundial de Fútbol.

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En la Unión Docentes Argentinos (UDA) y otros sindicatos educativos de la CGT se intensifican las quejas porque “ya se cumplió un año sin aumento del salario mínimo y su valor se mantiene por debajo de la línea de pobreza”.

Sergio Romero, Jorge Sola y otros gremialistas, en una reunión en la CGT

Este año, resaltaron, se realizaron 6 encuentros convocados por el Gobierno de la Paritaria Nacional Docente (el último fue hace 2 meses) sin resultado alguno, ya que fue rechazada por insuficiente la oferta de subirlo a $650 mil en marzo y a $700 mil en abril, y los funcionarios no mejoraron la propuesta de aumento.

El Gobierno convocó para el martes próximo, a las 9.30, al Consejo Federal de Educación, integrado por el titular del área educativa de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones del país, pero los sindicatos advirtieron que en los 8 puntos del temario no figura el tema salarial.

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Frente a la decisión de no volver a analizar una mejora sustancial del salario mínimo docente, Romero y sus colegas debaten el comienzo de un plan de lucha, que incluirá también los reclamos de las universidades.

La última Marcha Federal Universitaria, del 12 de mayo pasado, tuvo una fuerte presencia de los sindicatos docentes (Foto: EFE/Adan González)

“La educación está en crisis por los salarios de pobreza, pero también por la quita de inversiones en el sector y los recortes en ciencia y en las escuelas técnicas, y por eso esta situación amerita una respuesta contundente de la comunidad educativa”, dijo Romero a Infobae.

“Hay docentes que van a comer a las escuelas con sus alumnos porque no tienen plata, como en Misiones”, señaló el líder de UDA, aunque precisó que en todo el país, pese a que algunos gobernadores otorgaron aumentos, “los salarios siguen siendo de miseria”.

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Para organizar el paro nacional docente, el secretario de Políticas Educativas de la CGT también sumó a las conversaciones a otros sindicatos del sector como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), miembro de la CTA de los Trabajadores, y a distintos gremios universitarios para tratar de concretar una fuerte protesta en todo el país.

Una de las últimas reuniones de la paritaria nacional docente, en marzo pasado

Romero incluso espera que finalice la conferencia anual de la OIT para plantear ante la conducción de la CGT que también avance con otra medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei. “Ante esta realidad, la CGT está obligada a tomar medidas por su historia de lucha”, consideró el secretario general de la UDA.

Si bien la Ley 27.802 de Modernización Laboral está vigente por los últimos fallos judiciales y establece la obligación del sector educativo de garantizar el 75% de servicios mínimos en caso de huelga, sigue en pie el fallo de la justicia del trabajo del 1° de abril pasado que suspendió la aplicación del artículo de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial.

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Por eso los sindicatos docentes consideran que están legalmente habilitados para hacer el paro y que el Gobierno no puede aplicar las limitaciones al derecho de huelga que están previstas en la Ley 27.802.

El planteo judicial contra el artículo 101 de la Ley 27.802 justamente lo hizo UDA y derivó en una sentencia favorable a su pedido dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet.

En ese momento, Romero afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”. Y agregó: “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”.

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educación,huelga

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El Gobierno refuerza la seguridad de la embajada británica antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra

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El Gobierno reforzará la seguridad de la embajada británica en la Argentina antes de la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra. En Nación aseguran que el operativo será de “gran magnitud” y que movilizará alrededor de 300 efectivos de la Policía Federal Argentina, con vallados, custodia especial y un monitoreo reforzado en Recoleta.

El Ejecutivo tomó la decisión por el componente simbólico del partido, atravesado por la rivalidad futbolística, el recuerdo de los cruces mundialistas y la cuestión Malvinas. “Van a tomarse recaudos como si fuera un 2 de Abril”, expresan en Nación, en referencia al dispositivo que se activa cada año por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

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La Casa Rosada busca evitar incidentes frente a tres objetivos considerados sensibles: el Ministerio de Seguridad, la Embajada del Reino Unido y la Embajada de Israel. La cercanía entre esas sedes llevó al Ejecutivo a pensar el dispositivo como un operativo de zona, con prevención antes, durante y después del partido.

En Balcarce 50 remarcan que el operativo buscará prevenir desbordes en un contexto de alta sensibilidad pública.

El Gobierno también coordina con la Ciudad el seguimiento de los festejos que puedan producirse en el Obelisco y en zonas de alta circulación. El punto tradicional de reunión será monitoreado por fuerzas porteñas y federales, mientras que el Ministerio de Seguridad concentrará parte del seguimiento operativo desde una sede ubicada dentro del mismo radio sensible que la embajada británica.

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El Ejecutivo prepara además un refuerzo en el Ministerio de Seguridad para seguir el operativo en tiempo real (Foto: Presidencia).

El Ejecutivo prevé desplegar múltiples anillos de seguridad, dos fuerzas de reserva, unidades de contención, brigadas de civil, motociclistas, personal de Bomberos y equipos de Comunicaciones. En el operativo también intervendrán especialistas en explosivos y riesgos especiales, además de otras áreas operativas de la Policía Federal.

La Casa Rosada sigue también el despliegue en Estados Unidos, donde se jugará la semifinal. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que el operativo en Atlanta contará con 1600 agentes policiales y fue coordinado con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad.

Leé también: El Gobierno asegura que Milei mejoró en las encuestas tras la salida de Adorni y prepara una nueva estrategia electoral

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En Balcarce 50 señalan que la delegación argentina participó de reuniones de coordinación en el Centro Internacional de Cooperación Policial, aunque las autoridades locales son las responsables del dispositivo en el estadio. La Argentina realizó recomendaciones sobre el manejo de hinchas, accesos, antecedentes de violencia y puntos de concentración.

El Gobierno tomó nota de que los simpatizantes argentinos e ingleses tendrán ingresos diferenciados al estadio: los argentinos por la puerta 4 y los ingleses por la puerta 3. La medida busca reducir cruces en los accesos, aunque no habrá segregación estricta de parcialidades dentro del estadio.

El Ejecutivo también sigue la aplicación de restricciones sobre banderas, carteles y camisetas con mensajes políticos o provocativos. Monteoliva aclaró que no podrán ingresar elementos con contenido político, racial o de provocación, lo que alcanza a referencias a Malvinas si son consideradas dentro de esa categoría por las autoridades del evento.

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Gobierno, embajada, Inglaterra

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El Gobierno oficializó la designación de Ana Juan como jueza federal

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El gobierno nacional designó a Ana Juan como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, a través del Decreto 589/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La funcionaria, que se desempeñaba en un lugar estratégico de la Cámara Federal y despertó desde hace meses elogios y suspicacias en Comodoro Py, compareció tres veces ante la Comisión de Acuerdos en el Senado.

Tal como informó , se trata de una sede judicial nueva, creada en 2015. Según la descripción que ofreció la propia Ana Juan, cuando concurrió al Senado en noviembre de 2023, consiste en una jurisdicción atravesada por las drogas, la falsificación de datos y algunas controversias medio ambientales.

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Su nombre completo es Ana María Cristina Juan, tiene dos hijos y es esposa del juez federal de Comodoro Py Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva adelante la causa $LIBRA, mediante la cual se investiga al presidente Javier Milei.

A Juan se le asigna un estilo “directo” y “eficaz”, que la dejan en “sobradas” condiciones de hacerse cargo del Juzgado Federal. Además es una secretaria letrada expeditiva, cuyo extenso y ascendente recorrido le permite enfrentar sin apuros las suspicacias que se alzaron en torno a su postulación. Además, pese a ser especialista en materia penal y doctora, no es su vuelo teórico el que despierta elogios en los tribunales, sino su “personalidad” y “oficio”.

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En una exposición ante la Comisión de acuerdos del Senado en abril, Juan destacó lo “difícil” que es para las mujeres llegar a esa instancia de la selección y afirmó: “Estas capacidades que tenemos las mujeres de ser organizadas (por eso somos grandes secretarias y nos eligen siempre como secretarias dentro de la administración de justicia) y esa fuerza de trabajo que hace que volvamos a casa y sigamos trabajando, quisiera poder desarrollarlas en mi tarea como magistrada, de manera tal que formemos un juzgado eficiente, en el que se valoren las diferencias y se respeten los derechos”.

La jueza se recibió hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo un doctorado en Derecho por la Universidad de Palermo. Llegó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990, y comenzó como auxiliar, escribiente, prosecretaria y finalmente secretaria letrada, cargo que ocupa hace más de una década. Ese recorrido le permitió observar recambios completos en las dos Salas que conforman la Cámara; también ganar, por unanimidad, el primer lugar en el orden de mérito elaborado por Consejo de la Magistratura.




LA NACION,Boletín Oficial,Conforme a

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Cavalieri irá por otra reelección en Comercio mientras negocia un aumento y logró frenar la reforma laboral

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El titular del Sindicato de Comercio de Capital, Armando Cavalieri, acumuló fuertes definiciones sobre su futuro y el de esa entidad. Por un lado, definió que se presentará nuevamente como candidato a secretario general en las elecciones del gremio, que se realizarán el 3 de septiembre, en busca de su undécimo mandato consecutivo al frente de una organización clave del sector de servicios, que tiene 55 mil afiliados y está afectada por la crisis de la actividad mercantil.

La presentación de las listas de postulantes para los comicios venció en la medianoche de este martes y trascendió que sólo está garantizada la nómina oficialista, encabezada por Cavalieri y a quien volverá a secundar Carlos Pérez como secretario adjunto, que también será ratificado como presidente de OSECAC, la obra social con más afiliados de la Argentina.

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Todo indica que no habrá una lista opositora con fuerza para competir contra la tradicional Lista Azul del oficialismo. Esta vez no se presentará Ramón Muerza, quien, pese a haber sido apadrinado por Hugo Moyano, fue derrotado en las elecciones del gremio en 2022: obtuvo 6482 votos contra 14.547 de Cavalieri, que se impuso con el 70% de los sufragios en una elección que tuvo una participación récord del 45,5% del total de afiliados.

Armando Cavalieri junto a Carlos Pérez, secretario adjunto de Comercio Capital

“El Gitano”, como se lo conoce al veterano sindicalista mercantil, es uno de los dirigentes con más cintura política de la Argentina y pertenece a ese establishment gremial que cultiva un fluido diálogo con los empresarios y con los gobiernos de cualquier signo partidario, aunque hace años que se convirtió en crítico de Javier Milei.

Tras las elecciones del 3 de septiembre, Cavalieri, quien encabeza el Sindicato de Comercio de Capital desde 1985, asumirá otro mandato hasta 2030. Se trata de uno de los dirigentes que lleva más de 4 décadas al frente de una organización gremial en la Argentina.

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Además de encaminarse a una nueva reelección sindical, Cavalieri mantendrá esta semana las primeras reuniones con las cámaras empresariales para acordar un aumento salarial para el trimestre julio-septiembre.

La expectativa sindical es compensar la inflación del período vencido ya que el último acuerdo paritario, con vigencia entre abril y junio, consistió en un incremento del 5% en tres tramos (2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio), más una suma fija no remunerativa de 20 mil pesos y una contribución empresarial para OSECAC de 28 mil pesos mensuales por trabajador.

La actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo y cierre de locales (Foto: Reuters/Agustín Marcarian)

En el sindicato mercantil admiten que será una negociación compleja con los empresarios ya que la actividad mercantil atraviesa una etapa crítica, con caída en el consumo, cierre de negocios, alza de locales vacíos y despidos y suspensiones de personal.

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Mientras negocia el nuevo aumento, de todas formas, Cavalieri tendrá un motivo para celebrar: la Secretaría de Trabajo ratificó que el aporte sindical solidario del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio sigue vigente y debe continuar reteniéndose, una definición que busca despejar dudas tras la entrada en vigor de la reforma laboral y la cautelar judicial que suspendió provisoriamente parte de su aplicación sobre los convenios alcanzados por esa resolución.

La aclaración oficial apunta a evitar interpretaciones distintas entre empresas y el gremio, con un efecto directo sobre las liquidaciones salariales, los reclamos laborales y las futuras certificaciones de deuda por incumplimientos en las retenciones. La decisión fue comunicada por la Dirección ENacional de Relaciones del Trabajo a la Federación Argentina de Comercio y Servicios (FAECYS), que también lidera Cavalieri a nivel nacional, y a las cámaras empresarias del sector.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero

Según la secretaría que conduce Julio Cordero, el aporte debe seguir reteniéndose y depositándose en los términos previstos en los artículos 100 y 101 del convenio colectivo de trabajo mientras permanezca vigente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal.

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El artículo 100 del convenio colectivo 130/75 establece una cuota solidaria equivalente al 2,5% de la remuneración total de los trabajadores. De ese total, el 2% corresponde al sindicato de primer grado adherida a FAECYS y el 0,5% restante se destina a la Federación.

La ratificación llegó después de que el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martín dictara una medida cautelar que suspendió de forma provisoria determinados artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral respecto de los convenios colectivos alcanzados por esa decisión.

A partir de esa cautelar, Trabajo decidió informar al gremio y a las cámaras que las cláusulas convencionales vinculadas con la cuota solidaria continúan vigentes mientras la medida judicial siga en pie.

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