El funcionario que sabe de trampas suele salir impune. El que no sabe que no sabe, va preso. Y el que sabe que no sabe, acude a los “facilitadores profesionales”. Contadores, abogados, financistas, empresarios, escribanos y otros expertos en el opaco arte de ocultar el origen y los movimientos de fondos ilícitos. Son los “sherpas” de la corrupción, la evasión y el lavado de activos.

Algunos de esos “facilitadores profesionales” son conocidos e, incluso, han confesado sus crímenes. Como el financista Ernesto Clarens, clave para entender el trasiego de fortunas en efectivo durante el kirchnerismo. O el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares. O el otrora presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Enrique Wagner, que incluso articuló la cartelización del sector y el pago de sobornos. O el español Manuel Vázquez, quien le explicó a su socio en un correo electrónico que debían coordinar toda la operatoria paralela, de principio a fin, para beneficio del entonces secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y de ellos: “Antes que nada quiero que tengas presente algo que creo que te he repetido en diferentes ocasiones: nuestro mandante y su séquito cercano son pueblerinos”, le aclaró, “y aunque no parezca creíble: no saben cómo hacer esto”.

En sentido estricto, “facilitadores profesionales” son aquellos que “ayudan a diseñar el andamiaje de las estructuras fiscales y financieras utilizadas para evadir impuestos y cometer otros delitos financieros”, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Sea con estructuras offshore, fideicomisos y testaferros o circuitos informales de transferencia de valor. Pero en sentido amplio, también abarca, por ejemplo, a los “cueveros” que ayudan a mover fortunas por el circuito negro.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene, incluso, tipologías específicas sobre este fenómeno —que denomina “professional money laundering”— y en sus evaluaciones mutuas más recientes ha señalado a la Argentina por la debilidad en la persecución de estos actores, pese a que la normativa local los alcanza: la Resolución UIF 156/2018 y sus actualizaciones imponen a contadores, escribanos y abogados la obligación de reportar operaciones sospechosas como “sujetos obligados”.

La Justicia investiga ahora, por ejemplo, si Orlando Rodolfo Mellino es un ejemplo de este tipo singular de “sherpas” o es solo un “pasamanos”. Jubilado de 75 años, recibió más de US$ 1 millón en activos digitales de Hayden Davis el 30 de enero de 2025, apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en X que el estadounidense lo estaba “asesorando” en temas de blockchain junto a una “selfie” juntos. Y Mellino los transfirió a otras cuentas aún no identificadas.

Miguel Ángel Calvete es otro ejemplo, con otro perfil. Dentro y alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se movió con dos sombreros simultáneos, según dictaminó el fiscal federal Franco Picardi. Actuó “como articulador de las adjudicaciones y beneficiario directo de los retornos derivados de las contrataciones” y se encargó de explicarles a los funcionarios cómo era el circuito ilegal, además de entregarles sumas de dinero, como al entonces titular de la agencia –y abogado particular de Milei–, Diego Spagnuolo.

La mayoría de los “sherpas”, sin embargo, niega un malhacer. Remarcan que se limitan a proveer servicios y que si alguien cometió un delito, fueron sus clientes, no ellos. Lo argumentó Adriana Nechevenko, la escribana del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que antes prestó servicios para clientes que terminaron condenados por narcotráfico. Y lo mismo argumentó otro escribano, Juan Bautista Derrasaga, cuya firma aparece en la creación de sociedades “pantalla” vinculadas al Polo Obrero, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, IOMA y los Panamá Papers, con analfabetos y desocupados como parte de la maniobra, según distintas investigaciones judiciales y periodísticas.

Ciertas empresas o bancos también prestan esa asistencia profesional. Como la filial en la Argentina del banco BNP Paribas, que montó una “cueva” en Alem y Córdoba para fugar del país dinero de sus clientes, según reconstruyó el juez Osvaldo Rappa. O HSBC, como expuso el filtrador o ”whistleblower” Hervé Falciani. O el gigante brasileño Odebrecht, que compró la filial en Antigua y Barbuda del banco Meinl Bank para sus tropelías y las de los sobornados. O el JP Morgan, según reveló el otrora ejecutivo de ese banco, Hernán Arbizu.

Otro “facilitador profesional” argentino que terminó contra las cuerdas en Estados Unidos fue el exCEO de Torneos, Alejandro Burzaco. “Participé en el pago de coimas desde que arranqué como accionista de Torneos, accionista directo en 2005 hasta 2014. El propósito de nuestro diálogo era arreglar; discutir los mecanismos bajo los cuales la coima iba a ser pagada; confirmar, en otros casos, que la coima hubiera sido correctamente recibida. Pedir sus acciones o su influencia, incluso que la coima fuera pagada para ciertos contratos; firmar; extender; proteger; no rescindir, como en cada caso y en cada momento de mi vida en este negocio. Creo que esto es un buen resumen”, resumió ante una Corte federal de Nueva York, a fines de 2017.

Algunos profesionales tienen recorridos más turbulentos. La escribana Ana Cristina Palesa, por ejemplo, figura en la trama de Lázaro Báez y su familia, y antes apareció en otras causas criminales. Por ejemplo, “en la conformación y gestión de sociedades vinculadas con Carlos Alberto Salvatore”, según detalló un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en alusión a un condenado en la megacausa “Carbón Blanco”, una de las mayores investigaciones por narcotráfico del país.

El juez federal Sebastián Casanello es uno de los magistrados que más ha intentado avanzar sobre estos “sherpas”, con suerte dispar. Además de procesar al otrora máximo contralor por el Estado de las concesiones viales durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, uno de sus dos hijos y uno de sus presuntos testaferros por el lavado de cerca de US$ 1,5 millón a través de Uruguay, avanzó contra dos operadores financieros uruguayos, Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, y los argentinos Eduardo Roca y Horacio Díaz Sieiro.

Sin embargo, tanto en el caso de Palesa, como con Pérez Montero, Ribeiro Ricci, Roca y Díaz Sieiro, la Cámara Federal revocó los procesamientos. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que el trabajo que realizaron “no constituye por sí solo un involucramiento directo en los pormenores de las actividades cuestionadas”. En otras palabras, impusieron un estándar complejo: para condenar a un facilitador no bastaría con probar que estructuró una operación ilícita, sino que conocía el destino criminal de los fondos y actuó con dolo directo. Ese nudo gordiano -demostrar que sabían exactamente lo que hacían- es, en la práctica, el mayor escudo de los “sherpas”.

Ese fue el planteo exculpatorio del abogado de Derrasaga cuando lo consultó . “Derrasaga se dedica a armar esqueletos societarios de acuerdo al marco jurídico establecido por la ley para que las empresas puedan funcionar”, afirmó el letrado Adrián Rodríguez Díaz. Su cliente, remarcó, actuó “a requerimiento de personas que cuentan con el capital [para conformar una sociedad] y en base los requisitos legales para hacerlo”. Por ese motivo, adujo, el escribano pudo “perfectamente no saber quiénes son las personas que van a usar esas empresas y cómo van a usarlas”.

Ese argumento es habitual entre los “facilitadores profesionales” cuando sus nombres salen a la superficie. “Nosotros vendemos sociedades vírgenes, sin movimientos, como los fabricantes de autos. Después, qué hace cada uno con el auto, si matan a alguien o salen campeones de una carrera, no es responsabilidad nuestra”, argumentó otro contador uruguayo, Fernando Castagno Schickendantz, ante la consulta de , en 2012, en plena investigación del “caso Ciccone”.

La prestación de estos servicios, cabe aclarar, atraviesa distintos gobiernos y signos políticos. Puede atestiguarlo el estudio contable uruguayo de la familia Macri, Lussich Torrendel y Asociados, que junto al buffet panameño Mossack Fonseca participó en la creación y gestión de la sociedad offshore BF Corporation, que derivó en un reporte de operación sospechosa (ROS) emitido por el UBS Deutschland y analizado por la Fiscalía de Hamburgo. ¿Por qué? Porque requirieron el traspaso de fondos que no habrían sido debidamente justificados al banco suizo J Safra Sarasin y proceder “a destruir toda la documentación” vinculada a esa cuenta.

Sin embargo, no todos los “sherpas” profesionales salen indemnes. Por ejemplo, hubo dos ejecutivos del banco suizo Lombard Odier, Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, que terminaron condenados en la Argentina a 4 años y medio y 3 años de prisión, respectivamente, por su participación en “la conformación de la estructura societaria y bancaria en el extranjero y la expatriación del dinero a través de las financieras”, que le permitió a Báez y su familia blanquear al menos US$ 60 millones.

En ese gris legal -entre la prestación de un servicio y la participación en un delito- es donde los “facilitadores profesionales” encuentran, muchas veces, su mejor refugio. Y el camino opaco que ayudan a recorrer a sus clientes es, en definitiva, el que garantiza su propia impunidad.