POLITICA
El PJ se dividió en el Senado por los pliegos judiciales en medio de las negociaciones de los gobernadores y el rechazo K
La polarización de la política hace que los bloques en el Congreso de la Nación se manejen casi de manera uniforme. En especial los mayoritarios. La Libertad Avanza y el peronismo suelen tener posiciones unificadas a la hora de establecer discusión. Sin embargo, en las últimas horas se pudo observar una grieta en el Senado de la Nación.
La representación de las provincias y sus intereses hace que los legisladores tengan que dirimir entre las necesidades de sus gobernadores, en el caso que respondan a ellos, y la lealtad partidaria. Pero hay algunas discusiones en donde la primera se impone a la segunda casi sin debate. Una de ellas es la de los pliegos judiciales.
El gobierno nacional está en un proceso de envío de pliegos judiciales para cubrir vacantes en la Justicia pero entre medio de la disputa de la familia judicial, se coló uno en particular: el padre del ministro de Justicia, Carlos Mahíques. El todavía funcionario consiguió ayer que se le renueve su mandato por 5 años más, hasta que cumpla los 80 años, como vocal de la Cámara de Casación Penal. Y no solo que obtuvo el visto bueno del oficialismo que fue el que lo impulsó, sino que también obtuvo el acompañamiento de parte del bloque del peronismo.
Su pliego fue aprobado por 58 votos, 10 más de los que se necesitan para acceder a ser juez de la Corte Suprema de Justicia. Y no solo eso, sino para que continúe en un cargo en un juzgado que el kirchnerismo apunta como parte fundamental del “lawfare” contra la ex presidenta Cristina Kirchner.
“Las provincias negocian sus jueces, en especial para los juzgados federales N 1 porque son los juzgados electorales, entonces es imposible tener una postura unificada”, explicó un senador peronista a Infobae. “Los más kirchneristas, o cristinistas, son los que votaron en contra de Mahiques. Los más ‘peronistas’ de las provincias son los que votaron a favor. El bloque se dividió de esa manera. Se habló, sabíamos que íbamos a tener una votación así”, agregó.
Un ejemplo de esto es lo que sucedió con el presidente del bloque del peronismo. El formoseño José Mayans votó en contra del pliego, mientras que la otra senadora por Formosa, María Teresa Margarita González, votó a favor del pliego del padre del ministro de Justicia de la Nación.
“La decisión de cada uno mezcla intereses. Están los que sus gobernadores están negociando los pliegos para sus provincias y mandan a sus senadores a votar a favor. Están los que no responden a los gobernadores pero que tienen otras razones judiciales o políticas que votaron a favor. El resto votó en contra”, se indicó.
A la hora de ver los votos, por la continuidad de Carlos Mahíques votaron Adán Bahl (Entre Ríos), Daniel Bensusán (La Pampa), Margarita González (Formosa), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), Carlos Linares (Chubut), Cándida López (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Elia Esther Del Carmen Moreno, José Neder y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jesús Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Sergio Uñac (San Juan).
En contra votaron, además de Mayans, Jorge Capitanich (Chaco), Eduardo De Pedro y Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), María Florencia López (La Rioja), Ana Marks y Martín Soria (Río Negro) y Mariano Recalde (CABA).
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POLITICA
Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos: “Es el inicio de la reconstrucción de la Justicia”
Javier Milei festejó la aprobación de los 74 pliegos judiciales en el Senado y, aunque no hizo alusión a María Verónica Michelli, la candidata que la Casa Rosada quiso vetar, el Presidente afirmó que lo ocurrido hoy “es un verdadero hito” y que es “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”.
En ese marco, el primero en destacar la aprobación de las vacantes para el Poder Judicial fue el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien afirmó: “Gracias Presidente @JMilei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.
“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, agregó.
Y completó: “Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.
Pese a la celebración del Poder Ejecutivo, lo cierto es que la sesión en el Senado estuvo marcado por la tensión política que escaló apenas se dio el quórum. Es que en la reunión de labor parlamentaria estaba acordado que se presenten 50 pliegos, la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones.
Sin embargo, cuando comenzó el debate, el oficialismo llevó al recinto 70 nombramientos de jueces y esto despertó la furia del peronismo y algunos aliados, que ya venían descontentos por los manejos con algunas leyes en la Cámara alta. Ante esto, y con una sesión que tuvo riesgo de caerse, se llamó a un cuarto intermedio en el que se reunieron los jefes de bloque. Al regresar, Patricia Bullrich anunció que había acuerdo con dos tercios de los presentes para incluir 74 pliegos judiciales, entre ellos el de Michelli. Victoria de la oposición.
Luego de un debate corto, la votación se dividió en cinco y todos los pliegos fueron aprobados, algunos con más apoyos que otros.
Además, se decidió votar por separado el pliego de Michelli después de que la semana pasada la Casa Rosada bajó la orden de quitar el pliego de los que se iban a debatir en el Senado, pero Patricia Bullrich sorprendió con un desplante a esa decisión y anunció que no lo iba a hacer. Finalmente, la Cámara Alta aprobó su candidatura con 44 votos a favor y 18 en contra.
En esa línea, el pliego de Michelli ingresó al Senado el pasado 30 de marzo de 2026 después de las iniciativas que impulsó el Poder Ejecutivo para llenar los cargos vacantes en el Poder Judicial. Siguiendo la línea de tiempo, el 13 de mayo la candidata expuso ante la Comisión de Acuerdos en la audiencia pública convocada para analizar su postulación y obtuvo dictamen con nueve firmas favorables de senadores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y algunos bloques provinciales, sobre un total de 14 miembros presentes.
La trayectoria de Michelli en el Poder Judicial se extiende desde el 24 de octubre de 1994, cuando ingresó a la Secretaría Electoral de La Plata. Pasó por distintas funciones hasta convertirse en secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N.º 1 de esa ciudad, cargo que ocupa desde el 12 de agosto de 2009.
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La jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, volverá a su cargo: el Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ) declaró la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento en noviembre de 2023, que por tres votos contra dos había dispuesto su destitución después de que las cámaras de seguridad de una cárcel la registraran besando a un condenado al que ella misma había juzgado.
El fallo del STJ, unánime y no recurrible, ordenó la restitución inmediata de la magistrada al juzgado penal de la Circunscripción Judicial II de Comodoro Rivadavia.
La decisión lleva la firma de los ministros Javier Raidan y Andrés Giacomone, y de los jueces de Cámara que actuaron como subrogantes: Carina Estefanía, Diego Trad y Adrián Barrios.
El fundamento central es que el presidente del Tribunal de Enjuiciamiento que juzgó a Suárez, el entonces ministro del STJ Daniel Báez, había intervenido previamente en distintas instancias del proceso, realizando valoraciones sobre el mérito de las conductas atribuidas a la magistrada y efectuando manifestaciones públicas sobre aspectos sustanciales del caso antes de ejercer como juez. Esa intervención previa, según el STJ, comprometió la garantía constitucional de imparcialidad y tornó nulo todo lo actuado.
Para fundamentar esa conclusión, el ministro Raidán definió en el fallo el alcance de la garantía en juego: “La garantía de imparcialidad comprende dos dimensiones de igual jerarquía constitucional. La primera es subjetiva y se refiere a la actitud personal del juzgador: exige que no tenga prejuicios formados sobre el caso ni interés en su resultado. La segunda es objetiva y se vincula con las circunstancias externas verificables: requiere que no existan hechos que, desde la perspectiva de un observador razonable, permitan dudar fundadamente de la neutralidad del tribunal frente a las partes o a la materia”, sostuvo en el fallo.
El STJ señaló además que la propia Suárez había recusado a Báez al inicio del proceso por esas mismas razones. El planteo fue rechazado en su momento, tanto por el propio recusado como por el resto de los integrantes del Tribunal. En el fallo de este jueves, el STJ indicó que una adecuada valoración de aquella recusación en la etapa inicial habría evitado la nulidad declarada y las consecuencias institucionales derivadas de la invalidez de todo el proceso de juzgamiento.
El ministro Giacomone, en su voto, fue específico sobre la conducta de Báez que tornó insostenible su participación como juzgador: “Las intervenciones previas del Dr. Daniel Esteban Báez revelan un grado de involucramiento incompatible con su ulterior actuación como juzgador: dispuso la apertura del sumario, exteriorizó valoraciones públicas inmediatas sobre los hechos investigados y participó en actos institucionales en los que anticipó una apreciación sobre su entidad”, sostuvo.
Qué dice el fallo
El STJ delimitó con precisión el alcance de su decisión. La nulidad declarada no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad o inocencia de Suárez respecto de las conductas que motivaron el jury. El tribunal estableció que la cuestión es de forma, no de fondo: el proceso no cumplió con las garantías constitucionales exigibles, independientemente del mérito de los hechos que se le imputaron a la magistrada.
Sobre las consecuencias jurídicas de esa conclusión, el ministro Raidán fue categórico en el fallo: “La participación de un juez objetivamente inhabilitado por afectación de la garantía de imparcialidad no configura un defecto subsanable: compromete la validez misma del proceso. La nulidad que de ello deriva es absoluta, debe ser declarada de oficio y se proyecta sobre todas las actuaciones consecutivas que dependan de lo viciado, incluida la sentencia que puso fin al proceso”.
Agregó que “la continuidad del proceso bajo la presidencia de quien se encontraba objetivamente alcanzado por una causal de apartamiento comprometió de modo directo la garantía constitucional de ser juzgado por un tribunal imparcial. En tales condiciones, la sentencia N° 01/2023 del Tribunal de Enjuiciamiento carece de aptitud para producir efectos jurídicos.”
En cuanto al reclamo patrimonial —los haberes no percibidos durante el tiempo que estuvo separada del cargo— el fallo aclaró que esa cuestión excede sus alcances y deberá tramitarse por las vías legales correspondientes.
El camino institucional
La causa que derivó en la restitución tuvo su origen en una denuncia presentada en enero de 2023 por el entonces senador provincial Ignacio Torres —hoy gobernador de Chubut— y el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque.
La denuncia fue procesada por el Consejo de la Magistratura, que elaboró un sumario a cargo del propio Báez en su condición de ministro del STJ. Ese sumario derivó en la suspensión preventiva de Suárez y en la apertura del proceso de jury. Báez instruyó el sumario, luego presidió el Tribunal de Enjuiciamiento y emitió el voto que desempató la votación a favor de la destitución. Esa acumulación de roles es lo que el STJ declaró incompatible con la garantía de imparcialidad.
Según quedó registrado, el 29 y 30 de diciembre de 2021, la jueza Mariel Suárez se presentó en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew y visitó a Cristian Omar “Mai” Bustos, un hombre de 41 años que cumplía dos condenas: una por el asesinato de su hijastro, un bebé de nueve meses, ocurrido en 2005, y otra a prisión perpetua por el homicidio de un policía y las lesiones de otro durante un operativo en 2009.
Esta segunda sentencia había sido dictada semanas antes por el tribunal en el que la propia Suárez integraba.
Las cámaras de seguridad del penal registraron el encuentro. Las imágenes, difundidas públicamente en los primeros días de enero de 2022, mostraron a la magistrada y al condenado besándose, abrazándose, tomándose fotografías y compartiendo mate y comida durante casi tres horas. Al día siguiente, Suárez regresó al penal y permaneció con el mismo detenido durante casi dos horas más.
La denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura llegó en enero de 2023, presentada por Torres y Luque. Los cargos que finalmente prosperaron en el jury no fueron el contacto físico con el preso sino otras conductas derivadas de esa visita: haber mentido para faltar a una audiencia que debía presidir en Comodoro Rivadavia mientras se encontraba en Trelew, haberse ausentado de la ciudad sin avisar a las autoridades judiciales y haber participado en el juicio oral contra Bustos con su imparcialidad comprometida.
El jury se realizó en noviembre de 2023. El Tribunal de Enjuiciamiento quedó integrado por cinco miembros. La diputada Mariela Williams, el abogado Miguel Barletta y Daniel Báez votaron por la destitución. La diputada Mónica Saso y la abogada María Florencia Góngora votaron en contra. La decisión fue de tres a dos. El voto de Báez fue el que definió el resultado.
Dos años y medio después, el STJ declaró que ese voto nunca debió haberse emitido.
Mariel Suárez,besando a un condenado,Ana Tronfi,Conforme a,,Cuadernos. Lavagna declaró que hubo sobreprecios del 20% en el área de Vialidad durante el kirchnerismo,,»No se descarta un paro». Las centrales sindicales denunciaron al Gobierno en la OIT y se tensa el choque con Milei,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro
POLITICA
“Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”: el duro testimonio de los familiares en el juicio por el ARA San Juan
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escuchó este jueves los testimonios de madres, esposas, hermanos e hijos de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
A pocas semanas del inicio de los alegatos, previstos para la semana del 22 de junio, las declaraciones estuvieron marcadas por el dolor y los cuestionamientos al estado operativo de la nave antes de la última misión.
El juicio se encuentra en su etapa final de producción de prueba y busca determinar la responsabilidad penal de cuatro exaltos mandos de la Armada Argentina, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes de oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Durante meses, el debate se centró en informes técnicos, pericias y reglamentos navales. Esta audiencia, sin embargo, dio lugar a las voces de los familiares, quienes relataron el impacto personal de la tragedia y expresaron dudas sobre las condiciones en que el submarino zarpó de Mar del Plata.
Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, recordó las preocupaciones que su marido le transmitía antes de la navegación. “Nunca voy a entender qué pasó, por qué salieron, por qué siguieron saliendo”, declaró. Según relató, su esposo le había dicho que “había que figurar que navegaban” y que la unidad no se encontraba en condiciones óptimas. “¿Me piden una reflexión? Reflexión tienen que hacer las personas que mandaron al submarino a navegar”, afirmó.
“Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar”, agregó.
“Es la vida que se te rompe”
Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, describió las secuelas que la pérdida dejó en las familias. “No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe”, expresó entre lágrimas. Reclamó una explicación definitiva sobre lo ocurrido y cuestionó el accionar de la Armada en los años posteriores al hundimiento.
Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, sostuvo que a su hijo “le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones” y objetó algunas declaraciones de los acusados en audiencias recientes.
Uno de los testimonios más extensos fue el de Lucía Zunda Meoqui, hermana del Teniente de Fragata Adrián Zunda Meoqui, oficial de comunicaciones del submarino. Recordó la vocación de su hermano por la actividad submarina y cuestionó la tecnología utilizada durante la búsqueda, el tratamiento recibido por las familias y la falta de una explicación definitiva más de ocho años después.
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“La Armada debería aceptar los errores que cometieron y aprender a pedir disculpas”, dijo. También mencionó presuntas persecuciones, intervenciones sobre teléfonos celulares y mecanismos de manipulación de la información “para que nos calláramos”. “Todas las cosas que hicieron eran para dividirnos”, sostuvo.
Al finalizar su intervención, envuelta en una bandera con los rostros de los 44 tripulantes, pidió un minuto de silencio y nombró uno por uno a cada integrante de la dotación, respondiendo tras cada nombre: “Presente”.
ARA San Juan, juicio, testimonios, familiares
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