POLITICA
La Justicia advirtió a Cristina Kirchner por las manifestaciones en San José 1111 y amenaza con revocar su arresto domiciliario
El Tribunal Oral Federal que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión le advirtió que violó las condiciones de su prisión domiciliaria en San José 1111 por la bandera desplegada este fin de semana entre su balcón y el de un edificio vecino. Le advirtieron a la expresidenta que de repetirse podría implicar que la manden a cumplir su condena a la cárcel.
“Intimase a Fernández de Kirchner que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)“, escribió el juez Rodrigo Giménez Uriburu.
El artículo 34 de la ley que regula la ejecución de la pena señala que el juez “revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren o cuando se modificare cualquiera de las condiciones y circunstancias que dieron lugar a la medida”.
Lo que ocurrió fue en el marco de los actos para recordar el primer año de que Cristina Kirchner está presa.
Diversos intendentes del conurbano se turnan para congregarse debajo del balcón de San José 1111 y apoyar a la expresidenta con manifestaciones de apoyo.
El pasado fin de semana fue el turno de Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que reunió a un grupo de militantes que extendió una gran bandera entre el balcón del departamento de la expresidenta y un edificio de la vereda de enfrente.
La bandera llevaba la leyenda “De San José 1111 a la Rosada” y fue acompañada de otros carteles y mensajes de adhesión. Cristina Kirchner correspondió saludando desde el balcón.
El juez Rodrigo Giménez Uriuburu, a cargo de la ejecución de la pena, firmó hoy un escrito en el que advirtió a la expresidenta que de reiterarse estas manifestaciones podría revocarse su prisión domiciliaria.
En cinco páginas recordó que se le impuso a Cristina Kirchner “abstenerse de adoptar comportamientos que pudiesen perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Señaló el magistrado que en el pasado hubo periódicamente diversas manifestaciones que, a juicio del tribunal, no implicaban la violación de las condiciones de la prisión domiciliaria, a pesar de las quejas de la fiscalía a cargo de Diego Luciani.
Todo esto hasta el domingo pasado, cuando “se verificó un episodio que importa, en principio, un incumplimiento de la regla de conducta referida, y que amerita la intervención del suscripto en su condición de juez a cargo del contralor de la pena de prisión de la condenada”.
Dijo el juez que el domingo “se desplegó una bandera de grandes dimensiones, soportada por una estructura de cables tensores, desde una ventana de un edificio ubicado en una esquina enfrentada al edificio en cuestión, la que fue extendida cruzando la calzada y su espacio aéreo hasta quedar sujeta al balcón de la vivienda donde Fernández de Kirchner cumple su sanción”.
“La conducta descrita no constituyó un episodio ajeno a la condenada; por el contrario, surge de las constancias obrantes en autos que participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”, relató el magistrado.
Y dijo que, a diferencia de lo sucedido en otras concentraciones, en las que Cristina Kirchner no tuvo “intervención directa”, aquí “el episodio presenta notas cualitativamente distintas: el despliegue de una maniobra riesgosa para el espacio público y perturbadora para los vecinos de la ochava, más la participación personal y activa de la condenada en la concreción de la acción, con empleo del domicilio de cumplimiento a ese fin”.
Riesgos
Por eso dijo que su conducta es reprochable desde tres puntos de vista: por un lado, por el “ostensible riesgo para la integridad física” de la exmandataria y de los transeúntes, conductores, pasajeros del transporte público o peatones. Dijo que los exponía “a un peligro innecesario”, más allá de la responsabilidad que pudiera tener en caso de un accidente.
Por otro lado, mencionó que la instalación de pasacalles, pancartas u objetos similares y de una “bandera sostenida por cables de alta resistencia” debería contar con una autorización municipal. “La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, lo que agrava la conducta de la expresidenta.
Y por último dijo el juez que el despliegue de la bandera “perturba objetiva e indefectiblemente la tranquilidad del vecindario y altera la convivencia pacífica de sus habitantes, afectando de manera directa la condición de conducta cuya observancia fue expresamente impuesta a la condenada”.
“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, escribió el juez Giménez Uriburu.
Explicó que incumplir las reglas “compromete los fundamentos mismos sobre los que reposa la modalidad de ejecución concedida y torna imperativa la intervención del suscripto en su condición de juez de ejecución actuante”. Y por eso le advirtió que, de repetirse, iba a revocar su prisión domiciliaria.
pic.twitter.com/Vg1BtLzd8t,June 15, 2026,Hernán Cappiello,Cristina Kirchner,Conforme a,,Regulación del lobby. Tras cosechar un rechazo transversal, el Gobierno desacelera y negocia cambios con la oposición,,Relegado. La nueva rutina de Adorni: bajo perfil, poca actividad en redes y excluido de algunas reuniones de gestión,,Análisis. Adorni, un papel de tornasol para la casta,Cristina Kirchner,,Interna del PJ. Una legisladora cercana a Kicillof cuestionó a Cristina Kirchner y dijo que está «bastante equivocada»,,Fallo. Mantienen la intervención judicial del PJ de Jujuy, pero ordenan correr al interventor alineado con Sáenz,,El método de la vieja casta. Adorni y la renuncia que el país espera
POLITICA
“¡Fuera bloqueadores!”: los gritos contra la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia
Un video registró el momento en que pasajeros increparon a la delegación argentina que fue expulsada de Bolivia tras intentar ingresar al país como veedores de derechos humanos. Las imágenes, publicadas por el portal boliviano El Deber, fueron tomadas a bordo del avión que trasladó al grupo desde La Paz hasta Santa Cruz de la Sierra. Allí se escucha a viajeros que gritan: “¡Fuera, bloqueadores, zurdos, nosotros queremos trabajar!”. Las expresiones dan cuenta de la polarización que atraviesa Bolivia en medio de una crisis de más de 40 días de cortes de ruta.
La delegación estaba integrada por diputados nacionales y legisladores porteños del peronismo y la izquierda, así como por dirigentes sindicales. El grupo había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con el propósito declarado de relevar la situación de los derechos humanos en el marco de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz. Las autoridades bolivianas les retuvieron los documentos a su arribo, los redirigieron a Santa Cruz de la Sierra y, desde allí, los enviaron de regreso a la Argentina.
La escena captada en el avión refleja la tensión que se vive en Bolivia: de un lado, los sectores que apoyan los bloqueos de caminos impulsados por campesinos del altiplano, cocaleros afines a Evo Morales y obreros sindicalizados; del otro, quienes ven en esas medidas una parálisis que los priva de alimentos, combustible y medicamentos desde hace más de cinco semanas.
El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió. Marino había sostenido que el grupo viajaba en misión humanitaria, categoría que el canciller argentino Pablo Quirno calificó de “autoproclamada”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó la expulsión mediante un comunicado oficial. Quirno explicó que las autoridades bolivianas “detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, precisó el funcionario.
El episodio se produjo mientras Bolivia atraviesa una de sus crisis más agudas en años recientes. Los cortes de carretera, concentrados en el altiplano y el valle central de Cochabamba, han provocado desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos, con mayor intensidad en La Paz, cuyas vías de acceso permanecen cortadas. Según medios oficiales del Estado, al menos un conductor de transporte pesado murió tras permanecer más de un mes varado, y los choferes han denunciado dos casos adicionales.
Según El Deber, actualmente hay 52 bloqueos de caminos distribuidos por todo Bolivia. 20 se concentran en La Paz, el departamento más afectado. Luego le siguen Cochabamba (13), Oruro (12), Potosí (6) y Santa Cruz (1). El conflicto se desató hace 47 días. Inicialmente expresaba un reclamo por la derogación de la ley de tierras y mejoras salariales para distintos sectores de la actividad económica boliviana, pero las movilizaciones recrudecieron y derivaron en un pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz. Esa es la consigna principal por estos días.
El lunes, una caravana humanitaria impulsada por la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Cáritas Bolivia partió desde La Paz hacia la carretera internacional que conecta con Chile para llevar alimentos y medicamentos a unos 600 transportistas varados. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió a los manifestantes que permitieran el paso de la misión: “A los movilizados, ser respetuosos del ingreso y tránsito de esta caravana que solamente está buscando paliar las necesidades más básicas de los transportistas”, afirmó, citado por medios locales.
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Fuerte rechazo al decreto de Milei que limita la participación ciudadana en la elección de jueces
El gobierno de Javier Milei limitó la participación pública en la elección de jueces mediante un decreto que modificó el mecanismo para las impugnaciones ciudadanas y borró las recomendaciones de diversidad de género, origen regional y especialidad a la hora de elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.
La decisión del Gobierno, materializada en el decreto 467/2026, publicado este martes y adelantado el domingo por , fue calificado como un retroceso por el Colegio Público de la Abogacía, Poder Ciudadano y el constitucionalista Federico Ambroggio.
El también abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue un paso más allá: pidió a la Justicia que lo declare inconstitucional y que suspenda su aplicación.
El decreto 467/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificó los decretos 222 y 588 de 2003.
La norma elimina la etapa de exposición y observaciones ciudadanas que se desarrollaba bajo la órbita del Ministerio de Justicia antes de la nominación formal de un candidato.
El argumento es que esa actividad es redundante con la que se da en el Senado. Los antecedentes de los candidatos ya no deberán publicarse en diarios de circulación nacional, sino únicamente en el sitio web del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial.
El nuevo decreto deja sin efecto la recomendación para que el presidente contemple criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional al momento de proponer candidatos para la Corte Suprema.
La reacción del mundo jurídico fue el rechazo. Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo que se eliminan mecanismos de participación ciudadana, como la publicación durante 15 días de los nombres de los candidatos a jueces, para que ciudadanos, ONG, entidades académicas y organizaciones presenten observaciones fundadas.
“La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo” y las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de la decisión final, señaló Secchi.
Ahora se elimina esta instancia y también la posibilidad de requerir opiniones a organizaciones especializadas durante el proceso de selección. “Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”, insistió Secchi.
El constitucionalista Ambroggio afirmó en X que el decreto de Milei “es un retroceso innecesario”. Cuestionó tanto la eliminación de la participación ciudadana directa en la etapa ejecutiva como la supresión de diversidad que el decreto 222 imponía al Presidente al momento de seleccionar candidatos para la Corte.
En coincidencia con Secchi, dijo que cuando el Senado ya recibe un nombre para debatir, la decisión del Poder Ejecutivo está tomada. La instancia ante el Ministerio de Justicia era la única herramienta formal para influir antes de que eso ocurriera y ahora si se la suprime, se reduce el control, interpretó.
Gil Domínguez afirmó que el decreto “implica una regresión normativa injustificada del derecho a peticionar, participar y deliberar democráticamente. También implica una regresión injustificada del derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género. Y, por último, impacta en el federalismo como elemento central del Estado constitucional y convencional de derecho argentino.”
El constitucionalista aclaró que el debate no pasa por si el presidente tiene facultades para derogar decretos de autolimitación −nadie lo niega, dijo− sino por la regresividad injustificada de la medida.
“El problema constitucional y convencional es la regresividad injustificada en una cuestión tan sensible como lo es la designación de jueces y juezas de todas las instancias cuya permanencia en el cargo dura hasta los 75 años”, dijo el letrado.
El punto sobre los 75 años no es menor: un juez de la Corte designado hoy puede estar en funciones durante tres décadas. La ciudadanía tiene, según Gil Domínguez, un interés constitucional legítimo en participar del proceso antes de que esa decisión esté tomada, no solo después. Gil Domínguez ya anticipó que presentará un amparo contra el decreto.
El Colegio de la Abogacía de la Capital Federal en un comunicado expresó su “preocupación” por el decreto porque señala que es “un retroceso innecesario” y sostiene que la modificación afecta procedimientos que habían consolidado estándares de transparencia y control durante más de veinte años.
Por su parte, el asesor presidencial Santiago Caputo defendió la reforma sosteniendo que “el decreto 222 era una anomalía institucional” y que “el método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana: son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”.
Los constitucionalistas críticos rebaten ese argumento al afirmar que la audiencia en el Senado ocurre cuando el candidato ya fue elegido por el Poder Ejecutivo y que se trata de dos momentos distintos del proceso.
Con el decreto 467/2026, la próxima vez que el Gobierno proponga un candidato para la Corte, organizaciones, universidades y ciudadanos no tendrán ante el Ministerio de Justicia ningún canal formal para objetarlo antes de que llegue al Senado. De este modo el Gobierno se ahorraría la lluvia de cuestionamientos que tuvo como cuando propuso al juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Milei los desoyó y luego no encontró los votos necesarios en el Senado.
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La Justicia intimó a Cristina Kirchner por las manifestaciones alrededor de su casa y le advirtió que podrían revocarle la prisión domiciliaria
El tribunal Oral Federal 2 intimó a Cristina Kirchner a cumplir con las restricciones impuestas para su prisión domiciliaria, tras un banderazo el pasado 14 de junio que provocó el corte de calles en la zona y un gran aglomeramiento de personas.
La militancia tenía previsto realizar otra concentración masiva el próximo 20 de junio.
“Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta”, sostuvo el tribunal.
La Justicia remarcó que el episodio del fin de semana presentó características cualitativamente distintas a las manifestaciones periódicas que se vienen registrando desde que la exmandataria cumple arresto domiciliario.
En esta oportunidad, un grupo de militantes, en el marco de un acto organizado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, extendió una bandera con la leyenda “De San José 1111 a la Rosada”, que cruzaba la calzada y el espacio aéreo público, sostenida por cables tensores.
La resolución destacó que la expresidenta “participó activamente en el despliegue de la referida bandera, utilizando el balcón de su propio domicilio de arresto como punto de anclaje y sujeción, y hasta colaborando de propia mano con dicha acción”. Además, saludó a los presentes desde el balcón.
El juez enumeró tres aspectos que tornan reprochable la conducta: el riesgo ostensible para la integridad física de la propia condenada, transeúntes, conductores y peatones por la instalación de la estructura; la posible comisión de una contravención municipal por la falta de autorización para ocupar el espacio público, y “la perturbación objetiva de la tranquilidad del vecindario y la alteración de la convivencia pacífica”.
“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria concedida, ni con el estándar de comportamiento que el tribunal tuvo en miras al imponer las reglas de conducta oportunamente establecidas”, se lee en la resolución judicial.
“La realización de tal actividad, de no haber contado con el permiso correspondiente, podría importar la comisión de una contravención”, añadió el juez.
Leé también: El Gobierno busca mostrar unidad en medio de la tensión por el futuro político de Adorni
Hasta ahora, las concentraciones de apoyo frente al edificio no habían derivado en una intimación judicial tan contundente. El tribunal consideró que en aquellos casos la expresidenta no había intervenido de manera directa ni había utilizado su domicilio como parte activa de la manifestación.
En cambio, esta vez la participación personal y el despliegue de la bandera generaron una situación que, a criterio del juez, excede los límites tolerables.
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