POLITICA
Quiénes son los dirigentes y exfuncionarios que no podrían ser candidatos si se aprueba Ficha Limpia
El presidente Javier Milei confirmó, ayer, que reflotará el proyecto de Ficha Limpia para impedir que personas condenadas en segunda instancia se presenten como candidatos para cargos electivos. De aprobarse, la restricción dejaría fuera de competencia a distintos dirigentes del Partido Justicialista (PJ) involucrados en casos de corrupción.
La propuesta del Ejecutivo, según trascendió, se aplicaría para todas aquellas personas condenadas en segunda instancia por casos de corrupción o delitos dolosos. Las penas deben ser confirmadas antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral para ser tenidas en cuenta.
Bajo estas condiciones, el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno es uno de los dirigentes peronistas que no podría volver a postularse en 2027. La Cámara Federal de Casación había confirmado, en mayo de 2025, la condena a tres años de prisión en suspenso del exfuncionario de Cristina Kirchner por alterar los datos de medición de la inflación del Indec. Es decir, enfrenta por ese delito una condena en segunda instancia tal como plantea el proyecto que enviará el gobierno nacional al Congreso.
El exfuncionario cuenta también con condena firme −es decir, confirmada por la Corte Suprema de Justicia, última instancia de apelación− en otras dos causas: una por la compra de cotillón anti-Clarín y otra por amenazas en una asamblea de Papel Prensa.
La pena contra Moreno ya incluía la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual plantea la pregunta sobre si Ficha Limpia modifica o no la situación electoral de este y otros exfuncionarios condenados e inhabilitados. El caso ineludible es el de la expresidenta Cristina Kirchner.
En declaraciones radiales, Moreno había deslizado que, de todos modos, buscaría presentarse en 2027 dado que −interpretaba− “la condena es por inhabilitación perpetua para ser funcionario público” y que “un funcionario público es un policía o un ministro”. A su criterio, la restricción no alcanzaría a los cargos electivos. Ahora, de aprobarse Ficha Limpia, quedaría frustrado de antemano cualquier intento de sortear esa condena.
Al igual que Moreno, Cristina Kirchner también cuenta con condena firme. En junio del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo contra la expresidenta en la Causa Vialidad y la pena a seis años de prisión −que cumple en su domicilio de San José 1111, en Constitución− e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Otro de los dirigentes del PJ que podría verse afectado por Ficha Limpia es el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri. Había sido condenado por un tribunal oral provincial a ocho años de prisión por negociaciones incompatibles con la función pública, pena que fue confirmada luego en segunda instancia por la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos.
De aprobarse el proyecto del oficialismo, Urribarri no podría postularse para cargos nacionales. Sí podría presentarse a cargos provinciales, dado que Entre Ríos aún no logró sancionar una ley provincial de Ficha Limpia.
Otro de los exfuncionarios kirchneristas que podría verse afectado por la aprobación de Ficha Limpia a nivel nacional es Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP (hoy, ARCA). El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública por haber favorecido a la empresa Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles. De aprobarse la reforma electoral que impulsa el Gobierno, no podría integrar una lista electoral.
También quedaría fuera de juego el empresario de la carne y dirigente peronista Alberto Samid, habitual animador de las contiendas electorales, por dentro o por fuera de la estructura del PJ. En 2019, el matarife recibió la confirmación por parte de la Casación Penal de una condena a cuatro años de prisión por haber integrado una asociación ilícita que evadió impuestos en los 90.
La sanción de Ficha Limpia no alcanzaría, en tanto, a dirigentes de otros partidos políticos que están siendo investigados por la Justicia como José Luis Espert. El exdiputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza (LLA) quedó imputado, en octubre de 2025, por presunto lavado de dinero a instancias de una denuncia que presentó el legislador y dirigente social Juan Grabois luego de que se conociera que había cobrado 200.000 dólares de Federico Fred Machado, el empresario acusado de narcotráfico.
Aunque enfrenta esta denuncia, Espert no tiene condenas en su contra, ni siquiera en primera instancia, por lo que, incluso si se aprobara Ficha Limpia, no existiría ninguna restricción legal a una candidatura en caso de que decidiera volver a la arena política.
Otros dirigentes inhabilitados
A estos dirigentes afectados, se suman otros exfuncionarios kirchneristas que, incluso de no sancionarse Ficha Limpia, ya enfrentan algún tipo de inhabilitación para competir en elecciones. Es el caso, entre otros, del exvicepresidente de Cristina Kirchner, Amado Boudou. En 2020, la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Ciccone.
Algo similar sucede con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por la Tragedia de Once. En noviembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme el fallo por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa por el siniestro ferroviario.
El exministro de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner Ricardo Jaime también tiene condena firme en la causa por la Tragedia de Once, de modo que tampoco podría ser candidato.
reflotará el proyecto de Ficha Limpia,April 21, 2026,condena firme,dejó firme el fallo contra la expresidenta,Había sido condenado,confirmó su condena,quedó imputado,condena a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua,la Corte Suprema dejó firme el fallo,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,»La superstición ya no tiene vigencia». Un diputado opositor y el Gobierno buscan derogar la “ley del lobizón”,,»Se acabó la joda». Milei envía la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpia,,Discapacidad. Lugones propone nuevos cambios y reaviva un conflicto con alto costo político para el Gobierno
POLITICA
Se desinfla el intento opositor por interpelar a Adorni en Diputados al no contar con el aval de los gobernadores
Los aliados de Javier Milei en el Congreso evitan, por ahora, romper los puentes con la Casa Rosada. Nadie los verá mañana a las 11 en el recinto de Diputados, cuando la oposición intente abrir una sesión especial para activar la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Su ausencia servirá para desarticular el debate por falta de quorum.
El auxilio a Adorni tendrá como protagonistas a Pro, la UCR, el MID y los gobernadores que mantienen una relación de cooperación con el oficialismo libertario: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA) y Hugo Passalacqua (Misiones).
Más que una defensa cerrada del jefe de Gabinete, lo que predomina es la decisión de preservar el vínculo político con Milei y evitar una escalada de tensión con la Casa Rosada.
La asistencia de los gobernadores llega, incluso, después de un nuevo recorte presupuestario dispuesto por el Gobierno que afectó de manera directa a las provincias.
A través de la Decisión Administrativa 20/2026, el Poder Ejecutivo aplicó una poda cercana a los $2,5 billones que incluyó la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, recortes en infraestructura escolar y educativa, reducciones en programas socioeducativos y una fuerte baja en las transferencias para el Plan Nacional de Alfabetización, ejecutado en gran parte por las provincias. También se suspendieron fondos para obras en universidades nacionales del interior.
El Gobierno también impulsa una reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias. La iniciativa busca transformar el esquema vigente en un sistema focalizado según el nivel de ingresos de los hogares en la llamada “zona ampliada”, y mantener el beneficio automático únicamente en regiones de frío extremo, como la Patagonia, la Puna y Malargüe. Sáenz fue uno de los primeros gobernadores en cuestionar la medida. “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo.
Con todo, los mandatarios provinciales evitarán acompañar una ofensiva parlamentaria contra el jefe de Gabinete.
Los bloques críticos quedarán así lejos de los 129 diputados -la mitad más uno de la Cámara- necesarios para iniciar la sesión. El oficialismo evitará, además, una situación incómoda para muchos de sus propios legisladores: tener que salir a defender públicamente a Adorni. No obstante, un mensaje enviado al grupo de WhatsApp del bloque libertario refleja la preocupación interna: “Tenemos que estar todos”, dice el texto. Por las dudas.
Según un sondeo informal de , mañana habrá alrededor de 115 diputados sentados en sus bancas, 14 menos de los necesarios para abrir el recinto. Se ausentarán, además de los 95 libertarios, los 22 integrantes del interbloque Fuerzas del Cambio -que reúne a Pro, sectores de la UCR, el MID, Karina Banfi (Buenos Aires) y José Garrido (Santa Cruz)-, los nueve de Innovación Federal, los catamarqueños alineados con Jalil, los tucumanos que responden a Jaldo y los sanjuaninos cercanos a Orrego.
Provincias Unidas quedará partido. La convocatoria fue impulsada por el ala más crítica del espacio, pero no la firmaron la presidenta del bloque, Gisela Scaglia -referenciada en Pullaro- ni los diputados cordobeses que responden a Llaryora. También podría ausentarse un legislador alineado con Torres y los dos jujeños cercanos al gobernador Carlos Sadir, aunque una de ellos, María Inés Zigarán, sí acompañó el pedido de sesión.
La discusión también abrió tensiones dentro de Pro. El domingo, el partido difundió un “manifiesto” en redes sociales en el que cuestionó al Gobierno por pedir “sacrificios que no están dispuestos a hacer”. Sin embargo, el bloque de diputados que conduce Cristian Ritondo se desmarcó rápidamente y confirmó que no dará quorum. Muchos dirigentes amarillos consideran que avanzar contra Adorni pondría en riesgo la estrategia de entendimiento electoral con La Libertad Avanza (LLA), especialmente en distritos gobernados por el peronismo, como la provincia de Buenos Aires.
En el peronismo también hay reparos. Aunque Unión por la Patria (UP) dará quorum y uno de sus proyectos integra el temario, algunos referentes consideran desacertado avanzar sin tener garantizados los números. “Lo victimizás cuando se está desangrando solo”, resumen quienes creen que el desgaste político del jefe de Gabinete debería continuar sin una ofensiva parlamentaria fallida. Otros, además, rechazan quedar atrapados en una agenda centrada exclusivamente en denuncias institucionales o judiciales.
Lo cierto es que la lucha contra la corrupción nunca fue un eje discursivo central en el PJ. De hecho, nadie en el bloque cuestiona a Adorni en esos términos. Hablan, más bien, de una pérdida de “idoneidad” o de “legitimidad” para ejercer el cargo. Así lo planteó el jefe de bloque, Germán Martínez, durante la última sesión: “La confianza de este Congreso en Adorni es cero. Su palabra hoy no vale”.
En rigor, la oposición sabe que ninguno de los cuatro proyectos incluidos en el temario tiene chances reales de avanzar. Ninguno cuenta con dictamen de comisión, por lo que se necesitarían mayorías especiales para tratarlos “sobre tablas”, un escenario imposible hoy para los bloques críticos. El objetivo político era otro: emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento -controladas por el oficialismo- para obligarlas a debatir los expedientes. Sin quorum, tampoco podrán hacerlo.
nuevo recorte presupuestario,reducción del alcance del subsidio automático al gas que afectará a casi todas las provincias,pic.twitter.com/atZcBAqUwL,May 11, 2026,Jaldo,tensiones dentro de Pro,pic.twitter.com/XGYdvdfI4T,May 10, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Manuel Adorni,Conforme a,,Peronista aliado de Milei. El gobernador de Tucumán compró una casa por US$300.000 y no se conoce su declaración jurada,,»Siempre tan democrática». Petri acusó a Villarruel de querer imponerle una “mordaza legal” y Milei lo respaldó,,No hubo delito. Un fiscal pidió desestimar la denuncia del Gobierno contra dos periodistas de TN por supuesto espionaje,Cámara de Diputados,,Diputados. Avanza la adhesión al tratado internacional de patentes: impacto en el agro y en la industria farmaceútica,,EE.UU. versus los laboratorios locales. Arranca el debate por la adhesión de la Argentina al tratado internacional sobre patentes,,En el Congreso. El PJ evita una avanzada aislada contra Adorni y busca correrse del eje exclusivo de la corrupción
POLITICA
Fentanilo contaminado: el juez Kreplak amplió la acusación contra los 13 imputados por 90 muertes
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, amplió la acusación contra los 13 imputados por la elaboración y distribución de ampollas contaminadas de fentanilo HLB Pharma. Hasta ahora se los vinculaba a 20 muertes.
En la resolución firmada hoy, las víctimas fatales se elevaron a 90, aunque esa no será la cifra definitiva. El Cuerpo Médico Forense sigue peritando historias de pacientes fallecidos después de haber sido tratados con el potente anestésico. También se contabilizan otros 44 pacientes dados de alta que quedaron con secuelas, dos de ellos de gravedad.
El principal acusado es Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group. Los otros 12 procesados tuvieron eran directivos de las empresas y responsables el proceso de elaboración, control y salida al mercado.
Ernesto Kreplak, el magistrado que investiga la mayor sanitaria del país los acusa de ser coautores o partícipes del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en los términos del artículo 201 bis del Código Penal, que prevé una pena de entre 10 y 25 años de prisión.
Los trece procesados son:
Ariel Fernando García Furfaro, accionista mayoritario de HLB Pharma Group y propietario real de Laboratorios Ramallo, es señalado como la figura central. El juzgado le atribuye capacidad de decisión sobre todos los aspectos relevantes de ambos laboratorios, conocimiento pleno de las deficiencias productivas, y la destrucción de prueba digital —incluyendo el borrado de los servidores de Ramallo el 6 de mayo de 2025—. También se le imputa haber omitido el recupero farmacéutico de las partidas contaminadas vendidas. Se encuentra detenido.
Diego Hernán García, hermano de Ariel y responsable operativo de Laboratorios Ramallo, fue quien comunicó directamente las órdenes de producción al jefe de planta, incluida la del fentanilo contaminado el 13 de diciembre de 2024. El juzgado acreditó su presencia cotidiana en la planta y su rol en decisiones gerenciales. Está detenido.
Nilda Furfaro, madre de los hermanos García, accionista minoritaria y vicepresidenta de HLB Pharma Group, prestó su nombre y firma para la operatoria societaria, realizó presentaciones ante la ANMAT en defensa del laboratorio y gozó de los réditos económicos del grupo. Procesada como partícipe necesaria. Con detención domiciliaria.
Javier Martín Tchukrán, director general de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group, persona de máxima confianza de los García. Ordenó el borrado de los servidores del laboratorio el 6 de mayo de 2025 —al día siguiente de que la droguería alertara sobre el problema— e impartía directivas al personal técnico. Procesado como coautor. Está detenido.
José Antonio Maiorano, director técnico de HLB Pharma desde noviembre de 2024, firmó la liberación al mercado de los lotes contaminados 31202 y 31244. En su declaración indagatoria sostuvo haber sido presionado para firmar los batch records bajo amenaza. Procesado como coautor. Está detenido.
Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo desde agosto de 2023, firmó las órdenes de producción y los registros de los lotes contaminados, y fue notificada de las deficiencias detectadas por la ANMAT en inspecciones previas. Procesada como coautora. Detención domiciliaria.
Los restantes siete imputados —María Victoria García (gerente de Gestión de Calidad), Wilson Daniel Pons (jefe de Control de Calidad), Adriana Iúdica (subjefa de Control de Calidad), Edgardo Gerardo Antonio Sclafani (gerente de Producción y Mantenimiento), Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar (jefa de Garantía de Calidad), Rocío del Cielo Garay (supervisora de fisicoquímica) y Eduardo Darchuk (jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen)— fueron procesados como coautores sin prisión preventiva. Todos firmaron los registros de fabricación de los lotes contaminados y el juzgado determinó que conocían las irregularidades del proceso productivo.
El 8 de mayo se cumplió un año desde que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución del fentanilo fabricado por HLB Pharma tras comprobar su contaminación con la bacteria Klebsiella pneumoniae.
Esta medida se tomó luego de detectar un brote de neumonía causado por dicha bacteria en el Hospital Italiano de La Plata, y al confirmarse que el lote afectado pertenecía a HLB Pharma. La decisión implicó la suspensión inmediata de la distribución del producto en todo el país y se sumó a otras restricciones previas sobre productos del mismo laboratorio por diferentes irregularidades y deficiencias graves en los procesos de fabricación.
El juzgado de Kreplak y la fiscalía federal de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, comenzaron la segunda etapa de la investigación.
En ella, según pudo reconstruir Infobae, están bajo la lupa de los instructores judiciales la rigurosidad de los controles a los laboratorios y sobre todo a HLB Pharma y Ramallo que debían realizar la ANMAT, por entonces a cargo de Nélida Agustina Bisio y el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), en ese momento bajo la dirección de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Los dos máximos organismos de control que dependen del Ministerio de Salud de la Nación.
La causa, caratulada “García, Ariel Fernando y otros s/ infracción art. 201 bis” del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de La Plata, se convirtió en la investigación penal más voluminosa del país en materia sanitaria. El expediente principal se encuentra completamente digitalizado y acumula alrededor de 400 legajos y sublegajos, 30 cajas de documentación, 2 armarios de efectos y más de 200 dispositivos digitales.
La instrucción judicial tuvo origen el 13 de mayo de 2025, después que la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica denunció ante la Policía Federal Argentina la presunta contaminación microbiana del fentanilo HLB lote 31202. El Hospital Italiano de La Plata había detectado semanas antes la presencia de las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica en diez de doce ampollas analizadas del medicamento, mientras que el fentanilo de otra marca resultó negativo.
La resolución judicial detalla un patrón de incumplimientos sistemáticos que abarcó todas las etapas de la cadena productiva
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POLITICA
Un testigo declaró que Adorni le pagó US$21000 por 18 meses de alquiler de una casa en Indio Cua
José Luis Rodríguez, vecino de Manuel Adorni en el country Indio Cua, declaró este miércoles como testigo y contó que el jefe de Gabinete le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo. Fue antes de que los Adorni se mudaran a la propiedad que compraron en ese mismo club.
Rodríguez ratificó así lo que había declarado en la causa el contratista Matías Tabar, que dijo que Adorni había celebrado un contrato de alquiler en Indio Cua por US$13.000. Pero el testigo añadió hoy que antes de ese contrato, que fue por 13 meses, le había alquilado por otros dos meses su casa (en enero y febrero de 2024), por US$5600, y que además acordaron extender la locación de los 13 meses por otros tres, a cambio de US$2400 adicionales.
Esta última extensión fue sin contrato, dijo en propietario. Se trata de un nuevo gasto que quedó bajo el radar de la Justicia.
Así lo informaron a fuentes al tanto de la declaración de Rodríguez, que este mediodía se fue de la fiscalía de Gerardo Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal.
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