Tras tantos años, el peritaje ya amarillea, pero mantiene su vigencia. Expone que la operación bancaria con que la empresa Los Sauces SA de la familia Kirchner gestó la compra del departamento de la calle San José 1111 de la ciudad de Buenos Aires, allí donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su condena, acumuló múltiples irregularidades, faltantes e inconsistencias, que encendieron las alarmas en los tribunales y dentro del Banco Nación.

El peritaje data de octubre de 2020. Y se enfocó en cómo el 6 de mayo de 2015 se extrajeron $4 millones – unos US$ 450.000 al tipo de cambio entonces vigente- de una caja de ahorro de la entonces jefa de Estado y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y su inmediato depósito en una cuenta de Los Sauces SA.

Ese periplo acumuló múltiples falencias. Entre otras, la operación no tiene la firma del depositante, ni la intervención del cajero del Banco Nación ni de las instancias autorizantes superiores de la entidad bancaria, tampoco contó con documentación de respaldo, y avanzó sin que se detallara el origen de los fondos. Pero no sólo eso: ambas operaciones se desarrollaron sin la presencia de los titulares ni de un apoderado, y sin un pedido escrito de ellos, según el sumario interno que se inició dentro del BNA tras la salida del kirchnerismo de la Casa Rosada y el ascenso al poder de Juntos por el Cambio.

El peritaje, que desde hace años se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py, ahondó en las conclusiones que figuran en el llamado “Informe Final del Instructor” que dentro del Banco Nación se enfocó en cómo fue el procedimiento real que se adoptó dentro de la entidad bancaria en la compra de la unidad funcional 5, segundo piso, de San José 1111.

Los cuestionamientos de los instructores fueron múltiples. Sobre el depósito, por ejemplo, anotaron que carecía de la intervención del entonces cajero, identificado como Lisandro Gauna. Y en el apartado de cargos al personal involucrado agregaron que los comprobantes de caja no llevaban la rúbrica de los titulares ni la de quien autorizó, y que no se integró el origen de los fondos.

La secuencia del 6 de mayo

La autorización de la extracción quedó registrada a las 14:02:52 de aquel miércoles 6 de mayo de 2015. El ticket del depósito en la cuenta de Los Sauces SA lleva la hora 14:04:33 y el de la extracción, 14:04:37, cuatro segundos después. El comprobante de depósito consignó a Cristina Fernández como depositante como si la entonces Presidenta hubiera concurrido en persona a la sucursal bancaria en Río Gallegos. Pero el comprobante registra un hueco: no tiene su firma manuscrita. El de la extracción, tampoco.

Documentos oficiales dan cuenta que la entonces Presidenta no pudo estar ese día en Río Gallegos. ¿Por qué? Porque ese día estuvo en la Casa Rosada. A las 19 horas recibió a Zhao Leji, Miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, y el embajador de ese país, entre otros miembros de la comitiva, según el Registro de Audiencias. El encuentro tuvo foto y otros testigos, tales como Axel Kicillof y Eduardo “Wado” De Pedro.

Ese mismo día, sin embargo, sí se debitaron $3.959.000 de la cuenta de Los Sauces SA bajo el concepto “cheque de servicio”. Pero allí los instructores del sumario interno detectaron otra irregularidad. ¿Cuál? Comprobaron que ese cheque nunca existió físicamente y que la sucursal Río Gallegos no conservaba un comprobante de la operación.

En rigor, según reconstruyeron los sumariantes, el débito se hizo a última hora, a partir de un mail que alguien de la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo envió a las 16:23, que pedía depositar $3.959.000 en la cuenta corriente de una empresa identificada como Pilisar SA, que registró el crédito por ese monto en esa misma fecha. Según el sumario, el destino era la compra de “Certificados de Derivación de Ingresos” (Cedines). Es decir, unos títulos públicos que emitió el kirchnerismo entre 2009 y 2011, y que por aquellos años de cepo cambiario permitían a empresas y personas liquidar divisas en el exterior a cambio de un bono en pesos, como un mecanismo de acceso al dólar paralelo o “dólar papel”.

¿Quiénes están detrás de Pilisar SA? Se trata de una sociedad anónima argentina del sector de electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan que controla el empresario Rubén Cherñajovsky. Opera principalmente en la fabricación y comercialización de heladeras, lavarropas y otros equipos de “línea blanca”, con bajo marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.

El vínculo con el inmueble

Pero allí no se agotan las preguntas. ¿De dónde provinieron los Cedines por U$S 370.000 para la operación inmobiliaria? Fueron cedidos a Los Sauces SA por alguien que se identificó como Emilio Mazzola, por entonces socio y director de Pilisar SA, cuya relación con Cherñajovsky afrontaría momentos turbulentos que derivaron en acusaciones cruzadas que terminaron en la Justicia federal.

En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de forzarlo a una venta compulsiva de acciones de Pilisar SA y denunció el vaciamiento de la firma por al menos US$ 35 millones entre 2012 y 2015, los últimos tres años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y Cherñajovsky no se quedó atrás: acusó a Mazzola de haberse robado 1000 heladeras.

Pero ese cruce de acusaciones y denuncias ocurrió después. En 2015, Mazzola colaboró en la operación de compra de San José 1111 con Cedines. Y Los Sauces SA usó esos certificados para pagar por el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según la escritura 168 del 11 de junio de 2015. Y a efectos fiscales, en la escritura pública se fijó el precio en $3.344.800, calculados a $9,04 por dólar.

Para darle visos de formalidad, el acta de directorio 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de aquel año, la certificación del contador Víctor Manzanares y la declaración jurada ante la UIF firmada por la presidenta, Romina Mercado, por entonces fiscal santacruceña e hija de Alicia Kirchner, describieron el ingreso de $4 millones como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria. Pero también allí detectaron inconsistencias y faltantes los sumariantes: los extractos reflejaron una extracción con tarjeta y un depósito en efectivo.

Eso no fue todo. Los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Los Sauces SA tampoco consignaron ese aporte en el patrimonio neto, que permaneció en $2.234.400. En su lugar figuró un aumento de $6.427.106,97 en “cuentas particulares de socios”, monto que coincidía con los créditos que los accionistas -por la entonces Presidenta y sus hijos- declararon en Bienes Personales.

Visiones encontradas

Los peritos de la defensa, cabe remarcar, sostuvieron que la operación fue legal. Destacaron que el 6 de mayo de 2015 había fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA. Se apoyaron en el propio informe del instructor del BNA y en el crédito registrado en la cuenta de Pilisar SA, aunque admitieron que las operaciones no podían identificarse contablemente.

Más críticos fueron los peritos del Ministerio Público Fiscal (MPF). Señalaron que la falta del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 les impidió trazar contablemente el origen de los fondos y que algunas operaciones pudieron hacerse en efectivo. Infirieron que el dinero provenía de aportes de los socios, aunque aclararon que su análisis se limitaba a la procedencia inmediata.

El peritaje sobre cómo ingresó el departamento de San José 1111 al patrimonio de los Kirchner se desarrolló, cabe aclarar, en octubre de 2020, cuando los argentinos lidiaban con la cuarentena por la pandemia de Covid-19 que impuso el entonces presidente Alberto Fernández, que accedió al poder con Cristina Fernández de Kirchner como compañera de fórmula.

En junio de 2022 y siendo vicepresidenta, Fernández de Kirchner invocó a Newsan como ejemplo virtuoso para reclamar más intervención y regulación en las importaciones, en defensa de la industria local. Pero calló el rol que el conglomerado de Cherñajovsky había tenido antes en la compra de su departamento. Tres años después de aquel elogio, la exmandataria comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria por el “caso Vialidad”.

Pero la compra del departamento en San José 1111 registró otras derivaciones en la unidad antilavado (UIF), que emitió un reporte, en los tribunales y dentro del Banco Nación. En Comodoro Py, el entonces juez federal Claudio Bonadío llegó a indagar y procesar a cuatro empleados de la entidad bancaria.

Ante la consulta de , en tanto, desde el Banco confirmaron que la entidad “sustanció oportunamente actuaciones sumariales originadas a partir de observaciones formuladas por la Auditoría de la Institución respecto de determinadas operatorias bancarias registradas en la Sucursal Río Gallegos”, centradas en “la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas”.

En ese sentido, los auditores verificaron “apartamiento respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias”, por los que el Banco asentó “apercibimientos” y “llamados de atención” en los legajos de empleados, en tanto que el entonces gerente de la sucursal, Rolando D’Avena, ya había sido desvinculado, por otra causa. “De haber continuado prestando servicios en el Banco”, indicaron desde la entidad, “habría resultado pasible de la aplicación de una severa medida disciplinaria”.

Ahora, dos empresas de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces, concentran la acusación sobre presunto lavado de activos provenientes de la corrupción en el juicio oral que comenzó estre viernes. Cinco empleados del Banco que en Río Gallegos gestionaron aquella operación, D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero, figuran entre los acusados.

El viernes pasado comenzó el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por el presunto lavado de dinero de empresarios cercanos al poder a través de sus hoteles. No es la primera vez que los jueces de Hotesur-Los Sauces juzgan denuncias contra figuras del kirchnerismo. Los antecedentes de los miembros del tribunal también incluyen casos como el de los bolsos de José López en el convento, los documentos de un auto atribuido a Amado Boudou, el memorándum con Irán y el dólar futuro, entre otros.

Según la reconstrucción de a partir de sentencias, resoluciones y registros públicos, los jueces del tribunal a cargo de Hotesur – Los Sauces decidieron condenas a exfuncionarios kirchneristas, absoluciones de empresarios cercanos a ese espacio, y un sobreseimiento de la propia expresidenta que luego fue revocado.

El tribunal del juicio Hotesur – Los Sauces es presidido por José Antonio Michilini. Completan la tríada Adriana Palliotti, titular del Tribunal Oral Federal 5, y Fernando Machado Pelloni.

Michilini integró el primer tribunal de la causa por el Memorándum con Irán. Absolvió a Cristina Kirchner y al resto de los acusados. En ese entonces, los tres jueces entendieron que no hubo delito en la firma de ese acuerdo. Ese fallo fue recurrido ante la Cámara de Casación, que con la firma de los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone revocó la absolución. El caso llegó hasta la Corte, que dejó firme ese fallo y ordenó hacer un nuevo juicio.

Meses antes, sin embargo, Michilini había rechazado cerrar otra causa contra la expresidenta. Formó parte de la mayoría que negó el sobreseimiento de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el resto de los acusados en el caso del dólar futuro. Fue la Casación la que, en abril de 2021, los sobreseyó a todos. La Corte Suprema dejó firme esa decisión en diciembre de 2024.

Su historial incluye además otras decisiones adversas a exfuncionarios kirchneristas. En 2017 votó en disidencia para condenar a Amado Boudou por la presunta adulteración de documentos en la transferencia de un auto. Sus otros dos colegas lo sobreseyeron.

En junio de 2019, condenó a 6 años de prisión por enriquecimiento ilícito al exsecretario de Obras Públicas José López, y ordenó decomisar los US$8.982.047 que el exfuncionario intentó esconder en un convento de General Rodríguez para destinarlos a los hospitales Garrahan y Gutiérrez.

Como integrante del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, condenó a Alberto Samid a 4 años de prisión efectiva por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en el negocio de la carne. Y en diciembre de 2024 leyó el veredicto que condenó por asociación ilícita, administración fraudulenta y lavado a los allegados de Marcelo Balcedo, extitular del gremio SOEME.

Palliotti es la única del actual tribunal al frente del juicio Hotesur – Los Sauces que ya votó en este expediente, y lo hizo en minoría. En 2021 se opuso a que se devolvieran a la familia Kirchner el control de las sociedades intervenidas, y sostuvo entonces que el juicio era “el único escenario para establecer con certeza las consiguientes responsabilidades penales de los imputados y de esa manera definir el destino final del patrimonio”.

En noviembre de ese año fue la única que votó en contra de sobreseer a Cristina Kirchner y a sus hijos sin juicio. Calificó los planteos de las defensas como “meras reiteraciones de planteos intentados y resueltos en instancias anteriores”. Dos años más tarde, la Casación reimpulsó la causa.

En febrero de 2021, desde el TOF 4, Palliotti integró el tribunal a cargo de la causa conocida como “la ruta del dinero K”. En esa oportunidad, condenó a Lázaro Báez, entre otros acusados. En su voto, escribió que “los fondos se originaron principalmente a través de los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial”.

Ese argumento es similar al que la acusación sostiene ahora: que el dinero que circuló por los hoteles y propiedades de la familia Kirchner vendría de la obra pública adjudicada a Báez, que vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados junto a la expresidenta.

En diciembre de 2018 votó para excarcelar a Boudou. Esa decisión aclaraba que el exvicepresidente debía cumplir con la obligatoriedad de uso de una tobillera electrónica. Pese a eso, la Casación revocó esa decisión y el exvicepresidente volvió a prisión.

El tercer integrante del tribunal de Hotesur – Los Sauces es Machado Pelloni, quien también debió juzgar a exfuncionarios kirchneristas y empresarios cercanos a ese espacio político. Formó la mayoría que condenó a Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP, a 4 años y 8 meses por el caso Oil Combustibles, en el que se investigó una presunta retención indebida de unos 8.000 millones de pesos correspondientes al Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) .

Ese fallo también decidió absolver a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, presentes en este nuevo juicio de Hotesur-Los Sacues. Según su criterio, no se había probado que los empresarios hubieran actuado en connivencia con el funcionario y que el deber de cuidar los intereses del Estado recaía en el administrador federal. La Corte Suprema prevé revisar ese fallo antes de fin de año.

López y De Sousa están entre los acusados en Hotesur – Los Sauces. Es decir, uno de los jueces que deberá evaluar si López y De Sousa participaron en una maniobra de lavado con la familia Kirchner es el mismo que, cinco años atrás, concluyó que no se había probado su connivencia con un funcionario kirchnerista en otra causa. En el actual expediente, la fiscalía sostiene que el dinero de los impuestos que Oil Combustibles no pagó llegó a la familia Kirchner a través de alquileres.

En los últimos meses, Machado Pelloni integró tribunales que impusieron otras penas. En julio condenó a los integrantes de la llamada “mafia de los contenedores”, por un contrabando con un perjuicio fiscal de al menos US$4,5 millones. En septiembre condenó a 24 años a Eva Pereyra, “la Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre.