POLITICA
Pese al repudio, la Casa Rosada mantuvo el cierre de la sala de prensa y Milei escaló su ofensiva contra periodistas

El Gobierno mantuvo este viernes, por segundo día consecutivo, la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, un hecho con escasos precedentes.
El cierre sorpresivo de la sala de periodistas aún no tiene fecha definida para que se revierta, pese a que fuentes oficiales insisten en que el bloqueo es “momentáneo”.
La decisión se tomó en medio de una fuerte escalada de ataques de Milei contra la prensa. La prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50 y motivó un fuerte rechazo de entidades periodísticas y dirigentes opositores.
El Gobierno argumentó que les quitó el permiso para acceder a los representantes de todos los medios a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, por una grabación en pasillos de la Casa Rosada. La propia normativa interna del Ejecutivo considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación.
Pese a eso, en las últimas horas Milei intensificó sus ataques contra los periodistas en las redes sociales.
En medio de esos movimientos, que se conocieron este jueves, en las últimas horas se reprogramó la reunión de la mesa política que estaba prevista para esta mañana.
Según pudo saber , las autoridades optaron por postergar el encuentro, que iba a ser encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por razones de agenda, ya que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, debía viajar a Paraguay.
La reunión se postergó hasta al lunes, cuando se encontrarán alrededor de la mesa del despacho de Adorni, en la planta baja de Casa Rosada, además del ministro coordinador y Bullrich: la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía); el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.
La presencia de Bullrich, espada libertaria en la Cámara Alta, es central para los fines de la reunión que apuntan a definir la estrategia para el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral, que el Gobierno envió este miércoles al Congreso. Allí, la primera parada será el Senado, para luego pasar a Diputados.
Se trata de una de las principales aspiraciones del Gobierno para este año, de cara a los comicios del 2027. Su tratamiento es considerado una “prioridad” en la cúpula del Ejecutivo, pero hasta ahora el oficialismo no tendría garantizado los apoyos necesarios para aprobar la reforma.
La idea de la reunión es avanzar con el delineado de la estrategia, en especial luego de conocer las primeras reacciones adversas de la oposición afín tras el envío de la letra completa del proyecto.
En el oficialismo son conscientes, entre otros puntos, que habrá dificultades para conseguir votos de la oposición de temas como la eventual derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero confían en que podrán negociarlo o, “al menos” lograr su suspensión para 2027.
La eliminación de las PASO, en el que ni la UCR, ni Pro, acompañarían con los votos que necesita el oficialismo, es junto a los cambios en el financiamiento de los partidos políticos, los dos puntos centrales del proyecto para el oficialismo.
Para lograr la mayor cantidad de apoyos posibles, Bullrich ya inició los primeros contactos con pares de otras bancadas. Y en base a eso también se espera que entre en escena la labor de Santilli, en diálogo permanente con los gobernadores, cuyos votos serán centrales. Con varios de ellos se iría reuniendo en los próximos días y semanas, tanto en Balcarce 50 como en distintas visitas a provincias.
En la mañana de este viernes, de hecho, se reunió con Leandro Zdero, de Chaco, junto a Karina Milei y Lule Menem, repitiendo una imagen que también se dio con Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo, de Mendoza.
El panorama legislativo, saben, podría complejizarse aún más en el paso por Diputados, pero esa estrategia recién se encaminará una vez visto lo sucedido en Senado.
Una Casa Rosada sin periodistas
La decisión de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada fue consensuada en la cúpula del Gobierno, según intentaron explicar a este diario fuentes al tanto de lo conversado.
El disparador de la medida, aseguraban, fue el material difundido por la señal TN, que el domingo mostró imágenes de los pasillos de la sede de Gobierno, grabadas, a priori sin autorización, a través del uso de anteojos con inteligencia artificial.
El propio mandatario había encadenado insultos contra los periodistas que lo tomaron y difundieron. Lo hizo a través de su cuenta de X en una acción que prosiguió incluso durante toda la jornada de ayer. Esos insultos se encadenaron a otros que ya venía profiriendo el mandatario.
Ese mismo material fue, a su vez, objeto de una denuncia penal por presunto espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
La forma en que se obtuvo ese material y lo que mostró sobre el interior de Balcarce 50 forman parte de la presentación de nueve páginas que Ibáñez materializó ante la Justicia. Y hacia allí apuntaron en el transcurso de este jueves las justificaciones respecto de por qué se prohibía el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas.
Sin embargo, tal como publicó ayer el escrito judicial argumentó que aquella acción “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”.
Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
Fuentes de Balcarce 50 argumentaron que la Casa Militar llevaba adelante “medidas” tendientes a determinar aspectos relativos a la grabación y al posible material que tendrían los periodistas en base a una frase del programa “Y mañana qué”, en la que se deslizó que habrían otras tomas. Por eso, aseguraron, se habían suspendido “provisoriamente” los ingresos.
“La Casa Militar tiene que hacer medidas de prueba, hay detalles técnicos”, dijo una de las voces consultadas, que además explicó que “se tomarán algunos días” y que necesitan “la Casa vacía para hacer trabajos de investigación”. No dieron mayores detalles de los mismos o su extensión en el tiempo.
tal como publicó ayer,Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
En un nuevo aniversario del atentado a la embajada, Milei ratificó su alianza con Israel y advirtió que “no puede haber tregua” con el terrorismo

Eran las 14.32 y la lluvia caía, impiadosa, sobre la calle Arroyo. Con la capucha de su piloto en la cabeza y mientras un colaborador sostenía un paraguas que lo protegía de las inclemencias del clima, el presidente Javier Milei llegó al lugar en el que se erigía la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, para conmemorar el aniversario número 34 de aquel ataque terrorista que redujo a escombros la sede diplomática provocó la muerte de 29 personas e hirió a más de doscientas.
Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni, el Presidente llegó a la plaza seca con el claro objetivo de reafirmar su alianza y apoyo con el Estado hebreo, hoy embarcado en una durísima guerra contra Irán, en conjunto con Estados Unidos.
“Argentina es socia de Israel en la defensa de los valores de libertad y el combate al terrorismo», dijo el Presidente, en sus nueve minutos de discurso, ante diplomáticos, dirigentes políticos y unas pocas decenas de asistentes que desafiaron el mal tiempo y sortearon las estrictas medidas de seguridad dispuestas por la embajada de Israel, en conjunto con autoridades nacionales y porteñas.
“El ataque dejó una herida imborrable en el suelo argentino y en la comunidad judía, ya que se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”, dijo Milei, en un discurso escrito que le mandó nueve minutos. Fue su segunda participación en un aniversario de ese ataque, aunque en 2024 no habló.
“Israel encarna los valores fundamentales de Occidente y es un ejemplo de resiliencia”, dijo el Presidente, acompañado en el escenario cubierto por Karina Milei, Adorni, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri (a quien saludó con un efusivo abrazo), el embajador de Israel, Eyal Sela; el empresario Marcelo Mindlin, y el presidente del Museo Yad Vashem de Jerusalén, Dani Dayán.
“Frente al terrorismo no puede haber tregua”, afirmó el Presidente, en referencia a los atentados a la embajada y la AMIA, atribuidos por la Justicia argentina a la organización terrorista Hezbollah, financiado y apoyado por el gobierno iraní. Allí destacó que su gestión “impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables de estos crímenes, incluso cuando pretendan eludir la acción de la justicia”, en referencia al inminente juicio en ausencia a los ex funcionarios del régimen iraní, acusados de la planificación del atentado a la AMIA, el 18 de julio de 1994, y que continúan con pedido de captura de Interpol.
No se olvidó, tampoco, de destacar el ataque de la organización terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, “la mayor matanza de judíos desde el Holocausto”. Reafirmó su decisión de firmar un “memorándum de entendimiento con Israel”, a quien calificó de “aliado estratégico”, y se diferenció sin mencionarlos a los gobiernos kirchneristas, “que firmaban memorándum con Irán”, en referencia al pacto de enero de 2013, refrendado por el Congreso y que establecía la creación de una comisión para reexaminar el atentado a la AMIA, pero que nunca se concretó.
Días después de recibir una amenaza concreta del régimen de Teherán a través de una editorial del Tehran Times, que lo acusó de “haber cruzado una línea roja” por su alineamiento con los presidentes Donald Trump y Benjamin Netanyahu, el Presidente aludió en varias oportunidades a Irán. Lo acusó de “tener cautiva a su población”, y de “exportar el terror”, además de avalar la “decisión de Estados Unidos e Israel de acabar con el régimen” que gobierna Irán desde 1979. También se mostró enfático en la “lucha contra el antisemitismo”, que es –dijo- “la pelea por defender nuestros valores”. Y sumó algo de política local al afirmar que “combatir la pobreza” era una herramienta para desterrar prejuicios y violencia.
Apenas terminó el discurso, que comenzó varios minutos antes de lo pautado, y 18 minutos después de llegar, Milei y su comitiva se retiraron, por motivos “de agenda”. Con el canciller Pablo Quirno en el escenario como representante del Gobierno, el rabino Ioni Shalom recitó la oración Kadish en memoria de las víctimas, mientras monseñor Raúl Pizarro, secretario del Episcopado, recordó la memoria del sacerdote Juan Carlos Brumana, que falleció en el atentado mientras cumplía funciones en la Iglesia Madre Admirable, ubicada frente a la sede diplomática israelí.
Los oradores que siguieron aludieron al Presidente como si estuviese presente. Tres sobrevivientes del ataque, por caso, leyeron un discurso conjunto en el que renovaron su reclamo “para que la Corte Suprema diga quienes fueron los colaboradores locales que dieron la logística”, para el ataque de marzo de 1992 y que se cumpla una ley aprobada en 2017 para que en las escuelas del país “se recuerde a las víctimas” del ataque terrorista.
El embajador Sela, en tanto, la emprendió contra “el régimen dictatorial iraní”, y lo acusó de “acciones terroristas” en distintas partes del mundo. “Frente a ellos, el silencio es complicidad”, sostuvo el diplomático israelí. Justificó, además, el ataque conjunto contra Irán “para impedir el plan nuclear” de Teherán, y recogió aplausos al elogiar la “voz firme” del Presidente en su condena a Irán.
La lluvia impidió un momento musical previsto, y obligó a acortar los tiempos. El Gobierno dijo presente, además, con la mayoría del gabinete nacional, y legisladores como Patricia Bullrich, Luis Petri y Sabrina Ajmechet, mientras que de la oposición estuvieron el ex diputado de la CC-ARI, Juan Manuel López, el ex jefe de gobierno Jorge Telerman y el senador peronista Juan Manzur.
“Pasaron 34 años y el barrio está igual. Lo único que falta es el edificio de la embajada”, dijo a Jorge Cohen, exsecretario de prensa en la sede diplomática que la bomba redujo a escombros, a modo de resignado resumen.
durísima guerra,aunque en 2024,amenaza concreta,Jaime Rosemberg,Conforme a
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Piden agravar la acusación contra Tapia y Toviggino por evasión de $19.000 millones

El fiscal general ante la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, pidió este viernes que se agrave la acusación contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la causa por presunta retención indebida de aportes.
En un dictamen presentado ante el Tribunal de Apelaciones, solicitó que se incorpore a la imputación contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino un tramo que había quedado fuera del procesamiento: el vinculado a la falta de depósito en término de aportes a la seguridad social sobre ingresos por publicidad de los torneos.
Además del presidente y el tesorero de la AFA, el planteo apunta además a otros tres dirigentes ya procesados en el expediente. Según el representante del Ministerio Público Fiscal, la decisión de excluir ese componente de la acusación debe ser revisada por la Cámara.
La presentación fue dirigida a los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos, quienes deberán resolver si confirman o modifican los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. En ese marco, Pérez Barberá sostuvo la apelación impulsada previamente por el fiscal de grado, Claudio Navas Rial.
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En su dictamen, el fiscal general cuestionó que el procesamiento haya dejado afuera la imputación vinculada a una “alícuota aplicada sobre los ingresos derivados del patrocinio oficial –con fines publicitarios– de los torneos organizados por la AFA o la Liga Profesional de Fútbol”. Esa alícuota, explicó, está destinada a cancelar cotizaciones correspondientes a los regímenes de la seguridad social y, por lo tanto, integra el esquema de financiamiento del sistema.
Pérez Barberá advirtió que los montos involucrados en ese concepto —identificado como “subconcepto 551”— constituyen, según surge de las constancias de la causa, “una de las principales fuentes de financiamiento del sistema”. En esa línea, reclamó que el Tribunal de Apelaciones revoque la decisión de no incluir ese punto en la acusación y lo incorpore al análisis penal de los dirigentes.
El planteo del fiscal se inscribe en una causa más amplia que investiga la presunta retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales. De acuerdo con la investigación, la AFA habría retenido esos montos a empleados, proveedores y terceros, sin depositarlos en tiempo y forma en las cuentas correspondientes.
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En ese expediente, los dirigentes fueron procesados por apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. El juez Amarante consideró acreditado que existió una conducta sistemática consistente en demorar el ingreso de fondos retenidos, lo que —según señaló— habría permitido obtener beneficios financieros a partir del manejo de esos recursos.
Sin embargo, al dictar los procesamientos, el magistrado resolvió excluir de la imputación las retenciones vinculadas a ingresos por publicidad, equivalentes a un 7,50% a cargo de los clubes. Para el juez, en ese aspecto la AFA no habría actuado como agente de retención o percepción, además de haber emitido los certificados correspondientes. Esa fue la interpretación objetada por el Ministerio Público Fiscal.
En paralelo, la causa sigue abierta y atraviesa otras discusiones procesales. Días atrás, la defensa de Toviggino impulsó un planteo para cerrar el expediente mediante una reparación integral, bajo el argumento de que la deuda con el fisco había sido cancelada, incluso con intereses. Esa estrategia fue acompañada por Tapia y el resto de los imputados.
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El fiscal Navas Rial rechazó esa solicitud. En su dictamen, sostuvo que el pago de la deuda no equivale a reparar el daño generado al sistema de recaudación y a la seguridad social. “El presunto pago de la deuda no puede ser equiparable a la reparación del daño ocasionado al sistema de recaudación impositiva y de la seguridad social por quien reviste el carácter de agente de retención”, afirmó.
Además, el fiscal señaló que los acusados no precisaron con claridad cuál sería la suma efectivamente cancelada ni cómo se compone el monto que invocan como pago total de las obligaciones.
Con este escenario, la Cámara en lo Penal Económico deberá resolver tanto la apelación del Ministerio Público Fiscal para ampliar la acusación como los planteos de las defensas. Su decisión será clave para definir el alcance final de los cargos y el futuro del expediente, que podría avanzar hacia la instancia de juicio oral.
AFA, Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Chiqui Tapia, AFA (Asociación de Fútbol Argentino)
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Diputados de Unión por la Patria proponen una “reparación histórica” económica para los veteranos de Malvinas

Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley de “Reparación Histórica Malvinas”, que propone otorgar un beneficio económico excepcional a exsoldados conscriptos que participaron en combate durante la guerra de 1982, así como a civiles que cumplieron funciones de apoyo en el Teatro de Operaciones.
“Malvinas es memoria y también una deuda que la democracia tiene que saldar. Por eso, junto a @AldoAdolfoLeiva presentamos este proyecto de Reparación Histórica que reconoce a quienes, siendo muy jóvenes, fueron enviados a la guerra y cargaron durante décadas con el abandono, el dolor y el silencio”, enfatizó la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria, quien presentó el proyecto junto a su colega Aldo Leiva, veterano de Malvinas.
El proyecto fue acompañado por una veintena de diputados de Unión por la Patria.
“El Estado tiene la obligación de reparar, reconocer y agradecer. Porque la soberanía se construye con memoria y el futuro exige justicia”, indicaron.
Según propone el proyecto, el monto debe equivaler a 104 haberes mínimos jubilatorios, a pagarse en 24 cuotas actualizadas por movilidad, exento del Impuesto a las Ganancias. En caso de fallecimiento, el beneficio podrá ser percibido por familiares directos bajo un esquema de prioridades y distribución.
La iniciativa establece además que quienes accedan al beneficio deberán renunciar a reclamos judiciales o administrativos vinculados a pensiones previas y dispone que la implementación estará a cargo de Anses, con certificación del Ministerio de Defensa. El objetivo es ampliar el universo de reconocimiento, incluyendo también a las familias de los excombatientes, muchas de las cuales cargaron con las consecuencias del conflicto.
En sus fundamentos, el proyecto señala que se trata de una deuda pendiente de la democracia con quienes combatieron siendo muy jóvenes y luego enfrentaron años de abandono estatal, secuelas físicas y psicológicas, y dificultades de reinserción social. También destaca que, si bien hubo avances desde 2004 en materia de reconocimiento, aún persiste la necesidad de una reparación integral que salde el desamparo de las primeras décadas y honre el sacrificio de los veteranos y sus familias.
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