La política de recorte del estado impulsada por el gobierno de Javier Milei ha alcanzado al partido de Castelli, donde comenzaron los despidos en la oficina local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este hecho se enmarca dentro de una ola de cierres de oficinas y cesantías que afecta a distintas dependencias estatales en todo el país, lo que ha generado fuertes críticas no solo de la oposición, sino incluso de sectores aliados al oficialismo.

Despidos y denuncias de violencia laboral

En Castelli, uno de los casos más resonantes ha sido el despido de Facundo Celasco, excandidato a intendente de Dolores por el Partido Justicialista, quien llevaba veinte años trabajando en ANSES. A través de un comunicado, denunció haber sido cesanteado sin causa junto con un compañero, que tenía diecisiete años en la institución. Además, señaló que la nueva jefa de la oficina, Julieta Coronel, ha ejercido violencia laboral contra varios empleados, provocando situaciones de angustia extrema.

En sus declaraciones, Celasco expresó: «Nuestra salida es consecuencia de una denuncia falsa. Hemos sido víctima de mucha presión y acoso en el trabajo. Estoy preocupado por los y las compañeras que siguen en ANSES». Asimismo, denunció que la oficina local podría cerrar en el corto plazo, al igual que las de Acceso a la Justicia, Desarrollo Social de la Nación y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El cierre masivo de oficinas de ANSES

Castelli no es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires ya se cerraron, durante el 2024, al menos diecinueve oficinas de ANSES, lo que afecta gravemente a los ciudadanos que dependen de estos servicios. Entre las ciudades afectadas se encuentran Tres Lomas, 25 de Mayo, Mar del Plata y San Nicolás. En el conurbano, los cierres alcanzaron a localidades como Ezpeleta, Fiorito, Spegazzini, William Morris, Ciudad Evita, Monte Chingolo, Libertad y San Vicente, entre otras.

El impacto de estas decisiones ha sido devastador para los trabajadores y la comunidad. Paola Luis, exempleada de la oficina de Salliqueló, relató su experiencia: «Nos renovaron el contrato hace quince días y luego nos despidieron sin explicación. Ahora los vecinos deben viajar más de 100 kilómetros para realizar sus trámites». En localidades donde ANSES era la única oficina disponible en un radio de varias decenas de kilómetros, los despidos han significado un golpe duro para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y otros programas sociales.

Una estrategia sin contención social

El gobierno de Milei justifica los despidos en la necesidad de reducir el gasto estatal, argumentando que muchas dependencias eran ineficientes o innecesarias. Sin embargo, lo que más inquieta a distintos sectores políticos y gremiales es la falta de una estrategia de contención para los despedidos. A diferencia de una empresa privada, el Estado tiene una responsabilidad social que no puede desentenderse del destino de quienes pierden su empleo.

Carlos Ortega, dirigente del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Seguridad Social, calificó la medida como «perversa» y denunció que se han llevado adelante cesantías masivas sin ningún tipo de diálogo con los afectados. «En enero hubo 350 despidos y en marzo sumaron otros 852. Logramos reincorporar a unos 100 trabajadores, pero el resto sigue sin respuestas», detalló.

El futuro de ANSES en riesgo

El plan de ajuste del gobierno no se detiene y, según documentos internos, la administración de ANSES analiza el cierre de al menos 50 oficinas adicionales en todo el país, lo que implicaría la pérdida de aproximadamente 1.900 puestos de trabajo. Esta medida profundiza la crisis del organismo y genera preocupación sobre el impacto en la seguridad social.

Desde distintos sectores advierten que estas decisiones ponen en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, ya que con menos empleados se reducen las posibilidades de fiscalización y de gestión de nuevos aportantes. Además, el colapso en la atención pública genera demoras y dificultades para los beneficiarios que dependen de estas oficinas para gestionar su jubilación, subsidios y otras prestaciones sociales.

La «motosierra» de Milei avanza sin un plan claro de contención social, generando incertidumbre, angustia y una crisis en la atención de ANSES. La pregunta que queda en el aire es cómo enfrentará el gobierno las consecuencias de este ajuste en el mediano y largo plazo, cuando miles de trabajadores queden sin empleo y millones de ciudadanos vean restringido su acceso a los derechos básicos que brinda el Estado. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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El incendio de un patrullero de la Ciudad de Buenos Aires sobre avenida de Mayo y los ataques a ambulancia del SAME durante la marcha por los jubilados abrieron una polémica entre el Gobierno y opositores de izquierda.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri habló de un «sistema organizado» para armar los incidentes y dijo que más de la mitad de los 94 detenidos tienen «graves antecedentes penales».

En cambio, dirigentes de izquierda mostraron en las las redes sociales un video en que se ve a un manifestante señalando el mismo patrullero con la puerta abierta y dice “es una provocación”.

En fuentes policiales se explicó que el “el patrullero 8008 perteneciente a la comisaria 1 cumple tareas de móvil sector, es decir tiene una cuadrícula asignada la cual se recorre en tareas de prevención. Va con un solo oficial y son quienes se suman a las emergencias que ingresan por 911” y no estaba asignado al operativo de seguridad en el Congreso.

Mientras recorría “su sector como todos los días llego al cruce con avenida de Mayo donde se vio encerrado por dos columnas de manifestantes los cuales al percatarse de su presencia comienzan a golpear el móvil y a pararse enfrente en actitud amenazante. En ese momento el auto se apaga y no arranca”, agregaron las fuentes.

Entonces, el oficial “da aviso a su comando de la situación y para evitar un mal mayor (dado que de quedarse corría riesgo su vida y, además, va armado) cierra el móvil, lo deja con las balizas prendidas y se retira del lugar”.

Un rato más tarde, barrabravas y encapuchados lo vandalizaron con consignas que decían “milei dictador”, lo dieron vuelta y lo prendieron fuego.

Ese fue uno de los 6 móviles policiales (dos patrulleros y cuatro motos) que fueron vandalizados. Y ahora son irrecuperables. El valor de un móvil es de 55 mil dólares y de una moto 25 mil dólares

Por su parte, el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti, denunció que las ambulancias que trabajaron en las inmediaciones del Congreso durante la marcha fueron agredidas por los manifestantes a piedrazos. “Es inadmisible” un ataque de ese tipo y destacó: “La ambulancia es intocable, el equipo es intocable” por más que esté en una manifestación.

Crescenti expresó en declaraciones radiales: “Yo solo quiero decir una cosa y que le quede bien claro a todos”. Y continuó: “No puedo entender que vaya a levantar a un herido, como el señor que tuvo un traumatismo grave de cráneo, y nos agredan y nos agarren a piedrazos la ambulancia, eso es inadmisible. Estamos levantando heridos y no me vengan a decir que es un tema, que a unos sí y otros no. Es un herido, lo pongo como advertencia, es inadmisible”.