POLITICA
Milei envió un proyecto a Diputados para regular el lobby y obligar a transparentar reuniones con funcionarios
El Poder Ejecutivo envió a Diputados un proyecto para regular la actividad conocida como lobby y crear un régimen obligatorio de registro de reuniones, contactos e intermediaciones entre funcionarios públicos y actores privados. La iniciativa, titulada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, alcanza tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo y obliga a transparentar quién busca influir sobre decisiones públicas, en nombre de quién y sobre qué temas.
“Es una actividad legítima que permite que diferentes sectores económicos y sociales acerquen sus diferentes propuestas y necesidades a los tomadores de decisiones públicas”, sostiene el proyecto en sus fundamentos. Allí también aparecen conceptos poco habituales en el discurso libertario, como “transparencia”, “control público”, “previsibilidad” y “publicidad”, más ligados con sus aliados de Pro y la UCR.
En el oficialismo, sin embargo, aseguran que la propuesta está inspirada en el modelo de regulación vigente en Estados Unidos.
“La ausencia de una regulación sistemática en esta materia ha generado, históricamente, espacios de opacidad que afectan la confianza en el funcionamiento del Estado”, argumenta el texto enviado al Congreso.
El proyecto crea dos herramientas centrales. Por un lado, un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse obligatoriamente todas las personas físicas o jurídicas que quieran ejercer la actividad. Por otro, un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar cada contacto mantenido con lobistas, detallando fecha, participantes, organismo involucrado y tema tratado.
La definición de “gestión de intereses” es amplia. Incluye cualquier actividad destinada a influir sobre decisiones públicas: desde leyes y regulaciones hasta contrataciones, subsidios, beneficios fiscales, licencias, concesiones o designaciones. También alcanza a quienes actúen en representación de terceros, de manera gratuita u onerosa.
El régimen obliga a los gestores a informar quiénes son sus clientes o beneficiarios finales, sobre qué asuntos buscan incidir y si representan intereses extranjeros. Además, deberán presentar reportes trimestrales con el detalle de todas las gestiones realizadas.
La iniciativa también establece incompatibilidades. Los funcionarios públicos no podrán actuar como gestores de intereses mientras ejerzan cargos en el Estado y, una vez que abandonen la función pública, tendrán una prohibición de dos años para realizar lobby ante el organismo donde trabajaron o sobre asuntos en los que hubieran intervenido. La restricción se extiende a empresas bajo su control.
Uno de los capítulos más sensibles está dedicado a la gestión de intereses extranjeros. El proyecto obliga a declarar expresamente cuando la actividad se realiza en representación de gobiernos, empresas, partidos políticos o personas del exterior. En esos casos, la autoridad de aplicación podrá exigir documentación adicional y reportes especiales por razones vinculadas a defensa, seguridad, inteligencia o relaciones exteriores.
El texto prevé además sanciones administrativas y penales. Las multas pueden ir desde cinco hasta 500 salarios mínimos y escalar hasta 2000 salarios mínimos en casos de ocultamiento de intereses extranjeros o reincidencia. También contempla penas de prisión -de seis meses a tres años- para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos, oculten beneficiarios reales o actúen clandestinamente en representación de intereses extranjeros en áreas sensibles como defensa, recursos naturales o infraestructura crítica.
La iniciativa ya despertó cuestionamientos opositores. El diputado Esteban Paulón (Socialismo) sostuvo en X que el Gobierno impulsa la regulación “tarde”, después de la aprobación de proyectos que, según planteó, reflejaron la influencia de sectores empresarios y corporativos. También vinculó la iniciativa con el denominado “Super RIGI”, al que definió como un proyecto alineado con intereses privados extranjeros.
El proyecto lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros, Diego Santilli (Interior) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).
@JMilei,pic.twitter.com/mp7R3kZhTg,May 26, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,Cuadernos de las Coimas. La expareja de Centeno dijo que fue testaferro de él y que Baratta “hizo desaparecer” anotaciones,,Caso Sur Finanzas. Ariel Vallejo habló antes de declarar ante la Justicia: “No me detengo en traiciones”,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,Congreso Nacional,,Lobby, regulación y fútbol. El proyecto de Milei contra la ludopatía evita tocar el corazón del negocio de las apuestas,,»Celestes» vs. «verdes». El oficialismo anuló el concurso para la Defensoría del Niño y reabre la disputa por el perfil del cargo,,¿El fin del etiquetado frontal? Esto es lo que se sabe del nuevo proyecto que el Gobierno enviará al Congreso
POLITICA
Causa SIRA: un hotel de lujo en Tandil aparece como presunto destino de los millones obtenidos con el dólar oficial
La causa judicial sobre las presuntas maniobras con el sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el dólar oficial durante el gobierno de Alberto Fernández podría abrir una nueva línea de investigación centrada en el destino de los fondos obtenidos a través de esas operatorias.
TN accedió en exclusiva a la declaración de un testigo que aporta nuevas pruebas sobre una presunta segunda etapa de la maniobra investigada por la Justicia: el blanqueo de fondos obtenidos a través de operaciones con el dólar oficial entre 2022 y 2023, una trama que comprometería al menos a exfuncionarios del Banco Central (BCRA).
Este testimonio coincide con Francisco Hauque, el financista y exsocio de Elías Piccirillo, también imputado en esta causa, reveló el viernes en ¿La Ves? (TN) algunos detalles sobre los supuestos vínculos políticos detrás de la causa.
Hauque y el testigo coinciden que un desarrollo turístico iba a ser utilizado para absorber parte de los fondos generados por las maniobras investigadas en la causa del “rulo del dólar”. En ese proyecto aparecen vinculados la exfuncionaria del BCRA Valeria Fernández y el empresario Juan Agra.
“Valeria Fernández ganaba un millón de dólares por día. Iban a lavarla con un proyecto hotelero en Tandil», aseguró el financista.
Otra vez hoteles y bolsos con dólares
El emprendimiento está ubicado sobre la calle Mitre 664, en pleno centro de Tandil, según pudo saber TN. Se trata de una construcción que permanecía abandonada y que habría sido adquirida por Valeria Fernández y Agra, un exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y propietario de la agencia de cambio Mega Latina, investigada por la Justicia. Según el expediente, esa financiera retiró por ventanilla, entre 2022 y 2023, al menos $237 millones de dólares en efectivo.
El esquema de blanqueo de ese dinero incluía la compra y remodelación de este hotel de lujo, con el que solo se avanzó hasta la firma del boleto de compra-venta. La escrituración, según esta fuente, quedó pendiente por el cambio de escenario político generado por la derrota electoral del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
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De hecho, el exministro de economía aparece mencionado como parte de la operatoria. De acuerdo al relato del testigo, Agra “me dijo que trabajaba para Massa”.
Los encuentros se realizaban en una oficina de Agra y Valeria Fernández, ubicada sobre la calle San Martín, frente al Banco Provincia.
“Eran muy desprolijos. Estaban desbordados por la cantidad de dólares que les entraban a través de financieras por el rulo del dólar y las SIRA. Era común ver bolsos con dólares. Un día llegué y había fajos acomodados en el piso porque no había más lugar para guardarlos”, sostuvo el testigo y agregó: “La oficina era muy lujosa, pero nunca había movimiento”.
Por el momento, estas afirmaciones forman parte de declaraciones que deberán ser corroboradas en sede judicial. Sin embargo, la aparición de un desarrollo inmobiliario de gran magnitud como presunto destino de fondos vinculados a la causa incorpora un nuevo elemento a una investigación que busca reconstruir tanto el origen del dinero como su recorrido posterior.
El origen de la causa
La investigación intenta esclarecer los presuntos pagos de sobornos para acelerar la aprobación de las SIRA y posibles irregularidades en el acceso al dólar oficial durante la gestión Fernández y el entonces ministro Massa.
Según los elementos recolectados hasta ahora, se habrían abonado coimas de entre el 10 y el 15 por ciento para obtener aprobaciones en plazos de 24 horas, cuando los trámites demoraban hasta seis meses.
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La investigación se basa, entre otros elementos, en el análisis del celular de Martín Migueles, dueño de casas de cambio con vínculos con Piccirillo y Hauque.
En conversaciones de 2023 se alude de manera explícita al pago de porcentajes por la gestión acelerada de las SIRA. En paralelo, la causa examina operaciones con dólar oficial bajo el cepo cambiario, en las que intermediarios accedían a divisas a precio regulado para luego venderlas en el mercado paralelo con ganancias significativas.
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POLITICA
El Gobierno modificará por decreto el sistema de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia
El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques firmaron decreto que modifica el régimen de selección de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se publicará en el Boletín Oficial en las próximas horas.
La medida modifica lo establecido en el decreto 222 de 2003, firmado por Néstor Kirchner, y reduce instancias administrativas previas a la elevación de pliegos al Senado para su aprobación.
Entre los cambios más significativos, se elimina la recomendación de contemplar diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al proponer candidatos, suprime la publicación de antecedentes en el Boletín Oficial y en diarios de circulación nacional, y quita la etapa de recepción de observaciones e impugnaciones ciudadanas ante el Ministerio de Justicia.
El objetivo del gobierno es acortar los plazos y evitar superposiciones con el procedimiento que se desarrolla en la Cámara alta. Desde que asumió, Milei no pudo nombrar jueces en la Corte.
Según pudo saber TN, la reforma unifica los requisitos de información patrimonial y de cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, establece un plazo de cinco días para que los postulantes presenten sus declaraciones juradas de bienes conforme a la Ley de Ética Pública y fija un mecanismo específico para que ARCA informe sobre el estado de esas obligaciones.
En lugar de la publicación tradicional en el Boletín Oficial y dos diarios nacionales, los antecedentes se difundirán ahora en la página web oficial del Ministerio de Justicia, con plazos más breves. Desde el Ejecutivo aseguraron que estas modificaciones no afectan los mecanismos de publicidad, transparencia y participación ciudadana.
Cómo será el nuevo proceso
La normativa vigente hasta este decreto establecía un procedimiento que incluía la publicación del nombre y los antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. También preveía un plazo de 15 días para que ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales presentaran observaciones o impugnaciones fundadas ante el Ministerio de Justicia.
Tras esa etapa de evaluación, el Poder Ejecutivo elevaba el pliego al Senado, donde el candidato debía enfrentar otra ronda de impugnaciones y apoyos, además de una audiencia pública, y obtener el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes.
El nuevo decreto elimina la etapa de impugnaciones ciudadanas en el Ministerio de Justicia por considerar que constituye una duplicación con el procedimiento que ya se desarrolla en el Senado. También suprime la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos de circulación nacional y moderniza la difusión de la información, que se realizará exclusivamente a través de la página web oficial del Ministerio de Justicia con plazos más reducidos.
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La Corte Suprema funciona actualmente con tres integrantes, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, tras las vacantes generadas por la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021 y la de Juan Carlos Maqueda a fines de 2024.
Los intentos previos del Ejecutivo para cubrir las vacantes, como los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, enfrentaron extensos procesos de impugnaciones y no alcanzaron el respaldo de dos tercios necesario en el Senado. En ese marco, el nuevo decreto busca reducir los tiempos administrativos que, según fuentes oficiales, generaban duplicaciones sin agregar valor sustancial al control institucional.
Gobierno, Corte Suprema de Justicia, decreto
POLITICA
Casanello apela a la “ignorancia deliberada” y vuelve a procesar a dos “facilitadores profesionales” de la corrupción
El juez federal Sebastián Casanello procesó a dos “facilitadores profesionales” uruguayos acusados de intermediar en el lavado de sobornos en una trama de corrupción vial. Luego de tres intentos fallidos revocados por la Cámara Federal, el magistrado adoptó otro camino: reconfiguró el elemento subjetivo del delito y aplicó la doctrina de la “ignorancia deliberada”, que permite inferir el dolo aun sin prueba directa de conocimiento.
Los procesados son los uruguayos Daniel Pérez Montero y Mario Alberto Ribeiro Ricci, que por cuarta vez fueron procesados, acusados de actuar como engranajes técnicos que permitieron que un soborno de un millón de dólares que habría cobrado el titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi) durante el kirchnerismo, Gustavo Gentili, adquirieran apariencia de legalidad.
Tanto Pérez Montero como Ribeiro Ricci permanecerán en libertad, pero deberán afrontar embargos por $900 millones cada uno, a la espera de que la Cámara Federal porteña defina si revoca, por cuarta vez, los procesamientos que dictó Casanello, quien se apoyó en un dictamen del fiscal federal Carlos Rívolo.
Al frente del Occovi, Gentili controló −o debió controlar− los peajes en rutas nacionales durante años. Es decir, un circuito que movía miles de millones de pesos. Y desde allí, según reconstruyó la investigación judicial, habría cobrado retornos en licitaciones de los concesionarios de corredores viales, motivo por el que convocó intermediarios especializados en mover dinero negro.
Con procesamientos confirmados, tanto Gentili como otros acusados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un juicio oral, a diferencia de Pérez Montero y Ribeiro Ricci. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal consideró, repetidas veces, que no había evidencia directa suficiente para sostener que ambos conocieran el origen ilícito de los fondos.
Para sortear ese escollo, el juez Casanello sostuvo que no es necesario probar que los “facilitadores profesionales” conocían de modo directo el origen espurio del dinero que ayudaron a mover para Gentili cuando existen indicios contundentes de que ambos eligieron no saberlo. Es decir, que actuaron bajo una “ignorancia deliberada”, bajo una suerte de ceguera voluntaria.
Para la defensa de los acusados, el juez no aportó ningún argumento novedoso que justifique que la Cámara Federal cambie de parecer, además de calificar el planteo de la “ignorancia deliberada” como una categoría “experimental e incompatible” con el Derecho Penal y Constitucional argentino, “cuya aplicación al caso requeriría en todo caso de una base fáctica que, simplemente, no existe”.
El antecedente narco
El juez y el fiscal Carlos Rívolo disintieron con esa postura, para lo cual invocaron al antecedente de “Carbón Blanco”. Es decir, una investigación sobre narcotráfico donde la Justicia impuso condenas por lavado de activos con base en el dolo eventual y conocimiento inferido a partir de indicios objetivos.
Aplicado a la operatoria que tuvo a Gentili como protagonista central, Casanello remarcó, por ejemplo, que en julio de 2013, tres días antes de que se acreditaran un millón de dólares, la firma Aspen Trading Corp, que controlaban Pérez Montero y Rebeiro Ricci, firmó un recibo donde reconocía que a otra sociedad vehículo, Febaro SA, que no le adeudaba nada. Es decir, que se reconoció el pago antes de que el dinero existiera, lo que el juez interpretó como la evidencia misma de una simulación dirigida a facilitar el movimiento y blanqueo de fondos delictivos.
Los correos electrónicos secuestrados durante la investigación judicial revelan, además, la mecánica interna del esquema. En ellos, los involucrados hablaban de “la tarasca” y “los alfajores” para referirse al dinero. Y en uno de esos emails, Ricardo López Naón, otro de los acusados que colaboró con las maniobras bajo sospecha, alertó al resto: “Técnicamente es una donación del padre, pero no lo podemos decir porque si se escarba, ¡explota todo!”.
Las inspecciones que el Banco Central del Uruguay desarrolló sobre la sociedad de Pérez Montero y Ribeiro Ricci reforzaron, para el juez Casanello, la hipótesis de la “ignorancia deliberada”. ¿Por qué? Porque Pérez Montero −que trató a Gentili durante más de quince años− se negó en 2023 a entregar sus correos personales a los inspectores del BCU.
Ese no fue un hecho aislado. Años antes, en 2016, la sociedad de los facilitadores profesionales, Aspen Trading Corp, ya había sido sancionada por dificultar tareas de supervisión y carecer de controles antilavado adecuados. Y para Casanello, esa reiteración demuestra un patrón: se abocaron a borrar rastros supervisables como condición de funcionamiento del esquema.
Ahora, la Cámara Federal -con la integración de Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico- deberá definir si acepta el planteo de Casanello, con derivaciones que podrían ser sistémicas para abogados, contadores, financistas, escribanos, entre otros, sospechados de actuar como “sherpas” de la corrupción. La sofisticación técnica ya no protegería a los intermediarios; los expondría.
Hugo Alconada Mon,Conforme a
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