POLITICA
Milei insultó a Débora Plager basado en unas declaraciones de la periodista que sacó de contexto
El presidente Javier Milei asistió el jueves por la noche al programa Las Tres Anclas, del canal oficialista Carajo, y fue entrevistado por Daniel Parisini, el tuitero libertario conocido como Gordo Dan. En ese contexto, atacó con datos erróneos y con insultos a la periodista de LN+ Débora Plager por sus dichos sobre el caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester el mes pasado.
El titular del Ejecutivo, tal como hizo en otras ocasiones contra otros periodistas -a quienes insulta seguido-, tildó a Plager de ser “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de despenalización del aborto cuando se aprobó.
“Cuando aparecieron los ocho niños muertos en el hospital [en referencia al caso ocurrido en la Clínica Santa María de Villa Ballester], ella se enojó con el jurista [el fiscal Santiago Bridoux] y contó que fue al Congreso a defender la ley del aborto. Yo me pregunto cuál es su formación en temas de biología y bioética para ir a exponer siendo solo una periodista”, dijo.
Luego, expresó: “¿Tenemos idea de la desproporción mayúscula del ego de esa mujer hablando de algo que no tiene ni la más puta idea? Fue a hablar de algo de lo que no sabe. Le discute al jurista que la ley no decía eso y el fiscal dice ‘no, no, la ley dice esto’. No solo que es ignorante del tema del que fue a hablar y que es un irresponsable sino que además no conocía la ley que fue a defender”.
Y siguió: “Ella y todos los pañuelitos verde son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”.
En otro tramo de la entrevista, el Presidente relacionó las interrupciones de embarazos a la caída en la tasa de natalidad: “En términos de abortos, la Argentina hizo un desastre para que vos tengas semejante caída en la tasa de reproducción. Acá hay un genocidio y Plager es cómplice de eso. También la sorete [por la periodista] se queja de que las jubilaciones son una mierda”.
Sin embargo no hay evidencia de que nazcan menos hijos por los abortos. De acuerdo con la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación, la tasa de natalidad se encuentra en descenso desde 2014; la interrupción del embarazo se legalizó en 2020.
Pocos días antes, en el mismo streaming, los conductores apuntaron contra la periodista, quien dijo que las interrupciones realizadas en la clínica son “asesinatos” y no abortos porque los fetos tenían entre siete y ocho meses. En aquel entonces, durante su programa en LN+, Plager entrevistó al fiscal Santiago Bridoux, a cargo del caso de la menor de 12 años que fue abusada en Santiago del Estero y fue a realizarse la intervención a la clínica bonaerense. En ese mismo centro de salud, durante un allanamiento, fue que se produjo el hallazgo de los fetos.
Cuando el fiscal se refirió al hecho como un “aborto”, la periodista interrumpió. “Eso no es ni legal ni posible a los ocho meses de embarazo. No hay ningún aborto ni interrupción del embarazo posible, es un asesinato. Es un bebé de término. Yo fui una de las periodistas que fue a hablar al Congreso para que se promueva la Ley de Interrupción del Embarazo. Yo promoví desde mi lugar como comunicadora la legalización, pero a los ocho meses es un asesinato”, expresó Plager.
Tras pasar el recorte, desde el streaming Carajo esbozaron en una tergiversación de la frase: “Esta mina fue al Congreso, se paró en un estrado y dio las razones a los diputados de por qué votar la ley y no la leyó. Esto es lo que vos fuiste a defender y lo que vos no leíste. El que pueda defender esto es un animal. ¿Cuál es la diferencia entre 14 semanas con esto?“.
Los dichos de Milei contienen datos erróneos. El Presidente asegura que la Ley 27.610 legaliza los abortos en cualquier mes del embarazo. Eso no es así.
La ley permite interrumpir un embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive (aproximadamente tres meses y medio) sin necesidad de justificar la causa.
En paralelo, la norma especifica que después de la semana 14, la interrupción solo es legal en casos de violación o riesgo para la vida o salud de la madre.
Si bien en el caso de la menor de edad que interrumpió el embarazo es legal por tratarse de abuso sexual, se desconoce si el resto de las mujeres que fueron a hacerse el mismo procedimiento a la clínica bonaerense lo hicieron de manera ilegal.
Por otro lado, Milei protagonizó numerosos momentos de insultos a periodistas. Además de Plager, en Carajo criticó a Cecilia Boufflet en el marco del caso del diputado libertario que asistió al Congreso con un Tesla. El jefe de Estado desmintió que Martín Menem haya “retado” a Manuel Quintar por llegar con ese vehículo a las cercanías de la Cámara baja, en referencia a un posteo de la periodista.
Antes, en un diálogo con Neura, el Presidente se refirió al apodo que la diputada libertaria Lilia Lemoine le puso a su colega Marcela Pagano, disidente de La Libertad Avanza, «lechón iraní“.
Y también llamó a que los argentinos “entiendan que el camino es el de la libertad, y que no se tienen que comer todas las curvas que te arma esta banda de hijos de puta, porque no es solo el lechón iraní, sino sus socios en los medios, políticos y empresarios, y los opinólogos, que opinan por guita”.
Javier Milei,caso de los fetos hallados en una clínica de Villa Ballester,pic.twitter.com/RGEJv7WKYN,May 1, 2026,Javier Milei,Debora Plager,Conforme a,,Por el operativo en las villas. Jorge Macri cuestionó al gobierno bonaerense y Javier Alonso le salió al cruce: “No queremos nuevos Pequeño J”,,“No lo hice por ostentación”. Manuel Quintar detalló cuánto pagó por el Tesla y recordó su pasado en el peronismo,,En medio del caso Adorni. Milei defendió al diputado del Tesla y exigió que los periodistas presenten su patrimonio,Javier Milei,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: la inflación de abril y las novedades del caso Adorni,,90% de las acciones. El Gobierno publicó los pliegos para la privatización de AySA,,Tras el índice de abril. “El único dato que nos va a dejar cómodos es que sea cero”, dijo Milei sobre la inflación
POLITICA
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas luego de que repudiaran el inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio argentino. Asimismo, propusieron crear un sistema de seguridad nacional bajo conducción presidencial.
De acuerdo con la iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía), propone derogar la Ley N° 26.659, vigente desde 2011 para penalizar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en el área en disputa.
No obstante, las autoridades remarcaron que “la medida no se limita, como el régimen vigente, a las actividades hidrocarburíferas, sino que resulta aplicable a toda actividad no habilitada vinculada al aprovechamiento de recursos naturales, sean o no renovables”.
En este sentido, ese esquema plantea que toda explotación de recursos naturales renovables y no renovables realizada en las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, sus espacios marítimos e insulares circundantes y la Plataforma Continental Argentina sin habilitación de una autoridad nacional.
A raíz de esto, las autoridades propusieron que las personas o empresas que desarrollen actividades prohibidas podrían recibir multas de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos y una inhabilitación de entre cinco y 20 años.
La escala penal se endurecerá para los casos vinculados con hidrocarburos. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, el transporte o el almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista ascenderá a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo.
También quedarían alcanzados los proveedores que entreguen bienes o servicios considerados esenciales para esas actividades, siempre que conozcan su destino. Así, el proyecto contempla penas de cinco a siete años para esas conductas.
De la misma forma, las sanciones se extenderían a las sociedades que participen en los hechos. Entre otras medidas, podrían sufrir la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años, la imposibilidad de contratar con el Estado y, en casos determinados, su disolución o liquidación.
La inhabilitación alcanzaría contratos, beneficios fiscales y operaciones en Argentina
El régimen propone que una empresa inhabilitada no pueda desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción. Además, se revocarían sus permisos, cesarían beneficios impositivos o previsionales otorgados por actos particulares y se rescindirían contratos con ejecución total o parcial en territorio argentino o sobre bienes situados en el país.
Para ordenar el retiro de las compañías afectadas, la autoridad de aplicación fijaría un período de cese de entre 30 y 180 días, prorrogable en función de la continuidad de servicios, la situación de trabajadores, acreedores o terceros de buena fe.
El proyecto crea, a la vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización. Los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán pedir su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo que exista una sentencia firme o reincidencia.
Un Consejo de Seguridad Nacional coordinaría defensa, economía, diplomacia e inteligencia
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas.
Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría a su cargo la elaboración de una Política de Seguridad Nacional, que luego debería ser aprobada por el Poder Ejecutivo. Asimismo, podría requerir información y asistencia obligatoria a organismos del sector público nacional y solicitar cooperación a provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios.
En línea con esto, la norma define como infraestructuras críticas a las redes, instalaciones y sistemas públicos o privados indispensables para los servicios esenciales, la salud, la defensa, la economía y el funcionamiento estatal. Las jurisdicciones locales deberían identificarlas y elaborar planes de protección; el Consejo definiría cuáles tienen interés nacional.
La propuesta regula la respuesta ante aeronaves y buques considerados hostiles
El proyecto también establece una secuencia para identificar, interceptar y eventualmente emplear fuerza contra aeronaves que vulneren reglas de vuelo, no se identifiquen o desobedezcan órdenes de autoridades competentes.
La utilización de medidas coercitivas para impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente, quien podría delegarla en el ministro de Defensa. El articulado aclara que las decisiones deberán ajustarse al derecho internacional y evitar poner en riesgo a los ocupantes de aeronaves civiles.
En el ámbito marítimo, fluvial y lacustre, la iniciativa habilita advertencias, maniobras de interposición, disparos de advertencia e inutilización de buques después de agotar medidas menos lesivas. El hundimiento solo podría ordenarse como una medida militar excepcional contra un buque hostil, con autorización previa del Presidente.
Sin embargo, las autoridades ratificaron que estará prohibido hundir un buque civil como sanción, herramienta policial o forma de impedir una fuga.
Las sanciones por amenazas a la seguridad nacional incluirían bloqueos de activos
Por otro lado, el Consejo de Seguridad Nacional podría abrir procedimientos administrativos contra personas o entidades vinculadas a Estados u organizaciones extranjeras que busquen afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones estatales, atacar infraestructuras críticas o financiar esas acciones.
Las penas incluirían multas de entre 30.000 y 180.000 Unidades de Valor Adquisitivo, revocación de permisos, pérdida de beneficios estatales e inhabilitación para actuar en sectores considerados estratégicos.
Ante un riesgo grave e inminente, el Consejo podría ordenar restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias, importaciones y exportaciones; bloquear fondos; suspender permisos; o elevar derechos de importación y exportación hasta un máximo del 75% para el Estado extranjero involucrado.
También se modificarán normas de defensa, financiamiento político e inteligencia
La propuesta también reforma la Ley de Defensa Nacional para incorporar riesgos y amenazas externas estatales y no estatales, tanto “cinéticos” como “no cinéticos”, y prevé el empleo de las Fuerzas Armadas para proteger infraestructuras críticas de interés nacional cuando corresponda.
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En materia electoral, prohíbe que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda. Además, incorpora figuras penales vinculadas con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera, filtración de secretos y campañas masivas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.
Por último, eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento, conocido como RePET, bajo la órbita de la Unidad de Información Financiera. El mecanismo permitiría inmovilizar bienes y restringir operaciones de personas o entidades registradas, con posterior intervención judicial.
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LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a Nueva York la semana que viene en coincidencia exacta con la visita del presidente Javier Milei a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las dos agendas oficiales se solapan entre martes y miércoles próximos. Milei buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener aval público al reclamo de soberanía por las islas Malvinas; Kicillof se mostrará con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.
Milei, en tanto, disertará sobre valores democráticos, economía y libertad ante un think tank promovido por la fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), con el Citi Bank como anfitrión.
En plena batalla ideológica por el rumbo de la Argentina de cara a las elecciones de 2027, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional, dado que no tiene invitación ante las Naciones Unidas.
Milei, por su parte, intentará obtener una reunión bilateral con Trump, luego de que este mandatario señalara que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.
El viaje de Milei se dará una semana después de que el gobierno nacional enviase al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.
El martes, Milei buscará una reunión bilateral con Trump, durante las reuniones preparatorias de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas. Esta foto no está confirmada. Sí está confirmado un discurso de Milei ante la ONU, el miércoles.
Ese día Kicillof también tendrá una foto simbólica con autoridades de Estados Unidos: el gobernador de Buenos Aires participará de un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, referente del Partido Demócrata de Estados Unidos.
Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez.
El alcalde de Nueva York brindará a Kicillof la oportunidad de proyectarse como antónimo de Milei en un ámbito progresista.
La agenda de Kicillof comenzará el martes con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el distrito bonaerense.
El viaje de Kicillof será en una línea comercial y los gastos correrán por cuenta de la provincia de Buenos Aires. “Es un viaje oficial”, se precisó ante la consulta de . No se dieron detalles de las partidas destinadas a este fin.
El miércoles, tras reunirse con el alcalde de Nueva York, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.
De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.
En la provincia de Buenos Aires lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.
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POLITICA
La Armada desplazó a nueve efectivos en medio de la investigación por presunto cobro de sobresueldos
El jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso el relevo de sus destinos de ocho capitanes de corbeta y un suboficial denunciados por haber recibido cobros indebidos durante distintos períodos. Además, ordenó su pase a disponibilidad mientras avanza una investigación disciplinaria.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, los nueve efectivos quedarán sin funciones y serán investigados bajo el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas. La medida se tomó a partir de una investigación interna y corre por separado de la causa que tramita en la Justicia.
El pase a disponibilidad está contemplado en la Ley de Personal Militar y supone que los involucrados quedan transitoriamente sin funciones por un plazo máximo de un año. La medida no implica por el momento una degradación ni una condena, sino su apartamiento de los cargos mientras se determinan eventuales responsabilidades disciplinarias.
En caso de comprobarse las irregularidades, las sanciones previstas pueden llegar hasta la destitución.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley para endurecer las penas por explotar recursos en las Islas Malvinas
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