POLITICA
Un decreto de Milei abre la posibilidad de acelerar los pliegos para completar la Corte Suprema
El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales con la firma del Decreto 467/2026. Publicado en el Boletín Oficial, la norma modifica los Decretos 222/2003 y 588/2003 y elimina una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.
El decreto, firmado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.
Aun así, el timing de la medida generó suspicacias al respecto de un posible avance para llenar las dos vacantes que hay en la Corte Suprema, luego de la jubilación de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Cerca de Mahiques admiten que por el timing en el que se impulsa no se evitan este tipo de interpretaciones.
El judicial es una de las pocas esferas en las que el Presidente reconoce que no tiene un conocimiento acabado y que, en tanto, prefiere delegar las tareas en sus funcionarios de confianza. Con el recambio de autoridades que hubo en marzo de este año en el Ministerio de Justicia, la ascendencia sobre las relaciones con el Poder Judicial y los funcionarios del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura (el órgano que determina la selección y remoción de los jueces federales) quedó bajo la órbita de Karina Milei y sus colaboradores.
Esto no lo exime a mantener reuniones de alto voltaje, como la que se produjo días atrás con el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, quien, según afirman fuentes oficiales de la Casa Rosada, le propuso dos candidatos para que el máximo tribunal complete su integración.
El decreto publicado implica que haya una menor cantidad de requisitos burocráticos y de revisión sobre los procesos de candidaturas de diversos puestos judiciales; entre ellos el de los jueces de la Corte. Aun así, en Justicia están más interesados en que se agilicen los actuales procedimientos para llenar las vacantes de jueces, fiscales y defensores.
“Es realmente un perno el tramiterío para hacer un pliego”, justifican operadores judiciales del Gobierno, quienes agregan: “Armar uno puede tardar dos semanas. A veces anunciamos que se van a mandar pliegos y muchas veces los podemos mandar semanas después. La constancia de la declaración jurada vía ARCA puede traer demoras y ni hablar otros asuntos burocráticos. La revisión se puede hacer tranquilamente a través del proceso ya establecido por el Senado”.
Es un razonamiento con el que coincidió el asesor presidencial Santiago Caputo, quien esta mañana publicó en X su adhesión al decreto. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes”, argumentó.
Según pudo saber Infobae, Caputo está de acuerdo con la propuesta de llenar las vacantes de la Corte que Lorenzetti le hizo llegar a Milei, el cual marida con las facilidades que vino a traer el decreto impulsado por Mahiques.
Meses atrás se tomó la decisión política de acelerar los pliegos judiciales para aliviar la acuciante situación de las vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Esto no se extendió al máximo tribunal, ya que el Presidente dejó en claro semanas atrás que no iba a impulsar los dos pliegos clave. La idea de Milei era no agotar negociaciones políticas por una Corte que está funcionando acorde a lo que espera y aguardar a las elecciones del año próximo, donde el oficialismo conseguirá una cantidad de bancas en la cámara alta que le permitirá estar en una posición aun más favorable que la actual. Ante todo, el Presidente no quiere repetir la experiencia fallida de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
Sin embargo, un mes atrás se logró aprobar la extensión del cargo judicial del camarista Carlos Mahiques (padre de Juan Bautista) con una mayoría abrumadora, contando con apoyos de sectores transversales a nivel político. Esto abrió el interrogante acerca de si con una buena gestión de adhesiones se podía lograr nombrar jueces sin la necesidad de esperar casi dos años. “Los senadores se van a poner más duros con una postulación a la Corte. No tiene sentido creer que se puede negociar de la misma manera eso que la ampliación de ‘Coco’ Mahiques”, dice una fuente inobjetable del ámbito judicial-libertario.
En una sesión realizada dos semanas atrás en el Senado, el oficialismo logró aprobar 74 candidaturas y el Ejecutivo envió importante cantidad hacia el Congreso. El Consejo de la Magistratura hizo lo mismo remitiendo más de un centenar de ternas al Presidente y evalúa realizar un plenario antes de la feria de invierno.
En esta instancia se están tratando cargos de altísima sensibilidad: los que rodean a Comodoro Py. La semana pasada se aprobó el Dictamen Nº 13/26 de mayoría, en el concurso Nº 461, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.
En la primera terna fueron seleccionados el juez tucumano Fernando Poviña; la secretaria letrada de la Procuración General de la Nación, Agustina Inés Rodríguez; y el juez en lo Penal Económico, Pablo Yadarola. En la segunda terna figuran el juez de San Martín, Julio César Di Giorgio; la fiscal federal Cecilia Incardona; y el camarista Pablo Bertuzzi. Las chances de Yadarola y Bertuzzi de ser seleccionados no son para nada remotas.
La lógica detrás de la nueva reforma de Milei
El argumento central del Poder Ejecutivo es que el esquema vigente desde 2003 había generado una superposición de controles: la publicación de antecedentes de los candidatos y la recepción de observaciones ciudadanas se realizaban primero en el ámbito del Ministerio de Justicia y luego volvían a cumplirse, con mayor amplitud y garantías constitucionales, ante el Senado. El texto del decreto sostiene que esta duplicación “ralentiza el proceso de cobertura de vacantes” y “desnaturaliza la etapa de nominación presidencial”.
El Gobierno también señaló en los considerandos que atraviesa una crisis institucional por el elevado porcentaje de cargos judiciales vacantes, cuya demora en cobertura impacta directamente en los tiempos de tramitación de los procesos y en los derechos de los justiciables.
El cambio más sustancial del decreto atañe a la selección de jueces del máximo tribunal. Bajo el esquema anterior, el proceso incluía etapas administrativas previas —a cargo del Ministerio de Justicia— que el Ejecutivo considera innecesarias dado que el Reglamento de la Cámara de Senadores ya prevé, en sus artículos 22 bis, 22 ter y 123 bis, audiencias públicas obligatorias, publicidad de los antecedentes y recepción de observaciones ciudadanas.
Con la reforma, el proceso para la Corte Suprema queda estructurado de la siguiente manera: producida una vacante, el Ministerio de Justicia debe publicar, en un plazo máximo de 30 días, el nombre y los antecedentes curriculares del o los candidatos en consideración, tanto en el Boletín Oficial como en la página web oficial del organismo, durante 3 días. Esa publicación —que reemplaza la anterior difusión en diarios de circulación nacional y local— refleja la actualización al entorno digital que también impulsa el decreto.
Dentro de los 5 días posteriores al cierre de esa publicación, los candidatos deben presentar una declaración jurada patrimonial en los términos de la Ley de Ética de la Función Pública N° 25.188, que incluya bienes propios, del cónyuge o conviviente, de la sociedad conyugal y de los hijos menores. A esa declaración deben adjuntar otra que detalle las asociaciones civiles y sociedades a las que pertenecieron o pertenecen en los últimos 8 años, los estudios de abogados con los que trabajaron y la nómina de clientes o contratistas del mismo período, con el fin de detectar posibles incompatibilidades o conflictos de interés.
En paralelo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá 5 días desde la recepción de la solicitud para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del candidato, con resguardo del secreto fiscal. Cumplidas estas instancias, el Ministerio de Justicia eleva las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para obtener el acuerdo correspondiente.
El decreto deroga los artículos 3°, 6° y 7° del Decreto 222/03, que incorporaban criterios adicionales para la valoración de candidaturas a la Corte Suprema no previstos expresamente en la Constitución Nacional, entre ellos la exigencia de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional entre los miembros del tribunal. El Ejecutivo sostiene que esas consideraciones quedan dentro del ámbito de apreciación político-institucional del Presidente, siguiendo el modelo de Estados Unidos, donde la nominación presidencial tiene amplia flexibilidad.
Lo que no se toca es la garantía de publicidad, transparencia y participación ciudadana: el decreto es explícito en que esos mecanismos se mantienen, pero concentrados en el Senado, que es el ámbito constitucional donde el pueblo —a través de sus representantes provinciales— evalúa públicamente la idoneidad de los postulantes.
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POLITICA
Un estudio afirma que el peronismo retiene a más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en barrios populares
El peronismo retiene más votantes jóvenes que La Libertad Avanza en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires, según una encuesta del Instituto Universitario CIAS realizada entre mayo y junio de 2026 sobre 964 jóvenes de 16 a 24 años.
El estudio, denominado Encuesta a Jóvenes de Barrios Populares 2026, midió intención de voto, percepción económica y comportamiento de consumo en 13 puntos focales distribuidos en barrios populares del AMBA, con criterios de sexo y edad ajustados según información del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Los resultados muestran una brecha pronunciada entre la capacidad de retención electoral de ambas fuerzas entre el electorado joven de estos territorios.
Entre quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones presidenciales de 2023, el 76% volvería a optar por el peronismo si los comicios fueran hoy. Solo el 6% migró hacia la izquierda, el 3% hacia La Libertad Avanza (LLA) y el 2% al PRO. El 24% restante se distribuye entre quienes no saben a quién votar, no concurrirían a las urnas o lo harían en blanco.
El panorama es distinto entre los votantes de Javier Milei en 2023. Según el informe del CIAS, el 58% de ese segmento volvería a elegir a LLA, pero el 42% restante no repetiría esa elección: el 16% se inclinaría por el peronismo, el 7% no sabe a quién votar, el 11% no iría a votar, el 3% lo haría en blanco y un 3% adicional se volcó a la izquierda.
Cuando se proyecta la intención de voto total entre los jóvenes encuestados, el peronismo concentra el 67% de quienes declaran que votarían, frente al 25% que se inclinaría por alguna expresión de LLA. La izquierda obtendría el 6% y el PRO, el 2%.
El informe también registra un clivaje de género en la composición del voto. El 63% de los votantes de LLA son varones, mientras que el 37% son mujeres. En el peronismo, la relación se invierte: el 57% son mujeres y el 43%, varones.
La situación económica de los hogares aparece como una variable asociada al comportamiento electoral. Entre los jóvenes que residen en hogares que debieron ajustar su consumo, la intención de voto a LLA alcanza el 20%. Entre quienes no atravesaron ese ajuste, la cifra trepa al 34%, una diferencia de 14 puntos porcentuales. El peronismo, en cambio, se mantiene como la fuerza mayoritaria en ambos grupos.
Esa misma variable incide en la retención del voto a LLA. Entre los votantes de Milei en 2023 que residen en hogares sin ajuste económico, el 64% volvería a votar a LLA. Entre quienes sí debieron recortar gastos, esa proporción cae al 53%.
El contexto económico que enmarca el estudio es el de una recuperación desigual. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) citados en el informe, el desempleo entre jóvenes menores de 29 años aumentó del 13,2% al 16,6% en el caso de las mujeres y del 11,3% al 16% entre los varones entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. Al cierre de ese año, el 57,6% de los ocupados jóvenes tenía un empleo informal.
El 75% de los encuestados percibe que la economía empeoró en los últimos 12 meses y apenas el 8% considera que mejoró. El 60% declaró que su hogar redujo el consumo en algún rubro durante lo que va del año: el 40% recortó en alimentos, el 18% en ropa o calzado, el 17% en recreación y el 14% en servicios como luz, gas o telefonía.
El endeudamiento también se extendió entre estos hogares. El 57% de los jóvenes señaló que en su hogar debieron pedir dinero prestado o tomar un crédito para afrontar gastos cotidianos. El canal predominante fue el informal: el 68% recurrió a familiares o amigos y el 39% a prestamistas del barrio. Las billeteras virtuales y las tarjetas de crédito fueron utilizadas por el 21% y el 18%, respectivamente. Entre los hogares que ajustaron su consumo, el 66% también tomó deuda, frente al 41% de los que no realizaron recortes.
El CIAS es un instituto universitario de los jesuitas fundado en 1956, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, dedicado a la investigación social y la formación en políticas públicas. El presente estudio se enmarca en una serie de trabajos previos sobre dinámica socioeconómica en barrios populares, entre los que se cuentan la Encuesta a Familias de Barrios Populares (2023) y la Encuesta sobre Oportunidades de Integración, Representaciones y Participación social de Jóvenes de Barrios Populares del AMBA (2024).
El informe completo:
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POLITICA
Juan Grabois dio detalles de su encuentro con Peter Thiel: “Perderse la oportunidad es una estupidez”
El diputado de Unión por la Patria (UxP) y referente de Patria Grande, Juan Grabois, dio este martes detalles de la reunión que mantuvo a principios de junio con el multimillonario empresario tecnológico Peter Thiel, quien está instalado en Argentina desde hace tres meses, y dijo que “perderse la oportunidad” de interactuar con el “dueño del circo” de la nueva derecha sería una “estupidez”.
“Perderse la oportunidad, si la tenés, de interactuar con el principal intelectual orgánico y además miembro de la élite de Silicon Valley es una estupidez astronómica, sobre todo si lo hacés de manera avergonzante para ver si alguien te acusa de no sé qué cosa. Yo tengo toda una historia militante y mirá si yo voy a rifar mi lealtad al papa Francisco por una reunión con un millonario”, dijo Grabois en diálogo con Radio con Vos.
La reunión había tenido lugar el 3 de junio, pero el dirigente, cercano al kirchnerismo y a la ex presidenta Cristina Fernández, no había hablado públicamente sobre esa cita, que en su momento llamó la atención en los sectores populares.
“Uno tiene que saber reunirse con el más humilde de los cartoneros y con la más alta alcurnia internacional. Para entender cómo funciona el circo, mejor reunirte con el dueño y no con los gorilitas”, acotó Grabois.
El supuesto rol del Vaticano
El legislador sostuvo además que el Vaticano “gestionó” la reunión porque, para ese sector, “también es importante ver qué dice la contraparte” ante la encíclica del papa León XIV contra la “deshumanización” que implica el desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo.
Para Grabois, “hay una cruzada existencial y geopolítica en la elite de Silicon Valley, y la Argentina se ha convertido en un laboratorio. En Argentina el super RIGI es parte de eso. Es un combo de saqueo y de entrega, pero que además tiene un componente adicional, que es habilitar zonas liberadas para procesos de desarrollo tecnológico ilimitados, sin marcos éticos, totalmente desregulados, que no se pueden hacer en otros países”.
“Argentina se está convirtiendo en la cabecera de playa del transhumanismo y el aceleracionismo y estas ideas que nosotros combatimos. En el caso mío, después de haber trabajado toda la vida con (Jorge) Bergoglio, con Francisco, tengo muy incorporado que el paradigma tecnocrático es un paradigma deshumanizado. Y ahora con León, que trae un documento muy importante que se le llama encíclica, pero que es el documento de mayor profundidad, de crítica al rumbo que están tomando los medios de producción tecnológicamente avanzados”, afirmó.
Para el dirigente social, se asiste a un “eco de la nueva Guerra Fría”. “Nosotros no somos conscientes de la gravedad y la profundidad de los cambios que están existiendo y que no somos conscientes de que existe una guerra mundial en cuotas”, consideró.
Repercusiones en el espacio opositor
En el kirchnerismo ratificaron ante la consulta de que la relación de Cristina y Máximo Kirchner con Grabois es “muy positiva y muy buena, como siempre”, pero dijeron desconocer si la cúpula de UxP estaba al tanto de la reunión con Thiel o si alguna vez incluso habían hablado sobre él.
Instalado en Argentina
Después de haberse reunido con el presidente Javier Milei, Thiel se instaló a comienzos de abril en Buenos Aires de manera temporal con su marido y sus hijos.
El magnate compró una mansión de seis dormitorios en Barrio Parque, la exclusiva zona de Buenos Aires en la que se ubican las principales sedes diplomáticas en el país.
Quién es
Peter Thiel es una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley. Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, hizo su primera fortuna en California como cofundador junto a Elon Musk de PayPal, la plataforma de pagos digitales que luego vendería para crear Founders Fund.
Thiel se convirtió en uno de los inversores más exitosos del sector tecnológico: lanzó inversiones tempranas en Facebook y en pequeños emprendimientos que luego se convirtieron en gigantes de la tecnología.
En 2003, fundó Palantir Technologies, una compañía de datos y software que actualmente asiste, entre otras, a distintas agencias del gobierno de Estados Unidos.
Entre ellas, a la CIA; la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el cuestionado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). También fue aportante en las campañas de Trump.
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POLITICA
Uno de los supuestos testaferros de Pablo Toviggino viajó a EE.UU. mientras avanza la investigación sobre la AFA
La investigación que se desarrolla en Estados Unidos sobre la firma TourProdEnter y su vínculo con la AFA atraviesa una semana decisiva. Mientras se espera la declaración de un testigo cuya identidad no fue confirmada oficialmente, surgió un nuevo dato que agrega interrogantes: uno de los presuntos testaferros de Pablo Toviggino viajó recientemente a EE.UU. y permaneció allí varias semanas.
Según información a la que accedió TN, Luciano Nicolás Pantano salió de la Argentina el 30 de junio de 2026 con destino a Estados Unidos y regresó el 23 de julio, apenas días antes de la audiencia prevista para el jueves en el marco de la causa que tramita en ese país.
Por el momento no se conocen los motivos del viaje. La información disponible únicamente confirma la salida y el ingreso al país, lo que abre un interrogante en medio del avance de la investigación: ¿viajó para asistir al Mundial o para aportar información a las autoridades estadounidenses? ¿Pudo haber declarado?
Pantano es uno de los nombres que aparece en la causa que investiga la mansión de Pilar, una propiedad valuada en alrededor de 20 millones de dólares, con aproximadamente cinco hectáreas, 54 autos de lujo, caballerizas, pistas ecuestres y helipuerto.
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Pantano fue socio de Diego Adrián Lucero en Central Park Drinks SRL, sociedad constituida en febrero de 2021 que posteriormente cambió su denominación por Real Central SRL, empresa que figura como propietaria del predio investigado.
Justamente a la persona que citaron para el 30 de julio, el departamento de justicia de Estados Unidos le pidió que lleve información y comunicaciones con Lucero. Pantano fue su primer socio.
La hipótesis que analiza la Justicia argentina sostiene que Pantano y Ana Lucía Conte (madre de Pantano y también titular de Real Central SRL) habrían actuado como testaferros de Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los principales colaboradores de Claudio “Chiqui” Tapia.
Pese a que la investigación sobre esa propiedad lleva ocho meses, Pantano nunca fue citado a declaración indagatoria. Actualmente quien está a cargo de la investigación es la jueza Verónica Straccia, pero los jueces de Cámara Borinsky y Barroetaveña convocaron a una audiencia para agosto para revisar todo lo actuado en la causa, pese a que la Cámara en lo Penal y Económico ya había definido dónde investigar el expediente.
Pantano no fue el único de los nombres vinculados a la investigación que salió del país en las últimas semanas. También registró un viaje Fabián Adolfo Krunfli, alias “Fiño”, quien viajó a Uruguay entre el 19 y el 21 de junio.
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Krunfli sería el supuesto financista que habría canalizado US$5.280.534 en 26 entregas de dinero en efectivo destinadas a Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino. Dinero que previamente habría salido desde Tourprodenter a la firma Dicetel. Krunfli en diálogo con TN negó cualquier acusación pese a que reconoce su voz en los audios que este mismo medio difundió.
La documentación analizada por TN sostiene que esos movimientos se habrían realizado entre febrero y mayo de 2022 y que el dinero provenía de transferencias vinculadas con TourProdEnter.
A esos desplazamientos se suma otro viaje reciente: Mauro Javier Paz viajó a España el 30 de junio y regresó el 2 de julio. Su nombre aparece vinculado a varias de las firmas mencionadas en distintas investigaciones relacionadas con Toviggino, entre ellas Malte.
Expectativa por el testigo del jueves
El otro foco de atención está puesto en la audiencia prevista para el jueves en Estados Unidos. Hasta el momento, la identidad del testigo no fue confirmada oficialmente.
Sin embargo, una fuente con acceso a la AFA aseguró que quien “declararía” sería Leandro Petersen, gerente de Marketing de la Asociación del Fútbol Argentino. La misma fuente lo describió como “el hombre que consigue los contratos, que promociona a la Selección Argentina”. Petersen lo niega.
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La eventual participación de Petersen cobra relevancia porque la investigación estadounidense busca reconstruir el circuito comercial y financiero vinculado con TourProdEnter, la empresa registrada en Miami a nombre de Erica Gillette, esposa del productor teatral Javier Faroni, que fue designada por la conducción de la AFA como representante comercial exclusiva para gestionar las operaciones internacionales de la AFA mediante un contrato firmado en diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino.
La página oficial de la AFA exhibe una extensa lista de patrocinadores de las selecciones nacionales. Una de las preguntas centrales que intenta responder la investigación es si parte del dinero generado por esos contratos pasó por TourProdEnter.
Por qué TourProdEnter quedó bajo la lupa
En ese contexto, el extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, recordó que durante su gestión detectó alrededor de US$111 millones sin explicación en los balances de la AFA y cerca de US$400 millones adicionales en los de la Superliga. Según sostuvo, esas inconsistencias nunca fueron aclaradas por la entidad y hoy forman parte del contexto en el que se desarrolla la investigación sobre TourProdEnter.
En declaraciones radiales, Vítolo sostuvo que la entidad nunca respondió con precisión a los requerimientos formulados por la IGJ y ejemplificó con partidas contables que, según afirmó, no podían ser desagregadas.
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“Lo que no sabíamos es qué había dentro de un rubro que decía: gastos y traslados, ocho millones de dólares en un balance. ¿Quién está adentro?”, planteó. También señaló que la información sobre ingresos por partidos de la Selección no coincidía, según su análisis, con la cantidad de encuentros efectivamente disputados.
La investigación que se desarrolla en Estados Unidos permanece en una etapa preliminar. Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Javier Faroni, Erica Gillette ni las demás personas mencionadas en las distintas actuaciones conocidas.
AFA, AFA (Asociación de Fútbol Argentino), Pablo Toviggino
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