Luego de que la inflación marcara 3,4% en marzo, las principales consultoras coinciden en que abril mostrará una desaceleración en el ritmo de suba de precios. Las estimaciones más optimistas ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en torno al 2,4% mensual, lo que le daría al Gobierno un respiro en materia inflacionaria.

Sin embargo, el alivio sería parcial y de corta duración. Hacia adelante, los analistas advierten que mayo estará atravesado por nuevas presiones, tanto por factores locales —como el ajuste de tarifas y transporte— como por el impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, que ya encarece los costos energéticos.

Inflación en alimentos: subas sobre el cierre del mes

Uno de los datos que siguieron de cerca las consultoras fue la evolución de alimentos y bebidas, el rubro de mayor incidencia en el índice general.

El relevamiento de LCG mostró que este segmento aumentó 1,3% en la cuarta semana de abril, consolidando tres semanas consecutivas de aceleración. En el promedio de las últimas cuatro semanas, la suba fue de 1,7%.

Dentro del rubro, los mayores incrementos se registraron en lácteos, carnes y bebidas, mientras que los panificados mostraron bajas que ayudaron a moderar el promedio general. Aun así, una quinta parte de los productos relevados presentó aumentos, reflejando una dispersión de precios elevada.

En la misma línea, Eco Go midió una suba semanal de 0,5% en alimentos en la última semana del mes, por encima del 0,3% de las dos semanas previas. Con estos datos, proyectó un alza de 2,5% para el nivel general de precios en abril.

IPC de abril: consultoras estiman mejor resultado respecto de marzo

Otra de las consultoras que anticipó una desaceleración fue C&T, que relevó una suba de 2,4% en precios minoristas para el Gran Buenos Aires.

De confirmarse este dato, la inflación interanual bajaría levemente, de 32,6% a 32,1%. Uno de los factores que explican la desaceleración es la moderación en el rubro educación, que en marzo había trepado 12% por el inicio del ciclo lectivo y en abril se ubicó cerca del 5%.

En alimentos y bebidas, C&T registró un incremento cercano al 1%, luego de dos meses con subas superiores al 3%. En particular, la carne avanzó 2%, el menor ritmo desde septiembre del año pasado, mientras que frutas y verduras mostraron caídas que ayudaron a contener el índice.

Transporte y regulados: señales mixtas

En otros rubros, el comportamiento fue dispar. Transporte registró una suba cercana al 4%, impulsada por combustibles, aunque hacia la segunda mitad del mes comenzó a estabilizarse.

En servicios públicos, en tanto, la presión fue menor en abril, especialmente en gas y electricidad, lo que ayudó a moderar el impacto en el rubro vivienda.

Por su parte, la indumentaria mostró subas por encima del promedio, en línea con el cambio de temporada otoño-invierno, mientras que bienes y servicios varios se vieron afectados por aumentos en productos de cuidado personal.

Mayo arranca con aumentos y presión externa

Pese a la desaceleración de abril, el escenario para mayo aparece más desafiante. El principal factor de riesgo proviene del frente externo: la guerra en Medio Oriente ya impacta en los precios internacionales de la energía.

Según la consultora Economía & Energía, el costo de importación de Gas Natural Licuado (GNL) y gasoil aumentará hasta un 30% durante el invierno. Esto llevaría el costo del gas a unos 5,3 dólares por millón de BTU, levemente por encima del año pasado, mientras que la generación eléctrica también se encarecerá.

Si bien el impacto directo sería acotado por la baja incidencia del gas importado en la matriz local, se suma a otros aumentos ya en marcha.

Desde mayo, los colectivos en el AMBA subieron 5,4%, con boletos mínimos que superan los $750 en la Ciudad y los $900 en la provincia. También se actualizaron peajes y tarifas de gas, con subas escalonadas según el nivel de consumo.

Un escenario abierto para la inflación

En este contexto, las consultoras advierten que la desaceleración de abril podría ser transitoria. La combinación de subas en precios regulados, mayor costo energético y volatilidad internacional plantea un panorama incierto para los próximos meses.

El comportamiento de los combustibles, las decisiones del Gobierno en materia de tarifas y la evolución del conflicto en Medio Oriente serán claves para determinar si la inflación logra consolidar una tendencia a la baja o si vuelve a acelerarse en el corto plazo.

El Gobierno nacional puso en marcha el lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un sistema incorporado en la Ley N° 27.802, aprobada en marzo, que busca incentivar el empleo formal en el sector privado. La medida se oficializó mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, que definió los parámetros necesarios para su aplicación.

La reglamentación establece los principales lineamientos para el uso del régimen, incluyendo quiénes pueden acceder, los procedimientos administrativos y los beneficios otorgados. El decreto detalla requisitos, plazos y condiciones, además de la manera en que se aplicarán las reducciones en las contribuciones patronales que prevé la ley.

Los empleadores que quieran adherir deberán registrar a los trabajadores bajo el nuevo esquema ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. Ese será el período en el que se podrá hacer uso del régimen.

El RIFL está disponible para todos los empleados inscriptos, pero si el alta se realiza a partir del 10 de diciembre de 2025, la empresa sólo podrá incluir hasta el 80% de su plantilla dentro de este régimen. Si la contratación se efectuó antes, no existen restricciones en cuanto a la proporción de empleados.

En cuanto a los trabajadores que podrán ser incorporados bajo este esquema, la reglamentación contempla: personas sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a la contratación, monotributistas y empleados del sector público en cualquiera de sus niveles. El texto aclara que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o el simplificado, sin perder los beneficios.

• Quienes no tenían una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025.
• Quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos a la contratación.
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que se desempeñan en el sector público, ya sea nacional, provincial o municipal.

Uno de los principales atractivos del RIFL es la reducción de las contribuciones patronales, que suelen ubicarse entre el 18% y el 20,4% según el tipo de empresa. Ahora, todas tributarán un 5% durante los primeros 48 meses desde el inicio de la relación laboral. De ese porcentaje, el 2% se destinará al SIPA, el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del INSSJP (Ley N° 19.032).

Aún resta que ARCA defina los procedimientos específicos para el alta de los nuevos empleados bajo este régimen. Sí se especifica que no podrán incluirse trabajadores que hayan estado en la misma empresa y se desvincularon dentro de los últimos doce meses.

El decreto mantiene los aportes adicionales para determinados sectores, como el petrolero y el eléctrico, que deberán seguir abonando un 2% extra en contribuciones. También confirmó que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) seguirá siendo obligatoria: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes. Este fondo debería comenzar a regir el 1 de junio, aunque existe la opción de retrasar su implementación hasta 180 días. Para quienes sean dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL no se deducirá de las contribuciones patronales y deberá pagarse por separado.

El régimen prevé que si se detectan incumplimientos o causales de exclusión, los empleadores perderán los beneficios y deberán regularizar las contribuciones omitidas, con los intereses y sanciones que correspondan. ARCA será responsable de los controles y de la instrumentación de los mecanismos de recomposición.

A diferencia de antiguos programas, el RIFL no está pensado para regularizar empleo no registrado de manera masiva. En caso de que una empresa intente blanquear a un trabajador completamente en negro, podría perder el beneficio si se detecta la infracción.

Dentro de la reforma laboral se incluyó un apartado específico para fomentar el registro formal de trabajadores. Este segmento está contemplado a partir del artículo 168° y los artículos siguientes, y establece medidas orientadas a regularizar vínculos laborales que presentan irregularidades en su registración. A diferencia del RIFL, este capítulo de la reforma sí apunta directamente a normalizar situaciones de empleo con deficiencias registrales. Por el momento, este apartado no fue reglamentado, por lo que aún no se encuentra operativo.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) estimó este lunes que el sector alcanzaría exportaciones por u$s9.000 millones en 2026 bajo una perspectiva conservadora. Roberto Cacciola, titular de la entidad, explicó en un encuentro con la prensa que si la tendencia de precios internacionales se mantiene estable, el ingreso de divisas podría incrementarse en otros u$s1.000 millones adicionales, situando el horizonte exportador en el umbral de los u$s10.000 millones para el año.

La industria minera en la Argentina consolidó un cambio de tendencia al cerrar un 2025 con exportaciones por u$s6.056 millones, lo que representó un máximo histórico y el 7% del total de los despachos nacionales al exterior. Este desempeño, que significó un crecimiento del 30% respecto al año anterior, marca el inicio de una etapa de expansión según el directivo.

Este crecimiento exponencial se explica fundamentalmente por la maduración de los proyectos de litio, que representan la realidad más dinámica de la actividad en la Argentina. El sector pasó de producir 35.000 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente (LCE) en 2022 a 116.000 toneladas para 2025, lo que permitió que el mayor volumen de producción compensara las fluctuaciones de precios. Para 2026, las proyecciones indican que el litio aportará más de u$s2.400 millones a la balanza comercial.

En paralelo, la minería metalífera tradicional de oro y plata experimentó una mejora sustancial en sus valores de exportación debido al alza de las cotizaciones internacionales, a pesar de enfrentar desafíos operativos en los yacimientos existentes. Cacciola advirtió que la caída en la producción de oro es una tendencia que persiste desde el fin del proyecto Alumbrera y que, a valores de 2022, muchas minas actuales no serían operativas.

El peso de la minería en las provincias

La relevancia económica de la actividad es crítica en términos federales, ya que la minería define el perfil exportador de las provincias donde se asienta con una incidencia que supera el 80% en la mayoría de los casos. En Catamarca, el sector representa el 93,2% de sus ventas externas, mientras que en Santa Cruz llega al 85,8% y en San Juan al 85,4%, demostrando que la minería no es solo un motor nacional, sino el sustento principal de las economías regionales del NOA y la Patagonia.

Pero el directivo destacó que este impacto trasciende las fronteras provinciales tradicionales, integrando ahora a distritos como Córdoba y Santa Fe a través de sus clústeres de proveedores industriales.

En cuanto al mercado laboral, la minería genera más de 100.000 puestos de trabajo con una tasa de informalidad casi nula y salarios que promedian 2,5 veces el sueldo del sector privado registrado. Cacciola señaló que por cada empleo directo se crean dos indirectos, y subrayó que si los grandes proyectos de cobre avanzan hacia su fase de construcción, el sector se convertirá en un generador de empleo masivo.

La proyección hacia 2032 contempla alcanzar los 200.000 trabajadores totales, siempre que se potencien los recursos humanos y la capacitación local para cubrir la demanda técnica que vendrá. Esas cifras de desarrollo implican a la vez el desafío de capacitar a los futuros trabajadores calificados de la industria, para no generar un cuello de botella de los recursos humanos.

El motor del RIGI para la industria

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue un catalizador para acelerar las decisiones de inversión en el país. Hasta el momento, se presentaron 13 proyectos mineros bajo este marco normativo, los cuales representan una inversión global de u$s42.000 millones. Siete de estos proyectos ya obtuvieron su aprobación oficial, sumando compromisos por u$s7.948 millones en provincias como Salta, San Juan, Jujuy y Catamarca, abarcando principalmente emprendimientos de litio, cobre, oro y plata.

La exploración minera también muestra signos vitales positivos al triplicar su presupuesto en la última década hasta alcanzar el séptimo puesto en el ranking mundial de destinos exploratorios. En 2025, la inversión en esta etapa temprana fue de u$s430 millones, una cifra significativamente superior a los u$s124 millones registrados en 2015. El desafío actual reside en consolidar nuevos proyectos de oro y plata para revertir el déficit de descubrimientos recientes y mantener la competitividad del sector en el largo plazo.

Desde la conducción de CAEM, se enfatizó que el desarrollo minero debe ir acompañado de una infraestructura inteligente que no se limite a la coyuntura actual. Cacciola remarcó que muchos proyectos saldrán por Chile debido a la logística, pero instó a pensar en una minería para los próximos 100 años que aborde los desafíos de transporte y energía con visión estratégica.

La coordinación entre el gobierno nacional y los gobernadores, independientemente de su color político, es vista como una fortaleza institucional necesaria para garantizar la seguridad jurídica de estas inversiones. Un punto de debate central es la carga tributaria y los derechos de exportación, que actualmente afectan al litio y la plata con una alícuota del 4,5%.

La industria considera que estos gravámenes tienen un fin meramente recaudatorio y envían un mensaje equívoco a los inversores internacionales, especialmente cuando afectan la rentabilidad de los proyectos de menor margen. Existe una expectativa en el sector para que el gobierno resuelva pronto estas inconsistencias legales y avance hacia un esquema fiscal que priorice la producción y la inversión genuina.

Finalmente, la minería se propone como un aliado estratégico para la industria nacional a través de la Mesa Federal Minera, buscando evitar un «compre local» indiscriminado pero también una apertura que desproteja a los proveedores nacionales. Cacciola concluyó que la aceptación social de la minería depende de que el crecimiento sea visible en el país, fortaleciendo a las miles de empresas proveedoras que participan en las distintas etapas de construcción y operación de un proyecto.