POLITICA
Presentaron un amparo para frenar el decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces
Un abogado constitucionalista presentó ante la Justicia un recurso de amparo para frenar la aplicación del decreto de Javier Milei que limita la participación ciudadana en la designación de jueces.
Al mismo tiempo, un grupo de ONGs publicó un comunicado conjunto donde rechazaron la medida por significar un retroceso en materia de institucionalidad.
Firmaron el documento la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Amnistía Internacional, Democracia en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Campaña GQUAL.
Las organizaciones coincidieron en que los cambios introducidos por el Decreto 467/2026 implican “un retroceso para la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos y para la igualdad de género, y por ende, también para la calidad de nuestra democracia”.
El decreto cuestionado eliminó la instancia de participación popular ante el Ministerio de Justicia, que es previa a la nominación presidencial, y dejó sin efecto la sugerencia de contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional que debían guiar la elección de los candidatos a la Corte.
El Gobierno argumentó que ese primer paso de participación era redundante con el que se abre una vez que los pliegos ingresan al Senado. Quienes cuestionan la decisión advierten que esa primera etapa de participación, ahora derogada, era central para poner al tanto al Poder Ejecutivo de posibles impugnaciones y objeciones antes −y esto es lo central− de que elija a los candidatos a jueces y los envíe al Congreso.
Ante el argumento libertario de que la doble instancia de participación demoraba la cobertura de vacantes judiciales, las organizaciones señalaron que el plazo de menos de dos meses que preveía el mecanismo −ahora derogado por Milei− era más que razonable para decisiones de semejante trascendencia, frente a los años que habitualmente los poderes políticos se toman para cubrir vacantes judiciales.
En paralelo, el abogado Andrés Gil Domínguez presentó ante la Justicia Federal una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del Decreto 467/2026, firmado por el Poder Ejecutivo.
La norma deroga mecanismos de participación ciudadana previstos en los Decretos 222/2003 y 588/2003 para la designación de jueces, fiscales y defensores. Junto con la demanda, solicitó una medida cautelar de no innovar para suspender la aplicación de la norma mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Hasta la entrada en vigencia del Decreto 467/2026, el procedimiento de designación de jueces de la Corte Suprema incluía una ventana de quince días en la que cualquier ciudadano, organización no gubernamental, colegio profesional, entidad académica u organismo de derechos humanos podía presentar observaciones fundadas y documentadas ante el Ministerio de Justicia sobre los candidatos en consideración. Tanto para la Corte Suprema como para juzgados de instancias inferiores.
El mecanismo destinado a los candidatos para el máximo tribunal había sido establecido en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner, como respuesta a la crisis de legitimidad que atravesaba la Corte en aquel momento.
El decreto ahora impugnado derogó los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/2003, y los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto 588/2003.
El Gobierno justificó la decisión al sostener que la participación ciudadana se mantiene ante el Senado, que el procedimiento generaba una duplicación de instancias y que diversidad de género, especialidad y procedencia regional no están expresamente previstos en la Constitución Nacional.
La demanda de Gil Domínguez ataca ambos argumentos al sostener que las dos instancias del Ministerio de Justicia y el Senado no son “equivalentes ni intercambiables”, pues la primera es previa a la decisión del Presidente y la segunda, cuando el candidato ya fue seleccionado.
“Suprimir la primera bajo el argumento de que subsiste la segunda equivale a afirmar que el control democrático posterior torna innecesario el control democrático previo”, sostiene el escrito.
Sobre diversidad, la demanda recuerda que entre 1863 y 2005 la Corte Suprema estuvo integrada exclusivamente por hombres, con la única excepción de Margarita Argúas entre 1970 y 1973.
En ese contexto, la exigencia de considerar la perspectiva de género no es un capricho procedimental sino una acción positiva en orden con la Constitución Nacional y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
Gil Domínguez habló de la necesidad de mantener el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos.
Según este estándar, reconocido por la Corte Suprema en numerosos precedentes, el Estado no puede retroceder en el nivel de protección de derechos ya alcanzado sin ofrecer una justificación extremadamente sólida, proporcional y sin alternativas menos lesivas.
Paralelamente a la acción judicial, las ONG recordaron un antecedente reciente: hace un año, el Gobierno propuso dos candidatos para integrar la Corte Suprema −el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García-Mansilla− que fueron cuestionados por la sociedad civil, por sus perfiles y por la ausencia de paridad de género en el tribunal.
El Gobierno ignoró esas críticas e intentó designarlos por decreto, lo que motivó que el Senado rechazara las propuestas.
La medida cautelar solicitada busca que, mientras se resuelve el fondo del caso, el Poder Ejecutivo esté obligado a cumplir con los estándares del Decreto 222/2003 si avanza en la selección de nuevos integrantes para la Corte Suprema.
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POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: los diálogos en el Congreso para la interpelación a Adorni
El Monumento a la Bandera, que con forma de barco se alza frente al Paraná y sobre la Avenida Belgrano de Rosario, a solo unas cuadras del imponente mural de Leo Messi que mira al río, albergará otra vez al presidente Javier Milei este 20 de junio, para el acto patrio más importante que organiza la ciudad.
A diferencia de 2024, cuando participó del evento y recién transitaba el primer semestre de su gestión, ahora Milei llegará a Rosario con un fuerte problema interno causado por sostener a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero también con miras a 2027, año en que intentará la reelección y en el que los libertarios esperan el respaldo de las provincias con fuerte predominio del agro, una de las actividades que tracciona con este plan económico.
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La Confederación General del Trabajo (CGT) acordó este miércoles avanzar en la construcción de un plan de lucha sostenido y escalonado que involucre al conjunto de las organizaciones confederadas y descartó, por ahora, convocar a un nuevo paro general, como reclaman los sectores más combativos. La definición dejó encaminada una estrategia que será desarrollada la próxima semana por el Consejo Directivo, encargado de resolver cómo se instrumentarán las medidas.
La decisión surgió de la reunión que mantuvo la conducción cegetista con las confederaciones que integran la central obrera, un encuentro convocado para analizar la situación laboral, productiva y social y para ordenar la discusión que se había abierto en las últimas semanas sobre cómo continuar la confrontación con el Gobierno de Javier Milei después de los cuestionamientos a la reglamentación de la reforma laboral y de los límites que encontró la estrategia judicial impulsada por la conducción cegetista.
Según pudo saber TN, el encuentro dejó una evaluación positiva dentro de la CGT. La participación de todas las confederaciones convocadas permitió alcanzar coincidencias sobre la forma de encarar la etapa que viene y fortaleció la idea de construir respuestas coordinadas frente a conflictos que hasta ahora aparecían dispersos entre distintos sectores de actividad.
La discusión continuará la próxima semana, cuando el Consejo Directivo se reúna para definir los próximos pasos. Allí comenzará a delinearse el esquema concreto de medidas que podría impulsar la CGT en los próximos meses.
Del conflicto sectorial a una estrategia común
La idea de una estrategia escalonada venía ganando espacio dentro de la CGT desde hace varios días. Entre las alternativas que se analizaban aparecía la posibilidad de coordinar acciones entre distintos gremios para sostener durante un período más prolongado la presión sobre el Gobierno sin recurrir de manera inmediata a una huelga general.
El encuentro de este miércoles consolidó esa orientación. Los representantes sindicales coincidieron en que la central obrera debe evitar respuestas aisladas y fortalecer los mecanismos de coordinación para que los reclamos de cada actividad puedan transformarse en una agenda común del movimiento obrero.
La posición quedó reflejada en un documento difundido al término de la reunión, donde la CGT expresó su solidaridad con los gremios que atraviesan conflictos abiertos; con los trabajadores afectados por despidos, suspensiones o pérdida de derechos y con sectores que todavía carecen de representación organizada.
Los dirigentes también señalaron la necesidad de ampliar la capacidad de representación sindical en un escenario que describen como marcado por el deterioro del empleo, la caída del poder adquisitivo y la desaceleración de distintos sectores productivos.
Una discusión que sigue abierta
La definición alcanzada por las confederaciones no clausura el debate interno sobre las medidas de fuerza. Durante las últimas semanas, dirigentes de gremios como la UOM y La Fraternidad volvieron a plantear la conveniencia de convocar a un paro general de 36 horas para confrontar con el Gobierno de Milei.
La conducción cegetista, en cambio, viene explorando alternativas que permitan sostener la movilización durante más tiempo y sumar a una mayor cantidad de organizaciones. La búsqueda de un esquema escalonado aparece vinculada a esa lógica y también a las dificultades que enfrentan algunos sindicatos a partir de la reglamentación de la reforma laboral y de la ampliación de las actividades consideradas esenciales o trascendentales.
El documento aprobado este miércoles evitó adelantar medidas concretas, pero dejó asentado como criterio político compartido que los representantes sindicales coincidieron en que el contexto exige avanzar en “la construcción de un plan de lucha sostenido, escalonado y con capacidad de involucrar al conjunto de las organizaciones confederadas que combine firmeza, creatividad y construcción colectiva”.
La CGT sostuvo además que la resolución de la crisis que atraviesa el país es esencialmente política y que el desafío inmediato consiste en transformar el diagnóstico compartido en una acción común capaz de defender el trabajo, la producción nacional y los derechos laborales. Ese será el debate que continuará la próxima semana cuando la conducción sindical empiece a definir cómo traducir ese consenso en medidas concretas.
CGT, reforma laboral, sindicatos
En una entrevista en Infobae al Regreso, Paula Penacca, diputada nacional por Unión por la Patria, advirtió sobre las tensiones internas en el peronismo, la proscripción de Cristina Kirchner y los desafíos sociales y económicos que enfrenta la Argentina.
Durante su paso por el estudio, Penacca repasó la evolución de las disputas en el peronismo y el impacto que la prisión de la expresidenta tiene sobre el armado de liderazgo. “Hoy no solo Cristina no le rompe las pelotas al pueblo ni se las rompió nunca, sino que además sigue siendo una dirigente que tiene una imagen positiva altísima después de haber estado perseguida”, remarcó.
El Congreso y la interpelación a Adorni: la pulseada central en el Senado
Penacca explicó la estrategia de su bloque parlamentario: “Nosotros lo que venimos pidiendo, impulsando desde nuestro bloque, es poder darle tratamiento en el recinto a un proyecto que habilita una interpelación a Adorni, o sea, que venga a la Cámara de Diputados a dar explicaciones y que luego de eso se pueda poner a consideración algo que la Constitución nos otorga a las dos cámaras, que es hacer una moción de censura”.
La legisladora remarcó que “el jefe de Gabinete no está pudiendo explicar la fortuna que tiene. Ahí hay un posible delito cometiéndose. No podemos dar muchas vueltas, tenemos que hacer lo que nos toca hacer, nos lo dice la Constitución”.
Aclaró, además, que la presión para que Adorni se presente ante el Congreso trasciende a su espacio: “Diferentes sectores de la política argentina, naturalmente, piden que Adorni dé explicaciones”. Ante la consulta sobre el escenario parlamentario, Penacca consideró lógico que se junten los 37 votos necesarios en el Senado para avanzar con la moción, dado el clima de reclamo transversal.
El peronismo y la construcción de liderazgo tras la proscripción de Cristina
La dirigente abordó el dilema de la conducción en el peronismo: “Creo que hay intendentes de acuerdo con Axel (Kicillof), creo que hay intendentes que no están de acuerdo con Axel. En el peronismo nos pasa esto siempre”.
Al analizar la figura de Cristina Fernández, Penacca sostuvo: “Dentro del peronismo incluso sigue siendo una mina con una adhesión popular enorme. ¿Para quién es un problema? Bueno, yo creo que es un problema para algunos proyectos personales que se ponen por encima de lo que nosotros de verdad tenemos que hacer”.
Sobre la interna, fue tajante al diferenciar la discusión real del espacio: “La discusión hoy parece ser si el eje tiene que ser o no Cristina libre en términos del debate entre dirigentes, pero para mí no hay manera de disociar la representación de los intereses populares de la lucha contra la proscripción”.
En ese sentido, remarcó que “hoy la posibilidad de discutir desde el peronismo con fortaleza, que no haya proscripción en la Argentina, es también una garantía para que el próximo peronista que llegue al gobierno no esté condicionado en las cosas que haga”.
Penacca recordó que “no hay dudas de que la proscripción de Cristina existe” y que “si vos llegás al poder sin haberte aferrado, sin haberte afirmado en la discusión de que no exista la proscripción en la Argentina y de que tengamos una democracia plena, vas a estar condicionado y sometido a la misma amenaza”.
Economía, empleo y el futuro social: el diagnóstico del bloque opositor
Durante la charla, Penacca analizó los desafíos económicos: “Hoy es Adorni, pero estuvo el caso Libra, pero estuvo el caso de Karina con el 3% de la ANDIS. Si seguimos mirando para atrás, encontramos algunos de esos supuestos hechos de corrupción dentro del Gobierno, que el problema es que están perjudicando a sectores concretos de la población, más allá de que lo que nosotros creemos es que lo que más perjudica a la población es el modelo económico de este gobierno”.
Al referirse al contexto social, subrayó: “No hay manera de disociar una cosa de la otra, porque además, de verdad pienso que el próximo proceso electoral va a ser con Cristina proscripta y con un sector muy grande de la sociedad argentina que no va a poder elegir a quien quisiera elegir para gobernar nuestro país”.
Sobre el presente económico, Penacca vinculó la pérdida de empleo y la caída del consumo con las políticas de Javier Milei: “Vos lo que te pasa cuando llega un gobierno como este, que comete un industricidio, es no solo que no creás trabajo privado, sino que lo destruís. Disminuye el empleo público, disminuye el empleo privado y además crece el empleo informal. Y además la gente necesita tener más de un empleo para sobrevivir”.
Finalmente, cuestionó la promesa de que la baja de la inflación mejoraría la calidad de vida: “Por supuesto que una inflación baja con un poder adquisitivo del salario detonado no tiene ningún sentido, porque la gente hoy, cuando va a comprar, no le alcanza, por más que los precios no tengan un aumento continuo”.
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