POLITICA
Dura crítica del PRO al Gobierno: una decisión sorpresiva tomada por Macri, que profundizó las diferencias con Milei
Mauricio Macri tomó una decisión política reservada y de alto impacto que sorprendió incluso a dirigentes importantes del PRO: avanzó personalmente con la difusión del manifiesto crítico contra el gobierno de Javier Milei sin consultar previamente ni a gobernadores, ni a referentes parlamentarios, ni a la mesa ejecutiva del partido. El movimiento, ejecutado en medio del tembladeral generado por el caso de Manuel Adorni, profundizó las diferencias entre el ex presidente y la Casa Rosada y volvió a exponer las tensiones internas alrededor de la relación con La Libertad Avanza.
La reconstrucción de cómo se gestó el documento muestra el nivel de hermetismo con el que se manejó la iniciativa. “Es Mauricio 100%”, resumió ante Infobae una alta fuente del PRO. Y agregó: “No habló con Jorge Macri, ni con Rogelio Frigerio, ni con Cristian Ritondo, ni con Guillermo Montenegro. En la mesa ejecutiva no habló con nadie”.
El manifiesto “Próximo Paso” fue difundido el domingo por la tarde a través de las redes sociales oficiales del PRO y rápidamente generó interpretaciones políticas sobre un endurecimiento de Mauricio Macri frente al Gobierno. El texto incluyó cuestionamientos al funcionamiento interno del oficialismo y buscó marcar diferencias respecto del estilo político libertario.
“Apoyar el cambio no es aplaudir lo que está mal”, sostuvo el documento.
Y agregó otra definición que fue interpretada como una referencia directa a la Casa Rosada: “El cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre (…) y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”.
La decisión de Mauricio Macri de avanzar con ese posicionamiento ocurrió en un contexto especialmente sensible para el oficialismo, atravesado por las repercusiones políticas del caso Adorni y por discusiones internas dentro del PRO sobre el vínculo con Milei.
En el entorno del ex presidente consideran que el Gobierno empezó a enfrentar costos políticos derivados del ejercicio del poder y creen que algunas conductas internas comienzan a generar incomodidad incluso entre sectores que respaldan el rumbo económico oficial.
Pero además, alrededor de Mauricio Macri quedó un fuerte malestar político desde la cena de la Fundación Libertad realizada hace dos semanas. Aquella noche, Javier Milei endureció sus críticas contra la gestión económica del PRO entre 2015 y 2019 y exhibió durante su discurso una serie de filminas con indicadores negativos de la administración macrista. La escena cayó especialmente mal en el entorno del ex presidente.
El clima político de esa noche quedó atravesado además por otro dato que dentro del PRO interpretaron como una señal deliberada de distanciamiento. Milei no saludó a Macri ni lo mencionó durante todo su discurso, que se extendió por más de una hora, pese a que el fundador del PRO había participado previamente de una charla sobre el escenario junto al escritor Álvaro Vargas Llosa.
La secuencia política de la cena tuvo además otro episodio que dentro del macrismo fue leído como un gesto cargado de intención política. Patricia Bullrich se acercó a saludar a Mauricio Macri delante de fotógrafos, camarógrafos y periodistas acreditados. El diálogo fue breve y fugaz, pero la escena quedó registrada públicamente en medio de las tensiones crecientes entre el entorno del ex presidente y la ministra de Seguridad.
Ese episodio terminó funcionando como un antecedente directo del clima político que atravesó la difusión del manifiesto del PRO y de las señales posteriores del círculo más cercano a Macri.
La decisión de Mauricio Macri de avanzar personalmente con el documento quedó además alineada con otra señal política que había aparecido horas antes dentro de su propio entorno. Este domingo, Fernando De Andreis —hoy convertido en la principal espada política del ex presidente— cuestionó duramente a Patricia Bullrich y le reclamó públicamente a Manuel Adorni que diera explicaciones rápidas sobre su patrimonio, al advertir que cualquier demora termina deteriorando la imagen del Gobierno y del propio Milei.
Aunque las declaraciones de De Andreis ocurrieron antes de la difusión del manifiesto, dentro del PRO ambas situaciones fueron leídas como parte de una misma decisión política impulsada desde el círculo más cercano a Mauricio Macri.
Las críticas de De Andreis a Bullrich tuvieron además un fuerte impacto interno porque volvieron a poner sobre la mesa el malestar que existe alrededor de Mauricio Macri frente al avance libertario sobre dirigentes y estructuras del PRO. El trasfondo no puede entenderse sin el 2027 y la batalla por el bastión amarillo, su casa matriz, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Durante meses, una parte importante del partido evitó confrontar con Milei para no debilitar el respaldo social al programa económico. Pero en las últimas semanas empezó a crecer otra preocupación: que el PRO termine diluyéndose políticamente dentro de La Libertad Avanza.
El manifiesto “Próximo Paso” apareció justamente en ese contexto.
El documento recuperó conceptos históricos de la identidad política del PRO vinculados a la gestión pública, la administración y la obra pública. “El próximo paso son más rutas, más hospitales, mejor educación”, sostuvo el texto.
La definición buscó reinstalar una agenda más asociada a resultados concretos de gestión que a la lógica de confrontación permanente que domina el discurso libertario.
Al mismo tiempo, el manifiesto planteó una crítica sobre las formas políticas del oficialismo. El cuestionamiento a la “soberbia” y a la “arrogancia” dejó expuesto el malestar que existe dentro del entorno de Macri frente a determinadas dinámicas internas de La Libertad Avanza.
La sorpresa que generó el documento quedó reflejada públicamente horas más tarde en las declaraciones de Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño admitió en TN que desconocía la existencia del manifiesto hasta minutos antes de entrar al estudio.
“No sabía. Me enteré viniendo para acá”, dijo cuando le mostraron el texto al aire.
Jorge Macri explicó que nadie le había enviado previamente el documento y reconoció que lo leyó recién en el celular camino al canal. La declaración terminó confirmando el nivel de reserva con el que Mauricio Macri manejó la iniciativa.
Sin embargo, el jefe de Gobierno evitó confrontar con el contenido político del manifiesto. Por el contrario, validó buena parte del diagnóstico planteado en el documento.
“Creo que expresa lo que algunos argentinos sienten”, sostuvo.
Pero al mismo tiempo dejó entrever diferencias respecto del momento elegido para lanzar la crítica al Gobierno. “Después podremos discutir si era oportuno o no sacar un comunicado de ese tipo”, afirmó.
Esa frase fue interpretada dentro del PRO como una señal de cautela frente a la posibilidad de profundizar prematuramente el enfrentamiento con Milei. Jorge Macri comparte parte de las inquietudes que existen dentro del partido sobre la relación con La Libertad Avanza, pero al mismo tiempo considera que una ruptura abierta podría afectar al electorado que todavía acompaña el rumbo económico del Gobierno.
Por eso, durante toda la entrevista intentó sostener una posición intermedia: marcar identidad propia sin romper con la Casa Rosada.
“No somos parte de La Libertad Avanza”, afirmó.
Y cuando le preguntaron si ambos espacios competirán juntos en las próximas elecciones, respondió: “No lo sé. Falta un montón”.
La respuesta reflejó el momento ambiguo que atraviesa el vínculo entre el PRO y el oficialismo. Una parte importante del partido sigue respaldando aspectos centrales del programa económico de Milei, especialmente el equilibrio fiscal y la baja de la inflación. Pero alrededor de Mauricio Macri empezó a consolidarse otra discusión: hasta dónde acompañar al Gobierno sin perder identidad política propia.
En ese contexto, la decisión del ex presidente de impulsar personalmente el manifiesto sin abrir una discusión partidaria previa fue interpretada como una señal concreta hacia adentro y hacia afuera del PRO.
No se trató de una ruptura formal con Milei. Tampoco de un pase a la oposición dura. Pero sí de una intervención política deliberada de Mauricio Macri, ejecutada desde su círculo más cercano y diseñada para empezar a marcar diferencias con el Gobierno en un momento donde la Casa Rosada enfrenta sus primeras tensiones políticas relevantes desde la consolidación de la estabilidad económica.
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POLITICA
Patricia Bullrich se diferenció de Javier y Karina Milei: “Mi compromiso es con este proyecto, pero también con mis principios»
Patricia Bullrich confirmó este lunes no apoyará el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, la candidata para el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata, cuyo nombre fue vetado por el gobierno por ser familiar de un periodista.
En un largo posteo en X, la senadora explicó los motivos de su decisión: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.
La senadora remarcó que es parte de este proyecto y “apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden».
La senadora destacó que le comunicó su decisión a Milei y que no afecta su relación con el gobierno, ya que “en una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”.
“El debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio. Sigo empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”, concluyó la exministra.
En las últimas horas, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y Milei enviaron al Senado un pedido para retirar el pliego de Michelli. La postulación ya había reunido nueve firmas en la Comisión de Acuerdos, de un total de 17 miembros, y se encontraba lista para dictamen, pero el oficialismo se niega a avanzar con ella.
La objeción central es por el parentesco de Michelli con Hugo Alconada Mon, periodista de La Nación que investigó, entre otros temas, el caso Libra y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El retiro del pliego de Michelli deberá ahora ser convalidado en el recinto del Senado con mayoría simple.
La sesión para tratar los pliegos enviados por Mahiques y el retiro de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio.
De esta manera, Bullrich vuelve a desmarcarse de algunos lineamientos del gobierno, como cuando pidió que Adorni muestre su declaración jurada, en medio del avance de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
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“¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla“, cuestionó Bullrich semanas atrás.
Y agregó: “Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana».
Patricia Bullrich, Senado, Gobierno
POLITICA
Senado: Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar el retiro del pliego de Michelli
La jefa del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich (Capital), anunció que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” y que votará en contra del retiro del pliego de María Verónica Michelli, candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata cuya postulación Javier Milei impugna por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.
“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, escribió Bullrich en la red social X, despegándose de la decisión del Gobierno, que el martes de la semana pasada pidió el retiro del pliego que nomina a Michelli como vocal del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”, agregó la senadora en su posteo en la red social.
La postura de Bullrich amenaza con abrir una crisis en el oficialismo, ya que es un un hecho inédito que una jefa de bloque parlamentario anuncie públicamente que votará en contra de la orden emanada por el Gobierno que la puso al frente de la bancada oficialista.
Mucho más cuando la orden de vetar a Michelli fue dictada por la secretaria general de la Presidencia y hermana presidencial, Karina Milei.
Esta no es la primera vez que Bullrich se pone en contra de los intereses políticos de Karina Milei. Hace menos de un mes tuvo un fuerte cortocircuito con la jefa de La Libertad Avanza al pedirle, de manera pública, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presentara “cuanto antes” su declaración jurada de bienes para terminar con la polémica en torno al patrimonio del funcionario.
“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden. Por eso hablé con él. Para que esta decisión sea tomada en su justa dimensión”, agregó Bullrich en su pronunciamiento en la red social X.
En prevención de las críticas que podría recibir, la jefa de la bancada oficialista en el Senado sostuvo que “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio” y que sigue “empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso”.
“Mi compromiso con este proyecto es total. Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida”, concluyó la senadora.
La postura de Bullrich podría acelerar los tiempos en el Senado, sobre todo porque la nominación de Michelli cuenta con las firmas necesarias para obtener dictamen, pero el presidente de la Comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto (LLA-La Rioja), se niega a presentar el documento.
La objeción que le podría costar la postulación de Michelli, y que había firmado el propio Milei a mediados de marzo último, es ser la cuñada de Hugo Alconada Mon, periodista de que trabajó en investigaciones sobre el caso $LIBRA y el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otras publicaciones.
Esa postura de Pagotto va en contra de todas las normas reglamentarias y de la voluntad de los legisladores que le dieron su visto bueno a la candidata.
Pagotto es riojano y llegó al Senado en 2023 de la mano de los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El legislador tiene línea directa con Karina Milei, que fue quien pidió nombrarlo al frente de Acuerdos, y se suele jactar en privado de tener libertad de acción para desmarcarse de las órdenes de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich.
Hasta ahora, el enojo de los senadores por la no presentación del dictamen se mantiene en privado. El miércoles, a las 11, está prevista una reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidirá el temario de la sesión del próximo jueves.
En esa sesión debería votarse el retiro del pliego de Michelli pedido por el Poder Ejecutivo. La postura de Bullrich abre un fuerte interrogante sobre si el Poder Ejecutivo tendrá la mayoría para terminar de vetar la posturlación de la candidata.
La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto en ese sitial por la hermana presidencial, y del jefe del Estado, Javier Milei.
Preocupación de los abogados
Más temprano, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “suma preocupación” por la solicitud por parte del Poder Ejecutivo Nacional para retirar del Senado el pliego de Michelli, candidateada originalmente para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata.
El pliego de Michelli fue enviado al Senado por el Ministerio de Justicia, pero el Gobierno decidió bloquearlo cuando advirtió que Michelli es cuñada del periodista Alconada Mon, que investigó y publicó casos de corrupción ligados a la administración mileísta.
Los abogados del Colegio de la Ciudad dijeron que el pliego ya tendría dictamen favorable de la comisión correspondiente del Senado. “Debe destacarse que el pliego en cuestión cumplió todas las instancias previstas por el proceso de selección de magistrados, resultando aprobado en cada una de ellas”, destacaron los letrados.
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POLITICA
Crisis en la obra social de Camioneros: hay recortes en remedios y empresas de la esposa de Moyano en la mira
La obra social de Camioneros dejó de aplicar descuentos en medicamentos incluso para tratamientos crónicos, según las quejas de los afiliados, en un cuadro de deterioro creciente de la entidad que se suma a una deuda con prestadores de al menos $32.400 millones y a pedidos formales de intervención ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) por presuntas irregularidades y fallas en la atención.
Esa solicitud la hizo en abril pasado la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública), a raíz de que la obra social atiende a 190 mil afiliados y arrastra problemas de administración de recursos y deficiencias prestacionales. En su presentación, sostuvo que la deuda en las seccionales del interior ascendía a $32.400 millones a febrero de 2026 y que, si se computa la provincia de Buenos Aires, llegaría a $60.000 millones.
Sin embargo, la SSS nunca le dio una respuesta oficial a Ocaña sobre su pedido, algo que la ex ministra de Salud atribuyó a cuestiones políticas: “Es que para el Gobierno la casta sindical no se toca”, sostuvo.
Ahora, la legisladora porteña anticipó a Infobae que pedirá a la Inspección General de Justicia (IGJ) información sobre las 6 empresas de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, una de las cuales se encarga del gerenciamiento de la obra social, porque “nada de su patrimonio se vio afectado, mientras que las prestaciones médicas hoy son casi nulas”.
La profunda crisis del sistema de salud de Camioneros se va agravando pese a que todos los meses recibe una multimillonaria suma de dinero de las cámaras empresariales pactada en las paritarias como contribución para la obra social: desde marzo pasado, al sindicato le llegan mensualmente 4750 millones de pesos, ya que recibe $25 mil por trabajador cada 30 días en un universo de 190 mil afiliados.
Pese a eso, según el diario Clarín, hace dos semanas varias farmacias dejaron de vender con descuento a afiliados de la obra social de Camioneros por deudas impagas. La última alternativa era Farma Social, en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, a 200 metros de la sede sindical de Hugo Moyano, pero en los últimos días también dejó de entregar productos con cobertura.
A quienes se acercaron con recetas para comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebés y pañales, les informaron que no había stock. La opción que les ofrecieron, de acuerdo con el diario, fue pagar el 100% del valor y luego solicitar reintegro, una salida que muchos afiliados dijeron no poder afrontar.
“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. No sé qué quieren que hagamos. Pasaron un límite, es la medicación de los chicos”, dijo un afiliado que pidió reserva de identidad a Clarín. Ese trabajador contó que cobra alrededor de $2 millones con horas extra y que le descuentan unos $30.000 de mutual, $60.000 de obra social y $70.000 de cuota sindical.
Otro trabajador, que gana $1,5 millón, relató que en la farmacia le dijeron que no tenían lo recetado “porque la droguería no les entregó, pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.
Los descuentos para los afiliados variaban según la rama del gremio y si además aportaban a la mutual sindical. La cobertura iba del 50% en medicamentos, por la suma del 40% fijado por el Programa Médico Obligatorio y un 10% adicional para quienes tributaban a la mutual, hasta el 90% para afiliados de la rama recolección de residuos que también aportaban a esa entidad.
La situación actual implica que afiliados que antes accedían a esos porcentajes ya no consiguen los remedios con rebaja en las farmacias que seguían atendiendo a la obra social. Según Clarín, los reclamos de afiliados aparecen en la página web del gremio, aunque luego son borrados por el administrador del sitio.
En mayo pasado, Hugo Moyano convocó de urgencia a un plenario sindical para analizar la crisis de la obra social y allí defendió su gestión y atribuyó las críticas sobre el manejo de la salud de los afiliados a “mentiras y estupideces” de los medios. “Cuando veo algunas críticas, pienso en los problemas que sufrimos en la economía argentina y en cómo seguimos administrando. Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99% son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, señaló.
El deterioro financiero de la obra social de Camioneros no es nuevo. A fines del año pasado, no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, y eso derivó en protestas.
Esas medidas de fuerza se registraron en clínicas de Avellaneda, San Justo, Villa Martelli y en el Sanatorio Antártida, en el barrio porteño de Caballito. En el caso del Sanatorio 15 de Diciembre III, ubicado en Laprida 4211, en Villa Martelli, los empleados arrastraban un retraso prolongado en el cobro de salarios, mientras que en otras clínicas se había abonado la mitad del sueldo.
La crisis de la obra social de Camioneros lleva al menos cuatro años y el déficit financiero fue el detonante de una pelea entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano.
Moyano controla dos obras sociales, una corresponde a la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y otra a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende al resto del país. Según un informe contable oficial, esta última adeudaba a sus prestadores $26.617 millones a agosto pasado y en febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39.
En ese contexto, también circulan versiones sobre la venta del Sanatorio Antártida y sobre una posible operación inmobiliaria para desprenderse de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual, como parte de una búsqueda urgente de liquidez.
Liliana Zulet es apuntada en el conflicto porque es la dueña de IARAI, la empresa que gerencia OSCHOCA. Ella es la fundadora de esa compañía y Valeria Salerno, hija de un matrimonio anterior de Zulet, integra el directorio.
En su presentación ante la Superintendencia de Servicios de Salud, Ocaña afirmó que OSCHOCA debería ser “un modelo de prestaciones para la Argentina”, pero describió otro cuadro: “Obra social pobre o con prestaciones deficientes y familia Moyano rica. Aquí no hay efecto derrame; los cuantiosos fondos que manejan no se vuelcan a prestaciones de calidad y mejoras del servicio de salud. Actúan como una especie de ‘caja chica’ que de chica no tienen nada para Hugo Moyano”.
La legisladora porteña recordó denuncias iniciadas en 2006 y actuaciones judiciales sobre un presunto desvío de fondos de OSCHOCA hacia empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano, en especial IARAI S.A. También citó que la Unidad de Información Financiera denunció en 2013 maniobras de triangulación de dinero entre la obra social y firmas como IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., y vinculó esas operaciones con la supuesta sustracción de más de $570 millones.
La presentación de Ocaña añadió que los subsidios del sistema de salud recibidos por OSCHOCA crecieron de $334 millones en diciembre de 2014 a $776 millones a fines de 2016, sin que la situación financiera mejorara. Entre los balances de 2017 y 2022, la obra social registró capital de trabajo, patrimonio neto y resultado operativo en negativo, mientras la cantidad de beneficiarios pasó de 205.964 a 191.813.
La legisladora de Confianza Pública fundamentó el pedido de intervención en el artículo 27 inciso 3° de la ley 23.660, que faculta a la autoridad sanitaria a intervenir obras sociales ante deficiencias graves en su funcionamiento administrativo o prestacional.
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