El gobierno de Javier Milei limitó la participación pública en la elección de jueces mediante un decreto que modificó el mecanismo para las impugnaciones ciudadanas y borró las recomendaciones de diversidad de género, origen regional y especialidad a la hora de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.

La decisión del Gobierno, materializada en el decreto 467/2026, publicado este martes y adelantado el domingo por , fue calificado como un retroceso por el Colegio Público de la Abogacía, Poder Ciudadano y el constitucionalista Federico Ambroggio.

El también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue un paso más allá: pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que suspenda su aplicación.

El decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los decretos 222 y 588 de 2003.

La norma elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.

El argumento es que esa actividad es redundante con la que se da en el Senado. Los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial.

El nuevo decreto deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.

La reacción del mundo jurídico fue el rechazo. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas.

“La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo” y las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de la decisión final, señaló Secchi.

Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección. “Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, insistió Secchi.

El constitucionalista Ambroggio afirmó en X que el decreto de Milei “es un retroceso innecesario”. Cuestionó tanto la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como la supresión de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.

En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora si se la suprime, se reduce el control, interpretó.

Gil Domínguez afirmó que el decreto “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente. También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.”

El constitucionalista aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación −nadie lo niega, dijo− sino por la regresividad injustificada de la medida.

“El problema constitucional y convencional es la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como lo es la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años”, dijo el letrado.

El punto sobre los 75 años no es menor: un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas. La ciudadanía tiene, según Gil Domínguez, un interés constitucional legítimo en participar del proceso antes de que esa decisión esté tomada, no solo después. Gil Domínguez ya anticipó que presentará un amparo contra el decreto.

El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal en un comunicado expresó su “preocupación” por el decreto porque señala que es “un retroceso innecesario” y sostiene que la modificación afecta procedimientos que habían consolidado estándares de transparencia y control durante más de veinte años.

Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la reforma sosteniendo que “el decreto 222 era una anomalía institucional” y que “el método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana: son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”.

Los constitucionalistas críticos rebaten ese argumento al afirmar que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Poder Ejecutivo y que se trata de dos momentos distintos del proceso.

Con el decreto 467/2026, la próxima vez que el Gobierno proponga un candidato para la Corte, organizaciones, universidades y ciudadanos no tendrán ante el Ministerio de Justicia ningún canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. De este modo el Gobierno se ahorraría la lluvia de cuestionamientos que tuvo como cuando propuso al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei los desoyó y luego no encontró los votos necesarios en el Senado.

Anabela Sabrina Olmedo, la sindicada “viuda negra” detenida por su presunta responsabilidad en la muerte de Daniel Osorio Peñaloza, CEO de la empresa Gentech, de la que es socio fundador el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se negó a declarar ante la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Paula González, que interviene en la investigación.

Olmedo, de 33 años, está imputada por el delito de homicidio. “La sospechosa dijo que, por el momento, no iba a declarar”, explicaron fuentes con acceso al expediente.

Osorio Peñaloza fue hallado muerto el lunes 8 de junio en su departamento de Caballito. Ayer, detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron a Olmedo, acusada de ser “la autora material del homicidio”.

La sospechosa fue arrestada a las 9.14 en la esquina de Serrano y Solís, en el partido de José C. Paz. Es señalada por los investigadores consultados como una “viuda negra”, modalidad delictiva protagonizada por mujeres que seducen a hombres y, en situaciones íntimas, los duermen con somníferos para sustraerles dinero y otros objetos de valor.

“El fiscal Eduardo Cubría le imputó a Olmedo el homicidio de Osorio Peñaloza. Según el dictamen del Ministerio Público, la víctima habría muerto después de ingerir una sustancia que Anabela Sabrina Olmedo habría puesto en una bebida”, explicaron las fuentes consultadas.

Osorio Peñaloza había nacido en Venezuela el 22 de enero de 1980. La última vez que fue visto con vida fue el viernes 5 de este mes, cuando fue a un bar con un amigo colombiano, también vinculado a la firma Gentech, dedicada a la comercialización de suplementos deportivos.

Al salir del bar, los amigos se habrían ido cada uno a su domicilio. Osorio Peñaloza vivía en un departamento del octavo piso de un edificio situado en la avenida Díaz Vélez al 5500, en Caballito.

El sábado 6 al mediodía, Menem intentó comunicarse con Osorio Peñaloza, pero no obtuvo respuesta. Entonces llamó al amigo que había salido con él, quien le respondió que seguramente estaría durmiendo.

Como con el paso de las horas seguía sin responder los mensajes, el amigo colombiano, que tenía llaves del departamento, fue a ver qué sucedía. Al ingresar se encontró con el cuerpo de Osorio Peñaloza sobre la cama. Estaba casi sin ropa, ya sin vida.

Poco después llegaron a la escena personal de la Policía de la Ciudad, una ambulancia y Menem, que estuvo en el hall del edificio.

“Quiero aclarar que tomé conocimiento de lo ocurrido a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales. Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, sostuvo Menem en un posteo en su cuenta de X.

El presidente de la Cámara de Diputados también dijo: “Fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”.

Desde la empresa también se refirieron a la muerte del amigo y socio de Menem. “Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza. Su dedicación y aporte fueron fundamentales para el crecimiento y desarrollo de nuestra organización”, se sostuvo en un comunicado de prensa.

Tras el hallazgo del cuerpo, tomó intervención el fiscal Cubría. La causa comenzó con el objetivo de esclarecer lo que, hasta ese momento, era “una muerte dudosa”. Pero con el avance de la investigación y tras la reconstrucción de las últimas horas de vida de Osorio Peñaloza, emergió con fuerza la hipótesis de que se había tratado de un crimen de una “viuda negra”.

Para avanzar en la identificación de la sospechosa fue clave el análisis de filmaciones de cámaras de seguridad instaladas en las cercanías del edificio donde vivía la víctima.

“La sospechosa fue identificada a partir de imágenes de cámaras de seguridad y la geolocalización de su teléfono celular”, sostuvieron fuentes de la causa.

“La sindicada ‘viuda negra’ podría ser indagada mañana (por el martes) o en horas de la mañana del miércoles próximo”, dijo a una fuente judicial.