POLITICA
Subtes, colectivos y recolección de residuos deberán brindar servicios mínimos en la Ciudad de Buenos Aires los días de paro

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dictó un decreto que obliga a las empresas de subtes, colectivos y recolección de residuos a mantener entre el 50% y el 75% de su operación durante paros y medidas de fuerza gremiales. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó la norma y la justificó como una respuesta directa al impacto que los conflictos sindicales generan sobre la vida cotidiana de quienes habitan o transitan la capital.
El decreto adhiere a las modificaciones introducidas por la Ley de Modernización Laboral 27.802, que clasifica determinadas actividades como “esenciales” o de “importancia trascendental” y fija para cada categoría un umbral mínimo de prestación. La medida apunta a impedir que una huelga suspenda por completo servicios que millones de personas utilizan a diario para desplazarse o para acceder a condiciones básicas de higiene urbana.
La iniciativa cubre tres sectores que el propio texto del decreto identifica como críticos para el funcionamiento de la Ciudad: el transporte público de superficie, la red de subterráneos y el Premetro, y la recolección de basura. Cada uno quedó encuadrado en una categoría jurídica distinta, con porcentajes mínimos diferenciados según el nivel de esencialidad que la ley nacional les asigna.
Las empresas de recolección de residuos fueron clasificadas como prestadoras de un servicio esencial, la categoría de mayor jerarquía dentro del esquema de la Ley 27.802. En consecuencia, deberán garantizar una cobertura operativa mínima del 75% ante cualquier medida de fuerza. El transporte público de pasajeros —colectivos, subte y Premetro— recibió la denominación de “actividad de importancia trascendental”, categoría que habilita un piso algo menor: el 50% de la prestación habitual.
Esa exigencia del 50% no se aplica al sistema de transporte en su conjunto, sino de forma individual a cada línea. Tanto las líneas de subterráneo como las de Premetro y los recorridos de colectivos que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño deberán alcanzar ese umbral por separado. La aclaración no es menor: impide que una empresa compense el déficit de una línea paralizada con el excedente de otra en funcionamiento.
Para poner en marcha la norma en el sistema de subterráneos, el decreto instruye a la empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) a definir, junto a la concesionaria Emova Movilidad S.A., las modalidades operativas concretas bajo las cuales se garantizará la circulación de trenes durante un conflicto gremial. La resolución de esos detalles quedó en manos de ambas partes, con la obligación de respetar el porcentaje fijado por la norma.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo y Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia de la Ciudad, recibió la orden de convocar a las partes involucradas y arbitrar los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los porcentajes. El decreto lleva las firmas del ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; del ministro de Justicia, Gabino Tapia; y del jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny.
El marco legal es la Ley 27.802 y sus modificaciones al artículo 24. La norma porteña no crea obligaciones desde cero, sino que se apoya en modificaciones ya vigentes a nivel nacional. La Ley de Modernización Laboral 27.802 introdujo cambios al artículo 24 de la Ley 25.877, que regula los convenios colectivos de trabajo cuando estos pueden afectar servicios esenciales o actividades de importancia trascendental. Ese artículo establece las garantías mínimas de prestación durante conflictos sindicales, y el decreto de Macri hace operativas esas disposiciones en el ámbito de la Ciudad.
La Ciudad de Buenos Aires asumió en forma exclusiva la regulación y fiscalización de las líneas de colectivos que operan dentro de su territorio, lo que le otorga competencia directa para exigir el cumplimiento de los porcentajes fijados. Esa transferencia de atribuciones es el sustento jurisdiccional sobre el que descansa buena parte del decreto.
En su cuenta de la red social X, Macri describió la medida. “Se terminó la extorsión de un grupo de sindicalistas que usan a millones de porteños como rehenes para defender sus privilegios”, escribió el jefe de Gobierno. Y agregó: “Firmamos un decreto para que nunca más una minoría organizada pueda paralizar toda una Ciudad”.
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POLITICA
Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de dos juzgados del conurbano bonaerense

El presidente Javier Milei firmó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, una decisión que permitirá reforzar el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón continúan vacantes y son atendidos mediante un régimen de subrogancias. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Según pudo saber Infobae, la decisión fue adoptada tras un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la designación de Ana María Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi– para atender la situación de los dos juzgados federales que permanecen sin titulares y son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.
En la nota remitida a Mahiques, Salas explicó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón continúan siendo subrogados, una situación que obliga a otros magistrados federales a asumir, además de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales.
Ese esquema de funcionamiento se mantiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga para los jueces que intervienen en esas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de expedientes de la provincia de Buenos Aires.

No se trata de juzgados de escasa actividad. Moreno y Morón concentran investigaciones por algunos de los delitos más complejos de competencia federal. Entre ellos figuran causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública, crimen organizado y otras investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan en el oeste del conurbano bonaerense. Esa realidad fue uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar el refuerzo de la estructura judicial de la jurisdicción.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las subrogancias constituyen una solución transitoria, pero que la acumulación de causas y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados deben atender simultáneamente expedientes de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes de investigación y audiencias, además de las responsabilidades propias de sus juzgados de origen.
Frente a ese escenario, la Cámara Federal de San Martín impulsó la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal todavía no fue puesto en funcionamiento, por lo que la magistrada permanecía a la espera de asumir funciones.
La propuesta elevada por Juan Pablo Salas consistió en aprovechar esa circunstancia para incorporar a la magistrada al fuero federal y aliviar la situación de Moreno y Morón mientras continúa pendiente la apertura efectiva del nuevo juzgado de Hurlingham.
La firma del decreto presidencial completa ahora el procedimiento constitucional previsto para su nombramiento y permitirá su incorporación al fuero federal mientras continúa pendiente la puesta en funcionamiento de ese tribunal.

Qué dice el decreto
El Decreto 589/2026 fue firmado por Milei y Mahiques y establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido aprobado previamente por el Senado y únicamente restaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar el nombramiento.
Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de la magistrada permitirá aliviar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada. De esa manera, la Cámara Federal de San Martín busca reducir el impacto que producen las vacantes existentes en ambos tribunales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas.
La decisión se inscribe además en el proceso de cobertura de cargos vacantes que impulsa el Ministerio de Justicia desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a completar cargos que ya habían obtenido acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir el número de tribunales federales que actualmente funcionan mediante subrogancias.
El nombramiento de Juan también se produce mientras permanece sin resolución otra designación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli.

El 4 de junio pasado, la Cámara alta aprobó el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, pese a que previamente la Casa Rosada había intentado retirar esa candidatura del Congreso.
Como informó Infobae, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación y procuró sin éxito evitar que el Senado avanzara con la votación. Finalmente, la Cámara alta otorgó el acuerdo constitucional, aunque el procedimiento todavía no fue completado.
A diferencia de lo ocurrido con Ana María Juan, cuyo nombramiento quedó formalizado este miércoles mediante el decreto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no firmó el decreto correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata permanece pendiente.
En ámbitos judiciales señalan que ambos casos responden a situaciones diferentes. Mientras la designación de Juan fue impulsada por una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes concretas en Moreno y Morón, la situación de Michelli continúa bajo análisis del Poder Ejecutivo luego de la controversia política que rodeó el tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación permitirá reforzar el funcionamiento de una jurisdicción estratégica para la investigación de delitos federales complejos, mientras continúa pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
POLITICA
El mensaje de Victoria Villarruel antes de la semifinal de la Selección contra Inglaterra: «No es un partido más»

La vicepresidenta Victoria Villarruel calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra al calificar a los británicos como “piratas usurpadores” y sostuvo que el encuentro no puede separarse del reclamo por las Islas Malvinas.
“Mañana (por hoy) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, comenzó Villarruel en la publicación difundida alrededor de la medianoche.
La vicepresidenta relacionó el partido con la soberanía de las Islas Malvinas, el recuerdo de Diego Maradona y la posibilidad de que sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi.
“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.
Luego cerró: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.
La postura de Villarruel contrastó con la de Lionel Scaloni, que durante la conferencia de prensa previa al encuentro pidió evitar que el partido se vinculara con el histórico conflicto por las Islas Malvinas.
“Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas”, expresó el entrenador de la Selección argentina.
El Gobierno rechazó el pedido de asueto presentado por ATE
La publicación de Villarruel se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei descartara el pedido de la Asociación Trabajadores del Estado para suspender las actividades desde el mediodía por la semifinal.
ATE había solicitado un cese de tareas desde las 12 para los empleados de la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados, los entes públicos y las empresas y sociedades del Estado.
El pedido fue rechazado por el Ejecutivo. En cambio, Ramiro Marra, exintegrante del espacio libertario, se manifestó a favor de interrumpir las actividades.
Leé también: Argentina-Inglaterra: preparan un operativo especial de seguridad y prevén un corte en la zona del Obelisco
“Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar”, publicó en X.
El encuentro fue considerado por la FIFA como un partido de “alto riesgo”. Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habrá un operativo de 1600 policías y estará prohibido ingresar al estadio con botellas, carteles, banderas o mensajes de contenido político, racial o provocativo.
Victoria Villarruel, Mundial 2026, Argentina, Inglaterra
POLITICA
El Gobierno estabilizó la conversación digital tras la salida de Adorni y habla de un repunte en la imagen

“Todavía es muy pronto para medir con certeza el impacto, pero fue positivo”, admitió ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial respecto de la afectación que tuvo en la imagen del Gobierno la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. No obstante, hay quienes hablan de un recupero “multicausal” en los números que miden la valoración de la administración libertaria.
En Casa Rosada sostienen que la renuncia del exfuncionario de paladar libertario descomprimió el tema en los medios de comunicación y les permitió “equilibrar” la conversación en redes sociales. Sin embargo, enumeran varios factores, algunos de ellos económicos, para explicar el repunte.
“Hubo una leve recuperación, pero lo que cambió fue la cobertura de medios sobre el Gobierno. También cambió la conversación en redes sociales, que dejó de ser mayoritariamente negativa para pasar a una más equilibrada, algo que no pasaba desde marzo”, admitió ante este medio una voz al tanto de las mediciones.
Según quienes siguen de cerca estas mediciones, la mejora responde a una combinación de factores. Entre ellos, la salida de Adorni —que, según detectan, concentraba el grueso de las noticias negativas del Gobierno tras 112 días de escándalo y casi nueve millones de menciones en el ecosistema digital— y el efecto del Mundial 2026, que se disputa desde mediados de junio y que finalizará el próximo fin de semana.

A eso le agregan una combinación de novedades positivas que le atribuyen al programa económico con otros temas que impactan en la oposición como los movimientos en la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “Gran parte se debe a la salida de Adorni, pero también está el Mundial y luego, en menor medida una combinación de buenas noticias económicas y algunas malas del resto”, explicaron desde el oficialismo ante este medio.
La postura es compartida por varios en Balcarce 50 que ven cómo la repercusión del caso parece haber mermado en los medios tras la renuncia al tiempo que se parece haberse neutralizado en la conversación digital, una de las principales preocupaciones que marcó al Gobierno en los últimos meses, aunque se muestran expectantes respecto a la investigación judicial.
“No está claro que el repunte sea estrictamente por ‘la salida de Adorni’. Sí, lógicamente, descomprimió la agenda, pero es siempre una cuestión multicausal”, coincidió un hombre que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.
Si bien evitan hablar de cifras, hay quienes sostienen que en función de las propias mediciones, el presidente Javier Milei se encuentra en torno a los 38 puntos de imagen positiva, y detectan una “leve mejora en las expectativas”. “La baja de la inflación, la baja del riesgo país, el logro de mejores tasas sumado a lo de Adorni y el humor social que produce el Mundial”, enumeraron ante este medio.

Hace casi un mes, la plana oficialista admitía con preocupación que el tema Adorni había invadido las redes sociales y alertaban que el exfuncionario le ganaba en menciones negativas al propio Presidente. Los datos que referenciaban correspondían al relevamiento de AdHoc realizado el jueves 11 de junio, el día después de la última entrevista televisiva de Adorni, que lejos de cerrar la discusión, volvió a instalar el caso en la agenda.
La misma consultora registró que junio fue el quinto mes consecutivo en el que las publicaciones negativas superaron a las positivas sobre Milei en el ecosistema digital. En promedio, registraron 53% de menciones negativas, 38% positivas y 9% neutras, pero también una merma en el volumen de menciones que cayeron un 32% respecto de octubre de 2025. Otro dato significativo de la medición es que la senadora Patricia Bullrich fue la figura que más positividad le aportó a la imagen del Poder Ejecutivo con el 43,6% de aceptación, apenas por encima de la negativa que cosecha.
Poco más de un mes después, en las filas libertarias garantizan que el cambio en la Jefatura de Gabinete, con el posterior desembarco de Diego Santilli, le permitió al Gobierno recuperar la actividad, en particular la dinámica legislativa, y correr de la agenda mediática el caso.
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