POLITICA
Tenso cruce entre Grabois y Benegas Lynch durante una comisión en Diputados: “No te hagas el cancherito”

La reunión conjunta de comisiones en la Cámara de Diputados que trató los acuerdos de conciliación entre la Argentina, Bainbridge Ltd. y un grupo de acreedores derivó en una fuerte discusión con insultos incluidos entre Juan Grabois y Alberto “Bertie” Benegas Lynch.
El episodio ocurrió durante el plenario en el que el oficialismo consiguió dictamen para avanzar con el tratamiento de los convenios alcanzados con los acreedores. La discusión comenzó cuando el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó que se le concediera la palabra a Grabois.
Ante el planteo, Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, respondió que el turno del dirigente social sería otorgado más adelante y cuestionó que hubiera sido incorporado a la lista de oradores sin su intervención. El intercambio generó malestar entre los legisladores opositores y provocó la inmediata reacción de Grabois desde el fondo del recinto.
“No te hagas el cancherito. Hablame bien”, protestó el dirigente. Desde la presidencia de la comisión, Benegas Lynch le respondió: “Estoy hablando yo, Grabois. Callate”.
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La tensión fue en aumento y el referente de Patria Grande redobló la apuesta. “Te está pidiendo la palabra para un diputado. No te hagas el cancherito, te queda bastante mal. Sos bastante pelo…”, expresó. El legislador libertario replicó: “Habla tanto de vos, Juan, como de mí”.
Más de una hora después, cuando finalmente le concedieron la palabra, Grabois retomó el enfrentamiento apenas encendió el micrófono. “Gracias, genio”, ironizó.
La respuesta de Benegas Lynch no tardó en llegar: “Tratá de elevar un poquito el nivel del Congreso”. “Si lo elevo al tuyo, va a ser al nivel de una suela… Pero si querés que me apure…”, contestó Grabois, profundizando el clima de confrontación.
Mientras el presidente de la comisión insistía con que mantuviera las formas durante su exposición, el dirigente social lo interrumpió: “Callate un poquito la boca y dejame hablar”.
El cruce continuó con acusaciones mutuas y referencias personales. En uno de los pasajes más tensos, Benegas Lynch le dijo: “¿Vos creés que me afecta algo lo que digas? Después nos encontramos en la calle, vestido de jean y zapatillas, y me saludas. Y acá te hacés el picante”.
Grabois cerró la discusión con una invitación directa: “Yo ahora estoy vestido de zapatillas y jean. Si querés, nos encontramos ahora en un rato. No tengo problema”.
Tras ese intercambio, la reunión continuó con el tratamiento del expediente y la firma del dictamen impulsado por el oficialismo.
Juan Grabois, Alberto Benegas, Diputados
POLITICA
Milagros posibles e imposibles para Messi

Los estudios que indagan a la opinión pública registran una nube de negro malestar que oprime a la sociedad argentina. Los que confiesan tener bronca suman casi un 40%. Y los que se sienten tristes o desanimados superan el 37%. Es un desasosiego similar al que esas mismas encuestas comenzaron a identificar durante la cuarentena de 2020. Un estado de ánimo que operó como impulso para la llegada al poder de Javier Milei. Sobre ese clima emocional se recortan los tres prodigiosos goles de Lionel Messi contra Argelia. ¿Conseguirá la magia de ese profesional excepcional, capitán de una selección exitosísima, poner en suspenso la depresión colectiva? Es evidente que ya consigue otro efecto: dejar de lado, siquiera por un rato, el enfrentamiento de áspera polarización que separa a los argentinos. Un milagro quizá superior a los tres goles.
Aun con ese atractivo el mundial de América del Norte no alcanza para que la política siga manifestando sus tensiones. En el Senado se ha formado una mayoría en condiciones de derribar no la pieza más preciada, pero sí la más defendida, del ajedrez de los Milei. La obstinada permanencia de Manuel Adorni podría agigantar la crisis política que sus inconductas han provocado en el oficialismo facilitando el primer voto de censura a un jefe de Gabinete desde que existe ese cargo en la Constitución. Para evitar la defenestración parlamentaria de Adorni, que tiene un catastrófico potencial escenográfico, el Presidente debería solicitarle la renuncia. Ahora se entienden mejor los gestos de Patricia Bullrich. Su progresivo distanciamiento del debilitado funcionario tenía el carácter de una prevención: alguien con la experiencia legislativa de Bullrich estaba en condiciones de prever con mucha antelación que el vehículo oficial corría en línea recta hacia un murallón.
La decisión del Senado convierte cualquier pronunciamiento judicial sobre Adorni en una decisión tardía. Si, al cabo de una indagatoria desafortunada, Ariel Lijo lo termina procesando, la espada se habrá desplomado sobre un dirigente ya decapitado. El justiciable tendrá, esta vez sí, derecho a decir “es un episodio de mi vida privada”. Por esa razón Juan Bautista Mahiques no deberá sentirse apremiado en sus conversaciones con Lijo, el eventual verdugo de Adorni, con quien comparte una estadía en Paris. Ambos son parte de la comitiva que asiste a una asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo destinado a combatir el lavado de dinero. Es verdad que hay mucha fantasía sobre este encuentro parisino entre Mahiques y Lijo. Ambos compiten por la Procuración General de la Nación. Pero es una rivalidad episódica. El nivel de afinidad que conservan entre ambos, y que exhiben inclusive durante este viaje, los puede reunir en cualquier rincón de Buenos Aires. Sobre todo si en el motivo hay “efectividades conducentes”.
Una secuencia similar a la de Adorni en el Senado se verificó en relación con otro, por llamarlo de algún modo, percance de los hermanos Milei: el tratamiento del pliego de María Verónica Michelli como camarista de un tribunal oral federal de La Plata. Los senadores no creyeron que ser cuñada de un periodista, Hugo Alconada Mon, constituía una incompatibilidad de la candidata. Le concedieron el acuerdo y dejaron al Presidente en una encerrona política y jurídica.
El Senado se ha convertido en un terreno de arenas movedizas para La Libertad Avanza. Ahora la crisis Adorni paraliza ese cuerpo y obstruye decisiones importantísimas. Entre ellas, la aprobación de una tonelada de pliegos judiciales que se prepara para enviar el Poder Ejecutivo a la Comisión de Acuerdos. La Cámara alta ya dio el visto bueno para 74 candidatos, entre los que está la doctora Michelli. El Ministerio de Justicia tiene preparadas 300 propuestas para remitir a los Senadores. Y el Consejo de la Magistratura ya giró a ese ministerio 13 ternas judiciales. Hay términos institucionales que también aceleran el reloj. Hacia septiembre casi todos los miembros de ese Consejo deberán dejar su butaca por una renovación de autoridades. Ya hay una controversia al respecto: el camarista Diego Barroetaveña acaba de solicitar una declaración de certeza en el fuero Contencioso-Administrativo porque, según él, podría tener derecho a la reelección.
Milei y su hermana son conscientes de lo que significa el proceso de designación de magistrados: antes de terminar el año podrían cubrir un número de vacantes equivalente al 30% del Poder Judicial. Nunca visto. Entre esos cargos hay algunos estratégicos. Por ejemplo, dos miembros de la Cámara Federal de la Capital. Es decir, dos jueces que terminarán revisando casos como el de Adorni, $Libra o Andis, que todavía están tratándose en primera instancia. Hay también otro camarista a ser reemplazado: Martín Irurzun, que el 18 de julio cumple 75 años y para quien el Ministerio de Justicia no envió un pliego que prorrogue su designación. Un criterio divergente de que se aplicó con papá Mahiques, Carlos, para la Cámara de Casación.
En conversaciones informales se había previsto que el Senado sesionara el 8 de julio para aprobar otra avalancha de jueces. A Adorni se lo espera el 2 de julio. Si se consigue postergar su citación, el trámite judicial también quedará demorado. Quiere decir que un sector importante del gabinete y buena parte del Poder Judicial con interés en las nuevas designaciones están presionando sobre el debilitadísimo Adorni.
La cobertura de estos vacíos en la Magistratura llevó al Ministerio de Justicia a aprobar un decreto simplificando el trámite administrativo de designación de jueces. El decreto incluye los cargos de la Corte. Ese detalle induce a una especulación: Milei habría cambiado de criterio y estaría dispuesto a postular ahora a dos candidatos para completar el máximo tribunal. Un episodio posterior a la emisión de esa norma reforzó la verosimilitud de esta posibilidad. Fue una visita de Ricardo Lorenzetti al Presidente en la que el juez sugirió la designación del camarista de Casación Mariano Borinsky y de la camarista federal en lo Penal Económico Karina Perilli.
Alrededor de la jugada de Lorenzetti se han desplegado múltiples lecturas. La más previsible tiene que ver con la tenacidad de este magistrado: vuelve a aconsejar candidatos a la Corte después del estrepitoso fracaso que encarnó su último ahijado, Lijo. A propósito de Lijo, llamó también la atención que entre los recomendados no figurara el próximo procurador general, que es la función que pretende ejercer el viajero de París.
Una tercera curiosidad del movimiento de Lorenzetti es que haya puesto a circular dos apellidos con lo que, parece, sería una gran antelación. Es cierto que el recordado Esteban “Bebe” Righi solía decir que “en la Argentina, mejor que ser algo es ser candidato a algo”. Pero en una época tan dominada por la agresividad, “ser candidato a algo” suele aparejar un desgaste innecesario.
El lanzamiento de Borisnky, por ejemplo, pone en primer plano uno de sus últimos fallos como integrante de la Sala IV de la Cámara de Casación. Se trata del escandaloso sobreseimiento de los financistas que gestionaron ante del banco suizo Lombard Odier la apertura de cuentas a favor de los hijos de Lázaro Báez, por 21 millones de dólares. Esos empresarios, que trabajan en la firma Provalor, son José Jabbaz, Mariano Rubinowicz, Alex Fallas y Jorge Ruiz, y fueron sobreseídos. Apenas se los obligó a cumplir con el suave rigor de una probation. Esa fue la decisión del juez Javier Carbajo, a la que adhirió su mentor de todas las horas, Borinsky. En cambio, el camarista Gustavo Hornos votó en disidencia.
Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz habían sido señalados por Leonardo Fariña, una vez que este acusado decidió convertirse en imputado colaborador, es decir, arrepentido. Entre otros detalles, Fariña consignó que ellos fueron los que constituyeron la off shore Teegan Inc., de Belice, a través de cuyas cuentas circuló el dinero de los Báez. O de los Kirchner, según sugirieron Jabbaz y compañía.
Los expertos en Derecho Penal apuntan varias rarezas en este pronunciamiento. La más llamativa: fueron condenados los que originaron toda la maniobra, empezando por Lázaro Báez, Leonardo Fariña, Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar y Fabián Rossi, y los que la culminaron, los ejecutivos del Lombard Odier, Juan Alberto De Rasis y Martín Eraso. En cambio, los que facilitaron el delito como intermediarios entre esas dos puntas quedaron absueltos. Esta excentricidad está destinada a tener repercusiones internacionales. Porque la de la “Ruta del Dinero K” fue una causa de lavado de dinero que mereció el aplauso del GAFI, por la claridad de la sanción y la recuperación de los activos de apropiación ilegal, que suman por lo menos 55 millones de dólares. Ojalá el GAFI no se entere de este nuevo tramo que, en esencia, suministra impunidad.
Los especialistas observan algunos detalles. Uno es que el Código Penal sólo admite la concesión de la probation en delitos menores, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del fiscal. El de Jabbaz y los demás financistas de Provalor es un delito mayor, como arguyó Hornos, y, además, el fiscal rechazó el beneficio. Es cierto: la Cámara anuló el pronunciamiento del fiscal, algo que ocurre en escasísimas oportunidades, con lo cual eludió esa exigencia del Código.
Otra peculiaridad es que, cuando recibieron el caso, que elevó a juicio el juez Sebastián Casanello, los miembros del Tribunal Oral 4, Néstor Costabel, Adriana Paliotti y Gabriela López Iñiguez, resolvieron realizar un único juicio oral. Pero la defensa de los financistas, encabezada por Mariano Cúneo Libarona, logró que Jabbaz, Rubinowicz, Fallas y Ruiz tuvieran un juicio independiente. Así Borinsky y Carbajo pudieron suspender ese debate público y otorgarles la probation. El Tribunal Oral había rechazado ese pedido. También lo rechazó el Estado, a través de ARCA, que intervino como querellante.
Para muchos penalistas prestigiosos, el fallo firmado por Borinsky y Carbajo tiene una enorme trascendencia, entre otras razones, porque pone en tela de juicio los compromisos internacionales contraídos por la Argentina en materia de lucha contra el lavado de dinero. Borinsky no debe ignorarlo porque solía asistir a reuniones del GAFI como la que hoy se celebra en París.
Más allá de esta gravedad, existe todo un folclore alrededor del caso. Jabbaz no es un desconocido en la vida política. Durante la campaña de 2023, su apellido apareció asociado a aportes de campaña del sector textil protegido por el régimen especial de Tierra del Fuego. Como en el caso de Báez, Jabbaz habría sido intermediario entre esos empresarios y la campaña de Sergio Massa. Hay otros pormenores, indignos de ser tomados en consideración. Por ejemplo, que comparte club con el juez Borinsky. Minucias.
Si es por establecer conexiones inconvenientes, así como Jabbaz fue defendido por el exministro Cúneo Libarona, tres de los hijos de Báez tuvieron la defensa del actual viceministro de Justicia, Santiago Viola. Fue en esa tarea que Viola intentó enredar a Casanello en una causa basada en testigos falsos: se lo acusaba de haberse reunido en la residencia de Olivos con Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La intención de esa acusación fraudulenta habría sido arrebatar el expediente a Casanello para ponerlo en manos de María Servini de Cubría, íntima amiga de la mamá de Viola, Claudia Balbín. En esa maniobra intervino el fallecido fiscal Eduardo Miragaya, alter ego de Servini. Viola fue procesado pero la Cámara de Casación revocó el fallo de la Cámara Federal. Firmaron a favor de Viola los jueces Borinsky y Carbajo. Uno de los auspiciantes informales de Viola en aquel proceso era el ministro Mahiques, su superior en estos días.
Que Borinsky, candidato a la Corte, haya beneficiado a Jabbaz con un fallo muy cuestionable, podría ser motivo de un disgusto con un eventual colega suyo: Carlos Rosenkrantz. Versiones muy confiables aseguran que Jabbaz prestó alguna colaboración en la confección de cuentas apócrifas atribuidas a Rosenkrantz en el exterior. Las maledicencias de tribunales siempre señalaron a Lorenzetti detrás de esa maniobra. Es obvio que Lorenzetti repudia, indignado, esa imputación. La investigación está a cargo de su ex ahijado Lijo. Como de costumbre, el expediente está dormido.
Tal vez Milei siga sin pretender completar la Corte. Pero si cambia de opinión debería prestar atención a esta trama judicial. Los tribunales son hoy la principal oposición al Gobierno. Fue también un escándalo penal el que abortó una de las operaciones administrativas más ambiciosas del oficialismo: la extensión de la concesión de la administración de los aeropuertos a Eduardo Eurnekian, por 30 años con opción a otros diez. El acuerdo había avanzado en el ORSNA cuando era presidido por Facundo Leal, el funcionario al que descubrieron más de 2 millones de dólares, drogas pesadas y equipos de espionaje durante un allanamiento. Ese organismo de control registró el pacto en un acta que no se sabe por qué es secreta.
Leal dependía de Santiago Caputo, el “Mago del Kremlin”. Su sucesora, Noelia Ruiz, también. Ella se hace llamar “la killer de Santi”. En esa condición, el miércoles de la semana pasada Ruiz canceló el acuerdo que había llevado adelante Leal. En el acta, que no es secreta, se establece que habrá una nueva negociación. Es importante conocer la posición de la rigurosa secretaria de Legal y Técnica María Ibarzábal, que reporta también al “Mago” y ha sido reticente a todo este procedimiento. No hace falta aclarar: Leal estaba por extender un beneficio importantísimo a la empresa en la que había sido empleado el Presidente. Los que empujaban ese trámite soñaban con que fuera aprobado durante el campeonado de América del Norte.
Esa relación entre la Argentina y el mundial de fútbol contrasta con la que ayer ofrecieron Messi y Lionel Scaloni. Ayer ambos volvieron a mostrar su marca: eficacia, sencillez, emoción. Esa modalidad quedó cifrada en las lágrimas de Scaloni cuando abrazó a Messi, que dejaba el campo de juego después de su prodigio. Un espejo saludable y, a la vez, extrañísimo, en el que se podría mirar la dirigencia argentina. A veces vale la pena comparar porque, como decía Goethe, “el ser radica en las profundas fortalezas del estilo”.
Carlos Pagni,Conforme a
POLITICA
En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave

El oficialismo logró los dictámenes de los proyectos de super-RIGI y del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda de 2001. Ambas iniciativas quedaron en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsará La Libertad Avanza, aunque todavía hay dudas sobre su realización por la tensión política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La convocatoria será solicitada por el bloque oficialista, con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el escenario abierto por el caso Adorni pueda demorar la estrategia legislativa de la Casa Rosada.
En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch, el oficialismo consiguió el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID.
Ese último bloque sumó, a través del diputado Eduardo Falcone, un agregado que beneficia a industrias locales: un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula establece que, del total de pagos a proveedores, al menos el 20% deberá destinarse a proveedores locales.
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El dictamen de mayoría reunió 61 firmas. Entre los apoyos se destacan los representantes de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta y Misiones; el bloque Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, la fuerza provincial de Marcelo Orrego.
Los dictámenes en contra
La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Germán Martínez, rechazó la iniciativa. El diputado cuestionó que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo” y recordó el rechazo del Congreso a las facultades delegadas que Javier Milei había reclamado durante el tratamiento de la Ley Bases.
Desde Provincias Unidas también firmaron un dictamen de minoría el radical crítico Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, quienes cuestionaron el programa del Gobierno. “La Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores de la economía van a ser los elegidos y los colma de beneficios de todo tipo: impositivos, cambiarios y aduaneros. Les da estabilidad por 30 años y les prorroga la jurisdicción judicial, ante cualquier disputa, bien lejos de los jueces argentinos”, plantearon.

El Frente de Izquierda también rechazó la medida, a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.
Con este nuevo régimen, el Poder Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.
La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.
El proyecto
La iniciativa, que busca la sanción de la Cámara de Diputados para luego pasar en revisión al Senado, crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI. El objetivo es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.
La norma se aplicará en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso a los incentivos nacionales previstos en la ley requerirá la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios correspondientes. Sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios establecidos.
Según el oficialismo, la norma apunta a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer nuevas actividades de gran escala en industrias que actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de avance sea experimental o piloto.
Otro de los objetivos es fomentar la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las grandes inversiones en nuevas industrias.
El desarrollista Eduardo Falcone celebró que el oficialismo haya aceptado incorporar una cláusula para promover la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. “Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, sostuvo.
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Acuerdo con los bonistas
La otra iniciativa que La Libertad Avanza logró dictaminar fue el acuerdo de conciliación celebrado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, y el entendimiento con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.
Durante el plenario expusieron ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.
La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con sanción del Senado, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.
En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia hubo cruces entre los distintos sectores políticos. La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a los planteos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los denominados fondos buitre.
“Hay que decir cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y a las puertas de una inflación. Desde 2003, este Congreso fue testigo de las más erráticas, absurdas y erróneas políticas económicas mezcladas con ideología. Nos dejaron con un juicio a YPF que este Gobierno pudo resolver”, sostuvo Giudici.
El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El entendimiento establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.
El acuerdo prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.
Diputados, La Libertad Avanza, Congreso
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El juez Lijo y el ministro Mahiques participan juntos de un encuentro del GAFI en París

El Gobierno difundió hoy una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en una cumbre del GAFI, en París, donde el organismo internacional antilavado destacó la participación del Poder Judicial argentino en la delegación.
El viaje estuvo cargado de suspicacias, ya que Lijo es el juez federal que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. No trascendió si en el viaje ambos funcionarios conversaron sobre la causa.
Lijo integró una delegación del Poder Judicial que expuso ante el GAFI junto al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juzgado de Lijo y candidato a juez federal de Lomas de Zamora.
También asistió Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo especializado en prevención del lavado de dinero del gobierno argentino.
El viaje se extenderá hasta el viernes. El Gobierno informó, tras el encuentro de este miércoles, que “el GAFI ponderó la participación del Poder Judicial en la delegación argentina”. El GAFI es un organismo internacional que evalúa periódicamente las políticas argentinas en materia de lavado. Esta reunión es un plenario, del que participan los países que son parte del grupo. Se discute la evaluación de otros estados -esta vez, no le toca a la Argentina- y se analizan políticas generales.
El viaje de Lijo en la misma comitiva que Mahiques es un hecho que generó interés para la política, además, porque el ministro de Justicia está alineado con Karina Milei en la interna del Gobierno, mientras que a Lijo se lo señala como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, enfrentado con Karina Milei. Cada uno representa a un sector distinto de Comodoro Py y quedaron en tensión por los últimos pliegos enviados al Congreso.
Lijo fue uno de los candidatos a la Corte que eligió Milei, pero no consiguió el acuerdo del Senado.
Además de la causa contra Adorni por su patrimonio, Lijo tiene otras causas sensibles para el Gobierno, como la investigación de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está procesado Diego Spagnuolo, entre otros. Por todo ello, las suspicacias en torno al viaje son múltiples.
Integrantes de la comitiva consultados por explicaron que este viaje es una misión técnica, donde la Argentina buscó exponer avances en la lucha contra el lavado de dinero. Se quejaron de que se presenta mezclar el trabajo de esta delegación con asuntos políticos domésticos.
Fuentes del Gobierno dijeron que Mahiques mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Informaron que se abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se habló de la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.
Thomson destacó el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas. Mahiques le dijo a Thomson que las políticas del Ministerio de Justicia y la UIF están alineadas con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI.
La delegación argentina también mantuvo una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.
que investiga,Conforme a
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