POLITICA
Subtes, colectivos y recolección de residuos deberán brindar servicios mínimos en la Ciudad de Buenos Aires los días de paro
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó un decreto que obliga a las empresas de subtes, colectivos y recolección de residuos a mantener entre el 50% y el 75% de su operación durante paros y medidas de fuerza gremiales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó la norma y la justificó como una respuesta directa al impacto que los conflictos sindicales generan sobre la vida cotidiana de quienes habitan o transitan la capital.
El decreto adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica determinadas actividades como “esenciales” o de “importancia trascendental” y fija para cada categoría un umbral mínimo de prestación. La medida apunta a impedir que una huelga suspenda por completo servicios que millones de personas utilizan a diario para desplazarse o para acceder a condiciones básicas de higiene urbana.
La iniciativa cubre tres sectores que el propio texto del decreto identifica como críticos para el funcionamiento de la Ciudad: el transporte público de superficie, la red de subterráneos y el Premetro, y la recolección de basura. Cada uno quedó encuadrado en una categoría jurídica distinta, con porcentajes mínimos diferenciados según el nivel de esencialidad que la ley nacional les asigna.
Las empresas de recolección de residuos fueron clasificadas como prestadoras de un servicio esencial, la categoría de mayor jerarquía dentro del esquema de la Ley 27.802. En consecuencia, deberán garantizar una cobertura operativa mínima del 75% ante cualquier medida de fuerza. El transporte público de pasajeros —colectivos, subte y Premetro— recibió la denominación de “actividad de importancia trascendental”, categoría que habilita un piso algo menor: el 50% de la prestación habitual.
Esa exigencia del 50% no se aplica al sistema de transporte en su conjunto, sino de forma individual a cada línea. Tanto las líneas de subterráneo como las de Premetro y los recorridos de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño deberán alcanzar ese umbral por separado. La aclaración no es menor: impide que una empresa compense el déficit de una línea paralizada con el excedente de otra en funcionamiento.
Para poner en marcha la norma en el sistema de subterráneos, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir, junto a la concesionaria Emova Movilidad S.A., las modalidades operativas concretas bajo las cuales se garantizará la circulación de trenes durante un conflicto gremial. La resolución de esos detalles quedó en manos de ambas partes, con la obligación de respetar el porcentaje fijado por la norma.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes. El decreto lleva las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.
El marco legal es la Ley 27.802 y sus modificaciones al artículo 24. La norma porteña no crea obligaciones desde cero, sino que se apoya en modificaciones ya vigentes a nivel nacional. La Ley de Modernización Laboral 27.802 introdujo cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo cuando estos pueden afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Ese artículo establece las garantías mínimas de prestación durante conflictos sindicales, y el decreto de Macri hace operativas esas disposiciones en el ámbito de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires asumió en forma exclusiva la regulación y fiscalización de las líneas de colectivos que operan dentro de su territorio, lo que le otorga competencia directa para exigir el cumplimiento de los porcentajes fijados. Esa transferencia de atribuciones es el sustento jurisdiccional sobre el que descansa buena parte del decreto.
En su cuenta de la red social X, Macri describió la medida. “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”, escribió el jefe de Gobierno. Y agregó: “Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”.
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POLITICA
La Ciudad obligará a los gremios de actividades esenciales a garantizar una cobertura mínima en caso de paro
El jefe de gobierno, Jorge Macri, anunció hoy que, en caso de huelgas de personal, los gremios de transporte de pasajeros y del servicio de recolección de residuos deberán garantizar una cobertura mínima en la ciudad. La medida del titular de Pro porteño se ampara en la reforma laboral aprobada a nivel nacional, que declara a ambos servicios como actividades prioritarias.
“Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios. Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad: subtes, recolección de residuos y colectivos de la Ciudad deberán garantizar niveles mínimos de servicio ante medidas de fuerza”, expresó el mandatario porteño en sus redes sociales.
Según establece el decreto 230/26 publicado en el Boletín Oficial, ante conflictos colectivos de trabajo que deriven en medidas de fuerza que afecten el normal funcionamiento del servicio, los gremios intervinientes en el sistema de recolección de residuos deberán garantizar una cobertura mínima del 75%.
En el caso de los servicios de transporte de pasajeros, se deberá garantizar una cobertura mínima del 50% del servicio en cada una de las líneas de subte y Premetro. La medida también alcanza a todas las líneas de colectivos que circulan exclusivamente por el territorio de la ciudad de Buenos Aires.
El decreto del jefe de gobierno se ampara en la Ley de Modernización Laboral, cuyo artículo 101 regula el alcance de las medidas de fuerza por conflictos colectivos de trabajo sobre ciertas actividades prioritarias. En este sentido, la normativa impulsada por el presidente Javier Milei establece que se debe garantizar una cobertura no menor al 75% en caso de servicios esenciales y al 50% en caso de servicios de importancia trascendental.
Entre otras actividades, el primer grupo abarca el cuidado de menores y educación de niveles inicial a secundario, los servicios sanitarios, hospitalarios y de transporte de medicamentos, las telecomunicaciones y el servicio de recolección de residuos.
Por su lado, se considera de importancia trascendental a los servicios de producción de medicamentos, transporte terrestre y subterráneo de personas o mercaderías, la industria alimentaria y los servicios bancarios, etc.
Ahora, con la iniciativa del Ejecutivo porteño, Jorge Macri vuelve a alinearse con los estándares nacionales propuestos por La Libertad Avanza (LLA) y refuerza su agenda de “ley y orden” en la ciudad. Rumbo a las elecciones de 2027, el titular de Pro en la ciudad viene ensayando guiños al oficialismo nacional y endureciendo su perfil para mostrar una impronta más estricta.
En línea con esa propuesta de control del espacio público, la semana pasada, el jefe de gobierno porteño logró reunir en la Legislatura porteña los votos necesarios para aprobar una ley “anti trapitos” para endurecer las penas contra cuidacoches y limpiavidrios que ejercen la actividad sin autorización legal. La iniciativa -que era un trabajo conjunto entre el bloque oficialista Vamos por Más y LLA- proponía una reforma del Código Contravencional en la ciudad y fijaba multas de hasta $6,6 millones y sanciones de hasta 30 días de arresto.
“Dejaron que esta mafia se apropiara de las calles. Dejaron que una banda de extorsionadores decidiera dónde podías estacionar. Ya no hay más advertencia. Si sos trapito, te meto preso”, sostuvo el mandatario de Pro en un video que compartió en sus redes sociales para celebrar la sanción del proyecto.
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POLITICA
Sorpresiva decisión: Adorni canceló el informe de gestión que iba a dar el 2 de julio en el Senado
Cuando en el recinto se está por tratar una interpelación en su contra con eventual moción de censura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, canceló de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto brindar el próximo 2 de julio en el Senado.
La imprevista decisión generó suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.
Los motivos de la suspensión no están claros. Infobae consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”. Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que no hubo preguntas de los bloques y los plazos vencieron.
Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.
En un nuevo gesto de respaldo por parte de la cúpula del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete estuvo acompañado en las reuniones con los senadores, que se llevaron adelante en tres tandas, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Los encuentros fueron a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. El primero de estos se realizó con Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). El segundo con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).
Asistió también el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que fue además la persona encargada de organizar el cónclave en la Casa Rosada.
Los otros tres senadores que tampoco pudieron estar fueron Luis Juez, que tenía compromisos en Córdoba, Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos hasta el 25 de junio, y María Emilia Orozco, que viajó a Colombia para ser veedora en las elecciones de ese país.
En paralelo, Bullrich está llevando adelante las negociaciones con el resto de los espacios para evitar que la oposición avance con los proyectos que buscan remover al ministro coordinador. La semana pasada, consiguió postergar hasta este jueves la sesión prevista para el anterior, pero acordó a cambio incorporar en el temario los pedidos de interpelación.
“La decisión de cancelar fue una propuesta de Bullrich que se conversó con Karina Milei y con Devitt, que estuvieron de acuerdo”, explicó un senador.
En tanto, a las 18:00 de este martes habrá reunión de labor parlamentaria en el Senado, durante la cual los partidos terminarán de definir los asuntos que se debatirán dentro de tan solo dos días.
Hasta el momento, Adorni no le había informado formalmente a la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su decisión de no asistir al recinto el 2 de julio.
“Tiene que venir una vez por mes a cada Cámara. Hasta ahora solo dio un informe de gestión en Diputados, así que no tiene argumentos para incumplir con el mandato constitucional“, cuestionaron en el círculo íntimo de quien fue la compañera de fórmula de Javier Milei.
La noticia también molestó a algunos de los aliados, que todavía analizaban la postura a tomar en caso de que prospere el proyecto de interpelación: “Si no viene es peor“.
Por su parte, las autoridades nacionales argumentaron que la cancelación de la visita se debe a que ningún bloque le envió las correspondientes preguntas.
Efectivamente, en el equipo del jefe de Gabinete no habían comenzado a preparar el discurso porque todavía no tenían -según adujeron- el cuestionario por parte de los legisladores, a los que les dieron 5 días hábiles para que cumplieran con ese trámite.
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El juez Ariel Lijo ordenó un allanamiento en el domicilio de Elías Piccirillo en el marco de una causa que investiga una supuesta amenaza al financista Francisco Hauque. La medida fue pedida por el fiscal Franco Picardi, según confirmaron fuentes judiciales a .
“Se pidió el secuestro de los dispositivos electrónicos”, puntualizó una fuente de la investigación.
Hauque había denunciado públicamente que sufrió amenazas de muerte. Y la semana pasada declaró en Comodoro Py en estricta reserva.
Piccirillo fue exesposo de Jesica Cirio, quien quedó en medio de la atención luego de que se difundieran videos con millones de dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde.
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