El exministro de Economía Martín Guzmán escribió junto a Joseph Stiglitz, su mentor académico y premio Nobel de Economía 2001, un artículo en Project Syndicate, un portal de opinión internacional, con tres consejos para “rediseñar” al FMI a partir de tres ejes: 1) revisar sus criterios de “condicionalidad”, 2) no limitarse sus programas a un “escenario base”, sino prever “contingencias” y ser más sensible a la preservación de la democracia, y 3) asegurar que los programas tengan un sustento político que trascienda al gobierno que los suscribe.

Este domingo, entrevistado en radio Splendid, Guzmán dijo que el presidente Javier Milei hizo bien al asumir en priorizar la lucha contra la inflación. “Haber puesto a la inflación como principal preocupación de la política macro en diciembre de 2023 está bien, es lo que había que hacer. Sí o sí tenía que haber un ordenamiento de las cuentas públicas, si no, era imposible bajar la inflación”, señaló quien renunció al Palacio de Hacienda el 2 de julio de 2022, mientras la vicepresidente Cristina Kirchner encabezaba un acto en Ensenada (días después se informó que la inflación de junio había sido del 5,3%, anualizada de 86%).

Pero si bien la inflación se redujo “significativamente”, reconoció Guzmán, la forma en que se la atacó generó desequilibrio en la producción. “Está muy mal la actividad urbana. Cuando se ve el crecimiento es porque lo impulsan el agro, la minería y la energía, la industria financiera, pero eso no crea empleo”, observó, y amén de citar datos recientes de la fuerte caída (en julio) de la industria y la construcción. Eso, dijo, afecta la “sostenibilidad del esquema económico y fiscal, pues la caída de la actividad urbana está generando una caída real en la recaudación, con lo cual al gobierno le cuesta mantener el superávit fiscal. “Es un problema serio”, señaló.

El combo de la morosidad

El exministro señaló además que la caída de los ingresos de la gente y “tasas de interés que se fueron a cualquier lado” llevó a niveles de morosidad récord. “Se celebra la caída de la inflación pero la situación de los ingresos es bien complicada, subrayó, amén de recordar que “hace muy poco” Milei anticipó un boom de consumo y recuperación de actividad. “Y uno decía ¿de dónde? Porque para que aumente el consumo tiene que aumentar el ingreso de la gente o la disponibilidad para gastar y eso viene de aumentar el salario o aumentar el crédito. Debería aumentar la inversión privada pero ¿quién va a invertir en áreas urbanas si no se vende?”, planteó Guzmán.

Y a continuación describió una suerte de trampa sin salida. “Que aumente la inversión en energía, señaló, “no va a redundar en un aumento inmediato de la demanda por el trabajo y el salario. Del lado de la inversión difícil que veamos un aumento del salario real. ¿Por qué habría de aumentar el crédito en una economía donde tenés récord de morosidad de las personas? Tampoco la veo por ahí”.

Si bien reconoció que Economía “empezó a hacer otras cosas” (como el intento de movilizar el crédito hipotecario), las mismas no tienen “carácter macroeconómico”.

“Esto no va a andar solo por un impulso privado. Lo que podría cambiar la situación de la actividad urbana es que en primer lugar el Estado le de un impulso, pero para que el Estado pueda invertir más hay que contar con recursos para que no aumente el déficit y eso es complicado porque se tendrían que meter con temas impositivos que ha sido una bandera de este gobierno”.

Según Guzmán, el gobierno sobreestimó la velocidad en la que iba a bajar la inflación y subestimó el impacto sobre la actividad económica. “La forma en la que se hizo el ajuste, donde le bajas el impuesto a los que mayor capacidad contributiva tienen en Argentina y recortas gastos claves en inversión pública genera lo que estamos viendo ahora”, marcó. “El haber apuntado al tipo de cambio como un ancla para atacar la inflación; hay sectores a los que eso les afectó al mismo tiempo que se les caía la demanda”.

La combinación de política económica, enfatizó “ha sido muy, muy maña para los sectores que más empleo generan en la Argentina”. Además, matizó, “no es que siempre hay que tener superávit o déficit, hay que tener sostenibilidad fiscal. Se tuvo en el peronismo en cierto momento, durante el gobierno de Kirchner, después se perdió y no pudimos ni siquiera establecer el camino hacia eso de forma firme en el gobierno del que fui parte”. En la pandemia, se justificó, “sí o sí tenías que aumentar el déficit, no había manera”.

Cómo reactivar la economía

En cuanto a la situación actual dijo que para reactivar la economía y mejorar la productividad “va a hacer falta aumentar la inversión pública de capital” en un quantum que estimó medio y un punto del PBI, pero sin aumentar el déficit. Los periodistas del programa No Vale Arrugar le preguntaron cómo sería eso posible. Guzmán mencionó que hay sectores que están muy “y se les han bajado los impuestos”.

Al gobierno en cambio, prosiguió, le conviene hablar de “riesgo kuka”, pero hay un temor del mercado “de que la gente no se banque esto. Y si no se banca esto, no queda claro cómo se reordena. El riesgo real es que no se sostenga social y políticamente el actual esquema oficial. Según Guzmán, el gobierno “tortura los datos” para decir lo que dice, “pero hay estancamiento en varios sectores y una caída q está teniendo consecuencias sobre la demanda y el consumo. Hay una mishiadura importante”.

También consideró “importante” la elección legislativa del 3 de noviembre en EE.UU. “porque hoy hay una dependencia importante del apoyo del Tesoro de EEUU con el Banco Central. En el mercado está instalada la percepción que detrás de la estabilidad cambiaria está EE.UU. Si la cosa el año que viene fuese como ahora tendría más visos de estabilidad la situación cambiaria, pero si la situación fuese diferente estaríamos en otro escenario”.

Además, el exministro cuestionó las facilidades fiscales que el gobierno dio a través del RIGI y dijo que muchas de las inversiones que se están haciendo bajo ese esquema “hubieran ocurrido igual, son sectores con nivel de productividad muy alto”, pero que “no derraman, porque para que derrame tiene que haber un programa de industrialización”. En cambio el RIGI, subrayó, “es anti industrial para la Argentina, es una pena, debilita al Estado”.

También explicó la morosidad financiera como consecuencia de una combinación de dos factores “fatales”: cayeron los ingresos reales y “se desestructuraron” las tasas de interés.

“Las tasas de interés para las personas que toman de un banco, 66% más o menos. Las billeteras virtuales es cualquier cosa arriba de 100%. Esa combinación es fatal. Las tasas se desestructuraron mucho en el 2025. Todo esto repercutió en todas las tasas a las que la gente tomó crédito. Ahí se armó un zafarrancho importante. La gente entonces entra en una bola de nieve porque te vence la deuda, no la podés pagar, la refinanciás a una tasa mucho más alta y menos chance de pagarla y así es como fue subiendo la mora. En cuanto a la posible solución, Guzmán dijo no verla “por el lado de limitar el crédito”, pero sí aconsejó “una política que mire las tasas y que implemente ciertas regulaciones. La usura tiene que estar prohibida. Está prohibida, llo que pasa es que hay que definirla en términos prácticos, no puede un banco cobrarle 66% de interés a una persona en una economía donde la inflación es 30%. Es un disparate. Y no pueden las billeteras actuar como intermediarios financieros y no ser reguladas como tal y cobrar tasas de 200%. Eso no debería ser posible en ningún lado”. Sin embargo, acotó, “al Banco Central lo único que parece importarle es la estabilidad bancaria”. Es un tema, concluyó, “en el cual el Estado tiene que tener un rol, solo no se va a resolver”.

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Más de 18,5 millones de ciberataques al año ponen a prueba las defensas digitales de América Latina, una región donde gobiernos, empresas y servicios públicos dependen cada vez más de sistemas conectados, mientras avanzan nuevas formas de intrusiones vinculadas al uso de inteligencia artificial de las que la Argentina no escapa.

El dato surge de un informe de Digi Americas al que accedió Infobae y que ubicó a la ciberseguridad entre los desafíos centrales de la transformación digital regional. El documento señaló que la frecuencia y la complejidad de los ataques crecen al mismo tiempo que los países amplían sus servicios virtuales, modernizan áreas del Estado e incorporan infraestructura de nube e inteligencia artificial.

La situación combina riesgos y oportunidades. La región todavía presenta diferencias en materia de conectividad, infraestructura, regulación y formación de especialistas. A la vez, buena parte de sus ecosistemas digitales se encuentra en expansión, lo que abre la posibilidad de incorporar desde el inicio herramientas de seguridad, sistemas interoperables y planes de respuesta ante incidentes.

El reporte advirtió que solo siete de los 32 países de América Latina cuentan con marcos regulatorios para proteger sus servicios esenciales. Además, apenas 20 conformaron Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática, conocidos como CSIRT.

La diferencia entre la cantidad de ataques y las capacidades disponibles para responder expone una de las principales brechas de la región. Un incidente informático no se limita a una computadora bloqueada o a una base de datos inaccesible. Puede retrasar pagos, trabar trámites, interrumpir comunicaciones, afectar la atención sanitaria o generar dificultades en sectores vinculados con la energía y el comercio exterior. Esa es una de las razones por las que la protección de la infraestructura crítica se convirtió en una prioridad para los gobiernos de la región.

El ransomware, las filtraciones de datos, los fraudes digitales y la actividad patrocinada por Estados forman parte de un escenario que alcanza tanto al sector público como al privado. El análisis sostuvo que estas amenazas ganan frecuencia y complejidad, con una demanda creciente de infraestructura segura, capacidades técnicas y alianzas confiables.

Los antecedentes

Dos antecedentes recientes permiten dimensionar el impacto de este tipo de incidentes. El caso de Costa Rica expuso hasta dónde puede escalar una intrusión contra sistemas públicos. El ataque de ransomware de 2022 afectó organismos estatales y obligó a suspender o limitar plataformas vinculadas con impuestos, aduanas y otros trámites. Este tipo de programas maliciosos bloquea o cifra sistemas y archivos para exigir un pago a cambio de recuperarlos o evitar la difusión de datos robados. La disrupción llevó al país a declarar una emergencia nacional.

El 17 de abril de 2022, Costa Rica sufrió un ataque digital que alcanzó el corazón de su administración pública. El grupo Conti irrumpió en los servidores del Ministerio de Hacienda, dejó fuera de servicio la plataforma tributaria virtual y el sistema aduanero, y luego extendió la ofensiva a otros organismos. La información fiscal de ciudadanos y empresas quedó en riesgo. Los atacantes exigieron 20 millones de dólares para no divulgar los archivos robados.

La crisis se agravó el 31 de mayo, cuando el grupo Hive atacó a la Caja Costarricense de Seguro Social. La institución apagó sus sistemas críticos para contener la intrusión: quedaron suspendidos el Expediente Digital Único en Salud y la plataforma central de recaudación. Médicos perdieron acceso a historiales clínicos, docentes no pudieron cobrar sus salarios y los trámites fiscales, aduaneros y sanitarios quedaron paralizados. En las primeras 48 horas, el impacto económico se estimó en 125 millones de dólares.

El Gobierno rechazó los rescates y calificó a los grupos como “terroristas”. El 8 de mayo, el presidente decretó la emergencia nacional y afirmó que el país se encontraba en un “estado de guerra”. La recuperación demandó meses y requirió apoyo técnico de empresas y distintos países. Washington ofreció 10 millones de dólares por información sobre los líderes de Conti, mientras que Hive fue desarticulado en enero de 2023 tras una operación coordinada entre Europol y autoridades de Alemania, Países Bajos y Estados Unidos.

La recuperación requirió restablecer procesos, sostener mecanismos manuales mientras permanecían fuera de línea algunos sistemas y destinar recursos a la reconstrucción tecnológica. El episodio dejó una señal para el resto de América Latina: la respuesta ante un ataque depende de la capacidad de mantener servicios activos, recuperar información y coordinar a los organismos involucrados.

En 2023, un ataque contra IFX Networks afectó a 78 entidades públicas y a más de 760 empresas privadas de la región. El episodio dejó en evidencia que una vulnerabilidad en la infraestructura tecnológica puede extenderse más allá de una organización o de un país.

Los dos casos reforzaron la necesidad de contar con redes preparadas para sostener servicios y equipos capaces de coordinar una respuesta rápida. Para Digi Americas, la resiliencia digital depende de combinar conocimientos locales, información global sobre amenazas, herramientas tecnológicas y cooperación entre actores públicos y privados.

Los nuevos desafíos

La expansión de la inteligencia artificial incorpora una variable adicional. La tecnología ya transforma las tareas de ciberseguridad: permite detectar señales de riesgo, analizar amenazas en tiempo real y automatizar parte de las respuestas frente a incidentes.

Estas capacidades pueden ayudar a proteger sistemas estratégicos y servicios digitales. Sin embargo, desde Digi Americas plantearon que los gobiernos y las empresas también deben adaptar sus políticas y operaciones a las amenazas vinculadas con la IA, además de resguardar la información sensible y definir reglas para el uso de datos y modelos.

El acceso a capacidad de cómputo, servicios de nube, especialistas y sistemas de seguridad avanzados será un factor relevante para los países que busquen adoptar estas herramientas. Varios gobiernos latinoamericanos ya desarrollan o evalúan estrategias nacionales de inteligencia artificial.

La importancia de la cooperación

Una respuesta efectiva depende de que los países intercambien alertas, datos técnicos y mecanismos de acción frente a incidentes. Los atacantes operan a través de las fronteras, por lo que una señal detectada en un país puede ayudar a prevenir daños en otro. Para Digi Americas, esa cooperación puede mejorar tanto la detección como la capacidad de reacción.

El reporte advirtió que la concentración de sistemas críticos o datos sensibles en un único lugar puede crear un punto de falla y aumentar la exposición a ataques, espionaje, sabotajes o interrupciones de servicios. En esa línea, propuso reforzar el cifrado, la gestión de identidades y accesos, la seguridad desde el diseño, la gobernanza de datos y la diversificación de proveedores y plataformas.

Cómo es el caso argentino

En la Argentina, el Gobierno avanza con un plan para reforzar la protección del sector público nacional y de las infraestructuras críticas ante robos de datos, fraudes, ransomware e interrupciones de servicios. La estrategia incluye la creación de un Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) nacional, que concentrará alertas de organismos públicos y compartirá información sobre amenazas detectadas.

El proyecto, a cargo del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), también contempla la compra de inteligencia sobre amenazas, servidores, programas y otros equipos. La previsión oficial es que el centro comience a funcionar a principios de 2027, aunque el cronograma depende de procesos de compra y de la disponibilidad internacional de infraestructura tecnológica.

El otro problema es que el Estado todavía no tiene una fotografía completa de lo que ocurre. CERT.ar recibió entre 200 y 400 incidentes por año en períodos recientes y ya superó los 700 casos en 2026. Desde el CNC aclaran que el aumento no alcanza para concluir que hubo más ataques: también puede reflejar una mayor detección o notificación. Lo que sí persiste es un subregistro que dificulta dimensionar el riesgo.

Para mejorar esa capacidad de detección, en febrero el CNC dispuso que las agencias de la administración pública nacional designen responsables de ciberseguridad, elaboren planes de recuperación ante desastres e inventaríen sus sistemas de acuerdo con su nivel de criticidad. Cada organismo deberá definir, además, cuánto tiempo puede sostener una interrupción y qué volumen de información podría perder ante un incidente.

El plan prevé un modelo de madurez para que las dependencias identifiquen vulnerabilidades, establezcan prioridades y presenten planes de mejora. También incluye oficiales de enlace del CNC en organismos estatales e infraestructuras críticas, con el objetivo de acompañar la aplicación de estándares y los diagnósticos internos.

Otra de las herramientas proyectadas es una “ciberarena”, una plataforma para recrear ataques y fallas en entornos similares a los reales. Allí podrán simularse redes, centros de monitoreo, equipos de seguridad y controles industriales vinculados con áreas como energía y salud, para evaluar las respuestas de los equipos técnicos.

La capacitación tendrá dos niveles: uno destinado al conjunto de los empleados públicos, centrado en la prevención de estafas y campañas de phishing, y otro dirigido a autoridades, desarrolladores y especialistas. El CNC tiene competencia sobre el sector público nacional y las infraestructuras críticas; con provincias, municipios y empresas privadas, busca establecer mecanismos de colaboración y acuerdos con entes reguladores.

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