A partir del próximo lunes, más de 60 presos de alto perfil en las cárceles provinciales de Santa Fe deberán vestir obligatoriamente uniformes de color naranja. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, busca mejorar la seguridad y visibilidad de los detenidos considerados de «alta peligrosidad».

Al mejor estilo Bukele en El Salvador o tal como ocurre en las cárceles estadounidenses, la medida mostrará una nueva escena en el interior de la prisiones santafesinas. Esta decisión se enmarca en la Ley de Ejecución Penal aprobada a principios de 2024, que establece un código de vestimenta diferenciado para facilitar el control y la identificación de los internos.

El uso de estos uniformes busca mejorar la seguridad y visibilidad de los presos de «Nivel 1», considerados de alta peligrosidad, y permitirá a las autoridades penitenciarias distinguir rápidamente a los reclusos según su perfil.

La resolución 008/2024, que regula la implementación, prescribe el uso de los «uniformes obligatorios color naranja» en todo momento que el interno «sea retirado de su lugar de alojamiento, sea un destino dentro o fuera de la Unidad Penitenciaria, hasta su retorno al mismo».

«Acá dicen que hay tratados internacionales que no lo permiten, porque vos estigmatizás al preso. No es que están ahí, en un jardín de infantes o en una universidad; están porque mataron, porque robaron, porque violaron, porque cometieron delitos», dijo el gobernador Maximiliano Pullaro tras la aprobación de la ley.

La resolución prohíbe además el ingreso de visitantes con prendas del mismo color para evitar posibles confusiones o conflictos dentro de los establecimientos. Y en los considerando, recuerda que «el interno es responsable del cuidado y mantenimiento de su ropa personal, y responderá ante ello con descuentos del peculio en caso de roturas o deterioro del uniforme».

La ley aprobada por los legisladores santafesinos también contempla la posibilidad de diferenciar los colores de los uniformes según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación, y las tareas que los internos desempeñen. Esto significa que los reclusos podrán llevar ropa distinta dependiendo de si trabajan o no, o del tipo de delito por el que fueron condenados.

«Se pretende que la persona que está haciendo la custodia en el perímetro tenga visibilidad y pueda identificar la peligrosidad del detenido», argumentó Pullaro, en enero, en una entrevista con Neura. «No es para joderlos. Es porque los tenés que identificar, que la persona que esté en la garita sepa que si es naranja es de alta peligrosidad, si es verde es de mediana peligrosidad y si es blanca, por ejemplo, es un preso con salidas», añadió.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, señaló en declaraciones a Radio 2 que esta normativa permitirá un mayor control y una visualización más clara de lo que sucede en las cárceles. En línea con estas declaraciones, funcionarios del Ministerio de Seguridad y Justicia indicaron que la decisión contribuirá a optimizar la administración de los establecimientos penitenciarios, asegurando una vigilancia más efectiva de los internos de alta peligrosidad.

Corría el año 2000 cuando Patricia Bullrich, en aquel momento encargada de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, propuso que el uniforme naranja sea la vestimenta que lleven los presos más peligrosos de la cárcel de Ezeiza.

En aquella medida, que luego quedó sin efecto, buscaba que los presos que vistan de naranja deberían ser —entre otros— los que hayan reincidido varias veces en el delito, los que hayan protagonizado motines, tomas de rehenes o fugas.

En aquel momento la funcionara aseguraba: «Lo que queremos es cambiar el ambiente actual de las cárceles. Y para que este tipo de internos baje su nivel de agresividad, es necesario controlarlos muy de cerca».

La realidad es que los uniformes desaparecieron de las cárceles argentinas el 23 de junio de 1947, cuando el director general de Institutos Penales era Roberto Petinatto, padre del animador televisivo. En un discurso, el entonces presidente Juan Domingo Perón ordenó que los eliminaran porque esos trajes de rayas horizontales atentaban «contra los propósitos de humanización y contra la dignidad humana».