El sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que comandan Hugo y Pablo Moyano, fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios. Fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. En el juicio, se argumentó que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad.

El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, dictó su veredicto este miércoles, en una audiencia que se realizó bajo la modalidad virtual. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos. El juicio se inició el 28 de septiembre.

Rey Distribución SRL (una firma dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, ubicada en San Pedro) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero. Los dueños de la firma denunciaron en la Justicia esas dos acciones del gremio y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017.

En la sentencia, al referirse a los bloqueos, el juez consideró que “no existe la posibilidad de que esos eventos sean considerados típicos de los delitos acusados”, porque “el obrar relatado y probado lo ha sido en ejercicio de un derecho”. Y subrayó: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”.

Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torrez, Matías Torrez, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, que estaban acusados de turbación de la posesión.

Según se había denunciado, en el primero de los bloqueos, Cabaleyro y el resto de los acusados “se presentaron en la distribuidora razón social Rey Distribución SRL, ubicada en calle Bonorino 175, y de forma intimidatoria, violenta y amenazante, se colocaron en la entrada y salida de vehículos de la firma, impidiendo el normal desarrollo de la actividad comercial ya que los camiones de la firma no podían ingresar ni egresar, turbando con su accionar la posesión del inmueble a sus dueños, ocasionando un grave perjuicio patrimonial a la firma, utilizando esta actividad como forma de presión, para lograr que la firma Rey SRL acepte los reclamos laborales de las personas afiliadas al sindicato”. El gremio reclamaba “necesidades de infraestructura y seguridad de los trabajadores” y el “levantamiento de la sanción impuesta al delegado de la empresa”.

El segundo bloqueo por el que Cabaleyro y el resto de los acusados fueron absueltos incluyó, según se había denunciado, la colocación de “un colectivo/motorhome perteneciente al sindicato en el portón de la empresa, impidiendo la entrada y salida de vehículos de la firma”, un hecho que “se extendió hasta el día 26 de febrero de 2021”.

Al referirse a la acusación por extorsión contra Cabaleyro, el juez argumentó que “no se ha demostrado que el imputado es el autor de los cobros presentados como reiterados e indebidos hechos por Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado] de manos de Gustavo y Ariel Rey [dueños de la empresa] en el período comprendido entre el año 2017 y el año 2021″.

La acusación por extorsión se basaba en la denuncia de los dueños de la empresa, que sostuvieron que, desde 2017, sufrían “actos reiterados de extorsión” que tenían como objetivo “obligarlos a hacer entrega de dinero”, bajo advertencia de “paralizar o trabajar con dificultades en la empresa a su cargo”. Esos actos, consta en el expediente, “se ejercieron a través de amenazas verbales, en forma telefónica y manera personal, debiendo las víctimas efectuar dichos pagos siendo por un valor equivalente al sueldo de un empleado”.

Asimismo, en el fallo se afirmó que otro pago judicializado se trataba de un convenio que “obedecía a deudas existentes previamente, consecuencia de la actividad de la empresa Rey y de sumas debidas a sus empleados (al menos a nueve de ellos)”, por lo que “no existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí”.

En esa última acusación contra Cabaleyro, a quien el juez absolvió, se acusaba al dirigente sindical de haber recibido un pago de parte de los empresarios por un convenio de “una supuesta deuda de diferencia salarial de aportes y obra social”, por la suma de $805.383,03. Cabaleyro y Espíndola, se denunció, habían percibido esa suma en dos cuotas, “siendo la primera entrega de 203.838,29, en efectivo, en una caja de Chocolinas, y un cheque por la suma de 102.999,91″ y el resto “en dos cheques por la suma de 355.583,03, los cuales se encuentran cobrados por el sindicato”.

Los hechos juzgados ocurrieron entre 2017 y 2021, y la detención de Cabaleyro, en abril de 2022, había generado una protesta del sindicato que bloqueó accesos a San Nicolás y paralizó el servicio de recolección de residuos.

En abril de 2022, Cabaleyro fue detenido junto con Espíndola, integrante del sindicato, y recibieron respaldo de Hugo y Pablo Moyano con una protesta del sindicato en San Nicolás, a la que se acercaron los jefes nacionales del gremio, y que derivó en un fin de semana (entre el viernes 8 de abril y la noche del domingo 11) con los accesos a la ciudad bloqueados y el servicio de recolección de residuos interrumpido.

Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente de Todos. El dirigente gremial llegó al juicio en prisión domiciliaria (antes, había estado un año y medio en una cárcel). Fue ordenada su inmediata libertad.

La abogada de los dueños de la empresa es la senadora provincial bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que en su alegato había solicitado una pena de 15 años. “Violar la propiedad privada e impedir el trabajo está habilitado en San Nicolás. Nosotros seguiremos caminando el desierto con la ley en la mano para defender a los argentinos de bien que no se dejan extorsionar por la mafia sindical”, dijo Arietto a . “Iremos a Casación y a la Corte, si es necesario”, agregó, al adelantar que apelará el fallo judicial.

Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, es ahora concejal en San Pedro. En 2025, ganó las elecciones legislativas locales al frente de la lista de La Libertad Avanza, pero actualmente integra un bloque separado al del oficialismo nacional, denominado “San Pedro Puede”.

Mauricio Gugger, abogado de Cabaleyro, había solicitado la absolución de su defendido. En su alegato, la semana pasada, argumentó que la denuncia se trataba de “un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey” y una “criminalización de la protesta social”. Y subrayó que, durante el juicio, se hizo mención a un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro».