POLITICA
Procesados, Tapia y Toviggino apuestan ahora a la “reparación integral” para hacer caer la causa por evasión

Un pequeño expediente abriga grandes esperanzas para Claudio “Chiqui” Tapia y Ariel Pablo Toviggino en la causa que los tiene procesados junto a otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por no pagar en plazo una millonaria deuda al fisco.
Se trata de un incidente que tramita en silencio al interior mismo de la causa. Con él, el presidente y el tesorero de la AFA buscan torcer una tendencia del fuero Penal Económico y hacer caer toda la causa en su contra, sin pena ni juicio.
Los dirigentes apelan allí a la “reparación integral”, una figura todavía novedosa, discutida dentro y fuera de los tribunales, que cobró especial protagonismo en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas.
Aprobada en 2015, la herramienta está diseñada para cerrar procesos en etapas tempranas, a cambio de que el acusado brinde alguna “contraprestación” que pueda compensar la totalidad del daño ocasionado. Puede ser dinero, aunque no exclusivamente.
No hay una huella totalmente definida en la jurisprudencia sobre el alcance de su aplicación, pero según las fuentes consultadas existe un consenso mayoritario en que su objetivo es barrer con los casos menores, donde es fácil definir los daños y extinguir el conflicto.
En la causa del fútbol, donde la Justicia constató una “evasión” de más de 19 mil millones de pesos, el enfoque de la reparación integral fue introducido por el abogado del tesorero Toviggino, Marcelo Rochetti, pero fuentes judiciales señalaron que rápidamente se plegaron al planteo Tapia y la propia AFA, que también está procesada en tanto persona jurídica.
El mecanismo tiene buena recepción en el fuero Penal Económico, pero en delitos distintos a los tributarios. El impositivo es justamente el terreno en el que Tapia y Toviggino debaten su suerte.
Sin embargo, contra todo pronóstico, los dirigentes de AFA consideran que con la nueva ley de inocencia fiscal, sancionada a fines del año pasado junto al presupuesto 2026, el Gobierno entreabrió una puerta por la que pueden colar su planteo, que es técnico y se juega en unos pocos renglones de la norma.
Tapia y Toviggino sostienen que la reparación integral debe aplicarse en su caso particular porque la nueva normativa -que elevó exponencialmente los montos a partir de los cuales se configuran los delitos- prohíbe expresamente en uno de sus párrafos el uso de la reparación integral solo para un grupo puntual de delitos, en los que no figuran aquellos por los que fueron acusados, que son la apropiación indebida de recursos de la seguridad social y la apropiación indebida de tributos.
En esa omisión del texto de la ley anclan sus expectativas Tapia y Toviggino. El planteo adquiere una dosis adicional de arrojo: considera que el daño ocasionado ya fue enmendado con el pago de la deuda y sus intereses.
Es decir que, a diferencia de otras causas, como en Cuadernos, donde empresarios llegaron a ofrecer hasta más de un millón de dólares para evitar ir a juicio, en su propuesta de reparación integral Tapia y Toviggino no ofrecieron a la Justicia nada más de lo que debían y ya pagaron.
Es una visión sobre el perjuicio, pero hay otras, más amplias, que suponen que el daño va más allá de lo que el Estado dejó de percibir en su cuenta corriente. Una fuente del fuero penal económico respalda esta postura con una sentencia de la Casación de abril del año pasado en una causa por evasión. En el fallo, el juez Gustavo Hornos refrenda a ARCA como querellante y “víctima directa” del delito, pero subraya especialmente que el daño no es meramente patrimonial, sino también “social”.
“(…) el bien jurídico protegido no es exclusivamente el patrimonio estatal, sino la perturbación ocasionada a la actividad recaudatoria del mismo, como presupuesto básico para cubrir patrimonialmente imperiosas necesidades públicas”, sostiene el juez.
El juez del caso AFA, Diego Amarante, también reparó en la dimensión social de haber privado al fisco miles de millones pesos.
Al procesar a Tapia y Toviggino -junto a Cristian Malaspina (Secretario General), Víctor Blanco (ex Secretario General) y Gustavo Lorenzo– el magistrado sostuvo que, estando la AFA en condiciones económicas de afrontar el pago, no lo hizo, lo que no solo significó una mayor “disponibilidad” de dinero para la casa matriz del futbol, sino también un “desprecio” contra el pueblo.
“Muy en especial [contra] el colectivo al que se encontraban destinados esos recursos, como lo son los jubilados y demás beneficiarios del sistema de la seguridad social”, precisó el juez.
Distintas fuentes judiciales coinciden en señalar que en asuntos tributarios hay una “inclinación marcada” tanto en la Cámara Penal como de la Casación de marginar a la reparación como mecanismo en causa tributarias, por lo que las chances del planteo de prosperar son escasas, sugieren.
“Los delitos tributarios tienen una forma particular de extinguir la acción penal, prevista en el art 16 del régimen penal tributario”, advierte una de esas voces. El fiscal del caso, Claudio Navas Rial, todavía no opinó sobre el pedido de Tapia y Toviggino. La defensa del dirigente Malaspina, en manos del abogado Lucio Simonetti, pidió el jueves pasado que lo haga antes que las partes.
Se abrirá una nueva discusión respecto a si la opinión del fiscal, en tanto representante del interés público, es o no vinculante; y si en el caso de coincidir con la de las defensas el caso se cierra automáticamente. Un escenario así es muy improbable, puesto que el fiscal no tuvo concesiones en sus pronunciamientos previos y acaba de pedir incluso agravar la pena contra los dirigentes.
Los Cuadernos
Algunas notas de esta discusión ya se escucharon en la antesala del juicio de los Cuadernos de las Coimas, en simultáneo a los ofrecimientos que hicieron los empresarios para no ser juzgados y extinguir la acción penal en su contra.
La fiscal Fabiana León
La fiscal Fabiana León y la UIF como querella se opusieron a los planteos y a la idea general, por ser una suerte de “mercantilización de la corrupción”. “Mi fiscalía no vende impunidad”, dijo la fiscal, que consideró que “el daño causado no resulta medible patrimonialmente ni susceptible de transacción con una víctima”.
El Tribunal rechazó los planteos de los empresarios imputados, al considerar vinculante la postura de la fiscal León. Sin embargo, no faltaron quienes marcaran tras el fallo que el instituto de la reparación integral se encuentra plenamente vigente y que el Tribunal no debió rechazarlas, sino en todo caso considerar las ofertas de reparación como “insuficientes”.
causa que los tiene procesados,Federico González del Solar,Conforme a
POLITICA
Quién es el concejal que le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
Leé también: Video: un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones
Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.
concejal, La Libertad Avanza, san isidro, Abuso sexual
POLITICA
Quién es el concejal que le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones

Alberto Montes, concejal de San Isidro electo por La Libertad Avanza, quedó en el centro de una fuerte polémica luego de que trascendiera un video en el que se lo dándole una palmada en la cola a una compañera de trabajo dentro de una dependencia municipal.
El hecho ocurrió en noviembre de 2023, cuando ambos trabajaban en el área de Tránsito, y derivó en una denuncia judicial. Ahora, el funcionario acordó pagar $12 millones de indemnización a la denunciante, aunque la causa penal continúa su curso.
Quién es Alberto Montes
Montes fue elegido concejal en las elecciones de 2023 por la lista de La Libertad Avanza y asumió su banca el 10 de diciembre de ese año. Antes de ingresar al Concejo Deliberante se desempeñaba como inspector de tránsito en San Isidro y también trabajaba como bombero voluntario.
La denuncia en su contra surgió tras un episodio registrado por una cámara de seguridad en una oficina municipal de Boulogne. En las imágenes se observa cómo el entonces concejal electo ingresa al lugar y le toca la cola a una compañera que se encontraba de espaldas. La mujer reaccionó de inmediato y le dio una cachetada.
El caso avanzó tanto en el fuero civil como en el penal y se convirtió en uno de los escándalos políticos más resonantes de San Isidro.
El acuerdo millonario y la causa que sigue abierta
En el ámbito civil, Montes acordó con la denunciante el pago de $12 millones, que serían abonados en cuotas. Sin embargo, el caso volvió a tomar estado público luego de que trascendiera que el concejal habría registrado demoras en algunos depósitos y fuera intimado judicialmente.
La situación judicial más delicada sigue siendo la penal. La causa está caratulada como abuso sexual y, según personas vinculadas al expediente, podría llegar a juicio oral en octubre luego de que fuera rechazado un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
Mientras tanto, sectores de la oposición impulsan su destitución en el Concejo Deliberante. Desde Fuerza Patria cuestionaron la permanencia del edil en el cargo y reclamaron una definición institucional frente a la denuncia.
Leé también: Video: un concejal de San Isidro le tocó la cola a una empleada y deberá pagarle $12 millones
Consultado sobre el caso, Montes sostuvo que existió un pedido de disculpas y un acuerdo entre las partes. Además, minimizó lo ocurrido al afirmar que se trató de “un chiste”, aunque la investigación judicial continúa y será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.
concejal, La Libertad Avanza, san isidro, Abuso sexual
POLITICA
Kicillof esquiva los ataques del Gobierno y La Cámpora y le da fuerza a su perfil electoral en el interior

Axel Kicillof avanza, con decisión y sin mirar demasiado a los costados, en la construcción de su proyecto electoral. Aunque no lo nombre de esa forma. Aunque en su entorno aseguren que este no es un año de candidaturas, sino de construcción de un esquema político alternativo a Javier Milei. El gobernador bonaerense se mueve como un candidato nacional. Por fuera de los márgenes de la provincia de Buenos Aires.
Ayer por la tarde protagonizó una serie de actividades en Corrientes, lugar donde el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) está a cargo de Alberto Descalzo, el ex intendente de Ituzaingó, que desde hace unos días está a cargo de Provincia Seguros. El dirigente histórico del peronismo bonaerense hace varias se ha convertido en el nexo con un sector del peronismo correntino.
Kicillof se reunió con intendentes locales, dirigentes sindicales y referentes territoriales. Pero el momento más simbólico fue su encuentro con el gobernador local, Juan Pablo Valdés, que es parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y que tiene un alto grado de aprobación en la conducción de su provincia.
Es, en este tiempo de recorridas por el interior, el primer mandatario no peronista con el que se junta. Ya lo había hecho con Gustavo Melella en Tierra del Fuego y con Gildo Insfrán en Formosa, además de su cercanía con el riojano Ricardo Quintela, con el que estuvo en el sur el 2 de abril. Pero Valdés está fuera del circuito justicialista. Es un mandatario que apoyó la participación de Provincias Unidas en las últimas elecciones.

En el kicillofismo creen que una verdadera apertura del peronismo se daría si se explora un acuerdo con ese espacio donde milita el peronismo cordobés, una parte del radicalismo, los sectores más blandos del PRO y una porción del socialismo. Por eso la visita tiene un marco político trascendente, más allá de las formalidades en las que ambos gobernadores tienen que plantear la visita.
En Corrientes aseguran que el encuentro fue enteramente formal e institucional. Pero no se quedan en la definición fría del protocolo. Desde el entorno de Valdés le remarcaron a Infobae que la gobernación bonaerense “ha sido muy solidaria con Corrientes en momentos difíciles como los grandes incendios”, en los que la gestión de Kicillof proveyó helicópteros, camionetas, ambulancias y personal para combatir la situación extrema.
“Hay buena sintonía y colaboración”, explicaron a este medio desde el litoral. En lo formal, se suscribieron convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. “Con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”, aseguró Kicillof en la rueda de prensa que brindó junto a Valdés.
No es la primera vez que el mandatario bonaerense tiene acercamientos institucionales y políticos con gobernadores de una posición política contraria a la que representa. En mayo del 2024 firmó convenios con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para fortalecer el trabajo en la lucha contra el narcotráfico, y con el mandatario de Chubut, Ignacio Torres, para fortalecer el sistema sanitario de la provincia patagónica.

En un par de semanas atrás visitó Córdoba para presentar su libro “De Smith a Keynes”, al igual que en Corrientes, y participar del congreso nacional del gremio de Sanidad, que conduce Héctor Daer, uno de los sindicalistas enrolados en el proyecto kicillofista. Ahí no hubo encuentro con el gobernador Martín Llaryora, pero si una comunicación previa. Los une una buena relación, que se sostiene con diálogos relativamente frecuentes. Hay veces que las fotos restan más de lo que suman, pero no describen a la perfección la realidad de los vínculos políticos.
Kicillof mantiene el ritmo en su armado territorial, que es la base de su futura candidatura presidencial. Y lo hace en el medio de una ola de cuestionamientos que salen desde el interior del peronismo, especialmente de La Cámpora, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y desde la gestión libertaria. Le llueven las críticas pero se inclina al silencio y prefiere no responder.
Ayer, durante un acto con la Policía porteña, el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, cuestionó la gestión en seguridad de su par. “Si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”, sostuvo.
También el martes, pero durante un evento organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios Argentino Brasileña, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, aseguró: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”.

Por último, también ayer, Máximo Kirchner apuntó contra el gobernador bonaerense sin nombrarlo. “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, escribió en sus redes sociales. El economista fue uno de los principales destinatarios.
Kicillof esquiva todas las críticas que le llueven. Por la gestión, por la política, por lo que dijo o por lo que no dijo. Está parado en el centro de la escena política como el principal dirigente opositor con chances de ser candidato a presidente. Ese lugar que ocupa le ha traído tantos enemigos como aliados sea posible. Afuera y adentro de la línea que divide al peronismo del resto de la política.
Veteranos,Malvinas,Argentina,Guerra,Homenaje,Conmemoración,Acto,Excombatientes,Patria,Fuerzas Armadas
ECONOMIA2 días agoCaputo: “Puede haber un shock externo o una invasión extraterrestre, pero Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida”
POLITICA23 horas agoJavier y Karina Milei evitarán escalar la interna con Patricia Bullrich tras los cruces por el pliego de una jueza
ECONOMIA3 días agoJornada financiera: las acciones argentinas subieron hasta 10% en Wall Street y bajó el riesgo país
















