POLITICA
Milei advirtió que existe una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista”

El presidente Javier Milei inauguró el primer plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo compuesto por más de 40 países que este año cuenta con la presidencia pro témpore de la República Argentina.
En el evento, el mandatario ratificó su estrecho vínculo con el judaísmo e Israel. Definió a este país como el “bastión de Occidente” y planteó que el combate contra el antisemitismo excede la defensa de un pueblo y se convierte en la protección de los valores de la civilización frente a la hostilidad global.
“Si se llevaran puesto a Israel, se van a llevar puesto a Occidente”, advirtió, calificando la posición argentina como una causa justa y, al mismo tiempo, de estricta necesidad geopolítica.
En esa línea, equiparó la lucha contra el antisemitismo con el combate global contra el terrorismo, advirtiendo sobre el resurgimiento de una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista” tras los ataques de Hamas del 7 de octubre.
Asimismo, el Presidente repasó la “relación histórica especial” de la Argentina con el Holocausto. Si bien destacó el aporte de la comunidad judía más grande de la región, cuestionó que el país recibió en el pasado a “criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio después de la Segunda Guerra Mundial”.
En ese sentido, reivindicó la iniciativa de la Cancillería de abrir los archivos de la Segunda Guerra Mundial y las recientes medidas ejecutivas que declararon a Hamas y a la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas.
Hacia el final de su disertación, Milei adelantó que en los próximos días se conformarán comités, talleres y grupos de trabajo enfocados en la presencia nazi en la Argentina, los sobrevivientes, la educación, el antisemitismo, el negacionismo y los crímenes contra la humanidad.
“Esa agenda refleja la amplitud de la tarea y la profundidad de la responsabilidad. Concebimos la presidencia argentina del IHRA más allá de un mandato de 12 meses”, señaló el Presidente.
Y concluyó: “Creemos firmemente que es una oportunidad histórica para que América Latina tome partido de forma clara en esta disputa civilizatoria, y que con esto logre elevarse en el gran concierto de las naciones haciendo honor a su tradición de lucha por los derechos humanos y su compromiso con la civilización occidental”.
Discurso completo
Buenos días a todos. Señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Señor presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin. Señora secretaria General de la IHRA, Micaela Küchler. Autoridades nacionales, cuerpo diplomático acreditado en la República, delegaciones de los países miembros y observadores, sobrevivientes, familiares y amigos de la comunidad judía. Bienvenidos a la República Argentina.
Para mí es un verdadero honor recibirlos en Buenos Aires e inaugurar formalmente los trabajos de la Presidencia Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA. Para nuestro país, esta presidencia representa la materialización de una decisión histórica. En enero de este año, durante la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, anuncié que la Argentina asumiría un papel de liderazgo en la IHRA.
Hoy, ese mandato toma forma en esta sala, en delegaciones reunidas de todo el mundo y en una agenda de trabajo ambiciosa que busca fortalecer la memoria, enfrentar al antisemitismo y expandir esta causa en toda nuestra región. Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno y el resultado de decisiones tomadas desde el primer día de gestión.
Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional con trabajo, cultura, fe, talento y amor por la libertad. La comunidad judía, que escapó del horror europeo, supo sobreponerse a este evento cataclísmico y recomponer sus vidas en libertad.
Crearon escuelas, hospitales, empresas y contribuyeron a hacer de este un país mejor, concretamente muchísimo mejor. Pero si bien acogimos refugiados y víctimas de la Shoah, también debemos mirar de frente el hecho de que al mismo tiempo le abrimos la puerta a criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio en nuestro territorio después de la Segunda Guerra Mundial.
Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a los archivos vinculados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada documento recuperado, cada expediente abierto y cada nombre preservado constituye una victoria de la verdad sobre el silencio. Por esto, debemos reconocer el peso de la responsabilidad que tenemos como país frente a las delegaciones miembro. Especialmente dado que Argentina alberga la comunidad judía más grande de América Latina.
Esa es la razón por la cual la Argentina se involucró con tanta determinación en esta causa. El canciller Pablo Quirno y la Cancillería han asumido un papel central en la articulación institucional de esta presidencia. Marcelo Mindlin ejerce esta responsabilidad con una trayectoria reconocida, un involucramiento personal profundo y el respaldo de su labor al frente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
También acompaña en esta tarea el Ministerio de Capital Humano, a través dela Secretaría de Educación, y el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esta articulación demuestra lo que un Estado puede lograr cuando existe decisión política, claridad moral y objetivos comunes. Bajo el lema, expandiendo las fronteras de la memoria, la presidencia argentina busca proyectar el trabajo de la IHRA hacia América Latina. Nuestra región no está inmunizada frente al odio. Por eso, esta presidencia busca construir conciencia antes de que la indiferencia vuelva a abrirle espacio a la intolerancia. Y para esto debemos entender el fenómeno del antisemitismo en toda su profundidad.
El Talmud afirma que el odio al judío nace en el propio monte Sinaí, allí donde se recibieron los diez mandamientos. Lo expresa mediante un juego de palabras. Odio en hebreo se dice Sina, y afirma en que aquel monte Sinaí comenzó la Sina, el odio como resistencia a los valores morales. Por eso, combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, es defender la moral que está en la base de nuestra civilización, porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío. En todo tiempo y lugar en el que ha surgido el antisemitismo ha estado acompañado de sentimientos hostiles a Occidente, y de esa hostilidad es que saca su fuerza. Así, a tan solo 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó.
El ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre fue un punto de inflexión que hizo innegable lo que muchos preferían ignorar. El espectro del odio sigue tan vivo como nunca, y no se va a detener en su misión de destruir al judaísmo y a Occidente todo. Tengamos presente esto, Israel es el bastión de Occidente. La pelea contra Israel, si Israel cayera, luego viene Occidente. Debemos defenderla posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa. Pero si no quieren entenderlo como una causa justa, habría que entenderlo como una cuestión utilitaria.
Si se llevaran puesto Israel, se van a llevar puesto a Occidente. Por ende, no solo tenemos que defender a Israel por una cuestión utilitarista, la tenemos que defender por sobre todas las cosas, porque es una causa noble, y no podemos bajar los brazos porque en esa batalla se van a llevar puesto a Occidente. Por este motivo, no tenemos reparo alguno en sostener que hoy existe una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita.
Esta alianza funciona como vector contemporáneo del antisemitismo, y el hilo secreto que los une no es otro que el odio a la civilización occidental. Por eso, la proliferación del antisemitismo es el canario en la mina de la decadencia, es lo primero que nos indica el sendero de destrucción por el que nos quieren conducir. Por eso, debemos tener algo en claro, la ira es tan fuerte como la voluntad política de sus miembros.
El organismo no puede suplir lo que los Estados no están dispuestos a hacer solos, y quedar reducido a tan solo otro foro en donde se emiten discursos altisonantes, llenos de buenas intenciones, sin resultados concretos. Las palabras deben ser llevadas a la práctica con acciones, con voluntad política y compromiso real, así como lo hacemos nosotros en cada foro en el cual nos presentamos. Por eso, para combatir el antisemitismo contemporáneo, y a la vista de todos los acontecimientos que hemos vivido estos últimos años, queda claro que debemos vincular la lucha contra el antisemitismo con la lucha contra el terrorismo de forma explícita.
Hoy, el odio a Occidente es también el odio antijudío. La separación de los dos temas es un lujo que ya no existe. En este sentido, Argentina predica con el ejemplo y ya tomó amplias cartas en el asunto.
Declaramos a Hamas, a la Guardia Revolucionaria iraní, y a las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, e incorporamos sus estructuras al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. También expulsamos al encargado de negocios del régimen iraní de nuestro país. A su vez, abonamos a los acuerdos de Isaac, porque queremos que América Latina fortalezca una coalición moral, diplomática y cultural contra el antisemitismo, el terrorismo y toda forma de fanatismo que ataque a la vida, la libertad y la dignidad humana.
Estos acuerdos constituyen la extensión regional del espíritu de los acuerdos de Abraham, una política insignia en la normalización de Medio Oriente y que esperamos sea cada vez más sólida y abarcativa en el tiempo. Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo. Sufrimos los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, heridas que todavía atraviesan nuestra conciencia nacional y continúa reclamando justicia.
Esta causa no nos resulta ajena, nos interpela desde nuestra historia, desde nuestras heridas y desde el corazón mismo de nuestra Nación. Por eso, nuestro reclamo permanente de justicia por estos atentados es una forma concreta de memoria y un compromiso nacional con la lucha contra el antisemitismo. Por todo esto, quiero hacer un llamado a los miembros de Lira y a las delegaciones aquí presentes.
En todo momento y en todo lugar en la historia, el silencio de los justos es lo que permite la barbarie y las atrocidades de los injustos. Cuando el bien calla, la maldad habla. El silencio frente al crecimiento del antisemitismo no es una opción.
En los próximos días, las delegaciones tendrán una agenda intensa, habrá reuniones de grupos de trabajo, comités, talleres sobre nazis en la Argentina, sobrevivientes de nuestro país, educación, antisemitismo, negacionismo y crímenes contra la humanidad. Esa agenda refleja la amplitud de la tarea y la profundidad de la responsabilidad. Concebimos la presidencia argentina del IHRA más allá de un mandato de 12 meses.
Creemos firmemente que es una oportunidad histórica para que América Latina tome partido de forma clara en esta disputa civilizatoria, y que con esto logre elevarse en el gran concierto de las naciones haciendo honor a su tradición de lucha por los derechos humanos y su compromiso con la civilización occidental.
Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Javier Milei,Javier Milei,Israel,Conforme a,,Coimas en la Andis. Ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona a Karina Milei,,En modo campaña. Kicillof va a Corrientes en busca de una foto con el radical Valdés,,Fiestas clandestinas y negocios. La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en Economía y tensiones por el financiamiento universitario,,Análisis. Cambio de clima,,Inspirado en Bukele y Milei. Quién es Abelardo de la Espriella, el empresario que promete gobernar Colombia con “mano de hierro”
POLITICA
¿Qué temas dominarían la agenda del gobierno de Nayib Bukele rumbo a los comicios de 2027?

Tras siete años de gestión, el gobierno de Nayib Bukele ingresa en la cuenta regresiva hacia las elecciones generales de 2027 con una agenda que seguiría centrada en seguridad, turismo y megaproyectos de infraestructura, pero también tiene en sobre la mesa puntos clave como los ajustes fiscales y la reforma de pensiones pactados con el Fondo Monetario Internacional, además de una política social que busca exhibir resultados tangibles a la población.
Las prioridades del Ejecutivo, respaldado por una mayoría en la Asamblea Legislativa, se articulan en torno a consolidar un modelo que le permita la continuidad en las elecciones de febrero próximo.
El segundo mandato de Bukele, que inició el 1 de junio de 2024, cumple dos años este lunes, pero el mandatario buscará la reelección en los comicios generales del otro año.
Los salvadoreños acudirán a las primeras elecciones tras unas reformas constitucionales que ampliarán el período presidencial de 5 a 6 años, eliminan la segunda vuelta electoral y permiten la reelección presidencial indefinida. Además, unificaron las elecciones presidenciales, legislativas y municipales para el 28 de febrero de 2027.
Estos son algunos de los temas y áreas clave que seguirían en la agenda del Ejecutivo:
Régimen de excepción y endurecimiento penal
Desde marzo de 2022, el gobierno salvadoreño ha prorrogado de manera mensual el régimen de excepción, una medida que suspende garantías constitucionales y otorga poderes extraordinarios a las fuerzas de seguridad.
Según reporta WOLA (The Washington Office on Latin America), este esquema ha facilitado el encarcelamiento masivo de presuntos pandilleros y se ha convertido en el eje de la estrategia política del Ejecutivo, la cual le ha permitido la reducción de los índices de homicidio y la desaparición de las pandillas de las calles. Esta es una medida que seguiría vigente tras los comicios.
Un símbolo visible de ese enfoque punitivo es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel con capacidad para 40,000 internos.
La administración de Bukele sostiene que el régimen es la clave para el “nuevo El Salvador”, mientras organizaciones internacionales, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), cuestionan el modelo.
A eso se suma una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos graves, aunque su implementación requiere ajustes en el Código Penal y la Ley Penal Juvenil, lo que mantiene el debate legislativo abierto sobre los alcances de la medida.

Megaproyectos de infraestructura y facilitación de comercio
Otros planes en curso que tiene el gobierno es el de Facilitación de Comercio 2026–2030 que fija como meta modernizar puertos, aeropuertos y carreteras, digitalizar trámites aduaneros y fortalecer la integración logística regional.
Entre los proyectos prioritarios destacan el Aeropuerto del Pacífico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador y la modernización del puerto de Acajutla, iniciativas que, según la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), buscan convertir al país en un nodo logístico y mostrar avances materiales de cara a la campaña electoral.
Política social y turismo como vitrinas de gestión
La política social se mantiene como un pilar de legitimidad, especialmente en el contexto electoral. El gobierno mantiene activos programas de reconstrucción escolar, entrega de dispositivos electrónicos y paquetes escolares gratuitos a más de un millón de estudiantes, formación técnica y empleo juvenil.
La inversión supera los 500 millones de dólares en infraestructura educativa y 800 millones en tecnología, según datos oficiales. En el área de juventud y empleo, el programa “Up Digital” ofrece formación en competencias tecnológicas y apoyo a emprendimientos.
Proyectos de vivienda de ayuda mutua y legalización de propiedades, articulados con estrategias de prevención de violencia, buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. El Ministerio de Vivienda ejecuta articula estas iniciativas con estrategias de prevención de violencia y renovación urbana.
El turismo y la imagen internacional ocupan un lugar destacado en la agenda gubernamental. Bajo la marca “Surf City” y la promoción de eventos deportivos internacionales, el gobierno proyecta a El Salvador como un destino seguro y atractivo.
El Ministerio de Turismo apunta a superar los 4 millones de visitantes internacionales en 2026 y a posicionar la franja costera y la zona oriental como polos de desarrollo. El discurso oficial asocia la mejora en seguridad con el crecimiento del turismo y la llegada de inversiones, mientras organismos multilaterales financian parte de la infraestructura turística.

Ajuste fiscal, reforma de pensiones e incentivos a la inversión
En el plano económico, el Ejecutivo se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a ejecutar un ajuste fiscal del 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2025 y 2027.
El ajuste prevé recortes en remuneraciones del sector público, bienes y servicios y transferencias a municipalidades. La reducción de recursos para gobiernos locales centraliza la capacidad de inversión en el Ejecutivo.
El gobierno sostiene que esta disciplina fiscal se logra sin aumentar impuestos directos, aunque ha incrementado la carga para entidades consideradas “agentes extranjeros”.
Uno de los componentes más sensibles de la agenda económica es la inminente reforma de pensiones. Técnicos del FMI alertaron sobre el riesgo de agotamiento de la Cuenta de Garantía Solidaria en 2027, lo que obliga al gobierno a preparar una reforma antes de esa fecha.
Entre algunas de las medidas en discusión figuran el aumento de la edad de jubilación y mayores aportes de trabajadores y empleadores. La administración de Bukele aún no ha presentado una propuesta oficial, pero el tema genera expectativa y preocupación en amplios sectores sociales.

En paralelo al ajuste, la administración impulsa un plan de incentivos fiscales para atraer inversión extranjera y promover sectores estratégicos.
Según la consultora Consortium Legal, la reciente reforma al Código Tributario exonera del impuesto sobre la renta a inversionistas extranjeros en el mercado de valores nacional. Otras medidas benefician a proyectos de innovación tecnológica y construcción vertical, en línea con el objetivo de posicionar a El Salvador como un nodo logístico y digital en la región.
Además están sobre la mesa los datos del FMI que muestran que la deuda del sector público de El Salvador se ubicó en torno al 85% del PIB en 2023, una carga que condiciona el margen fiscal en los años previos a 2027 y explica la centralidad del ajuste comprometido con el organismo lo que resta de 2026 y el próximo año.
Estas políticas buscan dinamizar la economía en un contexto de recorte del gasto social y restricciones presupuestarias que debe cumplir de cara al acuerdo con el FMI que culmina en junio de 2028.
El equilibrio entre disciplina fiscal, seguridad reforzada y expansión de la política social define el núcleo de la agenda de Nayib Bukele para 2027.
Según los compromisos detallados por el gobierno ante el Fondo Monetario Internacional y la planificación de obras plasmada en documentos de la CAF, el gobierno enfrenta el reto de sostener la popularidad de sus políticas sin erosionar el bienestar de sectores clave.
Mientras tanto, la ejecución de megaproyectos y los programas sociales se convierten en herramientas centrales para fortalecer la narrativa del “nuevo El Salvador” y consolidar el proyecto político de cara a un ciclo electoral inédito.
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POLITICA
La Justicia revocó una cautelar sobre la Ley de Glaciares iniciada por kirchneristas en Santa Cruz

EL CALAFATE.- En un revés para el municipio de El Calafate y legisladores locales, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó de manera íntegra la medida cautelar que mantenía suspendida la aplicación de la nueva Ley de Glaciares (27.804) en la provincia de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, consideró que no se encuentra acreditado un peligro de daño inminente que justifique frenar una norma dictada por el Congreso de la Nación.
El fallo, que puso el foco en el rigor técnico y la división de poderes, revocó la medida dictada por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, y si bien el tribunal dejó sin efecto la decisión del magistrado, subrayó que los glaciares en Santa Cruz no se encuentran desamparados, debido a la vigencia de “capas de protección” que le otorgan leyes provinciales y nacionales que preceden a la reforma cuestionada.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación celebraron el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia a través de sus redes sociales y consideraron que constituía un firme respaldo al Estado Nacional en defensa del “modelo argentino de federalismo de concertación ambiental, en el que la Nación fija el estándar básico de protección del ambiente y las provincias complementan, aplican y ejercen el poder de policía dentro de sus competencias”, según quedó plasmado entre los argumentos de la apelación presentada por los abogados del Estado Nacional en abril pasado.
La acción judicial fue tramitada bajo la carátula de amparo ambiental y era impulsada por el arco político oficialista de El Calafate, encabezado por el intendente kirchnerista Héctor Belloni; la presidenta del Concejo Deliberante local, Celia Beatriz Barría; el diputado provincial Carlos Alegría y la diputada nacional Ana María Ianni. Los demandantes cuestionaron la constitucionalidad de la reforma argumentando que reduce los estándares de protección y habilitaría actividades industriales en zonas antes vedadas.
En un punto central del fallo, el tribunal de alzada se explayó sobre la “legitimación de los demandantes”. La Cámara rechazó que el intendente, la concejal y los legisladores pudieran actuar como “representantes del pueblo de toda la provincia”, argumentando que esa voz pertenece exclusivamente al Congreso de la Nación. No obstante, el tribunal les reconoció la aptitud para litigar pero únicamente en su carácter personal, como ciudadanos que habitan el territorio y tienen interés en un ambiente sano.
A pesar del levantamiento de la suspensión, el fallo advirtió que sobre la región se superponen distintas “capas de protección” que tornan jurídicamente imposible la habilitación inmediata de proyectos nocivos. El tribunal destacó que en Santa Cruz rige la Ley Provincial 3123 que desde hace 15 años mantiene estándares tuitivos prácticamente idénticos a la ley nacional anterior. Además, recordó que gran parte del área en disputa se encuentra bajo la protección de las leyes 19.292 y 22.351 de Parques Nacionales, que prohíben cualquier tipo de explotación económica más allá del turismo.
En otro aspecto fundamental del fallo, los camaristas le cuestionaron al juez de primera instancia haber ignorado las reglas básicas de los procesos colectivos, definidos en las Acordadas 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estos reglamentos establecieron la creación del Registro Público de Procesos Colectivos para evitar el dictado de decisiones contradictorias en causas conexas o superpuestas.
En otro punto, la Cámara de Comodoro también cuestionó que la medida procura suspender una ley sancionada por el Congreso de la Nación, “lo cual exige extremar la prudencia con la que la cuestión debe ser evaluada”, aseguraron los jueces y recordaron que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido “que las medidas cautelares no proceden respecto de actos administrativos o legislativos”.
En su análisis, la Cámara de Comodoro Rivadavia detalló una serie de severas falencias técnicas en la resolución del magistrado de primera instancia, a la que consideró carente de un examen riguroso y con fundamentos “precarios” en tanto que se le cuestionó haber dictado la suspensión de la norma sin siquiera detallar las novedades introducidas por la nueva ley, ignorar el marco legal preexistente e incluso desconocer los límites territoriales de su propia jurisdicción.
“Ningún pasaje de la exposición fue dedicado a, por lo menos, enunciar cuáles fueron las novedades introducidas por la Ley 27.804 (la cual no luce ni siquiera mencionada)”, detallan los jueces y agregan la sentencia “no supera el test de adecuada fundamentación y razonabilidad al que ha sido sometida y afirman que no contiene un examen riguroso de la problemática constitucional puesta en tela de juicio.
Tras conocerse el fallo desde la Procuración del Tesoro, litigantes en la causa aseguraron que continuarán ejerciendo la defensa judicial del Estado Nacional y de la plena vigencia de la Ley N° 27.804 frente a los distintos planteos promovidos “para impedir la aplicación de una norma debatida y debidamente sancionada por el Congreso de la Nación” y aseguraron a través de un comunicado: “El Poder Judicial puede controlar la constitucionalidad, pero no reemplazar opciones regulatorias razonables por otras que considere, por el criterio de un juez, más prudente o más conveniente”.
pic.twitter.com/smUcIsdnQs,June 1, 2026,Mariela Arias,Conforme a
POLITICA
Ley de Glaciares: la Justicia dejó sin efecto la sentencia que frenaba la reforma en Santa Cruz

La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la aplicación de la reforma de la Ley de Glaciares en Santa Cruz, tras considerar que no se evidencia un daño ambiental inminente.
La acción de amparo colectivo había sido impulsada por el intendente de El Calafate y legisladores provinciales, quienes reclamaban la suspensión de la reforma por presuntos riesgos ambientales.
La Cámara, integrada por Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, reconoció la legitimación de los accionantes en su carácter de “parte afectada”, al entender que el derecho a un ambiente sano ampara a todos los ciudadanos por igual, más allá de los cargos que ocupen. Sin embargo, rechazó que pudieran autoerigirse como representantes del pueblo de toda la provincia.
“Ni el Intendente de El Calafate, ni la Presidenta de su Concejo Deliberante o los legisladores que suscribieron el escrito de inicio, poseen legitimación para auto arrogarse la representación del pueblo de toda una Provincia en el sentido que aquí han pretendido”.
La sentencia criticó que el juez de primera instancia no examinó las novedades sustanciales introducidas por la Ley 27.804, sancionada por el Congreso semas atrás, que no habilita una desprotección “arbitraria” de los glaciares, sino que exige estudios técnico-científicos, audiencias públicas e intervención del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) antes de cualquier modificación.
“El Juez Federal de Río Gallegos ni siquiera explicó los motivos por los que la nueva norma importaría un retroceso en materia ambiental, omitiendo referirse a la opinión técnica vertida por la Subsecretaría de Ambiente y las consultas cursadas por la OIT”, dijeron los camaristas en el fallo, al que tuvo acceso TN.
Un argumento central del fallo fue la existencia de “capas de protección” superpuestas en Santa Cruz. Al respecto, los jueces recordaron que gran parte de las zonas potencialmente afectadas tienen estatus de Parque Nacional, donde toda explotación económica ya se encuentra prohibida por leyes específicas.
Los camaristas también remarcaron la vigencia de la Ley Provincial 3.123, cuyos estándares de protección resultan “prácticamente idénticos” a la redacción original de la norma nacional. Según los jueces, este marco normativo local impide que la reforma federal habilite de forma inminente actividades contaminantes en la provincia.
El tribunal concluyó que el “peligro en la demora” invocado por los amparistas es “meramente conjetural y remoto”, ya que al no existir un “caso actual” de daño concreto, la validez de la ley debe debatirse en el marco del proceso principal, sin suspender anticipadamente sus efectos.
Las principales claves de los cambios en la ley de Glaciares
La reforma de la ley de Glaciares redefine el objeto protegido, limitando la protección a aquellos glaciares y al ambiente periglaciar que cumplan “funciones hídricas específicas”.
Cada provincia puede determinar qué glaciares protege y en cuáles se pueden habilitar actividades extractivas, como la minería. Aunque establece que las actividades proyectadas en glaciares y ambiente periglaciar deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental.
Leé también: El Gobierno reglamentó la reforma laboral y avanzó con cambios en recibos de sueldo, licencias y jubilaciones
La reforma modifica, además, el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y registra todos los glaciares y geoformas periglaciares.
Este seguirá a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que deberá actualizarlo cada cinco años con datos sobre ubicación, superficie y estado de conservación.
En cuanto a las actividades prohibidas, se encuentran aquellas que puedan “alterar de modo relevante” la condición natural o las funciones hídricas de glaciares y ambientes periglaciales.
Esto incluye acciones que impliquen su destrucción, traslado o que afecten su avance, como la explotación de hidrocarburos, la instalación de industrias o la construcción de obras.
ley de glaciares, Santa Cruz, Justicia
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