Las condiciones en las que viven las personas no dependen solo de sus ingresos, sino también del lugar donde residen. Un nuevo informe de la Fundación Tejido Urbano elaboró un ranking de las 80 ciudades argentinas con más de 50.000 habitantes según su situación habitacional, y los resultados confirman una brecha profunda entre el norte del país y la franja central: mientras algunas ciudades intermedias de la región pampeana muestran indicadores relativamente sólidos, varias urbes del noroeste y noreste registran déficits en casi todas las variables analizadas.

El trabajo construyó un Índice de Hábitat Urbano (IHU) que va de 0 a 10 —donde 0 es la peor situación y 10 la ideal— e integra siete aspectos de medición: hacinamiento, viviendas irrecuperables, viviendas compartidas por más de un hogar, viviendas con deficiencias recuperables, falta de acceso a servicios básicos, irregularidad en la tenencia y falta de acceso a la propiedad. El valor promedio para el conjunto de ciudades analizadas fue de 6,2 puntos. De las 80 ciudades relevadas, 27 quedaron por debajo de ese umbral y 53 por encima.

El informe se construyó a partir de datos del Censo 2022 del Indec y forma parte de una serie de trabajos anteriores que ya habían analizado la situación habitacional a nivel nacional y provincial. Como punto de partida, Tejido Urbano recuerda que, del total de 14,6 millones de hogares urbanos censados en 2022, 10,7 millones —el 73%— presentan algún tipo de problema habitacional.

En el extremo inferior del ranking se ubican Tartagal, San Ramón de la Nueva Orán, Clorinda, Perico, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Formosa, todas con menos de 5 puntos en el IHU. Estas ciudades acumulan déficits simultáneos en hacinamiento, viviendas irrecuperables y hogares que comparten una misma unidad con otra familia, lo que el informe identifica como el núcleo más crítico de vulnerabilidad habitacional.

Entre las ciudades de mayor tamaño, también se destacan por sus bajos índices San Miguel de Tucumán (5,3), Santiago del Estero (5,3), el Gran Buenos Aires sin incluir a CABA (5,3), Salta (5,4), Corrientes (5,5) y Resistencia (5,5). En estos casos, el peso demográfico convierte los déficits en problemas de mayor escala.

El informe advierte además que muchas de las ciudades con problemas materiales severos también presentan altos niveles de irregularidad en la tenencia de la vivienda. En Clorinda, Puerto Iguazú, Perico, Tartagal y Orán, entre otras, el puntaje en ese subíndice es 0, lo que implica que más de la mitad de los hogares carece de documentación adecuada sobre su vivienda. “A los problemas materiales se suma la precariedad en las modalidades de tenencia, lo que puede limitar procesos de formalización dominial y restringir oportunidades de acceso al financiamiento”, señala el informe.

En el extremo opuesto, las ciudades con mejor IHU son mayormente intermedias y están ubicadas en el centro del país. Río Tercero, San Francisco, General Pico, Villa María y Tres Arroyos encabezan el ranking, aunque ninguna supera los 8 puntos sobre 10, lo que da cuenta de que incluso las mejor posicionadas registran déficits en alguna de las dimensiones analizadas.

Entre los grandes aglomerados urbanos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que mejor posición relativa tiene, seguida por Rawson-Trelew, Mar del Plata, Bahía Blanca y Viedma-Carmen de Patagones, con índices de entre 7 y 8 puntos. Mendoza (6,8), Rosario (6,6) y Córdoba (6,3) se ubican levemente por encima del promedio nacional, aunque Córdoba aparece con déficits importantes en el acceso a servicios básicos.

La falta de acceso a agua potable de red y a cloacas es uno de los aspectos que el informe identifica como más extendidos y, a la vez, más independientes del nivel general de vulnerabilidad. A diferencia del hacinamiento o las viviendas irrecuperables —que tienden a concentrarse en las ciudades del norte—, el déficit de servicios básicos aparece de manera dispersa en todo el país, incluso en ciudades con buenas condiciones habitacionales en otros aspectos.

Entre las ciudades con mayor déficit en este subíndice figuran Eldorado, Puerto Iguazú, La Costa, Presidencia Roque Sáenz Peña, Oberá, Venado Tuerto, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Clorinda, Córdoba y el Gran Buenos Aires, todas con un puntaje de 0 en este componente, lo que significa que más de la mitad de sus hogares no tienen acceso completo a estos servicios.

El informe atribuye esta particularidad a una lógica diferente a la que explica otros déficits: “Mientras los problemas de materiales y tenencia de la vivienda tienen que ver con la situación socioeconómica de las familias, la falta de servicios básicos se asocia más bien a problemas de planificación urbana, y particularmente a la modalidad de expansión desordenada sin su correspondiente correlato con la infraestructura”. Los casos de La Costa y Villa Carlos Paz son citados como ejemplos de ciudades con baja vulnerabilidad en otros aspectos pero con deficiencias severas en infraestructura de servicios.

El hacinamiento crítico —definido como más de tres personas por cuarto— afecta en mayor proporción a ciudades del norte. Tartagal, Perico, Goya, Formosa y Clorinda registran los subíndices más bajos en esta dimensión, con más del 4% de los hogares en esa situación. En contraste, ciudades como San Francisco, CABA, General Pico, Santa Rosa, Tandil y Mar del Plata presentan subíndices superiores a 8,5, con tasas de hacinamiento crítico por debajo del 1,5% de los hogares.

En cuanto a las viviendas irrecuperables —ranchos, casillas, piezas de inquilinato o pensión que no pueden ser mejoradas con refacciones—, Tartagal y Orán tienen el subíndice más bajo posible: 0. Allí, más del 13% de los hogares habita en ese tipo de estructuras. Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Iguazú y Concordia también están entre las peores posicionadas en este aspecto.

Uno de los hallazgos que el informe destaca es la relación inversa entre el déficit habitacional clásico y la proporción de hogares inquilinos. Las ciudades que encabezan el ranking por falta de acceso a la propiedad —entendida como la dependencia del alquiler— son precisamente algunas de las mejor posicionadas en el resto de los indicadores: Villa María, Villa Carlos Paz, CABA, San Francisco, Rafaela y Tandil, donde más del 30% de los hogares alquila.

El informe aclara que el alquiler “puede ser una opción elegida”, pero señala que la propiedad de la vivienda tiene ventajas en términos de seguridad patrimonial y que la proporción de inquilinos viene creciendo de manera generalizada en todo el país. En ciudades con presencia de universidades, empleo estacional o crecimiento reciente, el mercado de alquiler responde a una dinámica propia, aunque eso no neutraliza las implicancias de fondo sobre el acceso al patrimonio familiar.

En medio de un nivel morosidad récord, el Banco Nación incorporó una nueva herramienta para refinanciar las obligaciones de consumo en situación irregular. La herramienta podrá ser utilizada por trabajadores, jubilados y microempresas.

En el marco de su “Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad”, la propuesta de la entidad busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo.

La línea, que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o en UVA (bajo modalidad UVA, con actualización por CER), está dirigida a dos segmentos de usuarios:

• Personas humanas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
• Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
• Podrán incluirse deudores monoproducto asistidos bajo las reglamentaciones destinadas al segmento Microempresas/Emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo

Entre sus principales características, contempla un plazo de hasta 120 meses y amortización mensual por sistema francés.

La tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una Tasa Nominal Anual fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, aclaró el comunicado oficial.

Además, quienes ya cobran en el banco podrán optar por incorporar un tope de cuota por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), mediante la contratación de una prima. Esta opción permite que, en caso de que la cuota calculada por UVA supere la evolución determinada por el CVS, se aplique como referencia el tope asociado a dicho índice.

La opción estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a las sucursales del banco.

Esta nueva herramienta se suma a las líneas lanzadas en mayo de unificación de deudas para personas humanas con cuotas vencidas e impagas en el BNA. Las alternativas anunciadas en forma previa para regularizar deudas son:

• Consolidación de deudas: dirigida a quienes cobran sus ingresos (salarios, jubilaciones o pensiones) a través del Banco Nación, esta opción posibilita unificar deudas financieras tanto en esa entidad como en otras, simplificando la gestión de compromisos y la planificación de pagos. La propuesta ofrece tasa fija, plazo máximo de 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y permite acceder a montos de hasta $100 millones.
• Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: disponible para usuarios que presentan hasta 90 días de mora en el pago de tarjetas de crédito emitidas por la entidad. Permite reprogramar deudas de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA del 35 por ciento. La modalidad prevé la continuidad de la tarjeta, el comienzo del pago en cuotas a partir del siguiente resumen y ajustes temporales en los límites de compra. En casos de mora superior a 90 días, el Banco ofrece opciones de financiamiento para extender los pagos hasta 96 meses, sujetas a evaluación crediticia y a las condiciones establecidas.
• Evaluación personalizada: Cada pedido se evalúa de forma particular por los equipos especializados del Banco, que tienen en cuenta el perfil del cliente, su situación económica y los detalles de las deudas a reestructurar. Este método posibilita brindar opciones ajustadas a cada caso, favoreciendo una gestión responsable de los compromisos financieros.

Cabe recordar que la mora de los préstamos bancarios a las familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril, el nivel más alto en más de 20 años. El indicador se triplicó en los últimos doce meses y avanzó 0,5 puntos porcentuales respecto de marzo. Según estimaciones de 1816, más de 5,3 millones de personas ya tienen al menos un crédito en situación irregular.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció los salarios mínimos que regirán para el personal doméstico durante julio de 2026, en el marco del último acuerdo paritario del sector. Los valores alcanzan a todas las trabajadoras y trabajadores comprendidos en la Ley N° 26.844, la norma que regula el empleo en casas particulares en la Argentina e incluye categorías como supervisores, personal de tareas generales, caseros, personal de tareas específicas y quienes se dedican a la asistencia y el cuidado de personas.

El régimen fija pisos salariales diferenciados según la categoría y la modalidad de contratación —con retiro (cuando el trabajador o trabajadora se va del domicilio al terminar su jornada) o sin retiro (cuando reside donde trabaja)—, y establece valores tanto por hora como mensuales. La actualización vigente responde a una negociación paritaria que definió incrementos escalonados entre abril y julio de este año, con cada ajuste calculado sobre los montos del mes anterior.

La Resolución N° 4/2026, publicada en el Boletín Oficial, garantiza que estos pisos tengan alcance nacional y sean uniformes en todo el territorio. Solo las zonas declaradas desfavorables cuentan con un tratamiento diferenciado, con un porcentaje adicional sobre los valores base de cada categoría.

El personal de asistencia y cuidado de personas —categoría que incluye a las niñeras— tendrá en julio de 2026 un salario mínimo de $3.996,45 por hora en la modalidad con retiro, equivalente a $505.302,76 mensuales. Para quienes trabajan sin retiro, el valor hora asciende a $4.435,86, con un mensual de $558.972,92.

Esos valores se ubican por encima de los registrados en los meses previos. En junio, el mínimo con retiro era de $3.862,18 por hora ($488.326,19 mensuales), y sin retiro, de $4.295,26 ($541.255,35 mensuales). En mayo, los valores eran de $3.805,10 y $4.231,79 por hora, respectivamente.

Las demás categorías del sector también tendrán actualizaciones en julio. Los supervisores cobrarán $4.438,77 por hora con retiro ($553.725,91 mensuales) y $4.829,13 sin retiro ($612.673,11 mensuales). El personal para tareas específicas percibirá $4.223,25 con retiro ($517.006,43 mensuales) y $4.597,18 sin retiro ($571.426,17 mensuales). El personal para tareas generales recibirá $3.733,72 con retiro ($458.053,22 mensuales) y $3.996,45 sin retiro ($505.302,76 mensuales). Los caseros, por su parte, tendrán un salario mensual de $505.302,76 y un valor hora de $3.996,45.

Para las trabajadoras que se desempeñen en zonas desfavorables —La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires—, corresponde sumar un adicional del 31% sobre el salario final de cada categoría.

La Resolución N° 4/2026 de la CNTCP, formalizó el último acuerdo paritario del sector. La norma estableció incrementos escalonados mes a mes, con los valores de marzo como punto de partida para todos los cálculos.

La escala de aumentos fue la siguiente: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Cada porcentaje se aplica sobre los salarios ya actualizados del mes anterior, de modo que los aumentos se acumulan a lo largo del período.

El acuerdo también incluyó una medida estructural: a partir de julio, el 50% de la suma no remunerativa abonada en marzo se incorpora de manera definitiva al salario. Esa absorción implica que una parte de lo que hasta entonces se pagaba como suma extraordinaria pasa a integrar el haber básico de manera permanente.

La resolución garantiza que estos pisos salariales tengan vigencia en todo el país, sin distinción de jurisdicción, lo que asegura condiciones uniformes para el personal doméstico independientemente de la provincia donde preste servicios.