Después de su gira por los Estados Unidos y de su discurso frente a la Asamblea General de la ONU, a Javier Milei lo espera una realidad menos amable en su regreso al país. El Presidente se prepara para estampar su firma en el veto a ley de financiamiento universitario. En rigor, el mandatario tiene tiempo hasta el 3 de octubre, pero no esperaría tanto.

El 13 de septiembre, horas después de que se sancionara la ley, el jefe de Estado anunció vía Twitter que rechazaría la norma, que según la Oficina de Presupuesto del Congreso tendría un impacto fiscal de 0,14 por ciento del PBI. “Veto total”, sentenció entonces el mandatario en la red social de Elon Musk, con quien estuvo reunido el lunes, durante su gira en Nueva York.

En el Ejecutivo siguen confiando en el scrum de los 87 héroes -en palabras de Milei- que mantuvieron firme el veto a la movilidad jubilatoria y que fueron premiados con un asado en Olivos la semana pasada.

Mientras los gremios universitarios docentes y no docentes, los centros de estudiantes, las organizaciones sociales y la CGT preparan una marcha federal para el 2 de octubre, el Gobierno calcula el costo político y fiscal del veto y de un aumento para las 56 casas de estudios nacionales.

Con ese afán, este martes desde las 16 el jefe de Gabinete Guillermo Francos tenía previsto encabezar una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Educación, Carlos Torrendell y con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien ahora monitorea los aumentos para los docentes universitarios y de estatales.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) lleva adelante desde el lunes y hasta el miércoles jornadas de protestas para visibilizar el reclamo y ejecutará un paro nacional universitario de 48 horas el jueves y el viernes. El 2 de octubre se llevará adelante una nueva marcha federal universitaria, como la del 23 de abril, que convocó a una multitud en la Ciudad y en una decena de provincias.

“Si veta esta ley, Milei va a poner a las universidades en una situación sumamente crítica. No nos deja otro camino que salir a enfrentarlo. Llevar las universidades a la mitad de su presupuesto significa destruirlas”, le dijo a Clarín Carlos De Feo, secretario general del gremio de docentes.

En la reunión en Casa de Gobierno no estaría presente el subsecretario de Universidades, Alejandro “Galleguito” Alvarez, el principal interlocutor con los rectores de las universidades y un funcionario de paladar negro libertario.

La última vez que los gremios se reunieron para negociar una suba salarial, participaron del encuentro funcionarias del flamante ministerio de Sturzenegger. El Gobierno fijó para agosto y septiembre incrementos de 2 y 3 por ciento respectivamente.

El Gobierno fue cambiando a sus negociadores con los gremios y las autoridades universitarias. Pasaron por ese rol, además de Alvarez, Pettovello, Torrendell y el secretario de Trabajo Julio Cordero.

En lo que va del año los docentes quedaron un 60 por ciento debajo de la inflación; con un deterioro del salario real del 30 por ciento. Los escalafones más bajos, entre los que se incluyen docentes con poca antigüedad y dedicación exclusiva, ganan menos de un millón de pesos y perdieron otros 15 puntos. Ya no cuentan con la garantía salarial que fijaba la paritaria docente nacional, que fue eliminada.

La ley que Milei se prepara vetar proponía una recomposición salarial que empatara con la inflación y dos alternativas de cara al resto del año: cláusula gatillo o paritarias, la herramienta preferida por los gremios. Como reveló este diario, el Gobierno pretendía congelar las paritarias de estatales para anclar las negociaciones del sector privado y las expectativas inflacionarias.

El vicerrector de la UBA, el radical Emiliano Yacobitti, que tiene diálogo fluido con Francos, no fue contactado por nadie del Gobierno. “La marcha se mantiene”, señalan en su entorno sobre la convocatoria del 2 de octubre. La Federación Universitaria Argentina (FUA) difundió una carta abierta a Milei para pedirle que revise su decisión de vetar la ley.

En el triángulo de hierro del Presidente insisten en que la movilización de universitarios “no mueve el amperímetro”. Sin embargo, la manifestación del 23 de abril obligó al Presidente a recalcular su discurso sobre las universidades y a apurar una partida de $1,5 billones que solo alcanzó para garantizar el funcionamiento hasta julio y que en un 80% fue destinada a salarios. Según las encuestas que consumen en Casa Rosada y otros sondeos la imagen del Presidente se resintió desde julio: la recesión y los vetos tuvieron un costo. Algunos analistas advirtieron también por el costo político del asado en Olivos. La tensión aumenta, en un plenario de la Universidad Nacional de La Plata, donde trabajan 9 mil docentes, el 90% votó que hubiera paro y un 30% pidió que sea por tiempo indeterminado.

La duda por estas horas es si en Diputados podrá sostenerse la suerte de interbloque que el oficialismo logró tejer con ayuda del PRO, legisladores de las provincias y cinco diputados radicales. En el Gobierno se tienen confianza para blindar el veto.

El bloque del macrismo tenía prevista una reunión este martes para analizar el Presupuesto con sus referentes económicos Guido Sandleris, Hernán Lacunza y Nicolás Dujovne y otra de las autoridades del partido, el miércoles, en la que se resolvería apoyar el respaldo al veto, aunque varios legisladores ya expresaron su malestar.

En la reunión de la semana pasada de diputados del PRO, el MID y LLA con Francos y Sturzenegger, hubo voces que advirtieron por costo político innecesario que deberán pagar en sus distritos. Manuel Adorni replicó el fin de semana las palabras de Máximo Kirchner en su acto en La Plata. «El veto es una facultad constitucional. No hay que patalear», había dicho el jefe de La Cámpora. «La vio», añadió el vocero presidencial en un tuit que ratifica la decisión del Presidente.