INTERNACIONAL
Nueva York pierde USD 73,5 millones por más de 33.000 licencias comerciales no revocadas
El estado de Nueva York afronta la pérdida de USD 73,5 millones en fondos federales tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de sancionar la falta de revocación de más de 33.000 licencias comerciales para inmigrantes identificadas como irregulares. El anuncio, realizado el 16 de abril de 2026, afecta al presupuesto estatal y a miles de titulares de licencias. Según la agencia de noticias AP News, la retención de fondos se produce tras una auditoría federal que determinó que una proporción significativa de estos permisos permanecía vigente a pesar del vencimiento de la autorización migratoria de los titulares, una situación detectada y supervisada desde el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, en el que un camión conducido por un titular de una de estas licencias estuvo involucrado en la muerte de tres personas.
De acuerdo con los datos publicados por la agencia de noticias AP News y confirmados por medios estadounidenses como el periódico británico The Independent y el sitio local ClickOnDetroit, la auditoría llevada a cabo por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) en 2025 detectó problemas en más de la mitad de los 200 casos revisados. El estado fue instruido a revisar todas las licencias comerciales no domiciliadas emitidas y a revocar las que resultaran ilegales. Las autoridades federales advirtieron que otros estados, como California, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, también podrían enfrentar sanciones si no adaptan sus políticas de licencias a los estándares nacionales.
La emisión de licencias no domiciliadas para inmigrantes es una práctica extendida en Nueva York y otros estados en respuesta a la demanda de mano de obra en el sector del transporte. Según cifras oficiales citadas por AP News, 32.606 permisos de este tipo han sido concedidos en Nueva York, una parte relevante de los aproximadamente 200.000 emitidos en todo el país. El gobierno estatal sostiene que sus procedimientos cumplen con la legislación federal, aunque la administración federal considera insuficientes los controles desde el incidente en Florida.
Nueva York deja de recibir fondos federales como consecuencia de la negativa a revocar licencias comerciales consideradas irregulares por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La auditoría de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) reveló: “más de la mitad de las licencias revisadas presentaban inconsistencias, entre ellas la vigencia de los permisos más allá del periodo autorizado de estadía migratoria”, de acuerdo con la agencia de noticias AP News. El estado debía analizar y cancelar los permisos que no cumplieran los requisitos exigidos por la normativa.
El objetivo de la sanción económica es presionar a Nueva York para que ajuste sus procedimientos y garantice la seguridad en el transporte interestatal, según el comunicado oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los recursos retenidos estaban destinados al financiamiento de obras y programas de infraestructura vial.
El impacto de la medida afecta dos ámbitos principales:
- El presupuesto estatal de Nueva York, que pierde USD 73,5 millones en fondos federales para proyectos de transporte.
- Los titulares de las más de 33.000 licencias comerciales en cuestión, en su mayoría inmigrantes, quienes podrían perder la autorización para conducir vehículos pesados o de pasajeros si sus permisos son revocados.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo: “Prometí a los estadounidenses que haría responsables a los líderes estatales que no garantizaran la seguridad frente a conductores extranjeros no evaluados ni calificados. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, según la agencia de noticias AP News.
Datos federales muestran que los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de los conductores de camiones en Estados Unidos, aunque las licencias “no domiciliadas” solo significan el 5% del total nacional. Nueva York ha emitido el 16% de estos permisos a nivel país.
Las licencias comerciales no domiciliadas permiten a ciudadanos extranjeros conducir camiones y autobuses en Estados Unidos bajo condiciones específicas. Estos permisos se otorgan a quienes no pueden acceder a una licencia convencional, pero cumplen ciertos requisitos legales y documentales. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, este tipo de licencia representa el 5% de todas las licencias comerciales activas actualmente.
Para solicitar una licencia no domiciliada, el aspirante debe presentar documentación válida sobre su estatus migratorio y acreditar residencia en el extranjero. Si la residencia o el estatus migratorio expira, el permiso pierde su vigencia. La auditoría de la FMCSA determinó que muchos permisos seguían activos luego del vencimiento de la autorización migratoria.
El detonante de la auditoría fue el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, donde fallecieron tres personas y el conductor implicado tenía una licencia comercial no domiciliada. Tras ese hecho, Sean Duffy ordenó la revisión de estos permisos en todos los estados, objetivo: “garantizar que solo conductores debidamente evaluados y calificados operen vehículos pesados”, según AP News.
La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y el periódico británico The Independent informaron que California también ha sido sancionada con la retención de 200 millones de dólares en fondos federales por causas similares. Otros estados han recibido advertencias y podrían enfrentar medidas comparables si no ajustan sus procesos.
El gobierno de Nueva York sostiene la legalidad de sus prácticas de emisión de licencias y afirma que cumple con la normativa federal. Sean Butler, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, argumentó que la medida responde a una ofensiva federal contra los estados gobernados por demócratas: “Seguiremos defendiéndonos y ganaremos nuevamente”, según AP News.
Nueva York ya había enfrentado amenazas de recorte de fondos por otros motivos, como la financiación de proyectos de infraestructura urbana o la aplicación del peaje de congestión en Manhattan. En ocasiones anteriores, el estado logró revertir algunas sanciones en los tribunales, según el sitio ClickOnDetroit.
Las asociaciones del sector han respaldado las acciones federales para retirar a conductores considerados no calificados. Todd Spencer, presidente de la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), expresó que “estas acciones de control eliminarán a los infractores y devolverán la responsabilidad al sistema. Hoy se da un paso importante hacia carreteras más seguras y una industria de transporte más profesional”, cita recogida por AP News.
El sector enfatiza la necesidad de controles más estrictos y alerta sobre la persistencia de escuelas de conducción y empresas reincidentes en infracciones. Para la industria, la seguridad vial depende de la formación y acreditación adecuada de los conductores.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que las nuevas reglas impedirán que el 97% de los conductores extranjeros que antes podían obtener licencias comerciales renueven o accedan a ese permiso. La reglamentación exige que todos los solicitantes acrediten residencia y documentos migratorios vigentes. Estas restricciones impactan directamente sobre los inmigrantes que buscan empleo en el sector del transporte.
Otras jurisdicciones, incluyendo Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, han sido advertidas sobre la posible pérdida de fondos si no revisan sus políticas de licencias, según la plataforma de análisis financiero Barchart.com.
Grupos de inmigrantes expresan preocupación por el efecto de la revisión masiva de licencias y denuncian que algunos conductores están siendo sometidos a un escrutinio desproporcionado. Las investigaciones federales han puesto atención en la comunidad sij, dado que los conductores implicados en los accidentes de Florida y California pertenecían a ese grupo, según AP News.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos insiste en que la prioridad es la seguridad vial y la correcta documentación de todos los operadores de vehículos comerciales, sin discriminación por origen.
La retención de fondos federales continuará hasta que Nueva York cumpla con la revocación de las licencias identificadas como irregulares. El gobierno estatal prevé proseguir su defensa legal y administrativa ante los tribunales y autoridades federales. Los conductores involucrados aguardan la revisión individualizada de sus permisos, mientras la industria y los estados discuten la implementación de la nueva normativa.
La revisión de licencias y la retención de fondos incrementan la presión sobre el sistema de transporte y los trabajadores inmigrantes, y refuerzan el escrutinio a la regulación del sector en todo el país.
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Guatemala lanza el Fondo de Protección y Recuperación de Bosques (Fobosques) con un presupuesto de 40 millones de quetzales para financiar proyectos de reforestación y manejo forestal a partir de mayo de 2026.
El nuevo mecanismo, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional junto al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), busca acelerar el camino hacia la deforestación neta cero y permitiría una restauración activa de los ecosistemas nacionales, como informó la ministra Patricia Orantes desde los canales oficiales del ministerio.
La ministra Orantes explicó en un video institucional que, a diferencia de la situación en 1975, cuando dos terceras partes del territorio nacional estaban cubiertas por bosque, Guatemala conserva hoy únicamente la tercera parte de sus bosques originales.
Más de la mitad de esta superficie restante se localiza en áreas protegidas; el resto está en manos de comunidades locales. Orantes puntualizó: “Hace cincuenta años, Guatemala tenía dos terceras partes de su territorio cubierto de bosque. De aquel entonces para acá hemos perdido la mitad. Hoy solo tenemos un tercio y de ese tercio, poco más de la mitad está adentro de áreas protegidas”.
La convocatoria para acceder a fondos del programa Fobosques estará disponible del 11 al 29 de mayo de 2026, de acuerdo con el MARN. Las organizaciones, fundaciones y asociaciones con experiencia comprobada en gestión forestal podrán presentar propuestas de proyectos de protección, restauración y manejo, tanto en áreas protegidas como fuera de ellas.
Los proyectos seleccionados tendrán acceso a entre 2 y 8 millones de quetzales para ejecutarse en plazos de uno a tres años. El Viceministerio de Recursos Naturales y Cambio Climático regulará la distribución de fondos, exigiendo que las intervenciones cumplan con los criterios técnicos y eviten superposiciones con otros incentivos, conforme al ordenamiento territorial vigente.
Solo las propuestas centradas en el uso de especies nativas serán elegibles, en línea con la estrategia nacional de reconstrucción de la biodiversidad forestal. Orantes indicó: “El fondo solamente, exclusivamente apoyará el uso de especies nativas, que son la clave para volver a reconstruir nuestra biodiversidad boscosa”.
Guatemala se reconoce como el país americano con mayor densidad de coníferas, superando a México, Estados Unidos, Canadá y Brasil, puntualizó la titular del MARN. Esta diversidad se refleja en más de veinte tipos de bosques distribuidos en territorio guatemalteco: “Tenemos más de veinte tipos de bosque, el de hoja ancha, con los de Petén, Alta Verapaz e Izabal, los del bosque de manglar, los bosques nubosos, los del Quetzal, los bosques secos y espinosos, los bosques de pino. Y es que vean, somos el país de América con mayor densidad de coníferas o pinos, muy por arriba de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil”.
Según el Decreto Número 3-2026 del Congreso de la República y el reglamento sancionado por Orantes el 27 de abril, los 40 millones de quetzales del fondo constituyen la partida anual inicial para garantizar la consolidación de resultados. El objetivo explícito es avanzar hacia la tasa de deforestación neta cero, una meta nacional consensuada entre el MARN y sus oficinas técnicas.
Las entidades adjudicatarias deberán demostrar experiencia en gestión forestal y ejecutar sus proyectos en áreas definidas como prioritarias por el viceministerio correspondiente, evitando duplicidades con otros incentivos vigentes.
El enfoque beneficiará principalmente a organizaciones sin fines de lucro con capacidad verificada para intervenir grandes extensiones de bosque natural y garantizar una gestión sostenida por varios años, conforme a los lineamientos del MARN.
La ministra Orantes resumió el sentido de la convocatoria con una frase en náhuatl: “Vamos a recuperar Coactemallan, tierra de bosques”. Guatemala —históricamente nombrada de ese modo, remarcó la funcionaria— aspira a posicionarse como un referente regional en reforestación y restauración ecológica, apoyando una política pública que prioriza la integridad de los ecosistemas nativos y el liderazgo comunitario en la gestión sostenible de los bosques.
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INTERNACIONAL
Pete Hegseth faces Congress over Pentagon’s unprecedented $1.5 trillion budget as Democrats vow to block it
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The Pentagon’s massive $1.5 trillion budget request will face its first test Tuesday as House lawmakers quiz Department of War Secretary Pete Hegseth about the proposal in a high-stakes hearing.
Democrats and some Republicans have raised concerns about the unprecedented size of the request, which would increase defense funding by nearly 50% from 2026 levels while making cuts to domestic spending.
The Trump administration argues the jump in defense spending is necessary to counter threats from geopolitical adversaries and advance the president’s priorities, including replenishing weapons stockpiles and expanding the defense industrial base.
Hegseth is also expected to face questions on the administration’s military strategy toward Iran as peace talks remain stalled between Washington and Tehran. Trump said Monday that the ceasefire with Iran is «on life support» during a news conference in the Oval Office.
President Donald Trump said Monday that the ceasefire with Iran is «on life support» as the Strait of Hormuz remains effectively shuttered. (U.S. Navy via Getty Images; Salwan Georges/Bloomberg via Getty Images)
TRUMP CALLS FOR $1.5T DEFENSE BUDGET TO BUILD ‘DREAM MILITARY’
Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Dan Caine and Pentagon comptroller Jules Hurst will testify alongside Hegseth at the House Appropriations Committee hearing.
The anticipated testimony follows back-to-back congressional hearings the trio participated in April, during which Hegseth repeatedly clashed with Democrats over the U.S. military campaign against Iran.
«The biggest challenge, the biggest adversary we face at this point are the reckless, feckless, and defeatist words of congressional Democrats and some Republicans,» Hegseth told lawmakers.
Hurst testified to Congress in April that the Iran war has cost $25 billion so far, mostly for munitions, though multiple reports say the total could be far higher. The Department of War is expected to seek a defense supplemental request following the conclusion of the conflict, which could be much larger in scope.
«It’s shocking how deep we have gone into these magazines,» Sen. Mark Kelly, D-Ariz., said on CBS News’ «Face the Nation» on Sunday. «Because this president got our country into this without a strategic goal, without a plan, without a timeline, and because of that, we’ve expended a lot of munitions, and that means the American people are less safe.»
Hegseth accused the Arizona Democrat of divulging classified information and pledged to have the Pentagon’s legal counsel review his remarks.
«Did he violate his oath…again?» Hegseth wrote on social media, referring to his attempts to sanction Kelly, a Navy veteran, for advising troops to ignore illegal orders last year.
Defense Secretary Pete Hegseth and his wife, Jennifer, arrive at the House Armed Services Committee hearing on the Department of Defense fiscal 2027 budget request in the Rayburn Building on April 29, 2026. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc.)
$1,300 COFFEE CUPS, 8,000% OVERPAY FOR SOAP DISPENSERS SHOW WASTE AS DOGE LOCKS IN ON PENTAGON
The Pentagon’s budget request is expected to face an uphill battle with Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., and other Democrats vowing to ensure it «never passes.» Any defense spending bill would require some Democratic votes to pass the Senate due to the upper chamber’s 60-vote legislative filibuster.
Kelly has slammed the fiscal year 2027 budget request as «outrageous» and called on the administration to submit a new budget that «makes sense for the moment we’re in.»
«When I got to the Senate five and a half years ago, the defense budget was just over $700 billion,» Kelly told CBS News’ «Face the Nation» on Sunday. «Now, they’re asking for twice as much money. It’s nearly the amount that the rest of the world pays for its defense.»
The Pentagon’s request would allocate more than $65 billion for the Navy’s «Golden Fleet» initiative and nearly $20 billion for Trump’s Golden Dome air defense shield. The administration also proposes spending billions on the next-generation F-47 Air Force fighter jet and unmanned weapons systems.
On the non-defense side, the administration’s budget request would slash funding for the State Department and international programs by a third and the Environmental Protection Agency by 50%, among other agencies.
Sen. Mark Kelly, D-Ariz., speaks to members of the media outside federal court in Washington, D.C., on Tuesday, Feb. 3, 2026. (Graeme Sloan/Bloomberg)
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At least one pressure point that Hegseth faced over Ukraine in April is off the table.
The Pentagon chief announced in late April that the administration released $400 million in Ukraine money that Congress approved in 2025. Hegseth was grilled about the delay in transferring aid to the country during his appearance before the House Armed Services Committee in April.
Fox News Digital reached out to the Department of War for comment.
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