El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó un decreto que obliga a las empresas de subtes, colectivos y recolección de residuos a mantener entre el 50% y el 75% de su operación durante paros y medidas de fuerza gremiales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó la norma y la justificó como una respuesta directa al impacto que los conflictos sindicales generan sobre la vida cotidiana de quienes habitan o transitan la capital.

El decreto adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica determinadas actividades como “esenciales” o de “importancia trascendental” y fija para cada categoría un umbral mínimo de prestación. La medida apunta a impedir que una huelga suspenda por completo servicios que millones de personas utilizan a diario para desplazarse o para acceder a condiciones básicas de higiene urbana.

La iniciativa cubre tres sectores que el propio texto del decreto identifica como críticos para el funcionamiento de la Ciudad: el transporte público de superficie, la red de subterráneos y el Premetro, y la recolección de basura. Cada uno quedó encuadrado en una categoría jurídica distinta, con porcentajes mínimos diferenciados según el nivel de esencialidad que la ley nacional les asigna.

Las empresas de recolección de residuos fueron clasificadas como prestadoras de un servicio esencial, la categoría de mayor jerarquía dentro del esquema de la Ley 27.802. En consecuencia, deberán garantizar una cobertura operativa mínima del 75% ante cualquier medida de fuerza. El transporte público de pasajeros —colectivos, subte y Premetro— recibió la denominación de “actividad de importancia trascendental”, categoría que habilita un piso algo menor: el 50% de la prestación habitual.

Esa exigencia del 50% no se aplica al sistema de transporte en su conjunto, sino de forma individual a cada línea. Tanto las líneas de subterráneo como las de Premetro y los recorridos de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño deberán alcanzar ese umbral por separado. La aclaración no es menor: impide que una empresa compense el déficit de una línea paralizada con el excedente de otra en funcionamiento.

Para poner en marcha la norma en el sistema de subterráneos, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir, junto a la concesionaria Emova Movilidad S.A., las modalidades operativas concretas bajo las cuales se garantizará la circulación de trenes durante un conflicto gremial. La resolución de esos detalles quedó en manos de ambas partes, con la obligación de respetar el porcentaje fijado por la norma.

En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes. El decreto lleva las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.

El marco legal es la Ley 27.802 y sus modificaciones al artículo 24. La norma porteña no crea obligaciones desde cero, sino que se apoya en modificaciones ya vigentes a nivel nacional. La Ley de Modernización Laboral 27.802 introdujo cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo cuando estos pueden afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Ese artículo establece las garantías mínimas de prestación durante conflictos sindicales, y el decreto de Macri hace operativas esas disposiciones en el ámbito de la Ciudad.

La Ciudad de Buenos Aires asumió en forma exclusiva la regulación y fiscalización de las líneas de colectivos que operan dentro de su territorio, lo que le otorga competencia directa para exigir el cumplimiento de los porcentajes fijados. Esa transferencia de atribuciones es el sustento jurisdiccional sobre el que descansa buena parte del decreto.

En su cuenta de la red social X, Macri describió la medida. “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”, escribió el jefe de Gobierno. Y agregó: “Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”.

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