ECONOMIA
Mercado Pago, Ualá y otras billeteras virtuales, ahogadas por la morosidad récord
La morosidad en Argentina volvió a encender señales de alerta. Según un informe de la consultora 1816, elaborado en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), en febrero se registró un nuevo aumento en el nivel de incumplimiento de créditos, con un dato particularmente preocupante: el fuerte deterioro en billeteras virtuales y entidades no bancarias.
«Volvió a subir la irregularidad del crédito de las entidades financieras en el mes de febrero«, señala el reporte, que mide la mora como los atrasos superiores a 90 días.
En términos generales, el informe muestra que la morosidad total del sector privado pasó de 6,4% a 6,7% en apenas un mes. Pero el foco está puesto en los hogares, donde el deterioro es más marcado.
Familias en rojo: niveles récord de morosidad
El segmento de créditos a familias volvió a empeorar y ya acumula más de un año de deterioro sostenido. De acuerdo con el informe, la mora en este segmento subió de 10,6% en enero a 11,2% en febrero.
La morosidad de familias y empresas con entidades financieras se profundizó en febrero.
Pero el dato más relevante es la tendencia de fondo: «La mora de familias subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004«, advierte la consultora.
Este fenómeno se da en un contexto económico contradictorio: mientras algunos indicadores macro muestran crecimiento, amplios sectores de la población enfrentan dificultades para sostener sus compromisos financieros.
«El diagnóstico a esta altura parece bastante claro: la economía crece de manera muy heterogénea«, sostiene el informe, que remarca el contraste entre sectores dinámicos como energía o minería y otros más intensivos en empleo, como comercio, industria y construcción, que siguen debilitados.
La mora es de casi 30% en billeteras virtuales y créditos no bancarios
El punto más crítico del informe aparece al analizar el comportamiento de las entidades no financieras, donde se incluyen fintech, billeteras virtuales y otorgantes de crédito por fuera del sistema bancario tradicional.
Allí, la situación es sensiblemente más delicada: «También volvió a subir la mora en los créditos a hogares de entidades no financieras, que alcanzó el 29,9% en febrero«, destaca el documento.
El salto es significativo: implica una suba de más de dos puntos porcentuales en apenas un mes y deja a este segmento con niveles de incumplimiento casi tres veces superiores a los del sistema bancario.
Aunque estas entidades representan cerca del 17% del total del crédito a familias, su peso viene creciendo en los últimos años, lo que amplifica el impacto del deterioro.
Se dispararon las irregularidades en créditos de entidades financieras y no financieras a familias.
Un fenómeno generalizado, no de casos aislados
Otro punto clave del informe es que el aumento de la mora no responde a problemas puntuales de algunas entidades, sino a una tendencia extendida en todo el sistema.
«Es indiscutible que la irregularidad continúa siendo un fenómeno macro y no algo que pueda explicarse por las políticas de crédito de algunos bancos«, subraya la consultora.
De hecho, el deterioro se verificó en 28 de las 30 principales entidades financieras del país, lo que confirma el carácter sistémico del problema.
Tasas altas y presión sobre los ingresos
El informe también vincula el aumento de la morosidad con el nivel de tasas de interés, que se mantienen elevadas pese a cierta estabilidad en la tasa de referencia del Banco Central.
Actualmente, los préstamos personales presentan niveles muy exigentes para los ingresos de los hogares: «Las tasas de los préstamos personales […] rondan el 70%, lo que equivale a una TEA cercana al 100%«, detalla el reporte.
En el caso de las entidades no financieras, el costo del crédito suele ser aún mayor, ya que incluye comisiones y cargos adicionales que elevan el costo financiero total.
A esto se suma un contexto de deterioro en los ingresos reales y aumento del desempleo durante 2025, lo que limita la capacidad de pago de los hogares.
Mercado Pago, golpeado por la morosidad récord
La morosidad en Argentina escaló a niveles alarmantes durante 2025. Mercado Pago triplicó su ratio de irregularidad en apenas 12 meses, según datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU).
La billetera virtual más grande del país pasó de registrar una mora del 5,5% en enero de 2025 a alcanzar el 14,7% en enero de 2026. Un salto que encendió las alarmas en el sector financiero.
La fintech de Marcos Galperin no está sola en esta crisis. El deterioro de la capacidad de pago golpeó con fuerza a todo el sistema. El último Informe Sobre Bancos del BCRA reveló que la mora en créditos a hogares pasó de 2,67% a 10,6% en un año, el nivel más alto en casi dos décadas.
Los números reflejan un círculo vicioso. Los argentinos piden créditos porque los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos. Pero después, tampoco pueden pagar esas cuotas.
Dónde se ubica Mercado Pago en el mapa financiero
Las entidades no bancarias enfrentan la peor situación. La morosidad en ese segmento se acercó al 25% a principios de 2026.
Mercado Pago quedó en un escalón intermedio. Con 14,7% de irregularidad, se ubicó más cerca de los bancos privados tradicionales que de las financieras no bancarias, aunque sin librarse del problema generalizado del sistema.
Voceros de la compañía consultados por Infobae sostuvieron que el ratio está «en línea con el de los principales bancos privados» al observar el segmento de personas físicas. Pero hay matices importantes.
La mayor parte de la cartera de Mercado Pago está dirigida a consumidores individuales y familias. Es decir, al segmento más golpeado por la crisis. Ese es el público que más sufre el deterioro del poder adquisitivo.
Un relevamiento privado con datos a diciembre 2025 permite dimensionar las diferencias. Tarjeta Naranja registró la mora más alta del sector: 35,7%. Un nivel que duplica al de Mercado Pago.
Mercado Libre, el unicornio dueño de Mercado Pago, cerró 2025 con 17,5% de irregularidad. Cencosud alcanzó 25,5% y Credicuotas Consumo llegó a 25,4%.
El caso Ualá sorprendió a la City y la explicación de la empresa
Hace algunas semanas, un posteo que se viralizó en redes generó alerta en la City: según el análisis de un usuario, en base a las cifras del BCRA, la morosidad en Ualá llega al 40% de su cartera. Un dato que luego fue aclarado por la billetera digital dirigida por Pierpaolo Barbieri.
La publicación, realizada por el analista Igor Ayuso, hizo mención al supuesto deterioro significativo en el repago de créditos otorgados por la fintech, en el que se observa cómo crecen las dificultades de los hogares para pagar sus obligaciones financieras
La publicación aludía a un supuesto deterioro significativo en el repago de créditos otorgados por fintech en un contexto en el que crecen las dificultades de los hogares para afrontar sus obligaciones financieras.
Pero donde el impacto resulta más fuerte es en el ecosistema fintech. El caso de Ualá concentra actualmente la atención del mercado. No solo por el nivel de mora, sino por su composición.
El posteo del usuario Igor Ayuso, quien basó su informe en datos del BCRA, en el segmento bancario de Ualá los impagos rondan el 43%. Pero en el negocio no financiero el número escala hasta un 63%. Ese dato encendió las alarmas en redes y parte del mercado.
Qué dijeron desde Ualá
Desde Ualá relativizaron la magnitud del dato. Señalaron que la firma discontinuó a mediados del año pasado la originación de créditos bajo el esquema peer-to-peer y transfirió su cartera de mejor calidad a su banco, que actualmente canaliza los préstamos.
Desde la empresa sostienen que, al depurar la información reportada al regulador, se ubicaría en torno al 18% en enero y 17% en febrero.
«Esto implica que en esa cartera residual de la PSP quedan principalmente clientes en mora, sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores en situación. Esto distorsiona significativamente el indicador», advirtieron fuentes del unicornio.
En concreto, la firma que conduce Pierpaolo Barbieri dijo que no hay que mezclar peras con manzanas. «Los valores presentados al BCRA desde las entidades financieras suelen aplicar la práctica de write-off, mediante la cual, luego de determinado tiempo de incobrabilidad, eliminan de sus balances los créditos impagos».
«Ualá recién comenzará a implementar este mecanismo en 2026, por lo que esos casos continúan reflejados en su cartera». Es decir, los incobrables (que pasado determinado tiempo salen de las cifras bancarias) aún persisten en empresas como el unicornio.
«Si se aplicara el mismo criterio que utiliza el resto del sistema, permitiendo una comparación homogénea, el indicador de mora a febrero del banco Ualá 2026 se ubicaría en torno al 17%, un nivel intermedio respecto de los valores observados en banca retail y fintechs», aclararon.
Igualmente, desde Ualá reconocieron el momento complejo: «Desde mediados de 2025, la industria en su conjunto experimentó un deterioro en la calidad de cartera crediticia. Esto derivó en un endurecimiento generalizado de las políticas de crédito y en una menor originación».
«Como resultado, se produce un doble efecto: por un lado, a medida que se cancelan los créditos en mejor situación, aumenta el peso relativo de los casos en mora dentro del stock; por otro, el contexto de tasas elevadas reduce la demanda de crédito por parte de perfiles de menor riesgo», concluyen.
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El consejo directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a las políticas de tercerización y despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El conflicto estalló al tiempo que renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Lamboglia, en medio de «una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo», indicaron fuentes de la actividad.
El secretario General del gremio, Guillermo Mangone, repudió «las cesantías injustificadas que se están llevando a cabo en todo el país«, señaló y subrayó que estas medidas resultan «particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros».
Cómo la tercerización amenaza la seguridad del servicio de gas
Según explicó la Federación del Gas, «en lugar de invertir en recursos humanos y capacitación, las ganancias son utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio», remarcando que «la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas».
Mangone advirtió que esta práctica «no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo» y relató que «en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial».
En este marco, manifestó su preocupación por lo que consideró una «pasividad de los organismos de control» frente a estas situaciones, apuntando que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».
La FETINGRA avisó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria «pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones» y exigió:
- El cese inmediato de los despidos injustificados
- La preservación de los puestos de trabajo
- El respeto por los derechos laborales adquiridos
La pelea interna que hizo explotar al regulador del gas
En la actividad, la renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE -organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país- fue sorpresiva y algunas versiones se refieren a las constantes peleas palaciegas libertarias. A menos de un mes de asumir dejó el cargo en manos de su segundo, Vicente Serra.
Trascendió que el desencadenante de la salida de Lamboglia fue producto de una fuerte interna dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Las diferencias entre los funcionarios comenzaron con las renovaciones de contratos. Lamboglia proponía no realizarlos hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció esa solicitud y días después renovó por 6 meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio, al tiempo que impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.
También había discrepancias sobre las nuevas oficinas del ENRGE, ubicadas en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.
La semana pasada, el directorio convocó a una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que desató el enojo de Lamboglia, quien argumentó que la constante tensión estaba afectando su estado de salud por su condición de diabético.
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ECONOMIA
SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk, sale a cotizar en Wall Street y busca recaudar una cifra millonaria
La empresa aeroespacial de Elon Musk presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos los términos de su debut en el Nasdaq, previsto para el 12 de junio. Con una recaudación objetivo de USD 75.000 millones, la operación apunta a convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.
SpaceX fijó el precio de sus acciones en USD 135 cada una y planea vender 555,6 millones de títulos en su Oferta Pública Inicial (OPI), según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese valor, la empresa fundada por Elon Musk alcanzaría una capitalización de mercado de USD 1,77 billones y recaudaría USD 75.000 millones, lo que convertiría al debut en el mayor de la historia bursátil, por encima del récord que en 2019 estableció la petrolera saudita Aramco con USD 29.400 millones, según informó Bloomberg.
La fijación de un precio único antes del roadshow con inversores es, en sí misma, una ruptura con la práctica habitual. Las empresas que salen a bolsa normalmente establecen un rango de precio para orientar las expectativas del mercado y ajustar la valuación en función de la demanda. SpaceX, en cambio, optó por un valor cerrado desde el inicio. “Musk simplemente está adoptando un enfoque de ‘tomarlo o dejarlo’, lo cual funciona para sus seguidores y también tiene sentido dado el estado del mercado y la falta de comparables”, dijo Weiheng Chen, socio senior de la firma legal Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Reuters. El roadshow formal arrancó este jueves.
El debut en el Nasdaq, bajo el símbolo “SPCX”, está previsto para el 12 de junio, aunque la fijación definitiva del precio de la acción se realizará el 11 de ese mes, según Bloomberg. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son los bancos coordinadores principales de la operación, que involucra a un total de 23 entidades financieras.
La OPI de SpaceX rompe el molde en varios aspectos. Se trata de una oferta primaria: todos los fondos recaudados irán directamente a la compañía y ningún accionista existente podrá vender sus títulos en el marco de esta operación. Además, hasta el 30% de las acciones podría ser asignado a inversores minoristas, una proporción inusualmente alta para una salida a bolsa de este tamaño, en línea con la estrategia de Musk de capitalizar su base de seguidores individuales.
Musk, por su parte, quedará obligado a retener sus acciones durante 366 días después del debut. Tras la operación, controlará el 84,4% del poder de voto de la empresa, frente al 85% actual.
La Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”, según Bloomberg.
Los ingresos de SpaceX alcanzaron los USD 18.670 millones en 2025. Sin embargo, la empresa registró ese año una pérdida neta de USD 4.940 millones, revirtiéndose la ganancia de USD 791 millones que había obtenido en 2024. En el primer trimestre de 2026.
Según Reuters, la firma de investigación Morningstar fijó su propia valoración de SpaceX en USD 780.000 millones, un 48% por debajo de la valuación de la OPI. La mayor parte de ese valor lo asigna al negocio de comunicaciones satelitales Starlink.
Los fondos de la OPI se destinarán, entre otros fines, a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, al lanzamiento de cohetes y satélites, y a la amortización parcial de un préstamo puente de USD 20.000 millones, parte del cual fue utilizado para financiar las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.
ECONOMIA
Plan de lucha de trabajadores de la TV Pública: peligra la transmisión del Mundial de Fútbol
La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).
Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.
¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno
Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.
Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.
Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.
Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial
Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.
Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».
Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».
En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».
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