POLITICA
Semana clave en el caso AFA: la Cámara Federal define el lunes si la causa sigue en Campana o vuelve al Penal Económico
La investigación judicial sobre la lujosa mansión de Pilar vinculada a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entrará este lunes en una etapa decisiva: la Cámara Federal de Casación Penal realizará una audiencia para definir si la causa continúa en la Justicia federal de Campana o si vuelve al fuero Penal Económico porteño.
La audiencia fue fijada para el lunes 11 de mayo y, una vez finalizada, los jueces tendrán cinco días hábiles para emitir una resolución sobre el conflicto de competencia que atraviesa el expediente.
La definición es observada con atención tanto en tribunales como en el entorno de la conducción de la AFA, ya que podría modificar el rumbo de una de las investigaciones más sensibles que involucran al círculo cercano de Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino.
La causa investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y utilización de testaferros en torno a una mansión ubicada en el barrio Ayres Plaza de Pilar, cuya compra y titularidad quedaron bajo sospecha judicial.
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Actualmente el expediente tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, luego de una resolución de la Cámara Federal de San Martín. Sin embargo, el fiscal general Carlos Cearras pidió que la investigación vuelva al juzgado en lo Penal Económico de Marcelo Aguinsky, donde se había iniciado originalmente la causa.
El conflicto comenzó cuando González Charvay reclamó la competencia del caso argumentando que las propiedades investigadas están ubicadas en Pilar y, por lo tanto, correspondía la intervención de la Justicia federal de Campana.
Aguinsky rechazó apartarse y sostuvo que el eje de la investigación no es únicamente la propiedad, sino una presunta estructura de administración fraudulenta y lavado vinculada a la AFA.
“El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino la Asociación del Fútbol Argentino”, sostuvo el magistrado en una de las resoluciones citadas en el expediente.
En línea con esa postura, el fiscal Carlos Cearras consideró que en casos de presunto lavado de dinero no debe analizarse solamente la ubicación física de un inmueble, sino la totalidad de la maniobra financiera investigada.
La mansión bajo sospecha
La causa apunta a determinar si la propiedad de Pilar fue adquirida mediante una estructura de supuestos testaferros ligados a Toviggino.
Según la investigación, la quinta fue comprada en mayo de 2024 por un valor declarado de US$1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada al expediente estimó que el inmueble podría valer cerca de US$17 millones.
La Justicia también analiza registros de visitas, movimientos societarios y documentación vinculada a Real Central SRL, la firma a nombre de la cual figura la propiedad.
Uno de los elementos mencionados en la causa es que Luciano Pantano —quien aparece como titular formal del inmueble junto a su madre Ana Lucía Conte— utilizaba una tarjeta corporativa de la AFA para distintos gastos. Además, entre las personas registradas como visitantes frecuentes de la mansión figura Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la AFA.
Qué puede pasar después de la audiencia
Tras la audiencia del lunes, la Cámara de Casación tendrá cinco días hábiles para resolver qué tribunal continuará con el expediente.
Si los jueces hacen lugar al planteo fiscal, la causa regresará al fuero Penal Económico y quedará nuevamente bajo la órbita de Aguinsky. Si ratifican la decisión de la Cámara Federal de San Martín, seguirá en Campana.
La definición podría tener impacto directo sobre el avance de medidas de prueba y futuras decisiones en una causa que ya se convirtió en uno de los principales frentes judiciales para la conducción de la AFA.
AFA, Justicia, investigacion, Tapia
POLITICA
Paro docente: San Luis y Mendoza dictan clases con normalidad y avanza el relevamiento para aplicar sanciones
“La huelga existe, es un derecho, pero se encuentra moderada por la Ley de Modernización. Por eso, se pide que se cumpla con el 75% de la actividad, porque del otro lado hay ciudadanos”, planteó esta mañana el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para justificar el relevamiento que realiza la Secretaría con el objetivo de verificar el nivel de acatamiento al paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Al cierre de esta nota, la secretaría que depende del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, no contaba con “los datos completos” del operativo que impulsa a través de las agencias territoriales ubicadas en los distintos puntos del país. Sin embargo, desde el oficialismo revelaron a Infobae que en dos provincias clave, San Luis y Mendoza, las clases se desarrollan con normalidad mientras que Santa Fe cumple con los mínimos contemplados por la ley.
“Mendoza y San Luis están funcionando con normalidad. No hubo adhesión al paro, pero aún no están todos los datos completos”, reveló una importante fuente de la cartera ante este medio, luego de que las distintas provincias colaboraran con los reportes preliminares en cada territorio.
A raíz de la medida de protesta anunciada, las autoridades de Capital Humano convocaron a un encuentro del Consejo Federal de Educación, que se reunió el pasado domingo, para accionar ante la posibilidad de que se violara la Ley de Modernización Laboral que establece que debe garantizarse el 75% de la actividad en caso de paro debido a que la educación fue declarada por el Gobierno como un servicio esencial.
La disposición se encuentra contemplada en el artículo 24 de la ley 27.802, en la que se especificó que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de algunos servicios calificados como imprescindibles se debe garantizar una cobertura del porcentaje señalado.
“Hemos trabajado con la ministra todo el fin de semana, preparando algo que es novedoso, lo que se pide es la moderación suficiente para hacerla y respetar la norma. Si no se cumple, se inicia un proceso sancionatorio para aplicar las sanciones que correspondan. Lleva el tiempo de las constataciones, los traslados, las contestaciones”, planteó Cordero, en declaraciones a Radio La Red.
Por su parte, a través de su cuenta de X, Pettovello planteó que la medida busca “resguardar el derecho a aprender de los estudiantes y ofrecer previsibilidad a las familias argentinas ante la jornada de paro”, luego de anunciar que el ministerio se encargaría de cumplir con la garantía de las clases.
Pese a que el articulado contemplado en la Ley de Modernización laboral fue judicializado por la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, la administración libertaria apeló el fallo del juzgado laboral N° 74, que en una primera instancia suspendió la declaración de esencialidad para la educación y logró la vigencia de la reforma hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
En los hechos, el requisito implica la presencia de docentes, directivos, auxiliares y trabajadores necesarios en las escuelas para asegurar el normal dictado de clases.
Si bien es Trabajo el área encargada del muestreo, la Secretaría de Educación se encargará de analizar posteriormente la información relevada durante la jornada. Desde la administración libertaria aclaran que, ante la detección de incumplimientos, la sanción será destinada al gremio y no a los docentes.
Ante la detección de irregularidades, las autoridades nacionales avanzarán con la correspondiente denuncia que dará lugar al procedimiento previsto por la normativa que -aclaran- llevará tiempo en función de las variables a tener en cuenta.
En paralelo, desde el oficialismo aclararon que el Estado no tiene competencia para fijar salarios docentes y propusieron que las provincias y los gremios se puedan sentar a “dialogar” para alcanzar un acuerdo con el sector.
Días atrás, el sindicato convocó a un paro de 24 horas en todas las escuelas del país a raíz del rechazo del Poder Ejecutivo de convocar a la Paritaria Nacional Docente. Uno de sus principales reclamos gira en torno al sueldo mínimo de los docentes, que se encuentra estancado en 500 mil pesos. Ante este panorama, el gremio reclama un aumento salarial y la vuelta del FONID, el fondo del que el Estado disponía para pagarles todos los meses un incentivo a los maestros y profesores, que fue eliminado en el 2024.
Desde las 10, CTERA y ATE realizan una concentración frente al Ministerio de Economía para hacer visibles sus reclamos. “La paritaria estatal se convirtió en una estafa mediante la cual se apoderaron en tan solo dos años y medio de más de la mitad de nuestro salario”, planteó Rodolfo Aguiar, titular de ATE.
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POLITICA
¿Y si con bajar la inflación no alcanza?
Como los atletas de alto rendimiento que compiten contra sí mismos, Javier Milei sostiene que su reelección depende solo de él. O, mejor dicho: de cómo evalúen su gestión.
¿Y si su receta no alcanza? ¿Y si a la hora de votar, los argentinos, agotados, después de tanto ajuste, vuelven a elegir el pasado, como en agosto de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri provocó la devaluación más dañina de la historia reciente?
Porque, si fuera así, no alcanzaría con lo que nos dijo el mismo Milei en abril de este año, según lo recordó en su columna de opinión, nuestro colega Francisco Olivera.
En todo caso, no le pasaría nada a él. Pero para los 12 millones de argentinos que lo votaron para presidente, sería, una vez más, una formidable decepción. Otra enorme oportunidad perdida.
Es por eso que, a casi un año de las presidenciales del año que viene, incluso, dentro del propio gobierno, se preguntan:
Pero todo parece indicar que no habrá manera de convencerlo de poner en marcha “ese Plan Platita”. De hecho, la cadena nacional del jueves pasado no sería más que una ratificación de su “porfía”. O lo que es lo mismo: De su aspiración a “evangelizar” a los argentinos que todavía no entienden que “emitir dinero falso”, o “imprimir plata sin respaldo”, es la principal herramienta espuria de “la alta política”.
¿Habrá servido la cadena nacional para terminar de despabilar a los que todavía no la ven? Porque la astronómica cifra de la inflación acumulada desde que se fundó el Banco Central de la Argentina, en 1935, da un número de más de 20 dígitos. Casi 13 trillones por ciento. Exactamente 12.819.532.788.614.400.000 por ciento.
Por otra parte, lo que explica ese número, es la enorme desconfianza de los argentinos en el peso. Desconfianza que se expresa con la acumulación casi 260 mil millones de dólares “guardados en el colchón”:
De hecho, nuestros dólares fuera del sistema representan:
Lo paradójico del asunto es que nunca hubo un momento mejor que este para invertir en la Argentina. Y eso no lo decimos nosotros, sino uno de los economistas más respetado del país, Ricardo Arriazu.
De cualquier manera, además del problema de la economía de bolsillo, lo que pondría en peligro la reelección de Milei, según algunos expertos, serían sus formas. Hechos como el ataque contra el presidente de Brasil, Lula da Silva, aunque no haya mentido al recordar que estuvo preso por corrupción.
Alejandro Catterberg, de Poliarquía, lo puso negro sobre blanco con un dato inquietante: parece que nunca hubo una brecha tan grande entre las mujeres y los varones argentinos, a la hora de votar por Milei. Y es porque las mujeres rechazarían sus reacciones, por considerarlas demasiado violentas, más allá de que, en muchos casos, pudiera tener razón.
Digamos todo.
Hay consenso, entre la mayoría de los consultores serios, que Milei, por ahora, no tiene la reelección asegurada. Por ejemplo, Federico Aurelio, de Aresco, dice que, si las elecciones fueran hoy, estaría a décimas de ganar en primera vuelta, en base a un cuadro que proyecta a los indecisos.
Pero casi todos los demás sostienen que le estaría costando mucho llegar al 40 por ciento de los votos, y que cualquier candidato de un peronismo unificado podría competirle fuerte en la primera, y, tal vez, ganarle en segunda vuelta.
¿Está en marcha el plan “alimentemos a Cristina Kirchner contra Axel Kicillof” para lograr la reelección de Milei? ¿La supuesta idea del Gobierno de designar a dos nuevos candidatos para la Corte, incluida una mujer, formaría parte de un acuerdo, por debajo de la mesa, entre Milei y Cristina, para alcanzar el objetivo de la reelección, como sugirió Carlos Pagni?
Milei supone que de todas maneras ganará.
Y no solo por la estabilidad macroeconómica. También por el regreso al orden en la vía pública y el profundo deseo de la mayoría de los argentinos de no volver al infierno tan temido. A la “alta política”, que es puro pasado.
Como sería puro pasado:
Milei piensa, por lo tanto, que no tendría por qué sucumbir ante “los cantos de sirena”. Ni darle a la maquinita para impulsar un consumo ficticio. También pide el presidente, a quienes no creen en sus vaticinios, que miren ahora lo que está pasando en Ceuta.
Él supone que servirá como acelerador de las inversiones hacia la Argentina. La pregunta es si le alcanzará para ganar y consolidar el rumbo, antes de que la paciencia de los endeudados y los que no llegarían a fin de mes se acabe.
Javier Milei,Luis Majul,Javier Milei,Lula da Silva,Mauricio Macri,,Conforme a
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El Gobierno concederá más cambios para que el Senado apruebe la ley de extranjerización de tierras
En un intento por evitar el fracaso del capítulo que relaja los límites vigentes a la venta de tierras productivas a extranjeros, el Gobierno dará luz verde a que se introduzcan nuevos cambios al proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada, cuya discusión en el Senado está previsto que se reanude este jueves.
Según confiaron fuentes oficialistas, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich (Capital), ofrecerá este martes, a las 16, una conferencia de prensa para anunciar los nuevos cambios que se le introducirán a la iniciativa.
Por ahora, las modificaciones se mantienen bajo siete llaves, ya que todavía están siendo negociadas con la Casa Rosada, más precisamente con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y se están afinando los últimos detalles de la redacción.
A pesar del hermetismo oficialista, en el Gobierno afirman que una de las posibilidades que se maneja es la de elevar el tope que existe hoy del 15% de la extensión territorial para la tenencia de tierras productivas en manos extranjeras.
En otras palabras, el Gobierno aceptaría introducir límites a la extranjerización de tierras. La última versión del proyecto autorizaba la venta sin límites de los predios.
Los nuevos cambios que aceptaría el oficialismo se entienden en el creciente rechazo social a la extranjerización de tierras que empieza a traducirse en la pérdida de apoyos de los bloques dialoguistas que podrían dejar al Gobierno sin la razón de ser de la iniciativa.
A las luces de alarma que se encendieron ante la presión de diferentes actores sociales de su provincia, que desde hace tres semanas vienen recibiendo los senadores de Encuentro Misionero, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, se suma la fuerte resistencia de varios senadores radicales a quedar apoyando un proyecto que cada día que pasa genera mayores quejas por la supuesta vulneración de la integridad territorial y de la soberanía del país que se estaría consagrando de convertirse en ley la eliminación de los actuales límites legales a la venta de tierras a extranjeros.
El panorama amenaza con complicarse más por los rumores que hablan de los reparos que tendrían a varios artículos del proyecto las senadoras de Chubut, la radical Edith Terenzi y Andrea Cristina (Pro), que, con matices, juegan alineadas con el gobernador Ignacio Torres (Pro). “Esto se define en los próximos dos días”, respondieron, en tono enigmático, en el despacho de una de las legisladoras patagónicas ante la consulta de este diario.
El rechazo social viene en franco crecimiento en las últimas semanas y promete cristalizar este jueves en una manifestación de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales frente al Congreso.
Uno de los actores sociales más activos en su oposición al proyecto del gobierno libertario ha sido la Iglesia Católica, que desde el primer día que se discutió el proyecto en comisiones manifestó su rechazo. En aquel momento, la principal queja estuvo centrada en el capítulo que eliminaba el programa de regularización dominial en villas y barrios de emergencia, el que finalmente quedó afuera del texto que impulsa el oficialismo.
También se sumó al rechazo la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ha hecho de su militancia activa en redes sociales contra la extranjerización de tierras un motivo más para diferenciarse del gobierno de Javier Milei.
Este jueves está previsto que se reanude el cuarto intermedio al que pasó la sesión del Senado del 16 de julio último, justo cuando debía comenzar a discutirse el proyecto pergeñado por Sturzenegger.
En un combo armado como una pieza de relojería, el proyecto también busca acelerar los desalojos por falta de pago, ocupaciones y usurpaciones, modifica los requisitos que debe cumplir el Congreso para llevar a cabo expropiaciones de bienes privados e introduce cambios en varios artículos de la Ley de Manejo del Fuego para liberar el uso de propiedades afectadas por una catástrofe.
La causa de la última postergación, la tercera desde que el proyecto obtuvo dictamen de comisión y quedó habilitado para su discusión en el recinto, fue la falta de votos para aprobar el capítulo que elimina las barreras legales para que ciudadanos o personas jurídicas de otros países puedan adquirir tierras productivas que se impusieron en la denominada Ley de Tierras sancionada en diciembre de 2011, en los albores del segundo mandato de Cristina Kirchner.
La ley, que se encuentra vigente, estableció que no podrán enajenarse más del 15% del territorio nacional, provincial o departamental. A su vez, ninguna persona física o jurídica podrá tener la propiedad de más del 30% del cupo permitido.
El oficialismo pretendía eliminar todo límite a la compra por parte de personas físicas y jurídicas privadas. Hoy, a sabiendas de que será difícil conseguir los votos, se muestra dispuesto a ceder.
Para el caso de empresas con participación de estados extranjeros en su capital, el proyecto establece un sistema de “doble conforme” que requerirá la autorización de la provincia y de Nación. Queda sujeto a la reglamentación y a la potestad de las provincias definir cuáles serán los organismos públicos que tendrán en sus manos la facultad de dar la luz verde para las operaciones.
Tras el último fracaso por tratar el proyecto, Bullrich justificó la postergación del debate en las ausencias de varios senadores aliados a los que contaba como apoyando la iniciativa, pero que se habían ausentado por viajes planificados con anterioridad a la convocatoria de la sesión.
¿Están los votos para el 6 de agosto?, le preguntó a la jefa del oficialismo en el Senado en un encuentro con la prensa acreditada en la Cámara alta luego de la reunión con Sturzenegger. “Están de vacaciones, pero van a venir”, respondió una Bullrich confiada mientras se le dibujaba una sonrisa pícara en su rostro.
Sin embargo, el panorama no parece tan claro por el momento. Según pudo saber este diario, al menos tres senadores radicales ayudaron a dar quórum en la sesión del pasado 16 de julio, lo que permitió que se aprobaran una treintena de pliegos judiciales, pero lo hicieron aclarando que no estaban dispuestos a votar el capítulo de tierras.
A este factor se sumó el ruido interno que generó la intervención de Sturzenegger que, en las horas previas a la sesión, le hizo llegar a varios senadores su rechazo a reconocer la potestad de que las provincias quedaran facultadas a fijar sus propios límites a la venta de tierras a extranjeros.
Esto provocó que varios legisladores plantearan sus dudas de votar un proyecto que, sospechaban, podía terminar en un veto parcial del Poder Ejecutivo. Eso también colaboró a que la jefa del bloque oficialista se viera obligada a pedir un cuarto intermedio que terminará este jueves.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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