En una semana vencen los plazos para que se presenten las apelaciones en la causa Vialidad, en la que Cristina Kirchner como principal acusada fue condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El daño ocasionado por haber favorecido a su ex socio comercial Lázaro Báez, con 51 licitaciones viales, se estimó en 80.000 millones de pesos.
La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y tanto las defensas como el Ministerio Público Fiscal tienen tiempo hasta el lunes 17 para apelar y que el caso se vaya a la Corte Suprema, en medio del debate sobre su nueva integración.
La noticia se da en un momento particular. El Máximo Tribunal está integrado actualmente por sólo tres de sus cinco miembros, y no tiene expedientes que involucren a la expresidenta. Los últimos fallos, dictados por unanimidad, ordenaron la realización del juicio oral y público en los casos Hotesur – Los Sauces, Pacto con Irán y la desestimación de un debate respecto al expediente conocido como Dólar Futuro.
Desde esas últimas medidas adoptadas a finales del año pasado,fuentes judiciales sostienen que no hay por ahora “causas que involucren a políticos, dirigentes, que tengan impacto político”. Eso cambiará cuando ingrese la causa Vialidad a la Corte.
Ultimo intento de Cristina para torcer su condena
Ante Corte, Cristina Kirchner buscará revertir la confirmación de la condena por hechos de corrupción. La sentencia que le atribuye el delito de administración fraudulenta agravado por haberse cometido contra el Estado, fija una prisión de seis años y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
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La sentencia será de efectivo cumplimiento únicamente si la confirma la Corte. También, claro, puede revocarla. Es a lo que apostará el abogado defensor Carlos Beraldi, cuando presente los argumentos de apelación de su defendida.
No será la única apelación que recibirá la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. El Ministerio Público Fiscal representado en esta instancia por Mario Villar, insistirá con el criterio del fiscal de juicio, Diego Luciani, quien requirió que la exvice sea acusada, además, por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Esto eleva la pena de cárcel a 12 años.
El lunes 17 de febrero también será la última instancia para que los otros condenados -como Lázaro Báez o exfuncionarios- presenten n sus recursos extraordinarios. Una vez que las apelaciones ingresen, la Sala le corre vista al Ministerio Público Fiscal. Tiene diez días para contestar, sin embargo al tratarse una causa compleja se concedió a las defensas cuarenta días, la fiscalía puede pedir una prórroga y utilizar veinte días para responder.
Es después de ese dictamen fiscal, que la Cámara de Casación resolverá si concede o no los recursos extraordinarios. De rechazar los pedidos, las partes irán en queja ante la Corte Suprema y comenzará el recorrido administrativo en la última instancia de revisión.
En cuanto al nuevo calendario que rige en la causa Vialidad, al presentarse todos los recursos extraordinarios en una semana, hay que contemplar un escenario posible: que la Sala IV integrada por los jueces Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, los rechace. Eso significa que correrán nuevos plazos para ir en queja ante el máximo tribunal.
“Si esa instancia se concede teniendo en cuenta los nuevos plazos, las presentaciones ante la Corte Suprema serán en junio, cuando se esté ingresando a la feria judicial de invierno”, explicó una fuente judicial a Clarín. Eso determina que hasta agosto no comenzará a circular entre las vocalías del máximo tribunal la confirmación de la condena por corrupción que pesa sobre Cristina Kirchner.
Los cálculos de la fecha en la que el expediente podría ingresar al máximo tribunal, coinciden con los que se realizan en el Palacio de la calle Talcahuano. Nadie espera que la condena por corrupción contra la ex vicepresidenta, ingrese cerca de la feria de invierno, teniendo en cuenta que el que transcurre es un año electoral.
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¿Una Corte de tres o la nueva Corte?
Uno de los primeros interrogantes que surge al analizar los plazos del expediente, es: ¿Qué Corte analizará el caso?
La Casa Rosada espera que el pliego de Ariel Lijo ingrese al recinto del Senado y coseche los dos tercios requeridos por la Constitución Nacional para la designación de un miembro del máximo tribunal. No se descarta que la designación del otro candidato del gobierno, Manuel García-Mansilla pueda ser por decreto.
Sin embargo, en el Congreso las negociaciones son amplias entre el kirchnerismo y los libertarios para que se obtenga la mayoría especial.
Mientras ese debate está latente, los plazos judiciales corren -por ahora- a favor de una eventual postulación de Cristina, haya o no haya Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).
En paralelo, claro, corre el proyecto de Ficha Limpia, que le impediría ser candidata en caso de aprobarse, aunque parece poco probable por ahora que pase el filtro del Senado.
La sentencia de Casación
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La sentencia revisada por la Cámara de Casación confirmó que con “grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
En otros términos, los magistrados indicaron exfuncionarios de Vialidad nacional como la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.
La justicia sostuvo que el Polo Obrero dio origen a una “organización criminal”, de carácter “estable y permanente”, montada en base a una división de roles y con alcance nacional, la que fue sostenida al menos desde junio de 2020 hasta marzo de 2024. En ese lapso hubo un desvío de más de 300 millones de pesos que correspondían al plan Potenciar Trabajo. En su pedido de elevación a juicio de varios referentes de la agrupación por extorsiones, coacción y fraude al Estado, el fiscal Gerardo Pollicita explicó cómo los dirigentes sociales usaron para beneficio personal el dinero público.
“Esta organización tenía como finalidad cometer múltiples delitos en perjuicio de las personas en situación de alta vulnerabilidad socioeconómica y del Estado Nacional, con el fin de obtener un lucro indebido y el poder intrínseco derivado del manejo de miles de individuos”, escribió en un extenso dictamen el fiscal Pollicita.
A la cabeza de dicha estructura criminal se encuentra Eduardo Belliboni, como organizador junto a referentes nacionales como Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma. Después, como miembros en el ámbito territorial de esta ciudad, se acusó a los referentes María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
Esta organización implementó un esquema de “extorsiones y amenazas coactivas con el fin de controlar y manejar —en lo que públicamente se ha denominado “gerenciamiento”— a miles de personas a lo largo y ancho del país”.
La maniobra garantizaba, remarcó Pollicita, “el poder de dirigirlas a su voluntad y sustraerles una parte del dinero que aquellos recibían del Estado como ayuda social, para lo cual corrompieron las facultades que le habían sido asignadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo”.
Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.
Se trata de una nómina de 83.530 personas y los documentos incorporados al expediente,“revelaron que a todos ellos les sustraían parte del plan, lo que les permitió obtener importantes sumas de dinero”.
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La recaudación esperada solamente entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos.
¿Qué sucedía con esos fondos?
La investigación a cargo del juzgado de Sebastián Casanello y el fiscal Pollicita, expuso un esquema de sustracción de fondos a través de lo que el Polo Obrero llamaba las “cápitas”. Es uno de los eslabones del fraude ocasionado al Estado Nacional “mediante la facturación apócrifa”.
En simultáneo, el Ministerio Público Fiscal describió, un mecanismo mediante el cual “obligaron a miles de personas en todo el país a movilizarse en las actividades a las que convocaban, lo que se erigió como la principal fuente de poder para los acusados”.
El Polo Obrero -sostiene el dictamen- firmó tres acuerdos en junio de 2020, 2021 y 2022 y los subsidios se concretaron en cuatro pagos a través de transferencias bancarias. La primera fue de 75 millones de pesos, la segunda de 37,5 millones de pesos, le siguió otra -ya en 2022- de 36,2 millones y en enero de 2023, un último pago de 37,5 millones de pesos.
La Cooperativa de Trabajo El Resplandor firmó dos acuerdos en junio de 2021 y diciembre de 2022. Fueron tres los desembolsos que se hicieron a favor de dicha organización: dos de 37,5 millones de pesos y el último en enero de 2023, por 99.900.000 pesos.
Hay más números. Cuando procesó a Belliboni y los demás acusados, el juzgado señaló que entre junio de 2020 y diciembre de 2022 el Polo Obrero y la Cooperativa El Resplandor manejaron 361 millones de pesos en concepto de subsidio institucional.
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El juez federal determinó que el dinero que no respondía a los gastos volcados en las facturas “truchas”, se habría utilizado para sostener y financiar la actividad partidaria del Polo Obrero.
Lucro indebido
La fiscalía de Pollicita sostuvo que se empleaban facturas truchas y se simulaban gastos no concretados –al menos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex SA-, «para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”.
Se determinó que Cotex no tenía sede comercial y ni actividad real. La AFIP la definió como una “usina de facturas apócrifas”. En el marco del expediente que tramita en el juzgado de Casanello, se detectaron dos facturas por 5,1 millones de pesos.
Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.
En cuanto a la imprenta Rumbos, sin sede comercial, se detectaron 179 facturas por 31 millones de pesos.
La ruta de esos fondos no acababa allí. “El fin por el cual actuaron los imputados fue destinar el lucro indebido obtenido a través de las fuentes ilícitas al beneficio particular, tanto en provecho propio de los integrantes de la organización como en el financiamiento de su actividad político-partidaria”, explicó la fiscalía en su dictamen.
Los registros secuestrados en la sede del Polo Obrero y otros elementos de prueba recabados permitieron a los investigadores acreditar que los acusados “utilizaban los fondos ilícitos obtenidos para solventar gastos personales, cobrarse una suma fija de dinero mensual (que era registrado como “sueldo” o “renta”), percibir ingresos extraordinarios (bajo el concepto de “bono” y/o “aguinaldo”).
Junto a todo ello, la fiscalía también determinó que en algunos casos, los dirigentes sociales, “se apropiaron de alimentos o fondos de la asamblea”.
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El circuito para quedarse con el dinero
Con esas pruebas, Pollicita concluyó que Eduardo Belliboni “utilizaba el dinero ilícito para su propio beneficio”.
A modo de ejemplo, se mostraron documentos que dan cuenta de una contabilidad paralela, “de las que se desprenden gastos como “nafta Chiquito”, “VISA Chiquito”, “estacionamiento y peaje Chiquito”, “viáticos Chiquito”, “farmacia Chiquito”; entre otros. «Chiquito» es el apodo de Belliboni.
El fiscal también estableció que el dirigente «disponía de un automóvil del Polo Obrero para su uso personal”.
Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.
A su vez, “la organización instauró una especie de ‘salario’ o ‘contraprestación’ para beneficio de los propios imputados, que se nutría tanto de las “cápitas” extraídas extorsivamente a las víctimas como de fondos del Estado Nacional y hasta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Entre los elementos de prueba citados que dan sustento a dicha acusación, se citó un mensaje del celular de Gianna Puppo enviado por ella el 26 de diciembre de 2023, titulado “liquidación de sueldos CABA septiembre” que muestra que varios de los acusados cobraban fondos mensuales de Potenciar Trabajo: —“Nexo doble”—, de “Veredas” —en clara alusión al programa Veredas Limpias— y de “Caja CABA” —lo que, como hemos visto, obedece a la recaudación de cápitas de la “regional CABA”—.
Para justificar esos desvíos también se usaban las «usinas de facturas truchas» como Ediciones e Impresiones Rumbos. En los allanamientos se dio con un listado de nombres, un número de CBU, el monto “a cobrar” por cada uno de ellos y, al final de todo, una columna que reza “a pagar por Rumbos”.
Estas sumas de dinero se asignaban los integrantes del Polo Obrero, de carácter mensual, y que según la documentación a veces, eran calificados como “renta” y, en el caso de Eduardo Belliboni “era de 522.500 pesos en marzo de 2024 —equivalentes a USD 585, a la cotización oficial de entonces (892)”, se detalló.
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El sistema también preveía la asignación de pagos extraordinarios, como “bonos” y “aguinaldos” «a Belliboni, Cantero y Palma”, reveló la fiscalía.
Algo similar ocurría con parte del dinero del Programa Veredas Limpias porteño, que el Polo Obrero cobraba a través de la Cooperativa de Trabajo El Resplandor. Ese dato explica, a criterio del Ministerio Público Fiscal, la “inclusión del concepto de ‘veredas’ dentro de las diversas fuentes de ingreso de cada uno de los acusados, en la “liquidación de sueldos”.
Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.
Las planillas que para la fiscalía, exponen el lucro indebido del Polo Obrero.
ECONOMIA2 días ago
