POLITICA
Sin votos para derogar las PASO, el Gobierno posterga el envío al Congreso de la Reforma Política
El jefe de los diputados, Martín Menem, ya le hizo saber al Poder Ejecutivo que no hay números reglamentarios para derogar las elecciones primarias, y por lo tanto habrá que activar el plan B: buscar, como en 2025, la suspensión de las PASO, un punto que la oposición dialoguista no está convencida de acompañar.
La Reforma Política con la que sueña el presidente Javier Milei, por ahora quedó descartada. La Libertad Avanza sabe que solo podrá acceder a que las elecciones PASO sean optativas, es decir, que se conviertan en una PAS (Primarias Abiertas y Simultaneas), si no convence a los aliados de suspenderlas. Los socios de la oposición dialoguista, el PRO y la UCR, ya le hicieron saber a La Libertad Avanza: “Hasta aquí llegamos”.
Paralelamente los radicales adelantaron que transformar las PASO en optativas no sería la mejor decisión, ya que está en baja la participación del electorado en las primarias y si se quita la obligatoriedad entienden que no va a ir nadie a votar.
“Queremos sacarle esa carga a la gente y reducir un gasto innecesario”, dicen desde el oficialismo. Pero para la oposición las elecciones primarias son fundamentales para ordenar el tablero interno en cada fuerza política, es posible que, por esa razón, La Libertad Avanza busque eliminarlas, argumentando costos económicos fiscales.
La insistencia del Presidente
La Reforma Política la planteó el Presidente Milei en la inauguración de las sesiones parlamentarias del pasado 1 de marzo ante el recinto colmado de diputados y senadores. También intentó avanzar con ella con el proyecto de Ley Bases, pero las diferencias internas y en pos de poder sancionar la norma, aceptó quitar el capitulo que reformulaba el sistema político, incluida la derogación de las PASO. El año pasado, en 2025, el Congreso solo logró suspenderlas para ese turno electoral, sin consenso para eliminarlas definitivamente.
“Necesitamos reformar integralmente el sistema electoral para que los representantes sean responsables ante sus representados. Y también cómo se financian los partidos, para dar mayor transparencia”, dijo Javier Milei cuando inauguró en marzo pasado las sesiones ordinarias del Parlamento.
Pero la iniciativa que está trabajando la Casa Rosada, y aún no define enviarla al Congreso incluye, además, modificar el financiamiento de los partidos; introducir cambios en la Boleta Única de Papel para permitir votar lista completa; y coordinar un calendario electoral unificado con las provincias para 2027.
Uno de los puntos más sensibles es el fin del financiamiento público de partidos y campañas, que sería reemplazado por aportes privados, donaciones y cuotas de afiliados. La propuesta genera resistencia en los partidos tradicionales.
Cualquier modificación requiere acuerdos amplios. Según el artículo 77 de la Constitución Nacional, los cambios en el régimen electoral deben aprobarse por mayoría absoluta en ambas cámaras: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.
La necesidad de acuerdos
La Mesa Política de Casa de Gobierno que lidera el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que la conforman la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Interior, Diego Santilli, el diputado Martín Menem, la senadora Patricia Bullrich, y los secretarios, Ignacio Devitt, y Eduardo Lule Menem, de Asuntos Estratégicos y de la presidencia, respectivamente, no dieron, este viernes, el visto bueno como para enviar el proyecto al Parlamento.
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Es que el poroteo previo les da que suman a sus propios 95 diputados libertarios, a un puñado de referentes de Fuerzas Provinciales, y la decisión del gobernador radical del Chaco, Leandro Zdero, quien presentó ante su legislatura un proyecto para dejar sin efecto las primarias y ahorrar cuatro mil millones de pesos del proceso electoral, sumaría el respaldo, de dos diputados UCR, Gerardo Cipollini y Guillermo Agüero. El resto estaría por la negativa.
Sin el PRO de Critian Ritondo y sin la UCR en su totalidad, tampoco se suman los diputados del MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone.
Incluso el presidente de la Unión Cívica Radical de Córdoba, Marcos Ferrer, planteó una interna abierta para toda la oposición al gobierno provincial del peronista Martín Llaryora, con el objetivo de elegir los candidatos para 2027 en la provincia mediterránea. Ferrer destacó como virtudes de la elección primaria que, “es democrática; permite que decidan los independientes, y no un grupo de dirigentes ni los aparatos, y puede hacerse una campaña breve y austera”, validando los procesos electorales de primer término en las fuerzas y frentes políticos.
El rol de Diego Santilli
El ministro del Interior es otro de los engranajes fundamentales desde el Gobierno para sumar voluntades a las cámaras legislativas. En sus reuniones con los gobernadores les insiste en dos objetivos: la eliminación de las PASO y la unificación del calendario electoral para 2027. Dos tareas titánicas para el exdiputado nacional del PRO.
Los encuentros ya comenzaron hace dos semanas encontrándose con los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo y de Río Negro, Alberto Weretilneck. Las conversaciones son preliminares, pero aún no generaron resultados positivos en relación con la eliminación de las PASO.
Hay expectativas por las posturas que puedan adoptar los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz y de Misiones, Hugo Passalacqua, de ellos dependen nueve diputados del bloque Innovación Federal.
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Otros sectores políticos están en plena discusión, a la espera del envío o no del proyecto del Poder Ejecutivo, en esa situación se encuentran los bloques de Provincias Unidas, Unión por la Patria, donde en 2025, hubo diputados que acompañaron la suspensión de las primarias, y la misma postura tuvo Miguel Pichetto de Encuentro Federal.
La Reforma Política por ahora seguirá a la espera de mayores respaldos para las intenciones del oficialismo.
reforma política, Diputados, Casa Rosada
POLITICA
El mensaje de Karina Milei tras las críticas de Patricia Bullrich a Manuel Adorni por su declaración jurada
Tras los últimos gestos de independencia política de Patricia Bullrich, que este jueves volvió a cuestionar públicamente a Manuel Adorni, Karina Milei publicó un mensaje de cumpleaños dirigido a la senadora para disipar tensiones en el Gobierno.
“Debatimos la agenda legislativa que tenemos por delante en una nueva reunión de la mesa política. Y no pasó desapercibido el cumpleaños de Patricia. ”¡FELIZ CUMPLE PATO!“, escribió la secretaria General de la Presidencia en sus redes acompañado de una foto del encuentro que se celebró este jueves en la Casa Rosada.
En ella se ve a Bullrich junto a una torta, soplando una vela. Junto a ella, toda la mesa política integrada por el asesor Santiago Caputo; el armador Eduardo Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El único ausente fue el ministro de Economía, Luis Caputo, que avisó que tenía un viaje por asuntos personales.
Las recientes diferenciaciones públicas de Bullrich y el intento del Gobierno de desescalar el conflicto
El mensaje de Karina Milei llegó horas después de que la senadora porteña volviera a cruzar al jefe de Gabinete por sus explicaciones sobre su patrimonio.
“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó a La Nación luego de que Adorni admitiera no haber declarado US$500 mil en sus declaraciones juradas. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó.
En ese contexto, el Gobierno se reunió este jueves bajo un paraguas de tensión, aunque fuentes oficiales buscaron disipar esa imagen para sacar el foco de la situación del jefe de Gabinete y retomar la agenda oficialista en el Congreso. “Salió todo bárbaro”, habían asegurado a TN tras el encuentro.
Pese a esa descripción, en el entorno de la senadora insistieron en los cuestionamientos hacia el ministro coordinador. Los roces internos de Bullrich con el Gobierno comenzaron un mes atrás, cuando en medio de la investigación patrimonial contra Adorni le exigió que presente cuanto antes su declaración jurada para poner fin al desgaste político.
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Semanas después, mientras el funcionariodemoraba su presentación ante la Oficina Anticorrupción, Bullrich decidió adelantar la suya en una maniobra que fue leída como un acto de presión.
Las diferenciaciones se profundizaron aún más cuando la jefa de la bancada oficialista comunicó que no acompañaría la decisión del Presidente de retirar un pliego de una aspirante a jueza por su parentesco con un periodista. Sin embargo, Karina Milei evitó escalar públicamente el conflicto en cada una de esas oportunidades.
En el Gobierno, la decisión es pasar de página lo antes posible para poder enfocarse en aprobar las reformas oficialistas en el Congreso. Sin embargo, en el horizonte aparece una nueva prueba para Manuel Adorni, quien este jueves anunció que asistirá al Senado en julio para brindar su segundo informe de gestión.
Karina Milei, Patricia Bullrich, Manuel Adorni
POLITICA
Ratifican que la Cámara en lo Penal Económico debe definir quién investigará a los presuntos testaferros de la AFA
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico debe resolver quién investigará a los dueños de la quinta de Pilar que se atribuye a la AFA: si los jueces porteños o el juez federal de Campana, Adrián González Charbay.
La Sala I de la Cámara Federal de Casación, integrada por Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como dueños de la quinta de Pilar que se adjudica a la AFA.
Como la Cámara de Casación había decidido que sea la Cámara en lo Penal Económico la que decida qué juez es competente, los imputados plantearon contra ese fallo un recurso extraordinario para llevar la discusión a la Corte Suprema de Justicia.
Ahora la Casación rechazó ese recurso extraordinario. A los imputados Pantano y su madre Costa les queda un recurso de queja para llevar su reclamo a la Corte.
Aquí se trata de resolver el conflicto de competencia entre el Juzgado en lo Penal Económico N° 10 y el Juzgado Federal de Campana para continuar con la investigación por lavado de dinero sobre la quinta de Pilar.
La denuncia fue de Elisa Carrió, del legislador Facundo Del Gaiso y Matías Yofe. La presentaron el 1 de diciembre del año pasado por el delito de lavado de activos, relacionado con la quinta ubicada en la dirección Misiones 4097, en Villa Rosa, localidad de Pilar.
Hace seis meses que se discute qué juez debe investigar a los dueños de esa quinta donde se hallaron medio centenar de vehículos de alta gama, caballos árabes y otros bienes que se vinculan con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino, entre ellos el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
El juez federal Daniel Rafecas avanzó hasta que se declaró incompetente y siguió su colega Marcelo Aguinsky en el fuero penal económico, hasta que la AFA logró llevar el caso al juzgado de Campana y ahora pareciera que regresa la causa al juzgado penal económico.
Quien quede a cargo de la pesquisa sobre el caso de la quinta probablemente investigue todas las causas de la AFA. En este expediente ya se apartaron dos jueces de la Cámara de Casación. Se trata de Carlos Mahiques, luego de que se denunció que festejó en esa quinta cercana a la AFA su cumpleaños, y de Daniel Petrone, que tuvo una relación social con uno de los imputados.
Inicialmente, y luego de un planteo de inhibitoria, se trabó una contienda de competencia entre la justicia en lo Penal Económico y el juez federal de Campana, que fue elevada por este último a la Cámara Federal de San Martín.
El juez federal Alberto Lugones ordenó que la causa sea investigada por el juez federal de Campana González Charby, por ser el magistrado con competencia territorial en el predio donde se ubicaba la mansión de Pilar.
Posteriormente, la causa llegó a la Cámara Federal de Casación Penal por el recurso del fiscal Carlos Cearras que mantuvo su colega Mario Villar de la Casación.
La Sala anuló el envío de la causa a San Martín y decidió que sea la Cámara Nacional en lo Penal Económico la que decida dónde queda el expediente.
Contra esa decisión, la defensa de los imputados interpuso el recurso extraordinario, que ahora fue declarado inadmisible por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Los jueces sostuvieron que no resultaba una sentencia definitiva ni equiparable y, por ende, no era admisible desde lo formal.
De esta manera quedó definido que será la Cámara en lo Penal Económico el órgano judicial que debe expedirse sobre el juez competente para continuar con las investigaciones.
Hernán Cappiello,Conforme a
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Millonario fraude al PAMI: lo detectaron nuevas auditorías en prestaciones de médicos de cabecera en todo el país
Nuevas auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, revelaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera en varias jurisdicciones del país que derivarían en un fraude millonario contra la obra social de los jubilados. Infobae tuvo acceso a los expedientes del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que documentan facturas que superan la capacidad horaria posible de atención y órdenes médicas emitidas a nombre de afiliados fallecidos, entre otras irregularidades. Como consecuencia de ello, la mayor obra social de América Latina realizó denuncias penales y, en algunos expedientes, se resolvió la retención preventiva de liquidaciones a los profesionales mientras continúan las investigaciones.
Los principales casos se registraron en Buenos Aires, Santa Fe y Chaco. Hay al menos siete profesionales de distintas jurisdicciones comprometidos, entre ellos un cardiólogo que prestaba servicio en Rosario y que ayer fue allanado por la Justicia.
El patrón detectado es sistemático: en todos los expedientes analizados, las prestaciones facturadas exceden con amplitud la cantidad máxima de consultas que cada profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional del organismo. Cuando esa brecha resulta significativa, el INSSJP dispone débitos o retenciones preventivas de pagos, y en los casos más graves, rescisiones de contrato y denuncias penales.
Allanamientos y fraude
Uno de los casos más extremo involucra a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, que el jueves fue allanado por la Policía Federal Argentina (PFA).
La maniobra que se investiga radica en la intervención del especialista M. G. A. El mismo afirmó haber atendido a más de 5000 afiliados de PAMI y haberles realizado más de 50.000 estudios y prácticas médicas entre los años 2023 y 2025, resultando llamativo que la mayor parte de esos afiliados residen en otras provincias.
El total de la defraudación rondaría los $700.000.000 de los cuales, aproximadamente, $580.000.000 fueron efectivamente abonados por PAMI al cardiólogo.
La investigación judicial determinó que el especialista “registraba en el sistema de la obra social múltiples atenciones a decenas de pacientes día a día, que incluían tanto la consulta inicial como una serie de estudios (electrocardiogramas, holter, etc.)”.
Los allanamientos —que alcanzaron los consultorios y el domicilio particular del médico— fueron autorizados por el juez de garantías Carlos Vera Barros a pedido de los fiscales Andrés Montefeltro y Virginia Sosa. La Oficina de Criminalidad Económica, a cargo del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo, conduce la causa junto a los fiscales coadyuvantes Soledad García, Montefeltro y Sosa, todos de la Unidad Fiscal Rosario. La investigación tuvo su origen en una actuación preliminar de la Unidad Fiscal de Investigaciones para Delitos Cometidos en el ámbito de Actuación del INSSJP (UFI-PAMI) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de que se detectara un grupo de afiliados que desconocían las consultas y prácticas que supuestamente les había realizado el médico.
Los casos detectados por las auditorías
En todos los expedientes analizados, las auditorías aplicaron el mismo criterio: calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que él mismo declaró en el sistema institucional, y contrastar ese número con las prestaciones efectivamente facturadas.
Lo que sigue son los expedientes relevados por este medio:
- Caso 1 M.G.A. UGL Rosario
La primera auditoría sobre este cardiólogo de Acebal se realizó en enero de 2025. El contrato fue dado de baja el 24 de julio de 2025. La revisión verificó que 10 afiliados con órdenes médicas electrónicas (OME) emitidas a su nombre desconocieron haber sido atendidos por el profesional.
Un informe adicional documentó prácticas supuestamente realizadas y facturadas durante julio de 2024 a afiliados que captaban en otras jurisdicciones. Entre las irregularidades más graves figura la emisión de órdenes médicas electrónicas a nombre de afiliados fallecidos.
- Caso 2, M.A.C. UGL III Córdoba
Se registraron órdenes médicas electrónicas realizadas y aceptadas el 14 de noviembre de 2024, pese a que había sido dado de baja por fallecimiento el 8 de ese mismo mes.
- Caso 3, J.R.C.
La auditoría detectó desvíos en las prestaciones del período mayo de 2025. La observación surge de la comparación entre las consultas facturadas y la capacidad máxima de atención calculada a partir de las horas que el propio prestador declaró en el sistema oficial. Como resultado, se dispuso un débito sobre las liquidaciones del período auditado.
- Caso 4 M.A.D.C.
Las auditorías determinaron inconsistencias que derivaron en un débito sobre las prestaciones del período analizado. La validación tomó como referencia las horas de atención informadas por el profesional y la cantidad máxima de consultas compatibles con esa disponibilidad.
- Caso 5 G.M.M.
Las verificaciones sobre la facturación del período auditado derivaron en la instrucción de aplicar un débito. La medida forma parte del proceso de revisión que contrasta las consultas registradas con la capacidad operativa declarada por cada médico de cabecera.
- Caso 6 A.R.S.
Las auditorías detectaron desvíos en las prestaciones presentadas por la profesional. Se ordenó un débito correspondiente a la liquidación del período analizado, tras el cruce entre las horas de atención declaradas y el volumen de consultas efectivamente facturadas.
- Caso 7 L.B.S.
A diferencia de los casos anteriores, el organismo dispuso una retención preventiva de pagos sin avanzar con la liquidación correspondiente mientras se desarrolla el proceso de auditoría.
La medida abarca prestaciones en tres agencias: Lanús, San Justo y Quilmes y los pagos quedaron suspendidos hasta la finalización de las revisiones.
Cada uno de los ejemplos anteriores se inscriben en un proceso de control más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.
En mayo de 2026, el INSSJP informó la baja de más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones que no cumplían los protocolos de higiene y seguridad. Según aclararon desde la obra social de los jubilados, el organismo “garantizó que esas medidas no interrumpirían los tratamientos de los afiliados”.
En noviembre de 2025, el INSSJP había denunciado ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados, lo que dio lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones.
En febrero pasado, auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar: uno de los casos documentados mostró a un prestador que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto ante una consulta de Infobae, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional.
El caso Tucumán
Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un poli consultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.
Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.
La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.
Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.
El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal
El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J. C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.
Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.
El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.
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