El estado de Nueva York afronta la pérdida de USD 73,5 millones en fondos federales tras la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de sancionar la falta de revocación de más de 33.000 licencias comerciales para inmigrantes identificadas como irregulares. El anuncio, realizado el 16 de abril de 2026, afecta al presupuesto estatal y a miles de titulares de licencias. Según la agencia de noticias AP News, la retención de fondos se produce tras una auditoría federal que determinó que una proporción significativa de estos permisos permanecía vigente a pesar del vencimiento de la autorización migratoria de los titulares, una situación detectada y supervisada desde el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, en el que un camión conducido por un titular de una de estas licencias estuvo involucrado en la muerte de tres personas.

De acuerdo con los datos publicados por la agencia de noticias AP News y confirmados por medios estadounidenses como el periódico británico The Independent y el sitio local ClickOnDetroit, la auditoría llevada a cabo por la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) en 2025 detectó problemas en más de la mitad de los 200 casos revisados. El estado fue instruido a revisar todas las licencias comerciales no domiciliadas emitidas y a revocar las que resultaran ilegales. Las autoridades federales advirtieron que otros estados, como California, Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, también podrían enfrentar sanciones si no adaptan sus políticas de licencias a los estándares nacionales.

La emisión de licencias no domiciliadas para inmigrantes es una práctica extendida en Nueva York y otros estados en respuesta a la demanda de mano de obra en el sector del transporte. Según cifras oficiales citadas por AP News, 32.606 permisos de este tipo han sido concedidos en Nueva York, una parte relevante de los aproximadamente 200.000 emitidos en todo el país. El gobierno estatal sostiene que sus procedimientos cumplen con la legislación federal, aunque la administración federal considera insuficientes los controles desde el incidente en Florida.

Nueva York deja de recibir fondos federales como consecuencia de la negativa a revocar licencias comerciales consideradas irregulares por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. La auditoría de la Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) reveló: “más de la mitad de las licencias revisadas presentaban inconsistencias, entre ellas la vigencia de los permisos más allá del periodo autorizado de estadía migratoria”, de acuerdo con la agencia de noticias AP News. El estado debía analizar y cancelar los permisos que no cumplieran los requisitos exigidos por la normativa.

El objetivo de la sanción económica es presionar a Nueva York para que ajuste sus procedimientos y garantice la seguridad en el transporte interestatal, según el comunicado oficial del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los recursos retenidos estaban destinados al financiamiento de obras y programas de infraestructura vial.

El impacto de la medida afecta dos ámbitos principales:

• El presupuesto estatal de Nueva York, que pierde USD 73,5 millones en fondos federales para proyectos de transporte.
• Los titulares de las más de 33.000 licencias comerciales en cuestión, en su mayoría inmigrantes, quienes podrían perder la autorización para conducir vehículos pesados o de pasajeros si sus permisos son revocados.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, dijo: “Prometí a los estadounidenses que haría responsables a los líderes estatales que no garantizaran la seguridad frente a conductores extranjeros no evaluados ni calificados. Hoy estoy cumpliendo esa promesa”, según la agencia de noticias AP News.

Datos federales muestran que los inmigrantes representan aproximadamente el 20% de los conductores de camiones en Estados Unidos, aunque las licencias “no domiciliadas” solo significan el 5% del total nacional. Nueva York ha emitido el 16% de estos permisos a nivel país.

Las licencias comerciales no domiciliadas permiten a ciudadanos extranjeros conducir camiones y autobuses en Estados Unidos bajo condiciones específicas. Estos permisos se otorgan a quienes no pueden acceder a una licencia convencional, pero cumplen ciertos requisitos legales y documentales. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, este tipo de licencia representa el 5% de todas las licencias comerciales activas actualmente.

Para solicitar una licencia no domiciliada, el aspirante debe presentar documentación válida sobre su estatus migratorio y acreditar residencia en el extranjero. Si la residencia o el estatus migratorio expira, el permiso pierde su vigencia. La auditoría de la FMCSA determinó que muchos permisos seguían activos luego del vencimiento de la autorización migratoria.

El detonante de la auditoría fue el accidente mortal de agosto de 2025 en Florida, donde fallecieron tres personas y el conductor implicado tenía una licencia comercial no domiciliada. Tras ese hecho, Sean Duffy ordenó la revisión de estos permisos en todos los estados, objetivo: “garantizar que solo conductores debidamente evaluados y calificados operen vehículos pesados”, según AP News.

La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) y el periódico británico The Independent informaron que California también ha sido sancionada con la retención de 200 millones de dólares en fondos federales por causas similares. Otros estados han recibido advertencias y podrían enfrentar medidas comparables si no ajustan sus procesos.

El gobierno de Nueva York sostiene la legalidad de sus prácticas de emisión de licencias y afirma que cumple con la normativa federal. Sean Butler, portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, argumentó que la medida responde a una ofensiva federal contra los estados gobernados por demócratas: “Seguiremos defendiéndonos y ganaremos nuevamente”, según AP News.

Nueva York ya había enfrentado amenazas de recorte de fondos por otros motivos, como la financiación de proyectos de infraestructura urbana o la aplicación del peaje de congestión en Manhattan. En ocasiones anteriores, el estado logró revertir algunas sanciones en los tribunales, según el sitio ClickOnDetroit.

Las asociaciones del sector han respaldado las acciones federales para retirar a conductores considerados no calificados. Todd Spencer, presidente de la Owner-Operator Independent Drivers Association (OOIDA), expresó que “estas acciones de control eliminarán a los infractores y devolverán la responsabilidad al sistema. Hoy se da un paso importante hacia carreteras más seguras y una industria de transporte más profesional”, cita recogida por AP News.

El sector enfatiza la necesidad de controles más estrictos y alerta sobre la persistencia de escuelas de conducción y empresas reincidentes en infracciones. Para la industria, la seguridad vial depende de la formación y acreditación adecuada de los conductores.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos anunció que las nuevas reglas impedirán que el 97% de los conductores extranjeros que antes podían obtener licencias comerciales renueven o accedan a ese permiso. La reglamentación exige que todos los solicitantes acrediten residencia y documentos migratorios vigentes. Estas restricciones impactan directamente sobre los inmigrantes que buscan empleo en el sector del transporte.

Otras jurisdicciones, incluyendo Pensilvania, Minnesota y Carolina del Norte, han sido advertidas sobre la posible pérdida de fondos si no revisan sus políticas de licencias, según la plataforma de análisis financiero Barchart.com.

Grupos de inmigrantes expresan preocupación por el efecto de la revisión masiva de licencias y denuncian que algunos conductores están siendo sometidos a un escrutinio desproporcionado. Las investigaciones federales han puesto atención en la comunidad sij, dado que los conductores implicados en los accidentes de Florida y California pertenecían a ese grupo, según AP News.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos insiste en que la prioridad es la seguridad vial y la correcta documentación de todos los operadores de vehículos comerciales, sin discriminación por origen.

La retención de fondos federales continuará hasta que Nueva York cumpla con la revocación de las licencias identificadas como irregulares. El gobierno estatal prevé proseguir su defensa legal y administrativa ante los tribunales y autoridades federales. Los conductores involucrados aguardan la revisión individualizada de sus permisos, mientras la industria y los estados discuten la implementación de la nueva normativa.

La revisión de licencias y la retención de fondos incrementan la presión sobre el sistema de transporte y los trabajadores inmigrantes, y refuerzan el escrutinio a la regulación del sector en todo el país.

Estados Unidos impuso sanciones al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, acusado de participar en graves violaciones de los derechos humanos. La acción, comunicada este sábado, busca recordar a las víctimas de las protestas de abril de 2018 en Nicaragua.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró: “Hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”.

Rubio agregó que, “para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos”.

La sección 7031(c) establece restricciones de visados y prohíbe la entrada a Estados Unidos a las personas sancionadas.

El jueves pasado, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones dirigidas contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de cinco personas, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

Las sanciones también afectan a siete empresas mineras vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), los sancionados “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y participan en la “incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” relacionadas con el sector aurífero.

Nicaragua permanece en crisis política y social desde abril de 2018, situación que se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021 que permitieron la reelección de Ortega para un quinto mandato.

Washington acusa al régimen de Ortega-Murillo de reprimir a los opositores. En marzo, la misión estadounidense en Managua denunció que “la crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable” y criticó la detención de personas ancianas y enfermas.

En las últimas dos décadas, el régimen de Ortega y Murillo ha ejecutado una estrategia sostenida para aniquilar el periodismo independiente en Nicaragua, con más de 300 periodistas exiliados y el cierre de 61 medios, según un informe elaborado por la red de periodistas nicaragüenses “Las Exiliadas Nicas”, con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras (RSF) España.

El informe documenta una estrategia progresiva por parte del régimen para erradicar cualquier vestigio de prensa independiente. “El balance del informe es demoledor: decenas de periodistas en prisión, al menos 61 medios cerrados o confiscados, más de 309 periodistas forzados al exilio y el 65% del territorio nacional sin información independiente”, expuso Maryórit Guevara, fundadora del colectivo y coautora del documento, durante la presentación oficial celebrada en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid.

Carlos Fernando Chamorro, periodista independiente y fundador del medio Confidencial, fue uno de los invitados destacados durante la presentación. Confidencial fue clausurado por el gobierno y su director obligado a exiliarse. “El exilio no es una situación de emergencia, que es tal y como la tratan los Estados y organizaciones de apoyo a periodistas y defensores de derechos humanos. El exilio es permanente y así debe ser considerado y respaldado. Gracias al periodismo independiente exiliado, los ciudadanos nicaragüenses siguen informados, porque afortunadamente aún disponen de acceso a Internet. El periodismo sí vence a la propaganda”, afirmó durante el evento.

Por su parte, Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España, remarcó la urgencia de actuar desde la comunidad internacional: “Nicaragua se sitúa en el furgón de cola de la libertad de prensa junto a países como Afganistán, Irán, China o Corea del Norte. Es deber de los periodistas apoyar a sus compañeros en el exilio y darle la relevancia a Nicaragua que merece en la agenda mediática española, más centrada en regímenes como el cubano o el venezolano por motivos políticos y económicos”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este sábado a Irán que no “chantajee” a Washington con sus contradicciones sobre el futuro del estrecho de Ormuz, después de que Teherán declarara nuevamente cerrado este estratégico canal.

“Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos”, afirmó durante un evento en la Casa Blanca.

El régimen persa informó más temprano que ha restablecido un “control estricto” sobre el estrecho de Ormuz, luego de haber anunciado su reapertura, como respuesta al bloqueo impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes.

Según el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, “el control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las Fuerzas Armadas”, indicó en un comunicado difundido por la agencia Tasnim.

Zolfagari explicó que el control sobre el paso marítimo implica restricciones al tránsito en una de las principales rutas energéticas, por donde circula el 20% del petróleo mundial.

Añadió que Teherán había autorizado previamente el paso “limitado y gestionado” de algunos buques petroleros y comerciales como “gesto de buena fe” durante las negociaciones, pero que esta medida se revocó por la continuidad del bloqueo estadounidense, al que calificó de reiterado incumplimiento por parte de Washington.

“Mientras Estados Unidos no restablezca la plena libertad de tránsito de las embarcaciones desde Irán y hacia Irán, la situación en el estrecho de Ormuz permanecerá bajo un control riguroso”, afirmó Zolfagari.

Durante la madrugada, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, señaló en X que el estrecho de Ormuz “no permanecerá abierto” si el bloqueo estadounidense sigue vigente y denunció “afirmaciones falsas” de Trump sobre el paso marítimo y las negociaciones de paz.

“Con estas mentiras no ganaron la guerra y, sin duda, tampoco lograrán nada en las negociaciones”, expresó Qalibaf, quien lideró la delegación iraní en las recientes conversaciones con EEUU en Islamabad.

Qalibaf indicó también que el tránsito por el estrecho se realizará según “rutas designadas” y con “autorización de Irán”.

En otro orden, las sirenas antiaéreas en Israel llevan más de 24 horas sin activarse; la alerta más reciente, ocurrida en la madrugada del viernes en una comunidad fronteriza con Líbano, correspondió a una falsa alarma. Desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, el territorio israelí fue blanco de múltiples lanzamientos de misiles, drones y cohetes por parte de Irán, terroristas de de Hezbollah en Líbano y, posteriormente, los hutíes en Yemen.

Estos ataques, que en ocasiones se repitieron más de una docena de veces por día, continuaron hasta el inicio del alto el fuego el viernes, con Hezbollah manteniendo los disparos hasta ese momento.

Las principales zonas urbanas, como Jerusalén y Tel Aviv, así como localidades del sur y del norte de Israel, tuvieron que activar protocolos de emergencia, llevando a los habitantes a buscar resguardo en búnkeres y habitaciones protegidas tanto de día como de noche.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que Israel mantiene sus objetivos en el frente norte, en particular el “desmantelamiento” del grupo terrorista Hezbollah, y advirtió de que la campaña no concluyó.

Desde Beirut, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, dijo ayer que las negociaciones con Israel atraviesan una etapa “delicada y crucial” y llamó a consolidar la responsabilidad nacional en este momento en el que la atención internacional se centra en el país, con el objetivo de fortalecer el alto el fuego.