POLITICA
Pese al repudio, la Casa Rosada mantuvo el cierre de la sala de prensa y Milei escaló su ofensiva contra periodistas
El Gobierno mantuvo este viernes, por segundo día consecutivo, la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada, un hecho con escasos precedentes.
El cierre sorpresivo de la sala de periodistas aún no tiene fecha definida para que se revierta, pese a que fuentes oficiales insisten en que el bloqueo es “momentáneo”.
La decisión se tomó en medio de una fuerte escalada de ataques de Milei contra la prensa. La prohibición abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50 y motivó un fuerte rechazo de entidades periodísticas y dirigentes opositores.
El Gobierno argumentó que les quitó el permiso para acceder a los representantes de todos los medios a raíz de la denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, por una grabación en pasillos de la Casa Rosada. La propia normativa interna del Ejecutivo considera una falta filmar en zonas no autorizadas y solo en caso de reincidencia lo penaliza con el retiro de una acreditación.
Pese a eso, en las últimas horas Milei intensificó sus ataques contra los periodistas en las redes sociales.
En medio de esos movimientos, que se conocieron este jueves, en las últimas horas se reprogramó la reunión de la mesa política que estaba prevista para esta mañana.
Según pudo saber , las autoridades optaron por postergar el encuentro, que iba a ser encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por razones de agenda, ya que la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, debía viajar a Paraguay.
La reunión se postergó hasta al lunes, cuando se encontrarán alrededor de la mesa del despacho de Adorni, en la planta baja de Casa Rosada, además del ministro coordinador y Bullrich: la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de Diputados, Martín Menem; los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis “Toto” Caputo (Economía); el asesor Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y el subsecretario de Gestión Institucional y armador político libertario, Eduardo “Lule” Menem.
La presencia de Bullrich, espada libertaria en la Cámara Alta, es central para los fines de la reunión que apuntan a definir la estrategia para el tratamiento del proyecto de ley de reforma electoral, que el Gobierno envió este miércoles al Congreso. Allí, la primera parada será el Senado, para luego pasar a Diputados.
Se trata de una de las principales aspiraciones del Gobierno para este año, de cara a los comicios del 2027. Su tratamiento es considerado una “prioridad” en la cúpula del Ejecutivo, pero hasta ahora el oficialismo no tendría garantizado los apoyos necesarios para aprobar la reforma.
La idea de la reunión es avanzar con el delineado de la estrategia, en especial luego de conocer las primeras reacciones adversas de la oposición afín tras el envío de la letra completa del proyecto.
En el oficialismo son conscientes, entre otros puntos, que habrá dificultades para conseguir votos de la oposición de temas como la eventual derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero confían en que podrán negociarlo o, “al menos” lograr su suspensión para 2027.
La eliminación de las PASO, en el que ni la UCR, ni Pro, acompañarían con los votos que necesita el oficialismo, es junto a los cambios en el financiamiento de los partidos políticos, los dos puntos centrales del proyecto para el oficialismo.
Para lograr la mayor cantidad de apoyos posibles, Bullrich ya inició los primeros contactos con pares de otras bancadas. Y en base a eso también se espera que entre en escena la labor de Santilli, en diálogo permanente con los gobernadores, cuyos votos serán centrales. Con varios de ellos se iría reuniendo en los próximos días y semanas, tanto en Balcarce 50 como en distintas visitas a provincias.
En la mañana de este viernes, de hecho, se reunió con Leandro Zdero, de Chaco, junto a Karina Milei y Lule Menem, repitiendo una imagen que también se dio con Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Alfredo Cornejo, de Mendoza.
El panorama legislativo, saben, podría complejizarse aún más en el paso por Diputados, pero esa estrategia recién se encaminará una vez visto lo sucedido en Senado.
Una Casa Rosada sin periodistas
La decisión de cerrar la sala de prensa en la Casa Rosada fue consensuada en la cúpula del Gobierno, según intentaron explicar a este diario fuentes al tanto de lo conversado.
El disparador de la medida, aseguraban, fue el material difundido por la señal TN, que el domingo mostró imágenes de los pasillos de la sede de Gobierno, grabadas, a priori sin autorización, a través del uso de anteojos con inteligencia artificial.
El propio mandatario había encadenado insultos contra los periodistas que lo tomaron y difundieron. Lo hizo a través de su cuenta de X en una acción que prosiguió incluso durante toda la jornada de ayer. Esos insultos se encadenaron a otros que ya venía profiriendo el mandatario.
Ese mismo material fue, a su vez, objeto de una denuncia penal por presunto espionaje. El jefe de la Casa Militar, el general de montaña Sebastián Ibáñez, presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py. Por sorteo recayó en el juzgado de Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.
La forma en que se obtuvo ese material y lo que mostró sobre el interior de Balcarce 50 forman parte de la presentación de nueve páginas que Ibáñez materializó ante la Justicia. Y hacia allí apuntaron en el transcurso de este jueves las justificaciones respecto de por qué se prohibía el ingreso a la Casa Rosada de los periodistas.
Sin embargo, tal como publicó ayer el escrito judicial argumentó que aquella acción “se apartó groseramente de la reglamentación aplicable (Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios) y de los estándares de buena práctica profesional correspondientes a la labor de los cronistas acreditados en la Casa Rosada».
La resolución aludida tiene tipificada de manera explícita la sanción ante un episodio como el que alarmó al Gobierno. En su anexo primero, establece que “en espacios no autorizados especialmente al efecto, se encuentra prohibido transmitir en vivo, registrar imágenes o videos, tomar fotografías o ingresar”.
Incumplir ese precepto se considera “una falta grave”. Pero el castigo concreto se activa con la reincidencia: “Incurrir en DOS (2) o más faltas graves a las condiciones de acceso y normas de convivencia podrá ser considerado causal suficiente para la revocación y/o no renovación de la acreditación otorgada”.
Sin embargo, ante una primera aparente falta por parte de uno de los cronistas acreditados el Gobierno decidió cerrar la sala de prensa y deshabilitar la huella de los periodistas de todos los medios que cubren de manera cotidiana la actividad del palacio.
Fuentes de Balcarce 50 argumentaron que la Casa Militar llevaba adelante “medidas” tendientes a determinar aspectos relativos a la grabación y al posible material que tendrían los periodistas en base a una frase del programa “Y mañana qué”, en la que se deslizó que habrían otras tomas. Por eso, aseguraron, se habían suspendido “provisoriamente” los ingresos.
“La Casa Militar tiene que hacer medidas de prueba, hay detalles técnicos”, dijo una de las voces consultadas, que además explicó que “se tomarán algunos días” y que necesitan “la Casa vacía para hacer trabajos de investigación”. No dieron mayores detalles de los mismos o su extensión en el tiempo.
tal como publicó ayer,Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios,Cecilia Devanna,Conforme a
POLITICA
Caso Andis: amplían el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el esquema de sobreprecios en la compra de insumos
El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento contra Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, y otros involucrados en la causa que investiga presuntos desmanejos en el organismo.
Lijo dispuso ampliar la acusación por el presunto pago de sobreprecios en la compra de insumos médicos y ortopédicos del programa Incluir Salud. La medida alcanza a Spagnuolo, Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y al empresario Miguel Ángel Calvete, sindicados como los jefes de una “asociación ilícita” que cooptó la Andis.
El presunto esquema de sobreprecios no se limitó a los medicamentos sino que también alcanzó a prótesis, implantes auditivos, sillas de ruedas y los materiales de traumatología, cardiología y neurología que la Andis compraba, y, en términos provisorios, superó la barrera de los $7800 millones, tal como se desprende de un escrito firmado por el juez.
Además de ampliar la acusación contra Spagnuolo y otros cuatro imputados, Lijo procesó hoy a un grupo de empresarios por los sobreprecios detectados en la compra de insumos.
“El relevamiento permite tener por acreditada, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, la existencia de sobreprecios en las contrataciones de insumos examinadas, cuyas diferencias económicas ascienden, hasta el momento, a un total de $1.849.277.963″, señaló el magistrado.
La cifra surge de un relevamiento y planillas incorporadas al expediente que consideró las operaciones de al menos seis empresas con la Andis. “Esta cifra representa únicamente el resultado de las operaciones relevadas y constituye un piso de las diferencias detectadas, pues la auditoría no comprendió la totalidad de las compulsas y adjudicaciones realizadas durante el período investigado”, aclara el texto judicial que lleva la firma de Lijo.
Esto se suma al trabajo que ya había realizado la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sobre las compras de medicamentos. “Examinó once productos y calculó diferencias de precios por $5.984.594.394,24″, trajo a colación esta nueva ampliación de procesamientos. Si ambas cifras se sumaran, el número superaría los $7000 millones.
“En definitiva, las diferencias de precios verificadas hasta el momento en los rubros medicamentos ($5.984.594.394,24) e insumos ($1.849.277.963) permiten establecer, con el grado de provisionalidad propio de esta etapa, una afectación económica estimada en $7.833.872.357,24″, señala el documento judicial.
Según la resolución de Lijo, una “organización delictiva” que presuntamente funcionó al menos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipuló las compulsas de precios del Programa Incluir Salud, mediante el cual el organismo compraba medicamentos e insumos. La imputación agrega: “Simulando competencia entre oferentes y direccionando adjudicaciones” a favor de empresas elegidas de antemano, a cambio de retornos para funcionarios.
En febrero pasado, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), asociación ilícita, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
Hoy, Lijo ratificó a Spagnuolo, Garbellini, –ex número dos de la Agencia–, y a Calvete como los supuestos jefes de “una asociación ilícita” que operaba en la Andis y amplió los embargos. En el caso de Calvete, también le imputó el delito de lavado de activos. En su acusación, además, el juez sumó a otros empresarios.
Las planillas y auditorías analizadas por el juez incluyeron los informes que Alejandro Vilches, exinterventor de la Andis, había trabajado. Tal como informó , el exfuncionario y el Ministerio de Salud habían enviado a la Justicia ese material que comparaba precios de compras del organismo y del PAMI, con presuntos desvíos de 1972% “técnicamente indefendibles”.
Uno de los casos detectados fue el de un paciente en Río Negro necesitaba una prótesis para amputación. En los papeles, aparecía un documento que decía que había sido entregada, pero eso era falso. O una factura que se pagó dos veces. Y comparaciones como compras por $425 millones por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. “A modo comparativo, se constató que el PAMI, a nivel central (…), adjudicó el 25 de marzo de 2025 a la firma Siprotec SA. el mismo sistema por un valor unitario de $124.200.000″, contrastó el informe oficial.
Fuentes cercanas a Spagnuolo señalaron que “la condición jerárquica” no autoriza “por sí sola” a presumir “responsabilidad”. Garbellini, otro de los exfuncionarios investigados en esta causa, quien se encargaba de la aplicación del programa Incluir Salud, siempre negó sobreprecios y rechazó haber percibido coimas.
Garbellini es quien escribió el mensaje de las ofrendas. “Sus ofrendas de esta semana”, le escribió el por entonces director de Acceso a los Servicios de Salud de Andis a uno de los contratistas del organismo de Discapacidad, Miguel Calvete. Ese mensaje, del 24 de julio de 2025, estuvo acompañado por una tabla con 10 empresas y al lado una cifra. Los montos, que en total suman $2.021 millones, y los nombres de las compañías coinciden con los certificados de pago emitidos ese mismo día, a los que tuvo acceso .
Para el fiscal Franco Picardi, esto es muestra de un presunto circuito de dinero que terminaba en coimas. Por el contrario, según Garbellini, la expresión de las “ofrendas” se debió al modo en que Calvete le reclamaba “religiosamente” el pago de deudas “dando sermones cargados de retórica pesada y moralista”, tal como declaró ante la Justicia. “Expresiones así eran comunes, utilizadas por los proveedores como una manera de presionar agilidad en la gestión”, agregó Garbellini mientras sostuvo que no configuraba hecho de “complicidad” o corrupción.
La defensa de Calvete, uno de los empresarios procesados, también solicitó periciar los números de las contrataciones y que el Ministerio Público Fiscal había hecho “una construcción unilateral” de los precios de los insumos, mientras que el abogado de Pablo Atchabahian, adelantó que el lobista está preparando su declaración para explicar “el tema de las licitaciones”.
La causa se inició en agosto de 2025 con una denuncia presentada tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Y ahora avanza mientras mira qué pasó con las compras de la exAndis.
incluyeron los informes,Ignacio Grimaldi,Conforme a
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
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