El enojo alcanza niveles que hasta ahora parecían destinados, casi exclusivamente, a “los degenerados fiscales”, a “los gerentes de la pobreza” y a los periodistas no alineados. Ahora, llegó a los miembros de uno de los tres poderes del Estado. La Justicia es por estos días destinataria de la ira mileísta.

Los recientes fallos judiciales contra decisiones del Gobierno, la reelección de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema por tres años más y los tropiezos que siguen sumando las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal son el combustible que hace hervir la sangre de Javier Milei y sus principales colaboradores.

Esa triple combinación derivó en una conclusión singular: el abroquelamiento de todo el Gabinete para justificar y militar la postulación del cuestionado juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia.

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Se trata de una auténtica novedad, expresada en la inscripción en el flamante equipo pro-Lijo de algunos funcionarios, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en un pasado cercano tenían al magistrado como ejemplo máximo de “la casta” judicial, de las opacidades del sistema y de los vínculos espurios con otros factores de poder. Como para que nadie diga que este Gobierno carece de pragmatismo.

“Necesitamos una Justicia que nos dé gobernabilidad y con esta Corte, con Rosatti al frente, eso no es posible. Sino, fijate en todos los fallos que salen en nuestra contra en temas supersensibles, como el de conflicto de Aerolíneas. Atrás de todo está la orientación de Rosatti. Por eso tienen que llegar Lijo y García-Mansilla”. La queja (y justificación) proviene de una de las principales figuras del Gobierno, muy cercana al Presidente y resume el malestar que fermenta por estas horas en la Casa Rosada.

La argumentación, calcada de la defensa que hizo Ricardo Lorenzetti en su carácter de autor intelectual de esa postulación, es repetida, casi sin modificaciones, por funcionarios de diversas jerarquías y áreas del Gobierno, incluidos muchos que hasta hace nada no se hubieran animado a justificar en público la nominación del juez federal.

Nadie se sonroja cuando en el espejo retrovisor aparece la Corte Suprema del menemismo, hecha a medida para llevar a cabo las políticas de ese gobierno sin obstáculos. Varios hasta la reivindican en nombre de la real politik.

Las restricciones que le impone el Poder Judicial al decisionismo presidencial, así como el amparo que allí encuentran quienes resisten a las políticas oficiales, son causa de frustración, además de motivo de enojo oficialista.

Curiosamente (o no tanto) este es otro de los puntos en los que se asocian y explican cierta admiración (o respeto) mutua entre el kirchnerismo más puro y el mileísmo irreductible.

En estos días, ambos comparten padecimientos tribunalicios, aunque en planos muy diferentes. Para Cristina Kirchner, los desvelos personales provienen del fuero penal y de la Corte Suprema. Para el Gobierno, sus males funcionales surgen del fuero laboral tanto como del máximo tribunal.

Ni veto ni plebiscito

Por eso, ambos comparten la impugnación a ese poder institucional que no logran controlar y sobre el que no han tenido ni pueden ejercer el veto. Así como sobre el que tampoco funciona la (ya archivada) amenaza del plebiscito con el que alguna vez Javier Milei soñó para domesticar al Congreso. La popularidad tiene sus límites. Institucionales y fácticos.

Por esa razón, el Gobierno sigue empeñado en imponer a sus dos candidatos (el polémico Lijo y el académico conservador García-Mansilla) en la Corte y está dispuesto a negociar hasta con sus demonios para lograrlo, aunque se siguen sumando complicaciones y el kirchnerismo sube el precio de la negociación.

El pronunciamiento de la mesa de conducción del radicalismo que exigió la nominación de mujeres para cubrir la vacante nunca cubierta dejada por Elena Highton y la que en dos meses dejará Juan Carlos Maqueda (por jubilación obligada e involuntaria) complicó un poco más las cosas para el Gobierno.

La participación en esa mesa y su adhesión al pronunciamiento del senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau, parece despejar una gran incógnita, que el Poder Ejecutivo tenía la ilusión de que se resolviera en su favor.

El ambiguo silencio que hasta ahora había mostrado Lousteau respecto de este tema alentaba las esperanzas oficialistas, sustentadas en la influencia que sobre él se le atribuye a dos estrechos allegados a Lijo: el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y el zar del juego Daniel Angelici.

El conflicto universitario

Para los conocedores de la interna radical no resulta ajeno a este desenlace (aunque no es un motivo excluyente) que siga abierto el conflicto abierto entre el Gobierno y las universidades públicas nacionales por los recursos.

La disputa tendrá el miércoles próximo un nuevo capítulo estelar con la anunciada marcha contra el anunciado veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Senado, y en reclamo de una recomposición del atrasado salario de docentes y no docentes.

El antecedente de la movilización del 23 de abril, que convocó a más de un millón de manifestantes de todo el país, es un espejo al cual mira no solo la comunidad universitaria sino un oficialismo preocupado y una oposición expectante.

La masividad de aquella manifestación implicó un freno a la marcha de un gobierno frágil en soportes institucionales y sostenido por el mayoritario apoyo de la sociedad, que hasta eso momento no mostraba ninguna fisura.

La nueva protesta, en momentos en que las encuestas muestran evidencias de fatiga social y luego de que el Indec revelara que el 52,9% de los argentinos es pobre, representa un desafío mayúsculo para el oficialismo. Más aún después de que su oferta de recomposición salarial de último momento (“histórica”, según el comunicado oficial) fuera rechazada por los representantes de los docentes, cuyos sueldos, según el gremio, experimentan desde diciembre una pérdida del poder adquisitivo de hasta el 75% y de hasta el 50%, según otros cálculos.

La nueva marcha también implica un reto para la dirigencia universitaria y para los opositores políticos. El precedente les dejó la vara muy alta ellos. Una movilización menos espectacular será celebrada por el Gobierno, que festeja por anticipado la adhesión de la muy deslegitimada dirigencia de la CGT. Hay mucho puesto en juego.

Ese conflicto no es, sin embargo, el único disparador del pronunciamiento radical y, sobre todo, de la adhesión de Lousteau, que hasta aquí venía resistiendo a las demandas de una vasta legión de dirigentes partidarios que le reclamaban que se manifestara en contra de la nominación de Lijo.

“Lousteau es el activo más presentable que tiene Yaco [por Yacobitti]. Si seguía rayándolo, dejándolo pegado con Lijo, terminaba de devaluarlo. Ya Martín tiene suficiente con los cuestionamientos internos masivos que enfrenta, como para perderlo todo por eso. Ya se lo dijeron varios. Y parece que al final lo entendió”, explica un veterano consultor y operador radical, al que el dirigente universitario escucha cuando huele el peligro de perderlo todo.

La divulgación de una foto de Yacobitti viajando en clase exclusiva desde Miami podría haber sido otro buen aliciente para liberar de presiones al senador respecto de la nominación del juez federal.

La Corte no es el único frente judicial que desvela al Gobierno. En lo inmediato, la Justicia laboral es casi el objetivo más urgente, aunque también preocupan otros fueros.

Al fallo que desestimó la denuncia penal de Bullrich contra el líder de los pilotos de Aerolíneas, Pablo Biró, se sumó ayer la aceptación del recurso de amparo interpuesto por ese gremio contra la declaración de servicio esencial al transporte aeronáutico para condicionar los medidas de protesta.

Esta resolución se suma a los fallos en similar sentido contra algunas disposiciones laborales del mega-DNU 70/23 y podría preceder a otras resoluciones judiciales desfavorables referidas a la flamante desregulación en materia de relaciones del trabajo lanzada anteayer por el Gobierno, respecto de la cual algunos gremios ya anticiparon que llevarán a la Justicia.

Este escenario de conflicto con el Poder Judicial Nacional lleva al Gobierno y, especialmente, a las autoridades de la Secretaría de Trabajo, a cargo del abogado Julio Cordero, a pensar en caminos alternativos. Así es que miran con ansiedad (casi con desesperación) el derrotero de la creación del fuero laboral en la Justicia porteña.

Se ilusionan con encontrar allí pocos obstáculos para sus políticas en la interpretación de las leyes por parte de nuevos jueces “sin dependencia de los gremios y sus abogados (como la familia Recalde), que tienen colonizada la justicia laboral nacional”, dicen en el exministerio de Trabajo, ahora convertido en una secretaría del Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, las necesidades y urgencias del Gobierno deberán ser dominadas por la paciencia.

Los tiempos institucionales, por lo general, no son los de los funcionarios. El proyecto de ley del gobierno de Jorge Macri todavía tiene por delante un largo proceso de debate en la Legislatura porteña.

“Faltan aún 10 días para la audiencia informativa del Ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, en las comisiones de Justicia, Legislación Laboral y Constitucional, lo que permitiría seguir avanzando con este tema”, explican en el gobierno de la ciudad.

La expectativa es que “antes de fin de año salga la ley de puesta en funcionamiento del Fuero Laboral de la Ciudad y del Código de Procedimiento Laboral de la ciudad de Buenos Aires”, explican. Solo el comienzo de un largo camino.

Mientras tanto, el Gobierno deberá seguir lidiando con una realidad (o con una traba) que para modificarla tiene muy pocas herramientas apropiadas. Para peor, en algunos casos, ha elegido las que generan más resistencias o lucen menos apropiadas.