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POLITICA

Nuevas medidas del fiscal: indaga sobre las operaciones de Adorni con criptomonedas y una compra de blanquería por $8 millones

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El fiscal Gerardo Pollicita profundizó la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una serie de medidas que alcanzan a la familia del funcionario, sus antecedentes laborales y al universo de las plataformas de criptomonedas.

Apuntan también a verificar las primeras explicaciones públicas que ofreció el jefe de Gabinete sobre su drástico crecimiento patrimonial, durante la entrevista con el periodista José Del Rio, en LN+, justo antes de presentar su largamente anunciada declaración jurada.

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Entre las medidas, Pollicita solicitó al canal el envío de una copia sin editar de aquella entrevista, en la que Adorni explicó que la principal modificación que introdujo en su declaración jurada fue la incorporación de más de US$500.000 que había atesorado en criptomonedas. Esa nota salió en vivo, el miércoles pasado, sin edición de ningún tipo.

Dijo que US$200.000 fue el capital que invirtió en Bitcoin y otros US$300.000 las ganancias que obtuvo. Ese ingreso quedó reflejado en una rectificación realizada sobre su declaración jurada de 2023, en la que incorporó una “venta de activos” por un total de US$565.000, una cifra que le permitió al funcionario restituir el balance entre sus ingresos y egresos.

El fiscal Gerardo PollicitaENRIQUE GARCIA MEDINA

En la entrevista, Adorni sostuvo que obtuvo ganancias por US$300.000 luego de operar con Bitcoin a partir de los años 2013 y 2014. Por eso, el fiscal le pidió a la Comisión Nacional de Valores que informe qué plataformas, exchanges, billeteras, custodios, intermediarios y proveedores de servicios de activos virtuales operaron en el país desde 2012.

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En esa línea, el viernes, pidió a un órgano especializado la realización de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin en dólares desde 2013 hasta la actualidad.

Las medidas que ordenó el fiscal Pollicita alcanzan también a dos countries. A la administración del Golf Club Indio Cua −donde Adorni alquiló una casa y luego compró otra− le solicitó los registros de ingreso y egreso entre noviembre de 2024 y agosto de 2025.

A la administración del barrio privado Fincas de Iraola 2, en La Plata, le pidió que informe si Silvia Pais, madre de Adorni, reside actualmente allí.

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La medida se dispuso a partir de una noticia que la situaba viviendo dentro de ese barrio. El fiscal quiere saber si esto es así y bajo qué términos se concretó la supuesta mudanza: pidió datos sobre montos pactados, modalidad de pago y eventuales pagos por adelantado.

El juez federal Daniel Rafecas

El fiscal también solicitó información al juzgado de Daniel Rafecas, donde tramita la causa en la que está investigado Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, también por presunto enriquecimiento ilícito. Pollicita busca determinar si existe algún tipo de vinculación entre ambos casos.

Al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en tanto, el fiscal le pidió información sobre eventuales vínculos laborales del funcionario con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores, una institución educativa privada sin fines de lucro.

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La ANSES, en tanto, deberá aportar al caso la historia laboral completa de Adorni junto con la de su pareja, Bettina Angeletti, desde 2012.

Si bien el funcionario evitó dar explicaciones acerca de los gastos de su tarjeta de crédito -que duplican sus ingresos formales-, en la entrevista con Del Rio Adorni puso de relieve que su mujer había tenido “cargos gerenciales” en el mundo privado.

Además, la fiscalía solicitó información al juzgado civil de La Plata en el que tramita la sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni, para tener un cuadro de situación respecto a aquel trámite y saber qué bienes fueron denunciados, si había dinero en efectivo, cuentas o alguna moneda extranjera, entre otras variantes. El funcionario afirmó haber encontrado dinero en el departamento de su padre, sobre cuyo departamento pesaban tres embargos.

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El fiscal ordenó también a la División Antifraude de la Policía Federal un relevamiento amplio de “fuentes abiertas” para reunir toda la información disponible en redes sociales, medios, entrevistas o videos, en los que Adorni haga algún tipo de alusión a las criptmonedas o se refiera a alguna billetera virtual.

Es que, luego de la entrevista, comenzaron a circular videos viejos de Adorni que tensionaron su explicación sobre una presunta ganancia de 300 mil dólares en activos digitales. En uno de ellos, afirmaba no estar del todo familiarizado con las criptmonedas y en otro, posterior a su supuesta ganancia, desaconsejaba el bitcoin como inversión.

Manuel Adorni, en problemasTOMAS CUESTA – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otra de las medidas se deriva de la línea que abrió en la investigación Matías Tabar, el contratista que dijo haber cobrado en negro 245 mil dólares por refacciones hechas en la casa de Indio Cua. Del análisis forense de su celular –todavía en curso- surgió una compra de más de 8 millones de pesos en una tienda de que vende artículos como sábanas, toallas, fundas, acolchados y cubrecamas.

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La factura fue hecha a nombre de Gisela Kocsis, que desde hace varios años forma parte del personal de planta del Gobierno, segun pudo averiguar este medio. El fiscal pidió al local, llamado Rosen The Store, que envíe toda la información registrada sobre la operación, el pago, la entrega y el destino de los productos.

Las declaraciones juradas del funcionario, en tanto, ya forman parte del expediente judicial y serán incorporadas en la cuenta final en la que trabaja el personal de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Con ese trabajo concluido, el fiscal podría convocar a Adorni para pedirle explicaciones.




explicaciones públicas,sucesión del padre de Adorni, Jorge Adorni,Federico González del Solar,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Habló de «dignidad». La frase explícita de Rodríguez Larreta sobre la situación de Adorni,,Trastienda. En el Gobierno admiten el impacto del caso Adorni en la gestión y se resignan: “El Mundial no va a alcanzar”,,Presión a Adorni. Una agrupación opositora protestó frente a su departamento: ollas populares y firmas para su salida

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En medio de la crisis por Adorni, el Gobierno logró avanzar en Diputados con dos proyectos clave

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El oficialismo logró los dictámenes de los proyectos de super-RIGI y del acuerdo con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda de 2001. Ambas iniciativas quedaron en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 24 de junio, en una sesión especial que impulsará La Libertad Avanza, aunque todavía hay dudas sobre su realización por la tensión política que atraviesa el Gobierno por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria será solicitada por el bloque oficialista, con la firma de su presidente, Gabriel Bornoroni. Sin embargo, en el Congreso no descartan que el escenario abierto por el caso Adorni pueda demorar la estrategia legislativa de la Casa Rosada.

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En el plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezado por el libertario Bertie Benegas Lynch, el oficialismo consiguió el acompañamiento de bloques aliados como la UCR, el PRO, fuerzas provinciales y el MID.

La reunión en la que se trató el súper Rigi fue muy caliente. (Foto: NA/Damián Dopacio)

Ese último bloque sumó, a través del diputado Eduardo Falcone, un agregado que beneficia a industrias locales: un plan de desarrollo de proveedores nacionales e incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La cláusula establece que, del total de pagos a proveedores, al menos el 20% deberá destinarse a proveedores locales.

Lee también: El PRO presiona para que renuncie Adorni: “Le hace un daño infinito al Presidente”

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El dictamen de mayoría reunió 61 firmas. Entre los apoyos se destacan los representantes de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta y Misiones; el bloque Independencia, alineado con el tucumano Osvaldo Jaldo; José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, cercano al gobernador Claudio Vidal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo de San Juan, la fuerza provincial de Marcelo Orrego.

Los dictámenes en contra

La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Germán Martínez, rechazó la iniciativa. El diputado cuestionó que el proyecto implica “una fuerte delegación de facultades al Poder Ejecutivo” y recordó el rechazo del Congreso a las facultades delegadas que Javier Milei había reclamado durante el tratamiento de la Ley Bases.

Desde Provincias Unidas también firmaron un dictamen de minoría el radical crítico Martín Lousteau y el socialista Esteban Paulón, quienes cuestionaron el programa del Gobierno. “La Ley Bases, con el RIGI, estipula qué sectores de la economía van a ser los elegidos y los colma de beneficios de todo tipo: impositivos, cambiarios y aduaneros. Les da estabilidad por 30 años y les prorroga la jurisdicción judicial, ante cualquier disputa, bien lejos de los jueces argentinos”, plantearon.

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Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, liderada por el libertario Bertie Benegas Lynch, dictaminó el super-RIGI. Foto Cámara de Diputados.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, liderada por el libertario Bertie Benegas Lynch, dictaminó el super-RIGI. Foto Cámara de Diputados.

El Frente de Izquierda también rechazó la medida, a través de los diputados Nicolás del Caño y Néstor Pitrola.

Con este nuevo régimen, el Poder Ejecutivo busca promover el desarrollo económico, incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios y favorecer la creación de empleo. Además, apunta a coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las autoridades de aplicación en materia de recursos naturales, así como a fortalecer las cadenas de producción locales vinculadas a estos proyectos.

La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión previsto es de US$1000 millones.

El proyecto

La iniciativa, que busca la sanción de la Cámara de Diputados para luego pasar en revisión al Senado, crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, denominado super-RIGI. El objetivo es otorgar incentivos y seguridad jurídica a proyectos de inversión dedicados exclusivamente al desarrollo de nuevas actividades económicas.

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La norma se aplicará en todo el territorio nacional. Sin embargo, el acceso a los incentivos nacionales previstos en la ley requerirá la adhesión integral de las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios correspondientes. Sin esa adhesión, no podrán otorgarse los beneficios establecidos.

Plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Foto Cámara de Diputados
Plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda; Industria; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Foto Cámara de Diputados

Según el oficialismo, la norma apunta a generar condiciones de previsibilidad y estabilidad para atraer nuevas actividades de gran escala en industrias que actualmente no cuenten con desarrollo en el país o cuyo grado de avance sea experimental o piloto.

Otro de los objetivos es fomentar la demanda de insumos, servicios y recursos especializados que estimulen el desarrollo de sectores conexos a las grandes inversiones en nuevas industrias.

El desarrollista Eduardo Falcone celebró que el oficialismo haya aceptado incorporar una cláusula para promover la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen. “Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20% del total del proyecto en proveedores locales”, sostuvo.

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Lee también: Los aliados del Gobierno redoblan la presión en el Senado y piden la salida de Manuel Adorni

Acuerdo con los bonistas

La otra iniciativa que La Libertad Avanza logró dictaminar fue el acuerdo de conciliación celebrado entre Bainbridge Ltd. y la Argentina, y el entendimiento con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund. El despacho de mayoría obtuvo 42 firmas.

Durante el plenario expusieron ante los legisladores el procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Stampalija.

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La iniciativa, que deberá ser ratificada por el Congreso antes del 30 de junio y ya cuenta con sanción del Senado, contempla el pago de US$171 millones para cerrar causas vinculadas al default de 2001 y busca clausurar un capítulo judicial para el país.

En el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia hubo cruces entre los distintos sectores políticos. La diputada libertaria Silvana Giudici respondió a los planteos de Unión por la Patria sobre las ganancias que obtendrían los denominados fondos buitre.

“Hay que decir cuáles son las pérdidas que tuvimos que afrontar todos los argentinos por una política económica que nos llevó a la quiebra, a tener 50% de pobreza y a las puertas de una inflación. Desde 2003, este Congreso fue testigo de las más erráticas, absurdas y erróneas políticas económicas mezcladas con ideología. Nos dejaron con un juicio a YPF que este Gobierno pudo resolver”, sostuvo Giudici.

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El acuerdo definitivo fue alcanzado ante tribunales de Nueva York entre representantes argentinos y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska.

El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos fondos con fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos posterior al default. El entendimiento establece un pago único de US$67 millones para Bainbridge y otros US$104 millones para el grupo Attestor.

El acuerdo prevé además suspender litigios vinculados con los bonos incluidos y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque mantiene el derecho de las partes a preservar posiciones respecto de resoluciones anteriores.

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Diputados, La Libertad Avanza, Congreso

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El juez Lijo y el ministro Mahiques participan juntos de un encuentro del GAFI en París

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El Gobierno difundió hoy una fotografía del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, junto al juez federal Ariel Lijo en una cumbre del GAFI, en París, donde el organismo internacional antilavado destacó la participación del Poder Judicial argentino en la delegación.

El viaje estuvo cargado de suspicacias, ya que Lijo es el juez federal que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito. No trascendió si en el viaje ambos funcionarios conversaron sobre la causa.

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Lijo integró una delegación del Poder Judicial que expuso ante el GAFI junto al juez federal Sebastián Casanello y el titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario del juzgado de Lijo y candidato a juez federal de Lomas de Zamora.

También asistió Matías Alvarez, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es el organismo especializado en prevención del lavado de dinero del gobierno argentino.

El viaje se extenderá hasta el viernes. El Gobierno informó, tras el encuentro de este miércoles, que “el GAFI ponderó la participación del Poder Judicial en la delegación argentina”. El GAFI es un orga­nismo inter­na­cio­nal que evalúa periódicamente las polí­ti­cas argen­ti­nas en mate­ria de lavado. Esta reunión es un plenario, del que participan los países que son parte del grupo. Se discute la evaluación de otros estados -esta vez, no le toca a la Argentina- y se analizan políticas generales.

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El viaje de Lijo en la misma comi­tiva que Mahi­ques es un hecho que generó interés para la política, además, porque el ministro de Jus­ti­cia está ali­neado con Karina Milei en la interna del Gobierno, mientras que a Lijo se lo señala como cer­cano al ase­sor pre­si­den­cial San­tiago Caputo, enfren­tado con Karina Milei. Cada uno repre­senta a un sec­tor dis­tinto de Como­doro Py y que­da­ron en ten­sión por los últi­mos plie­gos envia­dos al Con­greso.

Lijo fue uno de los candidatos a la Corte que eligió Milei, pero no consiguió el acuerdo del Senado.

Además de la causa contra Adorni por su patrimonio, Lijo tiene otras causas sensibles para el Gobierno, como la investigación de las presuntas coi­mas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), donde está pro­ce­sado Diego Spag­nuolo, entre otros. Por todo ello, las sus­pi­ca­cias en torno al viaje son múl­ti­ples.

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Inte­gran­tes de la comi­tiva con­sul­ta­dos por expli­ca­ron que este viaje es una misión téc­nica, donde la Argen­tina buscó exponer avan­ces en la lucha contra el lavado de dinero. Se quejaron de que se presenta mezclar el trabajo de esta delegación con asun­tos polí­ti­cos domés­ticos.

Fuentes del Gobierno dijeron que Mahiques mantuvo una reunión bilateral con Giles Thomson, próximo presidente del GAFI para el período 2026-2028. Informaron que se abordaron desafíos vinculados al fortalecimiento de los sistemas de prevención y persecución del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, se habló de la importancia de promover una mayor coordinación entre los distintos actores que integran los sistemas nacionales de integridad financiera.

Thomson destacó el valor que pueden aportar jueces y funcionarios judiciales para fortalecer la efectividad de los estándares internacionales y la respuesta frente a estas amenazas. Mahiques le dijo a Thomson que las políticas del Ministerio de Justicia y la UIF están alineadas con las prioridades identificadas para la próxima presidencia del GAFI.

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La delegación argentina también mantuvo una reunión con la presidenta saliente del GAFI, Elisa de Anda Madrazo.




que investiga,Conforme a

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El PRO de Rosario pide que Adorni no asista al acto por el Día de la Bandera: “Da vergüenza, tiene que ser juzgado”

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En una entrevista con Infobae al Regreso, la concejala Anita Martínez pidió al presidente que evite concurrir con Manuel Adorni al acto del 20 de junio en Rosario, reclamando preservar el sentido republicano de la fecha.

Durante su participación, Anita Martínez, referente del PRO en Rosario, dialogó sobre los preparativos del Día de la Bandera y su decisión de enviar una carta pública al presidente Javier Milei.

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Martínez remarcó la importancia de no transformar el evento en una disputa política: “Nuestro jefe de Gabinete lamentablemente no tiene los mismos valores que Manuel Belgrano. Entonces el mensaje es para nuestros hijos, el mensaje es para los chicos, el mensaje es para la nación”.

Martínez exigió a Milei dejar fuera a Adorni del acto del 20 de junio

La concejala del PRO sostuvo: “La verdad que Manuel Adorni da vergüenza”. Subrayó que el Día de la Bandera debe ser una jornada de unidad y respeto: “Es un pedido que le hago como rosarina al presidente para defender nuestros valores, para defender lo que significa para todos los rosarinos, no solamente vivir mejor, más seguros, con obras, con un gobernador que se puso las diez y que está defendiendo la ciudad de Rosario”.

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Martínez vinculó el reclamo a su tarea diaria y al sentido educativo de la fecha: “Hoy en la mañana, estando en el monumento nacional a la bandera que se pudo reinaugurar, donde las obras las termina tomando la provincia de Santa Fe porque Nación no pudo terminarlo, teniendo a muchísimos chicos que van a ir en el mes de junio más de 25 mil alumnos entre cuarto y quinto grado de todo el país, a jurarle lealtad a la bandera, a jurarle lealtad a la patria, a poder entender los valores que nos dejó Manuel Belgrano”.

Criticó con dureza al jefe de Gabinete: “Tiene que ser juzgado. Adorni es corrupto. ¿Queda alguna duda de eso?”, y justificó la carta pública: “Defender la República también significa alzar nuestra voz en los lugares donde trabajamos y tenemos una responsabilidad no solo política, sino social”.

Anita Martínez vinculó su pedido al valor educativo del Día de la Bandera y a la participación de más de 25 mil alumnos en el Monumento a la Bandera (Infobae en Vivo)

El PRO local y la disputa por el perfil de la celebración

Martínez anticipó que su planteo busca evitar que la presencia de Adorni opaque el sentido del acto: “Le estoy pidiendo públicamente al presidente de la nación que no asista con el jefe de Gabinete a los festejos del Día de la Bandera para evitar que la atención política, social, cultural salga del eje del Día de la Bandera y pase a estar focalizada sobre la figura del jefe de Gabinete”.

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Consultada sobre el respaldo partidario, aclaró: “No hablé con Mauricio (Macri) todavía. Entiendo que vamos en el mismo sentido, porque tanto Fernando de Andreis como secretario general del PRO a nivel nacional y diputado nacional también ha hecho declaraciones en este sentido y tiene más que ver con lo que sentimos como argentinos, ¿no? Que dejen de agarrarnos de idiotas, que dejen de subestimarnos y que lo que no podemos poner en juego es, ante todo, la verdad, la historia de la Argentina”.

El PRO local planteó que la celebración del Día Nacional de la Bandera en Rosario debe ser una fiesta y no una pulseada política (REUTERS/Agustin Marcarian)

La concejala diferenció el rol de los funcionarios y defendió el valor de la ejemplaridad: “Más allá de que seas un jefe de Gabinete que te puede poner tu presidente. Yo quiero que esté el presidente de la nación. Pero también quiero decirle al presidente de la nación que lamentablemente este Manuel no es un buen ejemplo para nuestros hijos, no es un buen ejemplo para la sociedad”.

Martínez cerró destacó la magnitud de la convocatoria: “Esperamos que el Día Nacional de la Bandera en la ciudad de Rosario sea una fiesta y no una pulseada política”.

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anita martínez

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