El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció recientemente que ya casi no hay margen para seguir comprimiendo el gasto público, por lo que la preservación y consolidación del equilibrio o superávit fiscal, piedra basal del plan económico, depende crucialmente de una recuperación del nivel de actividad económica que trascienda los sectores energético, agroindustrial y minero y ensanche las bases de sustentabilidad del “cambio de régimen” que inició el gobierno de Javier Milei.

“Tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI)… es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo.

He ahí la pregunta sobre la sostenibilidad del ajuste y el equilibrio fiscal, pues gran parte del gasto (jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares) está indexada a la inflación. El gobierno anunció algunos recortes por $2,5 billones, pero su apuesta en adelante es a una mejora de la actividad y aumento del empleo formal.

El economista Jorge Vasconcelos ha mostrado en recientes informes la estrechísima relación entre el IVA-DGI (y en particular, la recaudación del IVA) y la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), tomando en cuenta la “tendencia ciclo” que despeja efectos estacionales o extraordinarios.

Tambien Caputo, al exponer en el “Summit 2026” del IAE Business School, la escuela de negocios de la Universidad Austral, dijo basarse en los datos de la “tendencia ciclo”.

“La fiesta recién empieza”, aseguró el ministro, al explicar que si bien Vaca Muerta y la energía arriman el grueso de dólares que sustentan el aumento de reservas y la actual estabilidad cambiaria, el crecimiento será mucho más amplio gracias a que esos sectores hoy más beneficiados por el RIGI y la inversión local y extranjera permitirán el “equilibrio general” en que muchos más sectores puedan crecer.

Desde que Milei es presidente, enfatizó Caputo, incluso la exportación de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) creció 20% en cantidades.

En cualquier caso, la sostenibilidad fiscal sigue siendo clave y pilar del modelo oficial, heredero de un historial poco envidiable. Caputo recordó en el IAE que la Argentina tuvo déficit fiscal en 113 de los últimos 124 años, que en ese período atravesó 22 crisis económicas y que 20 de ellas fueron de origen fiscal.

En cuanto a la etapa más reciente, en un seminario fiscal del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, Julián Folgar, profesor de la UBA y economista del Banco Mundial, mostró el “sube y baja” del gasto público, con una etapa de “expansión” fiscal (2005-2015) y otra de obligada contracción (2015/2025), que incluye el ajuste más explícito y decidido iniciado a fines de 2023.

La experiencia de las últimas dos décadas, subrayó Folgar a Infobae, muestra la importancia de una política de gasto prudente y sostenible. “Cuando las expansiones del gasto se concentran en partidas rígidas (como salarios y jubilaciones) los ajustes posteriores tienden a recaer de manera desproporcionada sobre componentes más flexibles -como la inversión pública, las transferencias o ciertos programas-, independientemente de que hayan sido o no los principales responsables del aumento inicial. Esto puede afectar funciones relevantes del Estado y sugiere que la mejor forma de evitar ajustes costosos es prevenir expansiones difíciles de sostener en el tiempo”.

Los datos sugieren que a partir del “cuidado de cuentas” iniciado a fines de 2023 hay una oportunidad de consolidación. Desde entonces, las prestaciones deshicieron un tercio de su expansión previa, forzando al resto del gasto a ajustarse más que proporcionalmente, algo que a su vez impulsa reacciones de los sectores afectados.

Ahí entra en juego la “sostenibilidad” del ajuste y el equilibrio o superávit fiscal. El grueso de la corrección se basa en la reducción de subsidios (antes amplios e indiscriminados, ahora focalizados en un grupo más reducido) y los cambios a la indexación de los haberes jubilatorios. Y del lado de los ingresos hubo una pérdida significativa al dejarse de lado el “Impuesto PAIS” que había pergeñado la gestión de Alberto Fernández, y una ganancia por la restitución del impuesto a las ganancias personales que había prácticamente condenado la gestión ministerial de Sergio Massa como parte de su “plan platita” para la elección presidencial 2023.

Ampliando el campo del gasto para incluir provincias y municipios, Marcelo Capello, vicepresidente y director de estudios fiscales del Ieral, cree que la meta anunciada por Milei de alcanzar un gasto público equivalente a 25% del PIB (objetivo del “Pacto de Mayo”, firmado en julio de 2024) luce difícil de cumplir.

“A pesar de que bajó 11 puntos del PIB desde 2015 a 2025, aun se ubica en 32% del PIB. Si bien todavía podría haber recortes adicionales en subsidios a energía y transporte, o en el gasto corriente provincial, también es cierto que debería mejorar el nivel de inversión pública, y otros gastos como las transferencias a universidades”, dijo a este medio.

A futuro, agrego, “para bajar impuestos a nivel provincial existe margen para bajar el gasto, pero en el nivel nacional más bien deberá tratarse de una eliminación de impuestos distorsivos (retenciones, impuesto al cheque) compensado con la eliminación de algunos gastos tributarios y mejor recaudación en los impuestos más tradicionales”.

Los analistas coinciden en que a nivel más fino de gasto cabe monitorear ítems como obra pública y transferencias a provincias, sujetos a límites fácticos, como el deterioro de la infraestructura, y políticos, como las demandas de los gobiernos provinciales.

El cuadro general dependerá de cuestiones extra-fiscales, como el nivel de actividad. Hoy la economía funciona a “dos velocidades”, con sectores como energía, agroindustria y minería que crecen más que el resto, pero no “derraman” recaudación (de impuestos como el IVA), ni empleo (del que dependen las contribuciones a la seguridad social) suficientes para ensanchar la sustentabilidad del equilibrio fiscal.

“El grueso o gran parte de la consolidación tiene carácter estructural. Puede haber ítems que afectan la magnitud de la consolidación, por presiones de algunos puntos más o menos”, admitió Folgar.

Fiscalmente, cabe recordar que la obra pública no cayó desde muy alto: corrupción incluida, en el descontrol fiscal que se inició en 2008, los gastos corrientes consumieron más del 90% del presupuesto total.

También el informe de la calificadora Standard & Poor’s, que mejoró la calificación crediticia e impulsó un rally de acciones y una importante reducción del índice de riesgo país, apuntó, además de a la obvia cuestión de las reservas, la “deuda pública neta” y la capacidad de pago del país, a la sostenibilidad fiscal.

“El firme compromiso con un ancla fiscal ha sido la piedra angular del programa económico del presidente Milei, mientras que el tipo de cambio ya sea como un crawling peg o en una banda, también ha sido un ancla secundaria para reducir la inflación. Más allá del programa de estabilización, la administración ha aprobado legislación económica para sentar las bases para un crecimiento más alto, a pesar de no contar con mayorías en el Congreso. Esto incluye compromisos con políticas fiscales, cambiarias y estabilidad regulatoria para las grandes inversiones en el marco del programa RIGI”, dice un pasaje del informe en que S&P anunció la mejora de la nota crediticia del país.

Junio podría mostrar déficit primario y financiero (como ocurrió en igual mes de 2024 y 2025), debido al pago de aguinaldos y los pagos por importación de GNL y subsidios energéticos.

Pero la cuestión de fondo sigue siendo la recuperación del nivel de actividad, para apuntar con más recursos (ya no tantos recortes) el resultado fiscal.

Hasta un sector tan interesado en el recorte de impuestos como el campo reconoce “las complejidades del equilibrio fiscal”, como se tituló un informe del CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) que se enfocó en los cambios de los últimos dos años.

A comienzo de su mandato, precisa el informe, el Gobierno recortó y “licuó” el gasto público del 19,6% del PBI al 15% del PBI, con reducciones en casi todas las partidas: gastos en infraestructura (1,2% del PBI), jubilaciones (0,6% del PBI), programas sociales (0,6% del PBI), subsidios (0,6% del PBI), salarios públicos (0,6% del PBI, 19% empleados públicos) y transferencias a provincias (0,6% del PBI). Así logró un superávit primario del 1,8% del PBI en 2024 y en 2025 siguió reduciendo el gasto más lentamente (0,44% del PBI), con algún recupero en prestaciones sociales (0,21% del PBI): jubilaciones (0,6% del PBI) y un poco más de recorte en subsidios energéticos (0,5% del PBI), manteniendo un superávit del 1,39% del PBI.

Ya en 2026, no ayudó que en los primeros cinco meses del año la recaudación del IVA cayera del 2,8 al 2,5% del PBI; la Seguridad Social del 2,2 al 2% y los impuestos al comercio exterior (aranceles y retenciones) del 0,6 al 0,4% del PBI, menos que compensados por mejoras muy leves en la recaudación de Ganancias y el mantenimiento (siempre en porcentaje del PBI) de los impuestos al cheque y a los combustibles. En la sumatoria, una caída del aporte de estos tributos del 8,4 al 7,7% del PBI, una pérdida de 0,7 puntos. Con el gasto ya duro de bajar, mantener la virtud fiscal depende cada vez más de la recuperación de la economía, como lo reconoció el propio ministro Luis Caputo.