INTERNACIONAL
Nueva York pierde USD 73,5 millones por más de 33.000 licencias comerciales no revocadas
El estado de Nueva York afronta la pérdida de USD 73,5 millones en fondos federales tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de sancionar la falta de revocación de más de 33.000 licencias comerciales para inmigrantes identificadas como irregulares. El anuncio, realizado el 16 de abril de 2026, afecta al presupuesto estatal y a miles de titulares de licencias. Según la agencia de noticias AP News, la retención de fondos se produce tras una auditoría federal que determinó que una proporción significativa de estos permisos permanecía vigente a pesar del vencimiento de la autorización migratoria de los titulares, una situación detectada y supervisada desde el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, en el que un camión conducido por un titular de una de estas licencias estuvo involucrado en la muerte de tres personas.
De acuerdo con los datos publicados por la agencia de noticias AP News y confirmados por medios estadounidenses como el periódico británico The Independent y el sitio local ClickOnDetroit, la auditoría llevada a cabo por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) en 2025 detectó problemas en más de la mitad de los 200 casos revisados. El estado fue instruido a revisar todas las licencias comerciales no domiciliadas emitidas y a revocar las que resultaran ilegales. Las autoridades federales advirtieron que otros estados, como California, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, también podrían enfrentar sanciones si no adaptan sus políticas de licencias a los estándares nacionales.
La emisión de licencias no domiciliadas para inmigrantes es una práctica extendida en Nueva York y otros estados en respuesta a la demanda de mano de obra en el sector del transporte. Según cifras oficiales citadas por AP News, 32.606 permisos de este tipo han sido concedidos en Nueva York, una parte relevante de los aproximadamente 200.000 emitidos en todo el país. El gobierno estatal sostiene que sus procedimientos cumplen con la legislación federal, aunque la administración federal considera insuficientes los controles desde el incidente en Florida.
Nueva York deja de recibir fondos federales como consecuencia de la negativa a revocar licencias comerciales consideradas irregulares por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La auditoría de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) reveló: “más de la mitad de las licencias revisadas presentaban inconsistencias, entre ellas la vigencia de los permisos más allá del periodo autorizado de estadía migratoria”, de acuerdo con la agencia de noticias AP News. El estado debía analizar y cancelar los permisos que no cumplieran los requisitos exigidos por la normativa.
El objetivo de la sanción económica es presionar a Nueva York para que ajuste sus procedimientos y garantice la seguridad en el transporte interestatal, según el comunicado oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los recursos retenidos estaban destinados al financiamiento de obras y programas de infraestructura vial.
El impacto de la medida afecta dos ámbitos principales:
- El presupuesto estatal de Nueva York, que pierde USD 73,5 millones en fondos federales para proyectos de transporte.
- Los titulares de las más de 33.000 licencias comerciales en cuestión, en su mayoría inmigrantes, quienes podrían perder la autorización para conducir vehículos pesados o de pasajeros si sus permisos son revocados.
El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo: “Prometí a los estadounidenses que haría responsables a los líderes estatales que no garantizaran la seguridad frente a conductores extranjeros no evaluados ni calificados. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, según la agencia de noticias AP News.
Datos federales muestran que los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de los conductores de camiones en Estados Unidos, aunque las licencias “no domiciliadas” solo significan el 5% del total nacional. Nueva York ha emitido el 16% de estos permisos a nivel país.
Las licencias comerciales no domiciliadas permiten a ciudadanos extranjeros conducir camiones y autobuses en Estados Unidos bajo condiciones específicas. Estos permisos se otorgan a quienes no pueden acceder a una licencia convencional, pero cumplen ciertos requisitos legales y documentales. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, este tipo de licencia representa el 5% de todas las licencias comerciales activas actualmente.
Para solicitar una licencia no domiciliada, el aspirante debe presentar documentación válida sobre su estatus migratorio y acreditar residencia en el extranjero. Si la residencia o el estatus migratorio expira, el permiso pierde su vigencia. La auditoría de la FMCSA determinó que muchos permisos seguían activos luego del vencimiento de la autorización migratoria.
El detonante de la auditoría fue el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, donde fallecieron tres personas y el conductor implicado tenía una licencia comercial no domiciliada. Tras ese hecho, Sean Duffy ordenó la revisión de estos permisos en todos los estados, objetivo: “garantizar que solo conductores debidamente evaluados y calificados operen vehículos pesados”, según AP News.
La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y el periódico británico The Independent informaron que California también ha sido sancionada con la retención de 200 millones de dólares en fondos federales por causas similares. Otros estados han recibido advertencias y podrían enfrentar medidas comparables si no ajustan sus procesos.
El gobierno de Nueva York sostiene la legalidad de sus prácticas de emisión de licencias y afirma que cumple con la normativa federal. Sean Butler, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, argumentó que la medida responde a una ofensiva federal contra los estados gobernados por demócratas: “Seguiremos defendiéndonos y ganaremos nuevamente”, según AP News.
Nueva York ya había enfrentado amenazas de recorte de fondos por otros motivos, como la financiación de proyectos de infraestructura urbana o la aplicación del peaje de congestión en Manhattan. En ocasiones anteriores, el estado logró revertir algunas sanciones en los tribunales, según el sitio ClickOnDetroit.
Las asociaciones del sector han respaldado las acciones federales para retirar a conductores considerados no calificados. Todd Spencer, presidente de la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), expresó que “estas acciones de control eliminarán a los infractores y devolverán la responsabilidad al sistema. Hoy se da un paso importante hacia carreteras más seguras y una industria de transporte más profesional”, cita recogida por AP News.
El sector enfatiza la necesidad de controles más estrictos y alerta sobre la persistencia de escuelas de conducción y empresas reincidentes en infracciones. Para la industria, la seguridad vial depende de la formación y acreditación adecuada de los conductores.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que las nuevas reglas impedirán que el 97% de los conductores extranjeros que antes podían obtener licencias comerciales renueven o accedan a ese permiso. La reglamentación exige que todos los solicitantes acrediten residencia y documentos migratorios vigentes. Estas restricciones impactan directamente sobre los inmigrantes que buscan empleo en el sector del transporte.
Otras jurisdicciones, incluyendo Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, han sido advertidas sobre la posible pérdida de fondos si no revisan sus políticas de licencias, según la plataforma de análisis financiero Barchart.com.
Grupos de inmigrantes expresan preocupación por el efecto de la revisión masiva de licencias y denuncian que algunos conductores están siendo sometidos a un escrutinio desproporcionado. Las investigaciones federales han puesto atención en la comunidad sij, dado que los conductores implicados en los accidentes de Florida y California pertenecían a ese grupo, según AP News.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos insiste en que la prioridad es la seguridad vial y la correcta documentación de todos los operadores de vehículos comerciales, sin discriminación por origen.
La retención de fondos federales continuará hasta que Nueva York cumpla con la revocación de las licencias identificadas como irregulares. El gobierno estatal prevé proseguir su defensa legal y administrativa ante los tribunales y autoridades federales. Los conductores involucrados aguardan la revisión individualizada de sus permisos, mientras la industria y los estados discuten la implementación de la nueva normativa.
La revisión de licencias y la retención de fondos incrementan la presión sobre el sistema de transporte y los trabajadores inmigrantes, y refuerzan el escrutinio a la regulación del sector en todo el país.
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INTERNACIONAL
Another NATO ally signs onto European nuclear umbrella as continent boosts self-defense
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France has added a ninth European country to President Emmanuel Macron’s growing nuclear deterrence initiative as European governments move to take on a larger role in its own defense following years of pressure from President Donald Trump to shoulder more of NATO’s security burden.
Norway announced Wednesday that it will join France’s so-called «forward deterrence» initiative, becoming the latest country to participate in discussions over how France’s nuclear arsenal could contribute to European security. The effort also includes Germany, Poland, the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, Greece and the United Kingdom.
Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre stressed that «our deterrence will continue to be provided by NATO» and said France had consulted both NATO and the U.S. as the initiative expanded.
EUROPE STEPS UP TO FUND ITS OWN DEFENSE, PROVIDE SECURITY FOR UKRAINE AFTER TRUMP THREATS
The expansion comes as European governments race to strengthen its militaries amid concerns that Russia could eventually push beyond Ukraine and threaten NATO territory. It also marks another step in Macron’s effort to position France at the center of a more self-reliant European security framework as NATO allies increase defense spending and military cooperation.
It also follows years of warnings from Trump that the U.S. should not continue carrying a disproportionate share of Europe’s defense burden.
French President Emmanuel Macron addresses the 80th United Nations General Assembly at U.N. headquarters in New York on Sept. 23, 2025. (REUTERS/Eduardo Munoz)
«If they don’t pay, I’m not going to defend them,» Trump said in 2025 when discussing NATO allies that fail to meet defense spending commitments.
Trump repeatedly has argued that European countries relied too heavily on American military power while underinvesting in their own defenses. At NATO’s summit in The Hague earlier in 2026, alliance members agreed to a new goal of spending 5% of GDP on defense and defense-related investments by 2035, a dramatic increase from NATO’s longstanding 2% benchmark.
France has not announced plans to permanently station nuclear weapons in nations participating in the initiative and retains sole authority over any decision involving its nuclear arsenal.
Members of the French Navy are aboard a submarine awaiting the arrival of French President Emmanuel Macron at the nuclear submarine navy base of Ile Longue in Crozon, France, March 2, 2026. (Yoan Valat /Pool via Reuters)
Instead, participating countries will take part in discussions, planning and exercises related to French nuclear deterrence while France signals that the security of its European partners is increasingly tied to its own. Macron also has said participating countries could temporarily host French strategic air forces as part of the initiative.
Macron has increasingly positioned France as a leader in Europe’s push to take greater responsibility for its own security. France is the European Union’s only nuclear-armed country, and the French president has argued that France’s nuclear deterrent should play a larger role in protecting the continent as governments across Europe increase military spending and expand defense cooperation.
MOCKING HIM AS ‘MICRON,’ RUSSIA WARNS MACRON AGAINST MAKING NUCLEAR ‘THREATS’
France built an independent nuclear deterrent during the Cold War under President Charles de Gaulle. France conducted its first nuclear test in 1960 and developed its own arsenal in part to ensure the country would never be entirely dependent on Washington for its security.
The arrangement leaves open questions about exactly what commitments France is making.
French President Emmanuel Macron reviews the troops during his visit to the nuclear submarine navy base of Ile Longue in Crozon, France, March 2, 2026 (Yoan Valat /Pool via Reuters)
For decades, Europe’s ultimate nuclear backstop has been the U.S. which stations nuclear weapons in several NATO countries including Germany, Belgium and the Netherlands as part of the alliance’s broader deterrence posture. France’s proposal is less explicit, seeking to strengthen deterrence by making Russia consider the possibility that threats against European allies could implicate French security interests without offering a formal nuclear guarantee.
The initiative highlights how some European governments are looking to strengthen regional defense arrangements even as the U.S. remains NATO’s dominant military power and primary nuclear guarantor.
It also comes as Trump and Macron continue a relationship marked by both cooperation and public disagreements.
In March, Trump rated Macron an «8 out of 10» as an ally while discussing French support for a U.S.-led effort to secure the Strait of Hormuz.
«Not perfect, but it’s France,» Trump said. «We don’t expect perfect.»
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At the same time, Macron has increasingly pushed for Europe to take greater responsibility for its own defense and has publicly broken with Washington on several foreign policy issues, including criticism of U.S. military actions in the Middle East.
Those tensions reflect a broader challenge facing NATO as European governments seek to strengthen their own military capabilities while continuing to rely heavily on the United States for much of the alliance’s military power and nuclear deterrence.
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INTERNACIONAL
Elecciones en Colombia 2026: cuándo es el balotaje entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
El excéntrico abogado Abelardo de la Espriella emergió en las elecciones presidenciales de Colombia como un duro rival para el senador progresista Iván Cepeda, con quien se disputará el balotaje en junio en medio de acusaciones mutuas y cuestionamientos al sistema electoral.
Cepeda, aliado del actual presidente Gustavo Petro, había liderado en los últimos meses gran parte de las encuestas y parecía confiado en que podría ganar en primera vuelta, un hito que nadie ha conseguido en casi dos décadas.
Pero los resultados del domingo, que corresponden a un conteo preliminar, le dieron la ventaja a De la Espriella con 43,74% de los votos frente a 40,90% de Cepeda, lo que los llevará al balotaje el 21 de junio.
Petro no aceptó los resultados y dijo que esperará a que los jueces electorales realicen el escrutinio, resuelvan eventuales reclamos sobre irregularidades y declaren formalmente la elección. En la misma línea se pronunció Cepeda.
La primera vuelta presidencial era para los analistas un medidor de la aceptación o rechazo a la agenda política de Petro, quien no se puede reelegir.
Mientras Cepeda promete profundizar los programas sociales para los más vulnerables y continuar los diálogos de paz con los grupos armados, De la Espriella ha dicho que dará un vuelco total y reducirá el tamaño del Estado, beneficiará a empresarios y presionará con operaciones militares a los grupos ilegales.
“Hay una polarización enorme en el país, lo que los votantes en su gran mayoría sugirieron es que no quieren una continuidad al gobierno Petro”, aseguró a The Associated Press el analista político Sergio Guzmán. “De la Espriella ganó la primera vuelta, eso es un golpe de opinión muy difícil de derrotar”, explicó.
De la Espriella calificó a su contrincante de “bandido aliado de narcoterroristas”, mientras Cepeda lo tildó de buscar regresar al país a un pasado “mafioso y corrupto”.
Con una diferencia de más de 673.000 votos, De la Espriella y Cepeda lucharán por mantener a su electorado y conquistar a los votantes que en primera vuelta apoyaron a los otros nueve aspirantes. Cepeda retó el lunes a De la Espriella a un primer debate público para medir propuestas.
De la Espriella se autodefine independiente y se postuló sin el apoyo explícito de partidos tradicionales. Sin embargo, tras los resultados del domingo comenzaron a tejerse alianzas políticas. La candidata Paloma Valencia —quien se ubicó en tercer lugar con 6,9% de los votos— y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), anunciaron su apoyo al conservador, así como el exmandatario Iván Duque (2018-2022) y el partido Cambio Radical.
Por su parte, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) renovó su respaldo a Cepeda y se sumó el exembajador en el Reino Unido y candidato en primera vuelta Roy Barreras, quien no obtuvo ni 1% de los votos.
De la Espriella es un abogado conocido en Colombia por sus clientes de alto perfil como Uribe, así como de figuras controvertidas como Alex Saab, un estrecho aliado del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro que enfrenta cargos en Estados Unidos.
Se hace llamar “El Tigre” y dice que con la ferocidad de ese felino enfrentará a los grupos armados. Es vocal en su simpatía por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei, de quienes dice que tomaría algunas de sus políticas como referencia.
“Me gusta mucho el tema de las cárceles y la seguridad del presidente Bukele, haciendo la salvedad de que son dos países muy distintos, con conflictos y situaciones muy diferentes”, explicó De la Espriella a AP antes de la primera vuelta. “Me gustan del presidente Milei algunos de sus manejos económicos; ha reducido sustancialmente la inflación”, agregó.
De la Espriella se une a un número creciente de líderes regionales, desde Chile hasta Honduras, que buscan adoptar el “modelo Bukele” a medida que los votantes latinoamericanos abandonan a los políticos con ideas progresistas destinadas a abordar las causas del conflicto como la falta de oportunidades, la pobreza y la corrupción.
“Es una marca política que, por así decirlo, llegó a Colombia. No creo que De la Espriella inventara nada”, aseguró Guzmán.
El candidato también es seguidor del presidente Donald Trump y miembro del Partido Republicano. Ha prometido que, de llegar al poder, estrechará la relación con Estados Unidos y dará resultados en la disminución de cultivos de hoja de coca, la materia prima de la cocaína.
INTERNACIONAL
La presidenta de Costa Rica reclama intervención del Congreso ante escalada delictiva en Crucitas
La presidenta Laura Fernández lanzó un llamado urgente a la Asamblea Legislativa para abordar de manera definitiva la problemática en Crucitas, una región que actualmente exige un gasto de USD 1 millón al mes solo en operaciones de seguridad.
La mandataria advirtió que la situación en Crucitas representa un riesgo que trasciende lo ambiental, pues bandas de crimen organizado ya se han asentado en la zona, profundizando un ciclo de delitos y pérdida de recursos nacionales.
Según Fernández, la continuidad de este modelo implica que el país sacrifica fondos esenciales que podrían emplearse en otras áreas de la seguridad pública.
La presidenta subrayó: “Nos consume un millón de dólares al mes la atención de seguridad que estamos dando en Crucitas, eso es mucha plata que debería de estarse distribuyendo en otras de las tantas necesidades de la seguridad nacional”.
Con esto, insistió en la urgencia de que los diputados den trámite a la propuesta de legalizar la minería de oro en la región, una iniciativa que permanece en la Asamblea Legislativa desde hace aproximadamente dos años y medio.
Fernández extendió una invitación directa a los legisladores para visitar Crucitas el próximo 19 de junio, enfatizando que el recorrido será a pie y no en helicóptero.
La intención es que los diputados experimenten de primera mano las condiciones que soportan los cuerpos policiales y comprendan la gravedad de posponer una solución efectiva.
“Qué fácil es desde la comodidad del aire acondicionado y desde la comodidad de una oficina burocrática… decir, ay, me opongo a esa solución, mientras nuestros policías pasan en un ambiente inhóspito, solo ahí, casi que con la ayuda de Dios”, reclamó la presidenta.
Actualmente, la controversia gira en torno a la legalización de la minería de oro como estrategia para frenar el deterioro ambiental, el robo de recursos y el fortalecimiento de la criminalidad en Crucitas.
Fernández argumenta que la falta de acción perpetúa un “combo de todo lo malo” para el país: daños ecológicos, saqueo de bienes nacionales y el avance del crimen organizado.
La propuesta del Ejecutivo busca que la legalización permita un control estatal sobre la explotación minera, con la promesa de reducir los riesgos sociales y ambientales, así como el elevado gasto en seguridad.
El llamado de Laura Fernández es claro: sin una intervención legislativa, la crisis en Crucitas seguirá agravándose, drenando recursos y comprometiendo la estabilidad y bienestar nacional.
La minería ilegal en Crucitas volvió a exponer en 2026 una crisis que mezcla daño ambiental, redes criminales y tensión entre Costa Rica y Nicaragua, después de que la Fuerza Pública costarricense detuviera a 19 nicaragüenses en la zona, según Infobae, en un conflicto agravado desde que se anuló la concesión legal para explotar oro y el territorio quedó abierto a la extracción clandestina.
Esa actividad ilegal provoca pérdidas anuales de unos USD 252 millones para Costa Rica, según Divergentes. El medio señaló que el oro extraído en la frontera alimenta un circuito de tráfico hacia Nicaragua, con participación de estructuras organizadas que facilitan su traslado y procesamiento.
La dimensión transfronteriza también llevó al gobierno costarricense a presentar reclamos diplomáticos a Nicaragua para pedir mayor vigilancia en la frontera y en el río San Juan, según Bloomberg Línea. La respuesta nicaragüense, de acuerdo con ese medio, ha sido limitada y la extracción clandestina continúa.
El origen del conflicto actual se remonta a 1999, cuando la empresa canadiense Industrias Infinito S.A. solicitó una concesión para explotar oro a cielo abierto en Las Crucitas, en el cantón de San Carlos, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
En 2008, el gobierno de Costa Rica declaró el proyecto de interés público y habilitó su avance, pese a la oposición de grupos ambientalistas y comunidades locales, de acuerdo con ese registro.
La concesión fue anulada en 2010 por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, que citó irregularidades en el proceso y posibles daños ambientales al ecosistema del río San Juan, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
Esa decisión frenó la explotación legal, pero dejó la zona vulnerable a nuevas incursiones irregulares.
Lo que ocurre hoy en Crucitas es una extracción clandestina de oro realizada por grupos de mineros artesanales conocidos como coligalleros en Costa Rica y güiriseros en Nicaragua, según La Prensa Nicaragua.
El medio informó que esos grupos emplean métodos que incluyen sustancias tóxicas como cianuro y mercurio.
Nicaragua
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