La causa por el vacunatorio VIP entró en una nueva ronda de indagatorias esta semana. El fiscal Eduardo Taiano convocó a 34 personas que recibieron la vacuna contra el Covid-19 de forma irregular y las considera partícipes necesarios del delito de peculado.

Las audiencias se extenderán hasta el 9 de diciembre. Entre los citados están el expresidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” Duhalde, y el periodista Horacio Verbitsky.

El expediente investiga irregularidades en la aplicación de las dosis durante la pandemia, cuando las vacunas eran un bien escaso. El escándalo derivó en la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. González García fue investigado, pero no llegó a ser procesado: murió a los 79 años.

Hasta ahora solo hay tres procesados: Marcelo Ariel Guille, ex secretario del ministro, Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, y Alejandro Maceira, exdirector del Hospital Posadas. La jueza de la causa es María Eugenia Capuchetti.

La nueva etapa arrancó el viernes 2 de octubre con la médica Lucía Antolini, que negó las acusaciones. Este lunes declaró Irene Ibon López.

Cómo siguen las audiencias

El resto del calendario quedó fijado así: Néstor Eduardo Mandraccio el 7 de octubre, Adriana Mónica Avella el 9, Rito Ramírez el 14, Horacio Alejandro Cortez el 16, y María Felisa Mango el 19.

En la segunda quincena de octubre y en noviembre siguen Marcelo Jorge Duhalde, el 21 de octubre, Celina María Isabel Vega, el 23, Claudio Daniel Pardo, el 26; María Alejandra Cottini el 28, Camilo Martelletti, el 2 de noviembre.

Inés del Carmen Páez Dalessandro el 4,Graciela Margarita Miranda, el 6, María de los Ángeles Domínguez el 9, Patricia Alsua el 11, Esteban Collazo el 13, Filomena Marta Burgos el 16, Jorge Héctor “Topo” Devoto el 18, y Hugo Curto, el 20.

Luego de 6 audiencias, este martes se escucharán los alegatos finales del juicio oral y público a Maximiliano Cabaleyro, el líder del Sindicato de Camioneros de San Nicolás, que está detenido por el bloqueo a la empresa familiar Rey Distribución de la ciudad de San Pedro, en febrero de 2021, acusado de los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión.

Cabaleyro fue a prisión hace cuatro años junto con Fernando Espíndola, otro representante de Camioneros, luego de que la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de ambos como responsables de los bloqueos del sindicato a Distribuidora Rey para que sus 35 empleados pasaran a estar encuadrados en sus filas y dejaran de estar afiliados en Comercio. Además, la Justicia encontró pruebas de pagos irregulares exigidos por los sindicalistas para dejar sin efecto la protesta.

Entre los diferentes testimonios del juicio se destacaron los que dieron los dueños de la pyme, Gustavo y Ariel Rey, quienes relataron los aprietes, amenazas y exigencias de dinero de Camioneros para permitirles trabajar y cómo cuando decidieron no pagar comenzaron los bloqueos, según el diario El Norte, de San Nicolás.

“Desde 2017 teníamos que pagarle al sindicato y cada vez que había elecciones un poco más, pero decidimos denunciarlos y enfrentarlos y por eso pasó todo esto; al desistir de los pagos comenzaron los bloqueos”, afirmó Gustavo Rey en una declaración que duró 5 horas.

Su hermano Ariel relató, por ejemplo, lo que le dijo Fernando Espíndola, el otro sindicalista imputado y detenido por el bloque y que fue considerado el recaudador de Camioneros. “Hacé como hacen todos tus colegas, que pagan un sueldo por mes. Esto funciona así: este es el kiosquito de Cabaleyro”, fue la frase en alusión al jefe de Camioneros en San Nicolás.

El empresario aseguró que la pérdida ocasionada entonces, calculada en alrededor de 12 millones y medio de pesos, equivaldría hoy a más de 370 millones de pesos, de acuerdo con cálculos basados en el INDEC.

Según el diario El Norte, Gustavo Rey se quebró en dos oportunidades recordando los hechos: “Fue una terrible embestida. Nos apretaban de todos lados. Llamaban a las empresas para que no nos abastezcan. Había que pagar lo que ellos decían”, remarcó. Y agregó: “La pasamos muy mal, somos una empresa familiar, hecha a fuerza de trabajo, tuvimos miedo de perder todo. Nosotros arrancamos de muy abajo. Yo empecé repartiendo sandwiches cuando apenas tenía 11 años”.

También declaró el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar, quien dijo que había intentado mediar entre el Sindicato de Camioneros y la empresa Rey Distribución, aunque afirmó que no le constó que hubiera existido un bloqueo de camiones en el acceso a la pyme.

Durante la audiencia se reprodujeron escuchas telefónicas entre el intendente y Cabaleyro. En uno de los audios se escucha a Salazar decir: “Acordamos con Catalano que vaya a tomar nota y diga que no hubo obstrucción”. Sería una alusión al comisario Juan Ramón Catalano, ex jefe de la Policía Comunal de San Pedro.

En otro tramo, Salazar, quien relató que habían ocupado cargos dirigenciales en el gremio de trabajadores rurales (UATRE), llama “compañero” a Cabaleyro.

La defensa de Cabaleyro concentró sus preguntas en las condiciones edilicias de la empresa las irregularidades y los incumplimientos laborales que, según su planteo, mantenía Distribuidora Rey. También buscó establecer que las exigencias de dinero no habían sido formuladas directamente por el dirigente sindical.

Un trabajador de mantenimiento incluso declaró haber presenciado la entrega de sobres que presuntamente contenían dinero a representantes gremiales.

Cabaleyro permaneció detenido con prisión preventiva desde mayo de 2022 y actualmente cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Está acusado junto con Espíndola de turbación de la posesión, coacción y extorsión por el bloqueo a la pyme.

Espíndola no participa del juicio porque acordó un procedimiento abreviado a comienzos de septiembre. El entendimiento entre el imputado, el fiscal y su defensor aguarda la homologación de la jueza Elena Baquedano y podría derivar en una pena máxima de 6 años de prisión.

Ante la etapa final del juicio, Florencia Arietto, abogada de la empresa, señaló a Infobae que “lo que quedó probado es el sistema extorsivo del sindicalismo argentino, especialmente liderado por Camioneros, y la verticalidad con la que trabajan, considerando que Espíndola era el delegado de Camioneros en San Pedro y respondía a Cabaleyro, titular del sindicato en San Nicolás, y a lo largo de las distintas escuchas telefónicas se mostró el desamparo de las empresas cuando dan la pelea contra la extorsión sindical”.

“En este caso quedó de manifiesto la complicidad del Ministerio de Trabajo, tanto de la delegación de San Pedro, como la de San Nicolás, e incluso del Ministerio de Trabajo bonaerense -remarcó-, porque Cabaleyro habló con todos los referentes, como la directora de Relaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo de la Provincia y en las escuchas queda de manifiesto que hasta le daba órdenes. La delegada de San Pedro en un momento le dice a Cabaleyro que debe dictar la conciliación obligatoria, y el dirigente le responde: “Yo no la voy a acatar”. Quedó demostrado que en ningún momento intentó resolver nada».

Para Arietto, el juicio en curso “es un punto de inflexión, es un caso bisagra de los tantos que tenemos a lo largo y a lo ancho del país, donde quedó demostrado que algunos sindicalistas utilizan una herramienta que debe ser la defensa de los trabajadores para hacer negocios personales, para violar la propiedad privada, porque básicamente se apropian de las empresas.”

La abogada Florencia Arietto, que representa a la familia Rey, fue una figura clave en el avance judicial contra quienes protagonizaron el bloqueo contra Distribuidora Rey. Y, además, fue una de las fundadoras del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), junto con Verónica Razzini, y diseñó la estrategia jurídica con la que desde 4 años se lograron fallos cruciales contra estas protestas.

Ariel y Gustavo Rey, con Florencia Arietto y Verónica Razzini

En un contexto que definieron como “particularmente difícil” para el sector de Discapacidad, representantes de la Conferencia Episcopal Argentina le pidieron este lunes al Gobierno prorrogar la emergencia en el sector hasta la sanción y reglamentación de una nueva ley, además de revisar los recortes incluidos en el Presupuesto 2027.

El planteo fue presentado a través de un documento entregado por los integrantes del Área de Discapacidad de la Comisión Episcopal de Pastoral Social a funcionarios del Ministerio de Salud durante el encuentro que se celebró esta mañana en la cartera.

Allí, la Iglesia advirtió el próximo vencimiento de la emergencia en discapacidad a fin de año. En ese escenario, el oficialismo consiguió en Diputados un dictamen de mayoría, con 42 firmas, para reemplazarla por un esquema permanente, mientras que la oposición reunió 36 firmas para prorrogarla. Sin embargo, para las autoridades religiosas existe “un serio riesgo” de que el proceso legislativo no termine antes del 31 de diciembre y el sistema quede sin marco legal, con la planificación de las prestaciones de 2027 ya en marcha.

En ese sentido, el documento reconoce que el proyecto oficial tiene aspectos que pueden valorarse como mejoras, pero cuestiona que una ley permanente “se apruebe a costa de cerrar anticipadamente la emergencia o de reducir derechos adquiridos”. También pidió que se consulte a las personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los profesionales, según lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y reclamó que cualquier transición respete el principio de no regresividad.

En paralelo, el documento apunta a las obligaciones pendientes de la ley vigente. La Iglesia reclamó que se concrete la compensación por el período de diciembre de 2023 a diciembre de 2024, que representa una actualización del 30,67% y que debía convertirse en la base arancelaria desde el 1° de enero de 2025. Según el texto, ese ajuste no se trasladó al sistema, por lo que las prestaciones siguen atrasadas frente a los costos reales.

A eso sumó otros incumplimientos: el estudio de costos previsto por la norma y las medidas para que ARCA condone intereses y multas a los prestadores. Además cuestionó una resolución que dejó fuera de la compensación a ciertas obras sociales sindicales, prepagas y obras sociales no sindicales.

En materia de pensiones, la Iglesia subrayó que hay más de 200.000 trámites pendientes, frente a menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años. “Los tiempos administrativos no son neutros”, sostuvieron desde la Iglesia, que remarcó el impacto de las demoras en la autonomía y el acceso a otros derechos.

A su vez, la CEA pidió revisar los artículos 36 a 41 del Presupuesto 2027, que “podrían afectar de manera sustancial el sistema de derechos” de las personas con discapacidad y contradicen tanto la ley vigente como el proyecto en debate.