La confirmación de la Corte Suprema del monto que deberá decomisar la Justicia a los condenados en la causa Vialidad implica que la familia Kirchner deberá aportar 20 bienes de su posesión para cubrir su cuota del millonario monto de compensación global, establecido en 685.000 millones de pesos.

Según consta en los expedientes, la gran mayoría de esos bienes (19) fueron heredados por Máximo y Florencia tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011, mientras que uno solo permanece a nombre de la jefa del PJ nacional, un terreno de 6000 metros cuadrados en El Calafate, Santa Cruz.

En cambio, el departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, no se encuentra en la lista de bienes a decomisar producto de la sentencia en la causa Vialidad. En sentido contrario se ubica la histórica casona familiar en El Calafate.

Esa propiedad fue transferida a Máximo y Florencia Kirchner tras el deceso de su padre, como parte de la herencia, pero igualmente sería parte de la nómina de 19 bienes que podrían perder los hermanos si la Justicia finalmente avanza con el decomiso. Eso depende de que la Corte Suprema emita un fallo de fondo.

El decomiso total abarca 111 inmuebles: 84 son de Lázaro Báez, el principal beneficiario del direccionamiento de la obra pública; 19 de Máximo y Florencia Kirchner, incluido el “Hotel Los Sauces”; y uno solo de la expresidenta, el terreno adquirido en 2007. Los restantes son de otros condenados.

En medio del litigio, Cristina Kirchner intentó poner a resguardo dos inmuebles y 10 departamentos en Río Gallegos, la capital santacruceña, y una serie de terrenos en el Lago Argentino, también en la provincia patagónica, propiedades que fueron cedidas a sus hijos y que no forman parte del proceso.

En sus presentaciones, las defensas apuntaron a limitar el alcance del decomiso, cuestionando la inclusión de bienes sin “trazabilidad directa” con el delito. De hecho, parte de los argumentos de la familia Kirchner es que hay propiedades adquiridas antes de que Néstor y Cristina fueran presidentes.

Pero hay otra lista de 10 departamentos ubicados sobre la calle Mitre al 500 en Río Gallegos, que fueron adquiridos en 2007. En la misma ciudad se incluyen una vivienda situada en 25 de Mayo al 200, incorporada al patrimonio familiar en 2010, y otra sobre la calle Presidente Néstor Kirchner al 400, de 2006.

Antes del delito

El juez de la Cámara de Casación Mariano Borinsky se había hecho eco parcial del planteo de la expresidenta. Sostuvo que no estaba suficientemente probado que ciertos bienes provengan del delito -la corrupción en Vialidad- y propuso excluir del decomiso los heredados por Máximo y Florencia Kirchner.

El camarista Borinsky destacó que la medida alcanza a bienes adquiridos con anterioridad al 23 de abril de 2004, fecha fijada por el tribunal para comenzar a evaluar bienes decomisables. El plazo para que los condenados respondieran venció el 13 de agosto de 2025, pero las partes apelaron y aún no se ejecutó.

Una contadora de la ARCA -exAFIP- que analizó por orden de la Justicia a empresas investigadas en la causa Cuadernos declaró este jueves en el juicio oral y repasó las irregularidades que detectó en reportes elevados años atrás a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Durante la audiencia, a pedido de la fiscalía, se le exhibieron algunos de esos informes a la mujer, Diana Guterman, que fue directora del organismo recaudador dentro del área de Investigación Financiera. Uno de ellos apuntaba a Servicios Vertúa S.A., la empresa de Raúl Víctor Vertúa que participó en la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino.

Entre 2014 y 2015, la empresa recibió de ENARSA transferencias por $565 millones. Parte de esos fondos, según el reporte que confeccionó la profesional, fue usada para comprar títulos públicos que luego fueron vendidos en el exterior mediante operaciones de contado con liquidación. Los dólares obtenidos fueron depositados en cuentas bancarias y después retirados en efectivo.

“Se definió que nosotros circularizáramos a las entidades bancarias que habían operado con determinadas empresas”, dijo la mujer sobre su trabajo. “Nosotros hicimos un rastreo en las bases de AFIP de cuáles eran las entidades con las que había operado”, definió. Luego, esa información fue girada a la DGI.

Otro de los casos detectados en su momento por la contadora, y expuestos hoy en el juicio de los Cuadernos, fue el de la empresa Fainser, del extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain, dedicada a la fabricación de calderas y equipos termodinámicos.

Fainser firmó con la Municipalidad de Río Turbio, en Santa Cruz, un contrato por casi $500 millones en 2015 para ejecutar una obra vinculada a Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Según un reporte de 2018, a fines de 2015 la empresa cobró anticipos por $50 millones, distribuidos en tres pagos. Pero la profesional advirtió que esas tareas no formaban parte de la actividad habitual de la firma y que, para septiembre de 2017, la obra todavía no había comenzado.

La mujer explicó que esa información surgía de un informe de fiscalización, en el que intervenían un inspector, un supervisor, un jefe de división, un jefe de región, un subdirector del área operativa y un director general de la DGI, antes de ser elevado a la UIF.

La contadora integra un bloque de testigos pedido por la fiscalía para intentar evidenciar en el juicio manejos irregulares de dinero por parte de las empresas que firmaron contratos de obra pública con el Estado.

Las defensas de los imputados remarcan que, como esas fiscalizaciones eran internas y se hacían sin solicitar nueva información, las empresas no tuvieron oportunidad de explicar los movimientos.

El testimonio abrió además una discusión entre la fiscalía, la querella de la UIF y las defensas sobre el alcance de las medidas contables que todavía pueden producirse en el juicio.

La abogada del empresario Angelo Calcaterra, María Valeria Onetto, insistió hoy ante el tribunal con la realización de un informe pericial contable que dé cuenta del flujo y la aplicación de los fondos percibidos por los contratos de obra pública que otorgó Vialidad.

Entre 2003 y 2015 -el período investigado en la causa-, Vialidad le adjudicó a IECSA S.A., la empresa de Calcaterra, un total de 23 obras por más de $2800 millones. Como imputado colaborador, Calcaterra reconoció haberle ordenado a uno de los directivos de la empresa, Héctor Javier Sánchez Caballero -que también está imputado en el expediente-, la entrega de sumas de dinero en efectivo que, en general, rondaban entre los US$100.000 y los US$200.000.

La pericia que solicitó la abogada Onetto ya había sido rechazada por el tribunal que integran los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.

La fiscal Fabiana León se opuso hoy a su realización, al igual que el representante de la UIF, Mariano Galpern, que es querellante. “No se advierte de qué manera perjudica el derecho de la parte volver a traer una medida que ya ha sido abordada”, sostuvo la fiscal. “Si cada uno de los imputados en esta causa va a pedir una pericia específica de cada obra que se está viendo, sería una cantidad de prueba interminable, inabarcable e inoficiosa”, dijo León.