El Gobierno reglamentó en la última semana el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y abrió de inmediato un debate entre empresarios, abogados laboralistas y economistas sobre el impacto que puede tener la medida en el mercado de trabajo. Aunque distintos sectores valoraron la fuerte reducción de las contribuciones patronales y la mayor previsibilidad para contratar personal, también surgieron dudas respecto de la capacidad real del esquema para generar empleo en una economía que todavía muestra señales débiles en consumo y actividad.

La discusión giró sobre un punto central: si una baja significativa del costo laboral alcanza por sí sola para impulsar nuevas contrataciones o si las empresas sólo incorporan trabajadores cuando existe mayor demanda y necesidad de producción.

“La generación de empleo no se da por una ley. Si necesitás gente vas a tomar, y si no, vas a despedir aunque tengas prohibición de despidos”, dijo a Infobae Juan José Etala, abogado laboralista y presidente del Departamento de Política Social de la UIA. De todos modos, explicó que el nuevo régimen mejora las condiciones para contratar porque reduce costos y otorga mayor previsibilidad a las empresas. “Lo que sí te da toda la ley es mejores condiciones para contratar. Doce puntos es mucha plata”, señaló Etala en referencia al alivio sobre las contribuciones patronales previsto en el esquema reglamentado esta semana.

El abogado laboralista sostuvo además que tanto la reforma laboral incluida en la Ley Bases como la reglamentación reciente “dan más certeza y más previsibilidad para contratar”. En esa línea, consideró que cualquier empresa que necesite incorporar personal puede aprovechar el beneficio.

La mirada empresaria también puso el foco sobre la situación del consumo y la actividad. Ricardo Diab, presidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), sostuvo que las nuevas reglas representan “una condición necesaria pero no suficiente” para impulsar empleo formal.

“Bienvenida sea toda norma que mejora las condiciones para acceder al trabajo formal, que incentive la contratación de personal y que dé previsibilidad para desafectar una relación laboral. Pero es condición necesaria, no suficiente, para generación de empleo. Tienen que estar dadas condiciones de demanda para poder hacerlo”, explicó.

Diab aseguró que muchas pequeñas y medianas empresas todavía atraviesan un escenario complejo. “El consumo está caído. Hace varios meses que nos da negativo. Independientemente de que crece la venta online, eso no alcanza para compensar la merma de la venta física”, destacó el dirigente empresario.

Los datos de CAME de marzo reflejan que las ventas minoristas mostraron una caída interanual de 0,6% en términos reales y de 0,4% respecto de febrero. Así, encadenaron 11 meses consecutivos a la baja en términos interanuales y en lo que va del año, el rojo acumulado alcanza el 3,6 por ciento.

Aún así, el dirigente empresario sostuvo que gran parte de las firmas asociadas a las cámaras comerciales realizan esfuerzos para sostener su estructura laboral. “La empresa pyme es la que más se resiste a tener que desligarse de personal. La mayoría de las nuestras son empresas familiares, de hasta diez trabajadores. Uno convive con la gente y aguanta hasta el máximo posible”, señaló.

El empresario respaldó la reforma laboral pero insistió en que las contrataciones dependen directamente del nivel de actividad. “Si no tengo necesidad de tomar gente, no lo voy a hacer. Por eso necesitamos incentivo al consumo”, afirmó. También reclamó mayores herramientas de financiamiento para sostener la demanda interna.

De todas maneras, remarcó que mientras que hasta antes de la reforma laboral las empresas evitaban la contratación por la impresibilidad que había y las multas exhorbitantes frente a los juicios laborales, ahora ese escenario cambió (las multas fueron eliminadas) y hay mayores certezas. Lo que falta es el dinamismo económico, que sólo existe en sectores como el energético, la minería y el agro. Son, sin embargo, los que menos empleo generan.

Mientras desde el sector empresario aparecieron apoyos con matices, algunos especialistas cuestionaron la capacidad estructural del esquema para reducir la informalidad o generar empleo registrado en forma significativa.

Matías Maito, economista del CETyD (Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín), expresó una mirada escéptica sobre el impacto que puede tener la reducción de contribuciones patronales en el contexto actual. Según explicó, “Las medidas pueden facilitar situaciones puntuales para algunas empresas, pero no modificar la dinámica general del mercado laboral”.

Grandes empresas vs pequeñas

Maito cuestionó además que el beneficio alcance tanto a pequeñas empresas como a grandes compañías. “La reducción es generalizada y también está planteada para las grandes empresas, donde el problema de los costos laborales sin duda no es un inconveniente para la formalización”, afirmó.

El economista consideró que las grandes compañías no necesitan una rebaja de contribuciones para decidir nuevas incorporaciones. “Ninguna empresa grande necesita que le reduzcan las contribuciones patronales para contratar nuevos trabajadores”, señaló.

El especialista vinculó la discusión laboral con el modelo de crecimiento económico actual. Según explicó, la actividad se concentra en sectores con baja capacidad de generación de empleo, mientras áreas intensivas en mano de obra enfrentan mayores dificultades. “Estamos en un modelo impulsado por sectores que tienen baja capacidad de generar empleo y que está siendo muy dañino con sectores intensivos en empleo como la industria, la construcción o incluso el comercio”, afirmó.

Matías Maito agregó: “El empleo formal no crece aun en los momentos en los que la actividad económica crece, porque la actividad crece traccionada por sectores que no generan empleo”.

El economista contó además que, frente a la falta de puestos registrados, crecieron modalidades laborales más precarias o informales: “Lo único que está creciendo son las modalidades más precarias de empleo, los empleos refugio, sobre todo el trabajo informal por cuenta propia: changas, vendedores ambulantes, trabajadores de plataformas o personas que ofrecen servicios por redes sociales y WhatsApp”.

En ese contexto, el economista consideró: “Mientras esas características estructurales del modelo económico se mantengan vigentes, es muy difícil que una medida como esta pueda compensar los efectos que esta situación está teniendo sobre el empleo, la calidad del empleo y la formalidad”.

El último informe laboral publicado por el CETyD plantea que el empleo formal privado acumula ocho meses consecutivos de caída y desde comienzos de 2024 cerraron unas 26.000 empresas. Al mismo tiempo, crecen los llamados “empleos refugio”: trabajos informales, de baja productividad y bajos ingresos, vinculados sobre todo al cuentapropismo en gastronomía, comercio, construcción y venta ambulante. El informe sostiene que este fenómeno refleja más una estrategia de supervivencia que una expansión del trabajo independiente por elección.

Hacia adelante, las perspectivas siguen siendo débiles. Según el documento, esos “amortiguadores” de la crisis laboral empiezan a saturarse: cada vez más trabajadores compiten por una demanda estancada y eso limita la capacidad del empleo informal para absorber a quienes pierden puestos registrados.

De hecho, el aumento de la desocupación registrado a fines de 2025 podría ser una primera señal de esa transición, sostiene el paper. Además, los datos de actividad económica de comienzos de 2026 no muestran un cambio de tendencia, con caídas fuertes en sectores clave para el empleo como la industria y el comercio. Las proyecciones del propio centro de estudios anticipan que la contracción del empleo privado continuará en los próximos meses, especialmente en la industria.

El RIFL entró en vigencia el lunes pasado y es para nuevas relaciones laborales iniciadas entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027. El esquema contempla una reducción de las contribuciones patronales para empleadores que incorporen trabajadores que no registren empleo formal al momento de la contratación.

Según la reglamentación del Poder Ejecutivo, las empresas que adhieran al régimen accederán a una alícuota reducida de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de la relación laboral. El beneficio alcanza a trabajadores contratados por tiempo indeterminado y registrados bajo convenio colectivo.

La reducción de cargas se aplicará sobre los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.

El régimen forma parte de la reglamentación laboral incluida dentro de la Ley Bases y fue presentado por el Gobierno como uno de los instrumentos centrales para incentivar la formalización y reducir el costo de contratación.

El régimen determina qué trabajadores pueden ser contratados bajo este régimen, que contempla una reducción fuerte de las contribuciones patronales durante 48 meses. Podrán ser:

• Personas que no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025
• Personas que estuvieron desempleadas durante los 6 meses previos a la contratación
• Personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributistas).
• Personas que trabajen en el sector público, nacional, provincial o municipal.

La norma dispone que los trabajadores pueden contar con ingresos provenientes de otras actividades económicas sin que ello afecte los beneficios del régimen. Esto incluye tanto actividades bajo el régimen general como bajo el monotributo.

En cuanto al beneficio para las empresas, consta de una reducción de las contribuciones patronales, que actualmente oscilan entre el 18% y el 20,4%, dependiendo de qué tipo de empresa se trate. Si es una firma de servicios o comercio que no es pyme, actualmente pagan 20,4%, en tanto que las empresas industriales, las pyme, las asociaciones sindicales y obras sociales abonan 18 por ciento.

A partir de ahora, todas las empresas abonarán 5% de contribuciones sobre la nómina salarial durante los primeros cuatro años desde el inicio de la relación laboral. En cuanto a la composición de esa alícuota, el 2% se distribuirá entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en tanto que el 3% restante irá al subsistema regido por la Ley N° 19.032 (Inssjyp).

Al contrario de lo que presume la media del mercado, creemos que la inflación puede bajar mucho más que las expectativas de las consultoras; sin embargo, el dólar podría, a un año vista, subir más que el costo de vida.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) trajo una serie de datos que nos dejan opiniones divergentes. En primer lugar, la inflación a un año vista se estaría desacelerando: hoy en torno al 32% anual, el relevamiento la proyecta en un 24,1% anual según la media de las consultoras y en un 26,5% anual según las 10 consultoras con mayor cantidad de aciertos. Sin embargo, notamos una gran divergencia cuando se opina sobre el tipo de cambio.

En ese caso, la media de las consultoras ve a un año un dólar de $1.786, lo que implica una tasa de devaluación del 28,4% anual, por encima de la inflación. Mientras tanto, las 10 consultoras con mayor nivel de acierto ven un dólar de $1.697, lo que implica una devaluación del 22% que se ubicaría por debajo de la inflación esperada.

Quedan abiertas las dos opciones: la media de los consultores ve una deflación en dólares del 3,3% anual, mientras que las 10 consultoras con mayor cantidad de aciertos ven una inflación en dólares del 3,7% anual.

Recordemos que para abril de 2027 ya se estarán desarrollando las elecciones en muchas provincias, y que el ritmo de los resultados le pondrá intensidad al «color» del dinero. Si el resultado de los comicios es funcional al oficialismo, el color del dólar será verde agua; si no lo es, el color del dólar será verde fosforescente, con más demanda en el mercado.

Es interesante ver qué nos dice el mercado. La inflación a un año, según el mercado de bonos, surge de comparar la tasa de retorno del bono T30A7 (que rinde el 28,4%) y el bono en pesos ajustado por inflación TZXA7 (que rinde el 1,0%). Ambos títulos vencen el 30 de abril de 2027, lo que nos indica que la inflación esperada es del 28,3% anual, muy por encima de los pronósticos de las consultoras.

Es relevante proyectarnos más allá de las elecciones. El bono TZV28, que es un título en pesos que ajusta por dólar mayorista (dollar-linked), rinde el 7,4% anual; por su parte, el bono TZX28, que ajusta por inflación, rinde el 7,9% anual.

Ambos vencen el 30 de junio de 2028 y lo que reflejan es que el mercado espera que la inflación siga superando a la tasa de devaluación, pero por un rango pequeño de apenas el 0,47% anual, lo que indicaría que no habría diferencias significativas.

Conclusión: el dólar puede subir más que la inflación

Desde nuestro punto de vista, la inflación puede darnos una sorpresa positiva y comenzar a descender en los meses siguientes, ya sea por un ajuste en el precio de la carne, el fin de la guerra en Medio Oriente —y consecuentemente una normalización en el precio del petróleo—, como también por una política fiscal que seguirá siendo superavitaria, reservas en el Banco Central creciendo y un aumento muy bajo en la cantidad de moneda circulante.

Por el lado del tipo de cambio, creemos que hay margen para una recuperación sin que afecte a los precios.

El tipo de cambio hoy podría estar entre $1.450 y $1.500 y no sería grave para la economía; al contrario, alentaría a que muchos exportadores liquiden divisas, se active la recaudación del comercio exterior (que viene por debajo del año 2025) y el Gobierno lograría más dólares e ingresos fiscales.

Está claro que el precio de la divisa surge del mercado. Mientras tengamos una gran afluencia de dólares por el ingreso de inversiones del RIGI, liquidación de Obligaciones Negociables, bonos provinciales y exportaciones crecientes, luce difícil una suba importante, al menos hasta el mes de julio, cuando comienza a descender la liquidación de exportaciones.

Respecto al mercado de bonos en dólares, creemos que siguen siendo una muy buena oportunidad de inversión. Argentina logró una mejora en su calificación y podrían venir más avances en un tiempo prudencial.

Está claro que el riesgo país puede descender a la zona de los 400 puntos con un nuevo presidente de la Reserva Federal que baje las tasas, un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y la apertura del estrecho de Ormuz con el fin del conflicto bélico entre Washington e Irán.

Todo esto podría darle un impulso al mundo emergente y hacer despegar a los activos financieros argentinos, comenzando por los bonos y siguiendo por las acciones.

El mercado de autos eléctricos creció con fuerza en Argentina en los primeros cuatro meses del año. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), entre enero y abril se vendieron más de 2.345 unidades, un 819,6% más que los 255 vehículos registrados en igual período del año pasado.

Ahora bien, ¿qué tan accesible es un auto eléctrico? El modelo más barato del ranking requiere el equivalente a 15,3 sueldos netos del sector privado formal, mientras que el más caro supera los 35 salarios. El cálculo asume que el trabajador destina el 100% de su salario mensual a la compra del vehículo, sin ningún otro gasto.

La referencia utilizada es el ingreso neto promedio del sector privado asalariado formal correspondiente a enero de 2026, publicado por el Ministerio de Capital Humano: 1.753.134 pesos. Los precios fueron tomados de la lista de la Cámara de Comercio Automotor (CCA).

El BYD Dolphin Mini lidera el ranking, con 1.299 unidades vendidas entre enero y abril de este año, una cifra que casi triplica a la del segundo modelo más comercializado. Su precio de mercado es de USD 22.990, lo que equivale a $32.645.800 al tipo de cambio del Banco Nación.

Para adquirirlo destinando la totalidad del salario promedio neto, un trabajador del sector privado formal necesitaría aproximadamente 18,6 sueldos.

El BYD Dolphin Mini está propulsado por un motor eléctrico de 88 CV. Según la versión, equipa una batería de 30 kWh o 43,2 kWh, con autonomías declaradas de 280 y 380 kilómetros respectivamente

El BYD Yuan PRO registró 496 unidades vendidas en el período analizado y se ubica en el segundo lugar del ranking. Es un SUV compacto del segmento B, equipado con un motor eléctrico de 174 CV y 290 Nm de torque. Su batería Blade LFP de 45 kWh le otorga una autonomía declarada de 380 kilómetros según el ciclo NED.

Su precio es de USD 29.990, equivalente a $42.585.800. Para comprarlo, un trabajador necesitaría destinar alrededor de 24,3 salarios netos promedio.

El tercer puesto y al podio de ventas se sube el Chevrolet Spark, que acumuló 142 unidades vendidas en el primer cuatrimestre. A diferencia de la mayoría de los modelos del ranking, su precio está publicado en pesos: $42.529.900. Adquirirlo requiere aproximadamente 24,3 sueldos netos promedio del sector privado formal.

El Spark es un SUV del segmento B, propulsado por un motor eléctrico de 102 CV y 180 Nm de torque, con una batería de 42 kWh que le otorga una autonomía declarada de hasta 360 kilómetros.

El JMEV Easy 3 es el modelo más accesible del ranking. Con 94 unidades vendidas, su valor de mercado es de USD 18.900, equivalente a $26.838.000. Su batería de iones de litio de 30,24 kWh con refrigeración líquida le otorga una autonomía declarada de 330 kilómetros según el ciclo CLTC. Admite carga rápida del 20% al 80% en 40 minutos.

Para comprarlo, un trabajador necesitaría aproximadamente 15,3 salarios netos, la menor cantidad de sueldos requeridos entre los diez modelos del listado.

El BAIC EU5 registró 62 unidades vendidas entre enero y abril. Su precio es de USD 28.900, esto es $41.038.000 al tipo de cambio del Banco Nación. Adquirirlo destinando el 100% del sueldo exige 23,4 salarios netos promedio.

Según los datos de fábrica, el modelo es un sedán con un motor eléctrico de 161 CV y 240 Nm de torque, alimentado por una batería de 49,6 kWh. Su autonomía declarada es de 401 kilómetros.

De este vehiculo se vendieron 52 unidades en el período. Su precio en el mercado local es de $51.570.000. Para comprarlo, un empleado privado formal necesitaría aproximadamente 29,4 sueldos netos promedio.

El Kangoo cuenta con un motor de 120 CV y 245 Nm de torque, con una batería de 45 kWh que le otorga una autonomía declarada de 300 kilómetros según el ciclo WLTP. Admite carga rápida de 80 kW en corriente continua, con la que recupera 170 kilómetros de autonomía en 30 minutos

El séptimo lugar del ranking de ventas le corresponde al Geely EX5, que vendió 36 unidades entre enero y abril. Su precio de mercado es de USD 34.800, equivalente a 49.416.000 pesos. Para adquirirlo, se necesitan alrededor de 28,2 salarios netos promedio del sector privado formal.

El Geely EX5 un SUV del segmento C, equipado con un motor eléctrico de 214 CV. Su batería LFP de 60,22 kWh le otorga una autonomía declarada de 430 kilómetros según el ciclo WLTP.

El Volvo EX30 registró 32 unidades vendidas y es el modelo más caro del ranking. Su precio promedio en concesionarias es de USD 43.500, equivalente a 61.770.000 pesos. Para comprarlo, un trabajador necesitaría destinar aproximadamente 35,2 sueldos netos, la mayor cantidad de todos los modelos del listado.

Cuenta con un motor eléctrico de 272 CV. Su versión “Single Motor Extended Range” ofrece una autonomía de hasta 476 kilómetros según el ciclo WLTP y permite carga rápida del 10% al 80% en menos de 30 minutos

El Great Wall ORA 03 acumuló 29 unidades vendidas en los primeros cuatro meses del año. Su precio es de USD 31.000, equivalente a 44.020.000 pesos. Para adquirirlo, destinando la totalidad del salario mensual, se necesitan alrededor de 25,1 sueldos netos promedio.

Según informa la fábrica, está equipado con un motor eléctrico de 169 CV y 250 Nm de torque, alimentado por una batería LFP de 48 kWh. Su autonomía declarada es de 310 kilómetros según el ciclo WLTP.

El JAC EV30X cierra el ranking del top-10 con 10 unidades vendidas entre enero y abril. Su precio de mercado es de USD 30.500, equivalente a $43.310.000. Para comprarlo, un trabajador del sector privado formal necesitaría aproximadamente 24,7 salarios netos promedio.

El JAC EV30X es propulsado por un motor eléctrico de 135 CV y 175 Nm de torque, con una batería LFP de 41 kWh con refrigeración líquida. Su autonomía declarada es de 293 kilómetros según el ciclo WLTP.