A esta altura ya no es sorpresa para nadie: otra vez la recaudación impositiva cayó en términos reales -es decir, restando la inflación- en la comparación interanual. Abril marcó una merma de 3,7% en comparación con el mismo mes de 2025, y ya van nueve meses consecutivos de caída.

Los críticos del programa económico suelen señalar este dato como una prueba de que el equilibrio de las cuentas fiscales -el pilar de la gestión Milei- se encuentra en peligro y que cada vez habrá mayor necesidad de «motosierra» para compensar los menores ingresos por cobro de impuestos.

Pero, del otro lado del mostrador, la caída en la caja de ARCA es una situación que el propio gobierno intenta dar como obvia, dado que el principal rubro de caída fue el de la recaudación por impuestos al comercio exterior.

La explicación oficial es que hace un año, al regir el incentivo exportador para el campo, hubo un gran volumen vendido, y eso hace que en la comparación interanual ahora se note una caída. Además, por la política de apertura comercial, también hubo una menor entrada por aranceles.

Las cifras son elocuentes al respecto: el año pasado, las retenciones a la exportación más lo aranceles sumaban el 8,5% del total de la «torta» tributaria, mientras ahora sólo aportan un 6,6%.

De todas formas, el gran movimiento que se está constatando en la zona portuaria de Rosario, epicentro del complejo sojero del país, hace suponer que en los próximos meses las retenciones dejarán una mejora en la caja de ARCA. En los últimos días llegó a contarse más de 15.000 camiones por jornada, una cifra que más que triplica los días de movimiento intenso del año pasado.

Una luz en el túnel del IVA

El dato más positivo en la recaudación de abril es una recuperación del IVA, el impuesto por excelencia vinculado con el comercio y la producción. Todavía sigue siendo negativo en la comparación interanual, pero la caída fue de apenas 1%, casi a tono con la inflación, a diferencia de lo que se había visto en los meses anteriores.

En otras palabras, las cifras del IVA comercial -sin considerar de comercio exterior que se cobra en la Aduana- podría estar indicando una incipiente recuperación del consumo. Una situación que va en línea con la reivindicación que se hace desde el gobierno en el sentido de que ya se está notando una recuperación, después del bajón de la actividad ocurrido en el verano.

La mayoría de los consultores que hacen relevamientos propios de precios estiman que el IPC de abril estuvo en torno de 2,4%, una mejora notoria después del impactante 3,4% de marzo. Se quebraría así una saga de 10 meses con inflación en alza. Y la expectativa es que en los próximos meses se consolide la tendencia desinflacionaria.

El IVA es uno de los motores de la recaudación, con un 34% del total recaudado. Si bien en los momentos de inflación alta registra subas nominales -porque está vinculado a los precios-, suele reflejar una caída en consonancia con las caídas reales de salario. En las últimas semanas hubo firmas de convenios por parte de los gremios más numerosos, lo que podría implicar una recuperación en el consumo, con la correspondiente suba en el aporte del IVA al fisco.

La otra mejora notoria en la recaudación de abril es la del impuesto a los combustibles, una consecuencia natural de las subas de precios, por el impacto del encarecimiento del petróleo en el mercado internacional.

Con una suba nominal de 74%, este impuesto tuvo un crecimiento real de 31,8%, lo que lo está transformando en uno de los rubros de mayor aporte a la caja fiscal. El gobierno ha manejado el tema con cautela, por temor a un contagio del costo de transporte a los precios y, por consiguiente, está realizando de manera gradual el ajuste de la alícuota.

Caja de la Anses sigue «flaca»

En contraste con los datos auspiciosos que llegan del IVA, no hay buenas noticias en los tributos asociados a la seguridad social, lo cual podría interpretarse como el impacto que la apertura comercial está teniendo sobre el empleo industrial, y la dificultad para la creación de puestos de trabajo en el segmento formal.

Es así que el sistema de seguridad social apenas tuvo una mejora nominal de 26.6% en un año. Cuando se lo compara con la inflación de 32,1, esto implica una caída real de 4%. Esto implica un agravamiento respecto de lo que se venía registrando en los últimos meses en la caja de la Anses.

Los analistas creen que será difícil ver una recuperación en este rubro. Ocurre que, además de la dificultad para que la pérdida de empleo en blanco sea compensada por nuevas tomas de personal, también tendrá su efecto la nueva legislación laboral.

El nuevo marco normativo -cuya vigencia acaba de recibir una confirmación judicial con el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y deja sin efecto la cautelar planteada por la CGT– implica una disminución en el monto de los aportes patronales, que irán a la conformación de un Fondo de Asistencia Laboral.

Ese instrumento tendrá la función de financiar a los empresarios con dificultades para pagar indemnizaciones por despido. Pero, además, cumplirá una función importante en el plano fiscal, porque el propio ministro Luis Caputo aseguró que una porción del dinero que constituya ese fondo será destinada a la compra de bonos emitidos por el Tesoro.

Sigue la motosierra

La conclusión de la recaudación de abril es que, a pesar de algunos datos que permiten suponer una mejora, todavía el gobierno sigue dependiendo de profundizar el recorte del gasto público para no poner en riesgo su objetivo de superávit fiscal primario.

En marzo pasado, Caputo destacó que durante el primer trimestre hubo una reducción real de 5% en el gasto. Pero se trata de una política cada vez más difícil de sostener, porque una vez realizado el primer gran recorte sobre la base de «licuación inflacionaria» y del recorte a la nómina del gasto público, lo que queda es un gasto más rígido a la baja y el ahorro depende de una mayor «sintonía fina».

Para colmo, el principal componente del gasto, el pago de jubilaciones y pensiones, que asciende a casi la mitad del presupuesto total, viene creciendo por el propio efecto inflacionario: en marzo, la masa jubilatoria recibió un aumento nominal de 2,9% -el IPC de enero-.

Esto implica que, en los próximos meses, por lo menos hasta junio, las jubilaciones seguirán variando por encima de la inflación -y muy probablemente por encima de los ingresos tributarios-. Dado el «delay» con el que se aplica el ajuste indexatorio, el 3,4% del IPC de marzo recién se hará sentir en las jubilaciones de mayo.

Pero, además, hay economistas críticos que sostienen que el resultado fiscal ya estaría en terreno negativo si el gobierno aplicara los desembolsos pendientes, y por los cuales tuvo fallos en contra a nivel judicial. Es, entre otros, el caso de la ley de financiamiento universitario, cuya legitimidad fue confirmada por un fallo de cámara tras la apelación del gobierno. Hablando en plata, ponerse al día con ese pago supondría desembolsar el triple del superávit primario obtenido en marzo.

El gobierno tuvo un alivio al renegociar con el Fondo Monetario Internacional una meta de superávit de 1,4% del PBI para este año. En la revisión anterior, realizada en octubre, se había planteado un objetivo de 2,2%, pero en vista del impacto generado por el conflicto en Medio Oriente, el FMI recalculó a la baja la mayoría de las metas de crecimiento previstas en la región.