Tras la caótica sesión del jueves pasado y una lesión aún abierta que se generó el propio oficialismo, la titular de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, mantuvo una cumbre con los jefes de bloque dialoguistas esta tarde con el objetivo de salvar la ley que “blinda” la propiedad privada, una norma que aliados le desplumaron a la porteña en comisiones. Con la promesa de cambios extra, se intentará llevar el proyecto al recinto de la Cámara alta el jueves de la semana próxima, junto a un puñado de pliegos judiciales e iniciativas -las últimas, sin conflicto- dictaminadas durante la jornada de hoy.

Lo acordado deberá validarse en una futura reunión de Labor Parlamentaria, donde se definen los temarios de sesiones junto a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. En la cumbre de esta tarde estuvieron, además de Bullrich, los presidentes de la Unión Cívica Radical (UCR), Eduardo Vischi (Corrientes); del PRO, Martín Goerling (Misiones); de Provincias Unidas, Carlos Espínola (Corrientes), y silvestres provinciales como Flavia Royón (Salta) y el misionero renovador Carlos Arce (Misiones).

¿Qué ocurrió en el plenario de mayo pasado, cuando se dictaminó? Fueron varios los batazos. Los más conocidos apuntaron a la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que significó una dura derrota para el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el guiño a gobernadores para que definan -por su cuenta- el límite de venta de tierras a extranjeros, ahora observado; y la amortiguación del texto inicial de la Casa Rosada a la hora de desalojos exprés.

Durante el plenario de comisiones, Bullrich remarcó que, en el capítulo de expropiaciones, se incorporó un límite máximo sobre lucro cesante del 30 % -antes no había un porcentaje determinado-, excepto que el involucrado demuestre lo contrario. También se revisó la tasa de interés, que será IPC más la del Banco Nación a 30 días y, por último, la fecha para establecer el valor de un bien será la anterior a cualquier acto o hecho vinculado a la expropiación.

En cuanto a desalojos, se respetará la diferenciación de sujetos locatarios de usurpadores. Según explicó la porteña, “se ratificará que las condiciones ante una eventual falta de pago seguirán como las determinadas por las partes -si es habitacional- y, ante una intimación, el locador deberá hacerlo con un plazo de diez días”.

Sobre tierras rurales, la jefa oficialista confirmó el mayor poder a mandatarios provinciales, salvo la prohibición a favor de Estados extranjeros. Sin embargo, en zonas de frontera, habrá una intervención del distrito con autorización previa de Nación. Y, para el caso de la ley de fuego empujada por Máximo Kirchner en la gestión de su “compañero” Alberto Fernández, se dinamita el plazo de “60 años de prohibición de uso o cambio de dominio ante un incendio de bosques nativo o implantado”.

El ítem de zonas de frontera es el que generó ruido en algunas bancadas. No es fácil de resolver, aunque tampoco imposible. La pregunta a saldar es: ¿cómo se toman a potencias que tienen el control sobre empresas importantes y que podrían realizar grandes inversiones? Después de la cumbre entre oficialistas y aliados, se inició un ida y vuelta para rearmar el artículo conflictivo, sobre todo, para sellar los votos necesarios e ir en calma al recinto.

Además, y mientras Bullrich no logra destrabar otros proyectos clave para la Casa Rosada, se deslizó que la semana próxima habría reuniones informativas sobre las leyes de etiquetado frontal y de sociedades. Es decir, trámite lento.

Convenios internacionales

Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Justicia y Asuntos Penales, que comandan los libertarios Francisco Paoltroni (Formosa) y Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), respectivamente, avanzaron esta tarde con dos tratados ya aprobados por Diputados, los cuales quedaron en fila para ser convertidos en ley.

El primero avala el convenio de extradición con la República de Chile, suscrito el 5 de diciembre de 2023. En tanto, el segundo está relacionado con la transmisión electrónica de solicitudes de cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales (“Tratado de Medellín”).

Gustavo Ybarra,Conforme a

El Gobierno planea insistir con una nueva Ley de Financiamiento Universitario más allá del acuerdo que negocia con los rectores para recomponer salarios y reforzar partidas durante 2026. En la Casa Rosada sostienen que la oportunidad para volver a discutir el esquema será durante el tratamiento del Presupuesto 2027, como ya intentaron hacerlo durante la votación de las asignaciones de 2026.

La lógica del Ejecutivo parte de un escenario judicial abierto: si la Corte Suprema falla en contra del Gobierno, la administración de Javier Milei quedará obligada a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario vigente, que el oficialismo cuestiona por no identificar una fuente específica de financiamiento. En Balcarce 50 advierten que ese eventual fallo se daría en un contexto de ajuste fiscal, menor margen de recaudación e intención de sostener el superávit.

Las universidades, por ahora, no retirarán la demanda judicial. En el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que el acuerdo económico en negociación no implica desistir del reclamo ante la Corte. El expediente sigue bajo análisis del máximo tribunal después de que el Ejecutivo presentara un recurso extraordinario contra la cautelar que había favorecido a las casas de estudio.

El acuerdo entre el Gobierno y el CIN está previsto para este martes por la tarde, aunque en despachos oficiales aclaran que todavía no hay una definición cerrada. En Nación sostienen que siguen las conversaciones sobre los términos finales del acta, el alcance de la recomposición y la forma legal de dejar constancia del entendimiento sin que implique retirar el reclamo judicial.

Según fuentes universitarias, la propuesta contempla un incremento de la masa salarial del 24,33%. El esquema prevé una suba del 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre. La actualización incluye la recomposición del desfasaje de 2025, la inflación acumulada hasta mayo de 2026 y una mejora adicional del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo.

El acta también prevé convocar a la negociación paritaria con docentes y no docentes con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendario. Ese punto es uno de los reclamos centrales de los gremios universitarios, que vienen cuestionando la falta de una instancia regular de negociación salarial.

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Lo mismo aplica para una actualización de un 20% los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026 y para un incremento de $50.000 millones para hospitales universitarios durante este año y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano a partir de junio.

En el Ejecutivo buscan presentar el entendimiento como una salida para descomprimir el conflicto universitario sin resignar el planteo de fondo contra la ley aprobada por el Congreso. En la Casa Rosada sostienen que la norma vigente impacta sobre el gasto sin precisar los recursos necesarios y que, por eso, debe discutirse dentro del marco general del Presupuesto.

El antecedente más cercano fue la propuesta alternativa que el Gobierno había trabajado durante el verano. En ese texto, el Ejecutivo planteaba no insistir con la derogación total del financiamiento educativo, sino introducir modificaciones: un aumento del 20% para gastos de funcionamiento, una actualización salarial escalonada, una revisión en junio para compensar eventuales diferencias con el IPC y el reconocimiento de aumentos en becas.

Esa vía no prosperó en el Congreso, pero ahora vuelve a aparecer como referencia para la discusión del Presupuesto 2027. En el Gobierno entienden que el debate presupuestario permite ordenar el costo fiscal de las universidades junto con el resto de las prioridades del Estado, en lugar de tramitar una ley específica por fuera del cálculo general de recursos y gastos.

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La discusión también está atravesada por la última reestructuración presupuestaria. El Gobierno aplicó hace menos de un mes un recorte cercano a $2,5 billones, con impacto en educación, universidades, obras, subsidios y otros programas. En despachos oficiales comparan ese monto con el costo fiscal de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, que calculan en un nivel similar.

La decisión administrativa incluyó recortes en programas de la Secretaría de Educación, suspensión de transferencias de capital para infraestructura universitaria y bajas en partidas educativas. En Balcarce 50 lo enmarcan dentro del objetivo de cumplir las metas fiscales pactadas y preservar el resultado financiero del sector público.

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