La calificadora Moody’s consideró que el proyecto de “Súper RIGI” anunciado por el Gobierno podría mejorar la competitividad de nuevas inversiones en la Argentina y ampliar el alcance del esquema vigente hacia sectores más intensivos en tecnología y proyectos de gran escala. Sin embargo, advirtió que el éxito de la iniciativa dependerá de factores políticos y macroeconómicos que todavía representan un límite para el apetito de los inversores internacionales.

En un informe publicado este jueves, Moody’s sostuvo que el nuevo régimen tendría un efecto crediticio positivo para compañías de energía, minería, hidrocarburos e infraestructura, debido a que buscaría profundizar los beneficios ya contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), vigente desde 2024.

La firma recordó que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso propone crear una versión ampliada del régimen destinada a inversiones intensivas en capital de entre USD 200 millones y USD 600 millones.

“El llamado ‘Súper RIGI’ ampliaría los parámetros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones”, indicó la calificadora. Según explicó, el nuevo esquema podría incluir mayores garantías de estabilidad, más flexibilidad cambiaria y alivios fiscales adicionales para proyectos de largo plazo.

El informe remarcó que uno de los puntos centrales para que el “Súper RIGI” tenga impacto será la capacidad de ofrecer previsibilidad regulatoria y estabilidad de largo plazo.

El RIGI actual contempla beneficios como estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por hasta 30 años, una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 25%, depreciación acelerada, devolución de IVA durante la etapa de construcción y mayor acceso al mercado cambiario para el pago de dividendos y deuda.

Para Moody’s, esas herramientas ya mejoraron la economía de los proyectos aprobados hasta ahora porque redujeron la carga impositiva efectiva y atenuaron riesgos vinculados al acceso a divisas y cambios regulatorios.

En ese marco, la calificadora afirmó que una profundización del régimen podría facilitar el acceso al financiamiento internacional y abaratar el costo de capital para compañías que necesitan realizar desembolsos multimillonarios con horizontes de recuperación largos.

Además, destacó que el esquema podría extenderse a sectores que hoy no son los principales beneficiarios del régimen, como proyectos de infraestructura digital, manufactura avanzada y desarrollos industriales intensivos en tecnología.

“Al incorporar explícitamente inversiones intensivas en tecnología e innovación, como infraestructura digital a gran escala o manufactura avanzada, el régimen podría extender la estabilidad tributaria y cambiaria de largo plazo a sectores que históricamente enfrentan mayores riesgos de política económica y moneda”, señaló Moody’s.

La agencia también destacó que reglas más claras para la importación de equipamiento, la devolución del IVA y la repatriación de divisas podrían mejorar la viabilidad financiera de esas inversiones y favorecer una mayor diversificación de la inversión extranjera directa.

Los riesgos que siguen condicionando a los inversores

Pese a los potenciales beneficios, Moody’s aclaró que el “Súper RIGI” no alcanzará por sí solo para compensar los riesgos estructurales de la economía argentina.

La calificadora advirtió que la inflación elevada, la volatilidad cambiaria y la debilidad de la credibilidad de las políticas económicas continúan afectando el costo del financiamiento y las decisiones de inversión.

“Los proyectos, incluso aquellos con fuertes protecciones legales, siguen expuestos a riesgos sistémicos en escenarios de estrés”, señaló el informe.

Además, subrayó que la efectividad del nuevo esquema dependerá de tres condiciones centrales: la aprobación legislativa, la implementación consistente y la capacidad de sostener las reglas a través de distintos ciclos políticos.

La referencia apunta a una de las principales preocupaciones de los inversores internacionales en proyectos de infraestructura, energía y minería: la posibilidad de modificaciones regulatorias o restricciones cambiarias en el mediano plazo.

Moody’s consideró que el desempeño inicial del RIGI vigente fue “sólido” y destacó el volumen de inversiones que ya fueron aprobadas bajo el esquema.

Según el informe, hasta comienzos de 2026 se aprobaron 14 proyectos por alrededor de USD 27.000 millones y otros 36 proyectos, por unos USD 97.000 millones, permanecían en evaluación.

La calificadora sostuvo que energía y minería concentran la mayor parte de las inversiones aprobadas debido al perfil exportador de los proyectos vinculados a hidrocarburos y minerales.

Entre los desarrollos incluidos aparecen iniciativas de gas natural licuado, oleoductos, cobre, litio, oro, infraestructura energética y puertos.

Desde entonces, el número de proyectos aprobados siguió creciendo. Este jueves, el Gobierno confirmó el ingreso de dos nuevos proyectos mineros al régimen por USD 2.130 millones, vinculados a la expansión del complejo de litio Cauchari Olaroz y al proyecto de cobre San Jorge, en Mendoza. Con esas incorporaciones, el total ascendió a 16 proyectos aprobados y cerca de USD 30.000 millones comprometidos.

Según Moody’s, la provincia de Río Negro concentra actualmente la mayor parte de las inversiones aprobadas bajo el régimen, con alrededor de USD 18.000 millones, principalmente asociados a infraestructura de GNL y oleoductos vinculados a Vaca Muerta.

Detrás aparecen San Juan, con USD 3.700 millones ligados a proyectos de cobre y litio, y Salta, con USD 3.100 millones en iniciativas de litio y oro.

La agencia consideró que esos sectores son los que podrían registrar el mayor impacto crediticio en caso de avanzar el “Súper RIGI”, debido a que dependen especialmente del acceso a divisas, estabilidad tributaria y previsibilidad regulatoria para obtener financiamiento internacional.