El año electoral que se avecina no es solo un desafío político para la administración de Javier Milei. También será una prueba financiera de magnitud: los vencimientos de deuda en moneda extranjera previstos para 2027 son lo suficientemente elevados como para exigir una estrategia de pre-financiamiento activa, según advierte el banco JP Morgan en su último informe sobre la economía argentina.

El diagnóstico del banco de inversión más grande de EEUU reconoce avances en el frente fiscal, pero pone el foco en la magnitud de las obligaciones que se acumulan el año próximo y en la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para hacerles frente.

El dato central que expone J.P.Morgan es contundente: para todo el año 2027, los requerimientos de divisas del sector público ascienden al 3,7% del PBI. Pero esa cifra sube al 5,3% del PBI si se incorpora el servicio de deuda del Banco Central, que incluye los Bopreal y los repos con bancos internacionales.

En términos absolutos, el banco calcula que, asumiendo una renovación total de la deuda en pesos, la brecha de financiamiento en dólares para 2027 se ubica en torno a los USD 9.000 millones, equivalente al 1,4% del PBI. Ese número se reduce a cerca de USD 4.000 millones bajo el escenario en que el BCRA logra renovar sus repos con bancos del exterior. En cualquiera de los dos casos, la brecha es significativa para una economía que todavía trabaja en la reconstrucción de sus reservas.

Para cubrir esa brecha, J.P.Morgan señala dos caminos posibles: la emisión de deuda en los mercados internacionales —“siempre que el Gobierno esté dispuesto a convalidar los rendimientos de mercado vigentes”— o el recurso a fuentes alternativas de financiamiento. La elección entre uno y otro dependerá, en gran medida, de las condiciones que ofrezca el mercado a medida que avance el calendario electoral.

Ante ese panorama, J.P.Morgan destaca que las autoridades ya trabajan proactivamente para prefinanciar las necesidades de 2027. La estrategia apunta a lo que el banco describe como construir “antifragilidad”: fortalecer la posición financiera antes de que la incertidumbre electoral genere turbulencias en el mercado de deuda.

En ese marco, la entidad contempla en sus proyecciones la colocación de USD 2.500 millones adicionales en Bonares durante el segundo semestre de este año, por sobre USD 4.000 millones ya comprometidos para 2026. Esto es, una estrategia de acumulación de fondos que se anticipe a los vencimientos de 2027, de modo de reducir la exposición a la volatilidad que suele acompañar a los períodos preelectorales en Argentina.

El banco subraya que “la escala de las obligaciones en moneda extranjera en 2027 y más allá subraya la necesidad de complementar la acumulación de reservas con opciones de financiamiento diversificadas”. En esa línea, J.P.Morgan identifica tres pilares para sostener la consistencia del programa financiero en el mediano plazo: “la disciplina fiscal sostenida, la gestión activa de pasivos y una revinculación gradual con los mercados internacionales”.

Para el tramo que resta de 2026, el diagnóstico de JP Morgan es más tranquilizador. El banco estima que las necesidades de financiamiento en moneda local entre junio y diciembre equivalen al 6,9% del PBI, y las de moneda extranjera al 1,6% del PBI.

Estas últimas, según el informe, “deberían ser manejables” incluso bajo el escenario en que solo se renueve el 80% de la deuda en pesos, gracias a los ingresos provenientes de emisiones de deuda doméstica en dólares, préstamos externos respaldados por organismos multilaterales y fondos esperados de privatizaciones.

En el frente en pesos, la tabla de usos y fuentes elaborada por JP Morgan muestra que las amortizaciones de deuda en moneda local previstas para 2027 ascienden a 110.000 millones de pesos —unos USD 60.600 millones al tipo de cambio proyectado—, con fuentes que incluyen depósitos del Tesoro en el Banco Central y nuevas colocaciones de deuda. La brecha en pesos para ese año se estima en 34.347 millones de pesos, equivalente al 3,3% del PBI.

El otro costado del análisis de JP Morgan refuerza la solidez del esquema macroeconómico. El banco señala que “el compromiso de la administración Milei con el equilibrio fiscal permanece intacto”, pese a la caída de los ingresos registrada en lo que va del año.

En mayo, el superávit primario superó las estimaciones del propio banco, con un resultado positivo de USD 1.400 millones que llevó el acumulado del año al 0,8% del PBI. El resultado global —que incluye el pago de intereses— también arroja superávit, en este caso del 0,2% del PBI, en línea con el nivel registrado en el mismo período del año anterior. Medido en los últimos doce meses, el superávit primario corre al 1,4% del PBI.

Para todo 2026, JP Morgan proyecta un presupuesto equilibrado. El banco estima que un superávit primario del 1,5% del PBI será suficiente para cubrir los pagos de intereses. Por el lado de los ingresos, espera una suba de 0,5 puntos del PBI, impulsada principalmente por ventas de activos estatales —equivalentes al 0,3% del PBI— y una recuperación de los ingresos vinculados a la actividad en el segundo semestre. Ese incremento quedaría compensado, en parte, por un mayor gasto social, con nuevos compromisos que incluyen mayores transferencias para el financiamiento universitario.

JP Morgan advierte que, a medida que se consolide el impulso de la actividad económica, la estrategia de consolidación fiscal tenderá a virar: pasará de centrarse en la contención del gasto hacia una mayor movilización de ingresos. En términos de nivel, el gasto primario todavía se ubica un 29% por debajo del promedio de 2017-2019, con caídas particularmente pronunciadas en subsidios económicos —60% menos— y en inversión pública —76% por debajo de aquel período.

Al igual que la industria textil, el sector del calzado atraviesa una crisis derivada principalmente de la falta de consumo y de la competencia con las importaciones. En 2025, las compras al exterior alcanzaron los 51 millones de pares, por un monto de USD 721 millones. Esto representó un aumento del 38% en cantidades y del 20% en valores respecto del año previo.

En tanto, en los primeros cinco meses de 2026, las importaciones totalizaron 16 millones de pares, según los últimos datos disponibles de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC). De este modo, en los 17 meses que van de enero 2025 a mayo 2026 se importaron 67 millones de pares.

Como resultado, la producción viene en declive: de acuerdo al Indec, en el primer cuatrimestre, el rubro registró una caída del 24% en relación con igual período de 2025 y del 22,1% en comparación con 2024.

CIC detalló también que el año pasado, se fabricaron 80,4 millones de pares, 14,5% menos que en 2024 y 25,6% respecto de 2023. La caída se reflejó también en la disminución de empleo y de empresas: desde noviembre de 2023 hasta diciembre de 2025, se perdieron 6.014 puestos de trabajo y cerraron 165 unidades productivas.

En esa línea, meses atrás se conoció que John Foos dejaría de fabricar zapatillas en su planta de Beccar, provincia de Buenos Aires, para importar desde Asia. En Córdoba, cerró Gomas Gaspar, que desde hace más de 30 años se dedicaba a la producción de suelas y bases para calzado.

El Grupo Dass, fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics; atraviesa un proceso de ajuste y ya desvinculó a 43 empleados. Por su parte, Viamo entró en concurso preventivo de acreedores, tras efectuar despidos y cerrar locales.

Emanuel Fernández, dueño de Zapatillas Kioshi, dijo: “La situación del sector está bastante mal. Nosotros tuvimos que reducir personal, pasando de 120 a 15 empleados; y achicamos mucho la gama de productos, nos estamos enfocando en un nicho deportivo”. Además, afirmó que están haciendo un mix entre producción e importación y tercerizando algunos procesos.

El empresario destacó: “La venta está costando, principalmente por el cierre de comercios que no pueden afrontar los alquileres. Ni lo importado se está vendiendo”. Y mostró preocupación porque en diciembre se terminan las medidas antidumping contra China: “Sería un golpe letal para el sector si no se renuevan”.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en mayo las ventas del rubro Calzado y marroquinería presentaron un descenso de 0,2% interanual y acumularon un retroceso de 0,9% en los primeros 5 meses del año. No obstante, en términos mensuales avanzaron 3,1 por ciento.

CAME resaltó: “El volumen de ventas se sostuvo mediante la aplicación de descuentos en efectivo, esquemas de financiación y acciones promocionales. El canal físico mantuvo su predominio operativo debido a la necesidad de prueba del artículo. Paralelamente, la rentabilidad experimentó una fuerte presión por el incremento de costos fijos y el comercio informal, forzando a los establecimientos a liquidar inventario anticipadamente para asegurar la rotación de stock”.

Fabián Castillo, presidente de la Cámara de Comercio del Calzado, contó que mientras que transitan un momento recesivo, se están dando cambios en los hábitos de consumo, especialmente en el público sub-40, que prioriza moda y compra por redes, motivo por el cual considera necesario adaptarse constantemente.

Explicó que las ventas venían cayendo, sobre todo en verano, pero en el último mes repuntaron por las bajas temperaturas, que impulsaron la reposición de calzado de invierno. Lo que más se está comercializando son las botas tipo australianas, dado su precio (alrededor de $50.000) y que son abrigadas.

En cuanto a las importaciones, Castillo opinó que siempre pueden traer problemas vinculados a la diferencia de talles y a las dificultades de hacer cambios en caso de fallas. Aparte señaló que muchos de los productos que ingresan son de mala calidad, con lo cual la industria nacional tiene ventaja.

CIC mencionó varios problemas estructurales del sector. Entre los más importantes se encuentran:

• Asimetría regulatoria: la reducción de aranceles y la flexibilización de los mecanismos de control aplicables a productos importados no ha sido acompañada por la implementación de instrumentos equivalentes de fortalecimiento y promoción para la industria nacional
• Alta carga tributaria y costos sistémicos: la estructura impositiva acumulativa a nivel nacional, provincial y municipal, sumada a costos logísticos, financieros y laborales, incrementa significativamente el costo final, reduciendo márgenes y competitividad frente a las importaciones y la oferta informal
• Contrabando y falsificación marcaria: afectan la competitividad al introducir productos que no cumplen con los estándares legales, tributarios y de calidad vigentes. El ingreso se produce principalmente a través de pasos fronterizos identificados como críticos —Jama (Jujuy), Sico (Salta), Aguas Blancas (Salta) y Bernardo de Irigoyen (Misiones)—
• Alta informalidad en la cadena de valor: la existencia de talleres no registrados y eslabones informales en la cadena productiva implica competencia desleal, precarización laboral y dificultades en la trazabilidad del producto
• Dificultad de las pymes para acceder a financiamiento: esto restringe la inversión en tecnología y ampliación de la capacidad instalada

En este marco, la entidad aseguró que se pueden tomar varias medidas para ayudar a paliar la situación:

• Fortalecer el control y regulación de plataformas internacionales de comercio electrónico para evitar la competencia desleal
• Implementar tarifas eléctricas diferenciadas para pymes industriales
• Promover créditos para pymes manufactureras, con tasas de interés subsidiadas y plazos adaptados a los ciclos productivos, destinados a capital de trabajo y modernización
• Impulsar la reducción progresiva o eliminación de Ingresos Brutos para la fabricación de calzado
• Reincorporar valores criterio en la importación y reforzar controles aduaneros a fin de prevenir prácticas como la subfacturación y triangulación indebida
• Limitar la aplicación automática de embargos sobre cuentas bancarias de pymes por deudas fiscales, priorizando alternativas de regularización para evitar la paralización de actividades
• Establecer una moratoria con condonación parcial de intereses y planes de pago accesibles para regularizar deudas fiscales y de seguridad social.

Hasta el 12 de junio, cuando se anunció el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para terminar la guerra en el Golfo Pérsico, a los surtidores argentinos solo se había trasladado parcialmente el aumento del precio internacional del crudo. “Entre febrero y marzo el WTI subió 41,7%, mientras que la nafta súper de YPF en CABA aumentó 24,2%; en otras palabras, el precio de surtido trasladó cerca del 58% del aumento porcentual del crudo”, precisa un análisis del ingeniero Roberto Carnicer, director del Instituto de Energía de la Universidad Austral.

Ante la pregunta sobre si debido a la fuerte baja del crudo en la última semana debería bajar la nafta en la Argentina Carnicer precisa que la caída del WTI desde USD 84,88 el barril a USD 76,54 a mediados de esta semana (esto es, una reducción del 9,8%), si se aplicara con la misma elasticidad observada en marzo, tras el aumento inicial, “el precio de la nafta súper tendría un margen teórico de reducción de aproximadamente $117 por litro, hasta cerca de $1926 por litro y una traslado pleno llevaría el litro a cerca de $1.842 el litro, poco más de $200 menos que el precio vigente.

Sin embargo, advierte el análisis, “ese escenario debe leerse solo como referencia teórica, porque el precio final de la nafta no está compuesto únicamente por crudo”.

Carnicer recuerda que después del aumento inicial de marzo el precio de la nafta quedó casi congelado en la Argentina “frente a un WTI todavía alto”. De hecho, observó, “en abril y mayo el crudo continuó en niveles elevados, pero la nafta no repitió nuevos saltos. Esto muestra que el mercado local amortiguó el shock, ya sea por política comercial, márgenes, impuestos, o decisiones de estabilización. La contracara es evidente: si el aumento no se trasladó en forma plena cuando el crudo subía, tampoco es automático que la baja se traslade plenamente cuando el crudo cae. Pero sí abre una discusión legítima sobre cuánto margen existe para reducir o, al menos, evitar nuevos aumentos”.

Según el análisis, la discusión de fondo “no es técnica solamente, es también de reglas de mercado. Si el surtidor se ajusta cuando sube el petróleo, el consumidor tiene derecho a esperar algún grado de simetría cuando el petróleo baja. Esa simetría no tiene por qué ser perfecta ni inmediata, pero debería ser explicable. En la Argentina, el precio de la nafta funciona como un precio sensible: impacta en costos logísticos, expectativas inflacionarias y percepción pública. Por eso, cuando el WTI cae en pocos días, la pregunta ya no es si se justificaba el aumento de marzo, sino qué parte de la baja internacional puede llegar al consumidor y en qué plazo”.

En esa lógica agrega, si bien es cierto que en marzo los precios internos de las naftas absorbieron solo una parte del shock del crudo y que luego se mantuvieron contenidos, también lo es que “la baja reciente del WTI abre una ventana para revisar precios; no necesariamente para una baja plena, pero sí para evaluar una reducción parcial o, como mínimo, para evitar nuevos aumentos mientras el crudo se estabiliza en niveles menores”.

Por otra parte, un proyecto ingresado al Senado propone reducir el peso de los impuestos nacionales sobre los combustibles. La iniciativa fue presentada por el senador nacional santacruceño José María Carambia y contempla dos modificaciones centrales: 1) mantener y fortalecer el tratamiento diferencial para determinadas zonas del sur argentino, y 2) reducir a la mitad la alícuota del impuesto a los combustibles líquidos en el resto del país.

Los análisis y propuestas, en cualquier caso, están sujetos a la evolución concreta del conflicto en el Golfo, que pueden ir en contra del acuerdo anunciado por el presidente de EEUU, Donald Trump. Este sábado el régimen iraní anunció un nuevo cierre del Estrecho de Ormuz -por donde circula más del 20% del comercio internacional de petróleo- por los ataques israelíes contra el grupo terrorista Hezbollah en el Líbano.