POLITICA
Milei advirtió que existe una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista”

El presidente Javier Milei inauguró el primer plenario de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), organismo compuesto por más de 40 países que este año cuenta con la presidencia pro témpore de la República Argentina.
En el evento, el mandatario ratificó su estrecho vínculo con el judaísmo e Israel. Definió a este país como el “bastión de Occidente” y planteó que el combate contra el antisemitismo excede la defensa de un pueblo y se convierte en la protección de los valores de la civilización frente a la hostilidad global.
“Si se llevaran puesto a Israel, se van a llevar puesto a Occidente”, advirtió, calificando la posición argentina como una causa justa y, al mismo tiempo, de estricta necesidad geopolítica.
En esa línea, equiparó la lucha contra el antisemitismo con el combate global contra el terrorismo, advirtiendo sobre el resurgimiento de una “alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamista” tras los ataques de Hamas del 7 de octubre.
Asimismo, el Presidente repasó la “relación histórica especial” de la Argentina con el Holocausto. Si bien destacó el aporte de la comunidad judía más grande de la región, cuestionó que el país recibió en el pasado a “criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio después de la Segunda Guerra Mundial”.
En ese sentido, reivindicó la iniciativa de la Cancillería de abrir los archivos de la Segunda Guerra Mundial y las recientes medidas ejecutivas que declararon a Hamas y a la Guardia Revolucionaria iraní como organizaciones terroristas.
Hacia el final de su disertación, Milei adelantó que en los próximos días se conformarán comités, talleres y grupos de trabajo enfocados en la presencia nazi en la Argentina, los sobrevivientes, la educación, el antisemitismo, el negacionismo y los crímenes contra la humanidad.
“Esa agenda refleja la amplitud de la tarea y la profundidad de la responsabilidad. Concebimos la presidencia argentina del IHRA más allá de un mandato de 12 meses”, señaló el Presidente.
Y concluyó: “Creemos firmemente que es una oportunidad histórica para que América Latina tome partido de forma clara en esta disputa civilizatoria, y que con esto logre elevarse en el gran concierto de las naciones haciendo honor a su tradición de lucha por los derechos humanos y su compromiso con la civilización occidental”.
Discurso completo
Buenos días a todos. Señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Señor presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin. Señora secretaria General de la IHRA, Micaela Küchler. Autoridades nacionales, cuerpo diplomático acreditado en la República, delegaciones de los países miembros y observadores, sobrevivientes, familiares y amigos de la comunidad judía. Bienvenidos a la República Argentina.
Para mí es un verdadero honor recibirlos en Buenos Aires e inaugurar formalmente los trabajos de la Presidencia Argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA. Para nuestro país, esta presidencia representa la materialización de una decisión histórica. En enero de este año, durante la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, anuncié que la Argentina asumiría un papel de liderazgo en la IHRA.
Hoy, ese mandato toma forma en esta sala, en delegaciones reunidas de todo el mundo y en una agenda de trabajo ambiciosa que busca fortalecer la memoria, enfrentar al antisemitismo y expandir esta causa en toda nuestra región. Que Argentina sea el primer país latinoamericano en presidir la IHRA nos enorgullece profundamente. El compromiso con la lucha contra el antisemitismo es una muestra del claro compromiso con los principios morales que tiene nuestro Gobierno y el resultado de decisiones tomadas desde el primer día de gestión.
Nuestro país tiene una relación histórica especial con el Holocausto. Recibió a miles de sobrevivientes que reconstruyeron sus vidas en nuestra tierra y que enriquecieron nuestra identidad nacional con trabajo, cultura, fe, talento y amor por la libertad. La comunidad judía, que escapó del horror europeo, supo sobreponerse a este evento cataclísmico y recomponer sus vidas en libertad.
Crearon escuelas, hospitales, empresas y contribuyeron a hacer de este un país mejor, concretamente muchísimo mejor. Pero si bien acogimos refugiados y víctimas de la Shoah, también debemos mirar de frente el hecho de que al mismo tiempo le abrimos la puerta a criminales de guerra nazis y colaboradores que buscaban refugio en nuestro territorio después de la Segunda Guerra Mundial.
Por eso, la Cancillería impulsa una iniciativa para resguardar y facilitar el acceso a los archivos vinculados con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Cada documento recuperado, cada expediente abierto y cada nombre preservado constituye una victoria de la verdad sobre el silencio. Por esto, debemos reconocer el peso de la responsabilidad que tenemos como país frente a las delegaciones miembro. Especialmente dado que Argentina alberga la comunidad judía más grande de América Latina.
Esa es la razón por la cual la Argentina se involucró con tanta determinación en esta causa. El canciller Pablo Quirno y la Cancillería han asumido un papel central en la articulación institucional de esta presidencia. Marcelo Mindlin ejerce esta responsabilidad con una trayectoria reconocida, un involucramiento personal profundo y el respaldo de su labor al frente del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
También acompaña en esta tarea el Ministerio de Capital Humano, a través dela Secretaría de Educación, y el Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esta articulación demuestra lo que un Estado puede lograr cuando existe decisión política, claridad moral y objetivos comunes. Bajo el lema, expandiendo las fronteras de la memoria, la presidencia argentina busca proyectar el trabajo de la IHRA hacia América Latina. Nuestra región no está inmunizada frente al odio. Por eso, esta presidencia busca construir conciencia antes de que la indiferencia vuelva a abrirle espacio a la intolerancia. Y para esto debemos entender el fenómeno del antisemitismo en toda su profundidad.
El Talmud afirma que el odio al judío nace en el propio monte Sinaí, allí donde se recibieron los diez mandamientos. Lo expresa mediante un juego de palabras. Odio en hebreo se dice Sina, y afirma en que aquel monte Sinaí comenzó la Sina, el odio como resistencia a los valores morales. Por eso, combatir el antisemitismo no es solo defender a un pueblo, es defender la moral que está en la base de nuestra civilización, porque es el rechazo a estos valores el que a lo largo de la historia ha alimentado el odio al judío. En todo tiempo y lugar en el que ha surgido el antisemitismo ha estado acompañado de sentimientos hostiles a Occidente, y de esa hostilidad es que saca su fuerza. Así, a tan solo 81 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, hoy tenemos que aceptar que el antisemitismo global no retrocedió, tan solo se reorganizó.
El ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre fue un punto de inflexión que hizo innegable lo que muchos preferían ignorar. El espectro del odio sigue tan vivo como nunca, y no se va a detener en su misión de destruir al judaísmo y a Occidente todo. Tengamos presente esto, Israel es el bastión de Occidente. La pelea contra Israel, si Israel cayera, luego viene Occidente. Debemos defenderla posición de Israel desde un lugar moral porque es una causa justa. Pero si no quieren entenderlo como una causa justa, habría que entenderlo como una cuestión utilitaria.
Si se llevaran puesto Israel, se van a llevar puesto a Occidente. Por ende, no solo tenemos que defender a Israel por una cuestión utilitarista, la tenemos que defender por sobre todas las cosas, porque es una causa noble, y no podemos bajar los brazos porque en esa batalla se van a llevar puesto a Occidente. Por este motivo, no tenemos reparo alguno en sostener que hoy existe una alianza implícita entre la izquierda radical y el terrorismo islamita.
Esta alianza funciona como vector contemporáneo del antisemitismo, y el hilo secreto que los une no es otro que el odio a la civilización occidental. Por eso, la proliferación del antisemitismo es el canario en la mina de la decadencia, es lo primero que nos indica el sendero de destrucción por el que nos quieren conducir. Por eso, debemos tener algo en claro, la ira es tan fuerte como la voluntad política de sus miembros.
El organismo no puede suplir lo que los Estados no están dispuestos a hacer solos, y quedar reducido a tan solo otro foro en donde se emiten discursos altisonantes, llenos de buenas intenciones, sin resultados concretos. Las palabras deben ser llevadas a la práctica con acciones, con voluntad política y compromiso real, así como lo hacemos nosotros en cada foro en el cual nos presentamos. Por eso, para combatir el antisemitismo contemporáneo, y a la vista de todos los acontecimientos que hemos vivido estos últimos años, queda claro que debemos vincular la lucha contra el antisemitismo con la lucha contra el terrorismo de forma explícita.
Hoy, el odio a Occidente es también el odio antijudío. La separación de los dos temas es un lujo que ya no existe. En este sentido, Argentina predica con el ejemplo y ya tomó amplias cartas en el asunto.
Declaramos a Hamas, a la Guardia Revolucionaria iraní, y a las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, e incorporamos sus estructuras al registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento. También expulsamos al encargado de negocios del régimen iraní de nuestro país. A su vez, abonamos a los acuerdos de Isaac, porque queremos que América Latina fortalezca una coalición moral, diplomática y cultural contra el antisemitismo, el terrorismo y toda forma de fanatismo que ataque a la vida, la libertad y la dignidad humana.
Estos acuerdos constituyen la extensión regional del espíritu de los acuerdos de Abraham, una política insignia en la normalización de Medio Oriente y que esperamos sea cada vez más sólida y abarcativa en el tiempo. Tomamos todas estas medidas porque son moralmente correctas, pero también porque la Argentina no es ajena al dolor causado por el antisemitismo. Sufrimos los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y contra la AMIA, heridas que todavía atraviesan nuestra conciencia nacional y continúa reclamando justicia.
Esta causa no nos resulta ajena, nos interpela desde nuestra historia, desde nuestras heridas y desde el corazón mismo de nuestra Nación. Por eso, nuestro reclamo permanente de justicia por estos atentados es una forma concreta de memoria y un compromiso nacional con la lucha contra el antisemitismo. Por todo esto, quiero hacer un llamado a los miembros de Lira y a las delegaciones aquí presentes.
En todo momento y en todo lugar en la historia, el silencio de los justos es lo que permite la barbarie y las atrocidades de los injustos. Cuando el bien calla, la maldad habla. El silencio frente al crecimiento del antisemitismo no es una opción.
En los próximos días, las delegaciones tendrán una agenda intensa, habrá reuniones de grupos de trabajo, comités, talleres sobre nazis en la Argentina, sobrevivientes de nuestro país, educación, antisemitismo, negacionismo y crímenes contra la humanidad. Esa agenda refleja la amplitud de la tarea y la profundidad de la responsabilidad. Concebimos la presidencia argentina del IHRA más allá de un mandato de 12 meses.
Creemos firmemente que es una oportunidad histórica para que América Latina tome partido de forma clara en esta disputa civilizatoria, y que con esto logre elevarse en el gran concierto de las naciones haciendo honor a su tradición de lucha por los derechos humanos y su compromiso con la civilización occidental.
Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Javier Milei,Javier Milei,Israel,Conforme a,,Coimas en la Andis. Ordenan peritar los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se menciona a Karina Milei,,En modo campaña. Kicillof va a Corrientes en busca de una foto con el radical Valdés,,Fiestas clandestinas y negocios. La trama detrás de “la banda de los mendocinos” que colonizó Arsat con vínculos con el poder,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: cambios en Economía y tensiones por el financiamiento universitario,,Análisis. Cambio de clima,,Inspirado en Bukele y Milei. Quién es Abelardo de la Espriella, el empresario que promete gobernar Colombia con “mano de hierro”
POLITICA
Los Metrodelegados irán a elecciones con una interna caliente: el oficialismo está cerca de dividirse y la izquierda va unificada

Una situación inédita atraviesa la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conocida como Metrodelegados: el sector oficialista, que conduce el sindicato desde su creación, en 2008, está cerca de presentarse dividido en las elecciones para renovar autoridades que se harán el 26 de noviembre.
La dupla Beto Pianelli-Néstor Segovia piloteó el gremio surgido de una ruptura de trabajadores del subte con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se mantuvo a lo largo de los años pese a las diferencias políticas entre ambos: uno provenía del trotskista Movimiento al Socialismo (MAS) y otro se reconoce como peronista.
Sin embargo, el fallecimiento de Pianelli, en enero pasado, dejó en estado de shock al oficialismo, donde el “pianellismo”, como llaman a los partidarios más fieles del líder, no reconoce a Segovia, secretario adjunto del sindicato, como el mejor heredero en condiciones de convertirse en el nuevo secretario general y aspiran a que uno de sus miembros quede al frente del gremio.

La referente de ese sector es Virginia Bouvet, una de las delegadas que en los años 90 se rebeló junto con Pianelli ante los manejos de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y se desafiliaron para crear un nuevo sindicato.
Los pianellistas no descartan presentarse en las elecciones con una lista propia mientras Segovia, que reivindica la alianza construida con Pianelli durante 18 años, propuso una nómina de unidad, incluso con la izquierda, para enfrentar los riesgos que, según imagina, les esperan a los trabajadores en la etapa que viene.
Cerca del adjunto de Metrodelegados creen que el pianellismo no lo quiere porque son muy rígidos ideológicamente y Segovia es “peronista y evangélico”. Pero aclaran: “Con Beto eran como hermanos, siempre trabajaron juntos y los matices sólo eran políticos”.
“Sería un error que se rompa un sector que está desde hace tanto tiempo y con tantos resultados al frente del sindicato”, afirman los allegados a Segovia.

En el pianellismo habían advertido hace un mes que “ante la ofensiva del Gobierno, la reforma laboral y la persecución judicial que pretende criminalizar a los sindicatos, la respuesta debe ser construir la mayor unidad posible”, pero hoy admiten que las negociaciones con Segovia no progresaron, aunque no descartaron un acuerdo: “El cierre de listas es este viernes a las 23.59. Las definiciones van a estar recién ahí”.
El riesgo de la división del oficialismo en Metrodelegados sería un escenario beneficioso para la izquierda, que en las elecciones sindicales de 2022, en una lista que unificó al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y al Partido Obrero (PO), llegó al 40,9% de los votos contra el 59,1% de la fórmula Pianelli-Segovia.
Se trata de un sector de sólida presencia en las bases de los subtes, con referentes como Claudio Dellecarbonara, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), actual vocal del gremio por la minoría y con fuerte inserción como delegado en la Línea B, o David Carballo, del Partido Obrero (PO) y delegado de línea B.

Como anticipó Infobae, algunos referentes del trotskismo en los subtes creen que hay una situación política “muy complicada”, con ”persecución contra las organizaciones sindicales, sobre todo las combativas”, por parte del gobierno de Javier Milei que pone “en riesgo el sindicato” y por eso propusieron a los pianellistas y a Segovia consensuar una lista unificada para las elecciones del 26 de noviembre, pero con un previo acuerdo sobre algunos puntos que considera clave.
Por ejemplo, la izquierda cuestiona “cómo viene funcionando el sindicato y cómo se toman las decisiones”, y también rechaza la reelección indefinida de los máximos dirigentes de Metrodelegados, punto que se criticaba en sus orígenes y que luego Pianelli y Segovia lograron incorporar en el estatuto sindical.
La idea de acordar un programa entre el oficialismo y la izquierda como condición para ir juntos a las elecciones, sin embargo, no prosperó. En el trotskismo de los subtes son lapidarios: “Vemos que la pelea de ellos es por el sillón, pero nuestra discusión no es por los cargos sino por definir qué clase de organización sindical queremos construir, qué herramienta necesitamos en esta situación crítica para los trabajadores, que para nosotros debe ser democrática, participativa y combativa”, dijo un referente de una de las fracciones duras del sindicato.

Aun así, la izquierda tiene su propia interna. Hay una clásica rivalidad entre el PTS y el PO, que, aunque se unieron hace 4 años para darle batalla a Pianelli-Segovia desde la Lista Multicolor, en estas últimas semanas amagó con profundizarse porque el Partido Obrero vetó la propuesta del PTS de buscar una lista de unidad con las dos fracciones en que se divide el oficialismo.
El fracaso de la unificación electoral en Metrodelegados logró que la izquierda volviera a asociarse para las elecciones del 26 de noviembre detrás de la candidatura de Dellecarbonara a secretario general, pero en hay agrupaciones minoritarias del sector combativo de los subtes que podrían quedar afuera de ese acuerdo.
Se mantendrá hasta la medianoche de este viernes la intriga sobre cómo quedará desplegado el tablero final para las elecciones en este sindicato de 1500 afiliados y decisiva influencia en la actividad de los subtes. Pero puede convertirse en un test que medirá la fortaleza de todo el gremialismo combativo y en una señal que tomarán en cuenta los gobiernos nacional y porteño.
POLITICA
Ley de tierras: con los DNU no hay caso

El martes, la Corte Suprema rechazó la demanda de los veteranos de Malvinas que buscaban mantener vigente la ley de tierras. Aclaró expresamente que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad de su derogación, sino sobre una cuestión procesal: quienes demandaron no podían demandar. El resultado es que ya no rige el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros.
El episodio cifra buena parte de nuestros problemas institucionales. Las reglas que nos hemos dado para controlar al poder se nos desbordan frente a la persistencia de su abuso por parte de los presidentes argentinos y la pasividad del Congreso que debería controlarlo. La razón formal que dio la Corte para rechazar la demanda es consistente con su jurisprudencia, pero tal vez no capture las necesidades de este tiempo. Intentaré brindar cinco reflexiones breves acerca de la relación entre este fallo y el ejercicio del poder en la Argentina.
1. Al César lo que es del César. La Corte no derogó la ley de tierras. Javier Milei derogó la Ley de Tierras, de un plumazo, en un DNU ómnibus, junto con tantas otras leyes que habían sido sancionadas por amplias mayorías de varios Congresos. La opinión pública, abrumada por un decreto kilométrico, no reaccionó en ese momento como lo haría cuando el asunto ganó visibilidad. La Cámara de Diputados se negó a tratar el DNU y lo dejó vigente, al menos hasta ahora. El Senado sí lo rechazó, pero es gracias al mismo Senado que eso no alcanza: la Ley 26.122, de 2006, exige que ambas cámaras rechacen un DNU para que este caiga. Los que presentan proyectos para reformar esta ley siendo oposición, los olvidan siendo oficialismo.
2. Quién custodia a los custodios. La Corte no supo, no pudo o no quiso poner un límite a esta práctica consolidada. El tribunal mantiene en esta materia una ambigüedad desesperante: desde el fallo Verrocchi, de 1999, hasta hace poco en Cencosud, ha sido categórico al invalidar DNUs de presidentes en pantuflas. La lección es que a un presidente en ejercicio no se lo molesta mientras está ocupado gobernando por DNU. Milei tomó nota: no firmó solamente el DNU 70 (el más extenso de la historia, por lejos), sino que firmó casi un DNU por semana. Tomó deuda por DNU. Permitió el ingreso de tropas por DNU. Puso en venta la ciudadanía argentina por DNU (el 366/25, que la Cámara Electoral ya declaró nulo y que también la Corte tiene a resolver). Todo abiertamente inconstitucional. Y aquí no ha pasado nada.
3. Mientras el lobo no está. Desde la Corte Suprema se escuchan voces que afirman buscar que la política solucione sus problemas por sí sola. Suena razonable hasta que se ve cómo ha funcionado. Los juegos, si es que la política es uno, tienen reglas, y si los jugadores las incumplen, ya no están jugando. Que la política resuelva sus conflictos sola cuando un sector está abusando de su poder equivale a pedirle a un equipo que haga goles cuando los rivales se robaron la pelota. Si la intervención de la Corte ha de tener algún sentido, es precisamente el de asegurar que las reglas de la política se respeten. Recién cuando ello ocurre es que se justifica la deferencia hacia sus resultados. Pensemos, si no, lo que ocurrió en este caso: con el fallo, quedó vigente una derogación que había sido rechazada por el Senado dos veces (al repudiar el DNU 70 y al negarse a siquiera morigerar la ley de tierras). Paradójico: al dejar jugar a la política, se mantuvo vigente lo que la política había rechazado.
4. Cancha inclinada. La Corte rechazó la demanda afirmando que los excombatientes carecían de legitimación procesal (es decir, de conexión concreta con el asunto). En esto, no innovó, sino que mantuvo una línea jurisprudencial histórica (aunque con notables excepciones, como la que permitió a una agrupación católica impedir la venta de la “pastilla del día después” o a una asociación de abogados cuestionar la conformación del Consejo de la Magistratura). A esta limitación se le atribuye una virtud democrática: al exigir una afectación concreta, dice la doctrina tradicional, se impide trasladar cualquier disputa política a la Justicia.
Sin embargo, a pesar de esta apariencia aséptica, conviene recordar que en la época actual esta doctrina tradicional sobre legitimación procesal termina por inclinar la cancha en favor de gobiernos desreguladores. Es sencillo de entender. Cuando el Estado regula una actividad, los costos caen sobre personas específicas que podrán cuestionarlos judicialmente. En cambio, cuando se desregula, se distribuyen a toda la población, sin que nadie pueda tener una afectación lo suficientemente directa para quejarse.
La Ley de Tierras es el ejemplo perfecto: bajo la ortodoxia actual, alguien a quien la ley impida vender su tierra a extranjeros sin dudas podría recurrir a un juez. La ley se vuelve cuestionable, su derogación no. Lo mismo pasa con los impuestos. Si a alguien le suben los impuestos, podrá reclamar, ¿pero quién podrá quejarse de que a otro no le cobren, aunque sea, por ejemplo, con una expansión por decreto de un blanqueo a parientes de funcionarios? Por supuesto, la baja de la recaudación afectará a todo el resto, y particularmente a los sectores más vulnerables, pero a ellos la Corte los mandará con sus planteos al Congreso, donde también les cuesta entrar. A quienes se les cobre un impuesto a las grandes fortunas, en cambio, se los escuchará con atención, a pesar de que son también quienes tienen mayor acceso al Congreso. Mateo 25:29: al que tiene se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, aun lo poco que tiene se le quitará.
5. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La Corte Suprema tradicionalmente ha buscado ampliar su ámbito de discrecionalidad, y el Congreso la ha ayudado en esa tarea. Desde hace mucho, la Corte elige qué causas falla (si quiere, puede simplemente negarse a expedirse sobre cualquier tema) y cuándo lo hace (no tiene plazos ni agenda). Lo que no puede es evitar las consecuencias: con semejante poder, la Corte eligió fallar esta causa y fallarla ahora, semanas después de que la derogación de la ley de tierras fracasara en el Senado pero antes de expedirse sobre el fondo del DNU 70. Habrá tenido sus motivos. Lo que acaso permanezca como enseñanza es que limitar la discrecionalidad de la Corte, paradójicamente, pueda legitimarla: removería las sospechas recurrentes, aunque no siempre justificadas, sobre por qué elige fallar en tal o cual momento y concentraría la atención sobre el contenido de sus decisiones. Tal vez sea hora de hacerlo.
Profesor de derecho constitucional (Universidad Torcuato Di Tella) y de derechos fundamentales (Universidad de San Andrés)
Sebastián Guidi,LA NACION,Política
POLITICA
Una de las mayores empresas globales de servicios petroleros ratificó que no operará en Malvinas ni en Sea Lion

La empresaa Halliburton, una de las principales firmas que provee la tecnología, los equipos y el personal especializado para la extracción petrolera, ratificó hoy que no trabajará en el proyecto Sea Lion ni participará en ninguna actividad de exploración y producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas o sus aguas circundantes, según informó Reuters.
La ratificación no es un gesto espontáneo: responde a un requerimiento directo del gobierno argentino en el marco de una ofensiva legal y diplomática que la Cancillería desplegó durante septiembre contra las empresas vinculadas al yacimiento.
Según se informó, el proveedor de servicios petroleros se comunicó con las autoridades argentinas, quienes habían planteado dudas sobre la posible participación de la empresa en el proyecto y sobre la aplicación de la legislación vigente y propuesta en relación con las actividades en el territorio en disputa.
La declaración se conoce despues de que el presidente argentino, Javier Milei, intensificó la reivindicación del país sobre las islas Malvinas con sanciones para las empresas implicadas en la explotación petrolera del territorio británico de ultramar.
Tras la cadena nacional, y la amenaza a las empresas que provean de lógisticas a las petroleras que operan en Sea Lion, la filial local de Halliburton ya había notificado el pasado 5 de septiembre su decisión de no participar en proyectos en Malvinas.
En el marco de la escalada de tensión política y diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía en Malvinas y el control del petroleo, la Cancillería distribuyó cerca de 180 notificaciones formales a firmas de servicios petroleros de todo el mundo, advirtiéndoles que cualquier colaboración con Sea Lion las dejaría inhabilitadas para operar en Vaca Muerta, la formación de hidrocarburos no convencionales con epicentro en Neuquén que produce más de 600.000 barriles diarios.

Esa advertencia ya había tenido efecto en septiembre, cuando SLB (antes Schlumberger) y Baker Hughes hicieron públicos comunicados en igual sentido que el de Halliburton. Las tres compañías concentran la mayor parte de la capacidad técnica global para perforaciones mar adentro de la escala que requiere Sea Lion.
La presión sobre Sea Lion no se limita al plano administrativo. A mediados de septiembre, la jueza federal de Tierra del Fuego, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que ordenó a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum suspender cualquier acto material vinculado al proyecto, incluidas perforaciones, infraestructura submarina, ductos y extracción comercial. La medida se fundó en la ausencia de una evaluación de impacto ambiental validada por las autoridades nacionales argentinas. El propio fallo reconoció que su efectividad práctica depende de la cooperación internacional, dado que el proyecto opera bajo licencias británicas.
En paralelo, el canciller Pablo Quirno presentó una denuncia penal contra cinco firmas vinculadas a Navitas Petroleum —entre ellas sus subsidiarias directas y la canadiense Eco (Atlantic) Oil & Gas— por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina. La ley argentina prevé para estos casos penas de hasta 20 años de inhabilitación y 15 años de prisión. El proceso sancionatorio alcanza en total a unas 60 personas y empresas, entre operadores, accionistas, ejecutivos y proveedores estratégicos de países como el Reino Unido, Israel, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, los Países Bajos y Suecia.
El paso más audaz llegó el 30 de agosto, cuando Argentina notificó formalmente al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y le otorgó un plazo de 14 días para paralizar las operaciones. “Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, escribió Milei en X. De no mediar una respuesta, Argentina avanzará con una demanda formal ante ese tribunal, con sede en Hamburgo.
Sea Lion,islas Malvinas,océano Atlántico,plataforma petrolera
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