POLITICA
Un empresario confirma que le armó una reunión a Adorni en Punta del Este en carnaval: “Fue una cena de camaradería”
MONTEVIDEO.- El viaje de Manuel Adorni a Punta del Este por el fin de semana de carnaval, que motivó la apertura de la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, no fue solo una escapada “estrictamente familiar”, como dijo el jefe de Gabinete. Incluyó una reunión con empresarios, en la Trump Tower, organizada por Marcelo Grandio y Rolando Rozenblum, referente de la colectividad israelita local, que como dueño de casa ofició de anfitrión.
La reunión fue revelada el domingo por eldiario.ar, que dijo que se trató de una cena tarifada en la que una docena de empresarios aportaron, cada uno, 1000 dólares. Rozenblum, CEO de uno de los principales colegios de Punta del Este, confirmó a que la reunión se hizo, que hubo empresarios y que fue en su casa, pero negó haberles cobrado a los asistentes.
“Fue una cena de camaradería con familiares, empresarios y amigos; una cena muy amena, como se hace en cualquier ambiente cuando hay una personalidad a la que se invita”, dijo Rozenblum. Durante el encuentro, Adorni expuso durante “unos 40 minutos”, relató el dueño de casa, que no reveló quiénes participaron. “Luego, preguntas y un intercambio de opiniones”, agregó.
“Yo no cobre nada. Pagué la cena. Nunca voy a cobrar una cena en mi casa”, afirmó Rozenblum, CEO del Internacional College Punta del Este y referente de la Comunidad Israelita de Punta del Este (Cipemu). Concejal del municipio de la ciudad, en las elecciones de 2025 Rozenblum se presentó como candidato a alcalde y perdió por pocos votos.
La Trump Tower es la torre iniciada por la familia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Playa Brava de Punta del Este. Cuando la obra había quedado frenada, fue Rozenblum quien impulsó ese desarrollo.
“Me enteré de que venía Adorni y me pareció que era bueno invitarlo”, relató. Dijo que consideró la visita como una buena ocasión para juntarse, escucharlo y “contarle particularidades” de la ciudad balenario. Informó que habló con Grandio y que le dijo: “Vamos a atenderlo bien”.
Grandio es el periodista amigo de Adorni que, según las facturas en poder de la Justicia, pagó por los vuelos privados de ida y de vuelta a Punta del Este del jefe de Gabinete y su familia en febrero pasado. Grandio, que tuvo contratos con la TV Pública durante la gestión de Javier Milei, dijo, cuando trascendió el viaje y se lo vio en un video, que él lo había invitado a Adorni para que descansara unos días en su casa del balneario uruguayo.
Grandio se enredó en esas primeras explicaciones. Alegó que viajar en un avión privado como el que tomaron salía “más barato que en un avión de Aerolíneas” y afirmó: “Manu lo pagó”. Pero después dijo que cada uno abonó su parte, y finalmente, que Adorni “lo pagó él con plata del Estado”. “Tengo el recibo del recibo”, dijo. Hasta hoy, ni Grandio ni Adorni mostraron ningún documento que pruebe que los vuelos los pagó Adorni. La factura del de ida, por 4830 dólares, está a nombre de la productora de Grandio. El de vuelta fue parte de un paquete de 10 vuelos comprados por el piloto Agustín Issin Hansen, que le revendió los de los Adorni a Grandio por 3000 dólares, según lo documentado. Esta última factura -que Grandio hoy desconoce- está fechada el 9 de marzo, el mismo día que el periodista Carlos Pagni habló por primera vez de este viaje.
Adorni justificó el gasto con el argumento de que cuatro días en Punta del Este fue “lo único” que hizo en un año y medio (después se conocería que en ese período tuvo otras vacaciones). Dijo que fue un viaje “estrictamente personal” con su mujer y sus hijos menores de edad. “Es un tema estrictamente familiar”, insistió, como argumento para negarse a dar cualquier explicación.
Ahora se sabe que además de estar con su familia, mantuvo al menos esta reunión con empresarios locales.
Según Rozenblum, en la Trump Tower hablaron sobre el “impacto de las elecciones de Argentina en Uruguay” y el propio anfitrión hizo “una explicación, como concejal, para explicar la naturaleza de Punta del Este y su dependencia de los argentinos”, entre otros asuntos.
“Yo siempre invité gente a mi casa, interesante, como expresidentes, ministros, senadores, diputados”, alegó el empresario.
El viaje de Adorni a Punta del Este es uno de los gastos que analiza el fiscal Gerardo Pollicita para determinar si corresponde avanzar con una intimación al jefe de Gabinete para que justifique su patrimonio. El funcionario ya suma más de 400.000 dólares en gastos detectados por los investigadores, sin contar los gastos corrientes, como expensas, colegio de sus hijos y alimentos.
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POLITICA
Confirman la multa de 100 millones de dólares a uno de los condenados por la ruta del dinero K y otro la podría abonar en 48 cuotas
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que uno de los condenados por lavado de dinero en la causa de la Ruta del dinero K pague una multa de más de 100 millones de dólares. Se trata del apoderado de Lázaro Báez, Claudio Fernando Bustos, en Austral Construcciones. El contador fue condenado a tres años de prisión en suspenso.
Ahora la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le confirmó a Bustos el pago de una multa por 109 millones de dólares como parte de la condena por lavado de dinero en la causa.
Los jueces Javier Carbajo, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos fijaron el monto de la multa en 109.745.733,38 dólares, convertibles a pesos argentinos conforme la cotización oficial del dólar vendedor del BCRA al momento del efectivo pago, e intimaron al condenado a abonarla.
La defensa cuestionó esa decisión al sostener que la multa no debía expresarse en dólares estadounidenses y que, en todo caso, la conversión debía realizarse según la cotización vigente al momento de los hechos investigados.
Al analizar el planteo, los camaristas consideraron que tanto el monto de la operación como la determinación de la multa habían sido establecidos en la sentencia condenatoria firme, por lo que los agravios intentaban reabrir cuestiones ya resueltas con autoridad de cosa juzgada.
En su voto, el juez Hornos destacó que la actualización conforme la cotización vigente al momento del pago resulta compatible con la necesidad de evitar la depreciación de la sanción pecuniaria. De este modo, la Cámara resolvió rechazar el recurso de casación deducido por la defensa de Bustos.
Asimismo, la Cámara Federal de Casación Penal abrió la posibilidad de que otro de los empresarios sentenciados por lavado de dinero en esta causa pague en cuotas la multa que le fue impuesta como parte de la condena.
Se trata de Juan Carlos Molinari, quien saltó a la fama por sus autos de alta gama y porque le pagó la boda a otro de los condenados en la causa: Leonardo Fariña, el arrepentido que contó toda la maniobra y que se casó con Karina Jelinek.
La fastuosa boda tuvo lugar en el Tattersall de Palermo y él contó que le costó unos 480.000 dólares. Dijo que lo hizo no como un evento familiar, sino como una manera de promocionar la agencia de alquiler de autos de alta gama, Audis y Ferraris, que ambos montaron.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría hacer lugar parcialmente al planteo formulado por la defensa de Molinari y analizar si corresponde que la pague en 48 cuotas como lo solicitó. El Tribunal Oral Federal 4 ya le había rechazado esa posibilidad. Se tratan de unos 2.237.959 dólares.
El juez Carbajo admitió esta posibilidad al sostener que los jueces del tribunal oral no justificaron el rechazo del plan de cuotas. Señaló, además, que esa resolución “no ha explicitado el modo en que aquella disposición veda el tratamiento de la petición de la defensa en punto a que se considere la situación personal y patrimonial de su asistido con el propósito de establecer un marco de cumplimiento voluntario de la sanción”, que evitaría un complejo proceso de decomiso, que “suele resultar de prolongada duración y eficacia relativa”.
Coincidió Borinsky al señalar que el fallo que rechazó el pago en cuotas “omitió analizar, con debida amplitud, el ofrecimiento formulado por la defensa para cumplimentar el pago de la pena de multa en cuestión bajo una de las posibilidades legales previstas por el ordenamiento vigente, sin haber brindado una debida fundamentación para sustentar su decisión”. Y mandó la mayoría a que el Tribunal Oral Federal cuatro le de un plan de pagos a Molinari.
Sin embargo, el juez Hornos votó en disidencia y sostuvo que el recurso debía ser rechazado. Remarcó que la condena dictada contra Molinari se encuentra firme desde abril de 2021 y recordó que ya fueron acreditadas judicialmente las maniobras por las cuales resultó condenado. En ese sentido, destacó que la multa impuesta constituye un “título ejecutivo” que debe hacerse efectivo sobre los bienes del condenado.
El magistrado cuestionó además la propuesta presentada por la defensa, que pretendía el levantamiento de medidas cautelares para reactivar emprendimientos comerciales e inmobiliarios, al considerar que ello resulta incompatible con la efectiva ejecución de la pena pecuniaria. Molinari fue sentenciado a la pena de 3 años y seis meses de prisión.
La Corte Suprema de Justicia dispuso hace un año, el 29 de mayo de 2025, dejar firme la condena contra todos los sentenciados en el juicio. Así, Lázaro Báez se encuentra cumpliendo una pena unificada de 14 años, que incluye la condena a 10 años por esta causa; junto a sus hijos varones, empresarios y allegados. Fueron condenados por haber armado una estructura jurídica, bancaria y financiera para blanquear más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013 que provenían de la evasión mediante facturas truchas.
El caso se hizo popular por las imágenes de La Rosadita, la casa de cambios de Puerto Madero usada para sacar dinero del país de manera ilegal. El fallo fue firmado por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Lozano -juez de la Cámara Federal de General Roca- y Luis Ramón González -juez de la Cámara Federal de Corrientes-.
El fallo dispone la condena a diez años para Báez, seis años y seis meses para Martín Antonio Báez, seis años para Jorge Oscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín, cinco años para Julio Enrique Mendoza, tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña, cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi, Eduardo Guillermo Castro.
También dispone la pena de tres años de ejecución en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa, Martín Andrés Eraso y Leandro Antonio Báez, y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot.
También se ratificaron las condenas de Carlos Juan Molinari a tres años y seis meses, y de Daniel Alejandro Bryn a dos años de prisión. Asimismo, se confirmaron multas que oscilan entre seis y dos veces el monto de las operaciones (de 109.600.000 de dólares a 328.800.000 de dólares) y el decomiso de activos por valor equivalente a 65 millones de dólares.
la Ruta del dinero K,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
La explicación del abogado del hermano de Manuel Adorni ante la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El abogado, Marcelo Peña, que defiende a Francisco Adorni, dio explicaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y planteó en declaraciones a TN que hubo “una omisión en la declaración jurada” del legislador bonaerense de La Libertad Avanza. Se trata del hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por este delito.
El fiscal federal, Guillermo Marijuan, abrió una investigación a partir de una denuncia de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano, contra el legislador libertario. El fiscal investiga las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias entre 2023 y 2024.
El abogado dijo: “Esto se trataría en principio de un error circunstancial, de una inconsistencia, que de por sí no constituye delito. Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada, una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió. Francisco se presentó en forma espontánea, nunca fue imputado».
Peña dijo que su defendido “tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable”: “Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada».
El abogado dijo que el pago del crédito por $60 millones del legislador, mencionado en la denuncia, está en curso: “No existe el delito, no hay irregularidad, (el crédito) no se canceló. Francisco tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable”.
Duras críticas del abogado de Francisco Adorni a la denuncia de Marcela Pagano: “Es abarcativa, hipotética, no es concreta”
Peña habló de “inexistencia de delito” en la presentación de la diputada: “Es una denuncia abarcativa, con figuras penales inexistentes. Es una denuncia hipotética, con el peligro que eso figura. Es todo en forma hipotética, generalizada, y presunta. Si se tienen herramientas suficientes para pedir que se investigue, se debe acompañar con una prueba documental suficiente. En este caso no existen los delitos de enriquecimiento ilícito o de lavado de activos».
El abogado dijo además que la situación judicial del jefe de Gabinete no tiene “nada que ver” con la de su hermano: “Acá no tiene nada que ver la situación de Manuel Adorni con la de Francisco. Se intentó mezclar una puja política e intentar meter la cola en la Justicia. La legisladora intenta querer inmiscuir una cuestión política dentro de la esfera judicial. No hay delito para investigar, no es concreta la denuncia”.
El juez Casanello levantó el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni
La semanada pasada el juez federal, Sebastián Casanello, levantó secreto fiscal y bancario del diputado bonaerense. El magistrado ordenó pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, que había pedido investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, para conocer detalles sobre viajes y bienes.
Francisco Adorni, Manuel Adorni
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prepara un proyecto de ley para otorgar un marco normativo a los trabajadores de aplicaciones en el territorio bonaerense. La iniciativa va en sintonía con la presentada por el diputado nacional Hugo Moyano (h) semanas atrás y busca que las empresas se hagan cargo del pago de los seguros de los vehículos, presenten un registro de sus trabajadores y demás responsabilidades. La autoridad de aplicación será el ministerio de Trabajo bonaerense aunque aclaran que es para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios”, aunque “con un enfoque no punitivo”.
Kicillof había adelantado el envío de un proyecto de estas características cuando abrió las sesiones ordinarias a principios de marzo. Ahora, casi tres meses después, la iniciativa se encuentra en su etapa de revisión final antes de que el Ejecutivo lo gire a la Legislatura bonaerense.
“Hoy en día, estas empresas de aplicaciones no plantean absolutamente nada. Hay una ausencia total del registro de trabajadores. Nosotros lo que exigimos es el cumplimiento de este registro por parte de las empresas”, planteó este lunes el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.
Entre los distintos puntos, lo que busca la iniciativa es generar un registro de trabajadores, que las empresas de aplicaciones -en el caso de las de delivery- cubran los seguros y coberturas médicas de sus trabajadores en caso de siniestralidad. También propone dotar de botones antipánico a los trabajadores para utilizar en situaciones de emergencia, ya sea en caso de accidente o de inseguridad. Se contempla que esos dispositivos den alerta inmediata tanto al ministerio de Salud como de Seguridad.
Otro punto a atender son las llamadas tiendas de abastecimiento de dichas aplicaciones. Correa adelantó que el proyecto plantea fortalecer los controles de parte de su cartera ministerial en centros de distribución y almacenamiento. Buscan darle con georreferenciación de puntos y así asegurar “condiciones dignas tanto para trabajadores internos como para repartidores”.
“No tenemos datos específicos ni fehacientes. La idea es que desde el Ministerio de Trabajo, obviamente con la plataforma de nuestro gobierno provincial, interactuemos para tener ese banco de datos y generar un montón de políticas estratégicas a favor de los trabajadores y las trabajadoras”, remarcó Correa en el marco de las conferencias de prensa que encabeza todos los lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Este lunes lo escoltaron Correa y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni.
La semana pasada, Correa participó de la presentación de un proyecto de ley de similares características al que promoverá para el territorio bonaerense. Se trata de la iniciativa con impacto nacional que impulsó el diputado del peronismo Hugo Moyano (h), y tiene la firma de los diputados Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Jorge Taiana, Hugo Yasky, Juan Marino y Sabrina Selva.
Esa iniciativa, cuya presentación oficial fue en la Casa de la Provincia, establece un régimen especial que reconoce la existencia de una relación laboral entre quienes trabajan a través de plataformas digitales y los administradores de esas plataformas, fijando derechos, obligaciones y estándares diferenciados para la protección de trabajadores en un sector caracterizado por la precarización y la gestión algorítmica.
Así como lo planteó Correa este lunes para el proyecto de aplicación al territorio bonaerense, la normativa responde a desarrollos internacionales, fallos judiciales y la necesidad de superar vacíos legales ante tecnologías que alteran la naturaleza tradicional del vínculo laboral, garantizando transparencia, equidad salarial, seguridad, acceso a información y libertad sindical.
El texto que lleva la firma de Moyano presume la existencia de un contrato de trabajo entre trabajador y administrador de plataformas digitales, más allá del nombre o modalidad contractual adoptada.
Requiere transparencia en algoritmos, sistemas de asignación y métricas, así como derecho del trabajador a recibir explicaciones escritas y revisión humana de decisiones automatizadas relevantes.
También establece remuneración mínima garantizada, estándares de jornada laboral flexibles bajo límites legales, equipamiento provisto por la plataforma y protección ante represalias por rechazar tareas. Impone obligaciones estrictas sobre datos personales, reputación digital, uso de geolocalización dentro de la jornada y prohibición de tratamiento de información sensible sin motivo legal justificado.
Hay un punto atendible, que en el Ejecutivo reconocen y es que la ley de Reforma Laboral quita el poder de policía a las Provincias para la aplicación de una iniciativa de estas características. “Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos una Constitución. Tenemos el artículo 39 que salvaguarda los intereses y derechos de los trabajadores. Así que ante la deserción y la expulsión de esa concepción de trabajador del Gobierno Nacional en esta pseudomoderización laboral, la provincia de Buenos Aires, conforme a las recomendaciones de OIT, hace lo que corresponde en términos de derechos de los trabajadores y las trabajadoras por medio de plataformas”, remarcó el ministro de Trabajo de Kicillof para plantear que el estado provincial sí puede intervenir en relaciones contractuales de este tipo.
No es la primera vez que el peronismo busca interceder en la dinámica de las aplicaciones y sus trabajadores. En 2023 fue el entonces senador provincial por el peronismo, Omar Plaini, quien había empujado un proyecto de ley para regular el funcionamiento de las apps de delivery. Logró que pase el Senado, pero se trabó en Diputados.
Ahora, el Ejecutivo aguarda que la Legislatura provincial termine de conformar las comisiones de trabajo en la Cámara de Diputados de la provincia para elevar la iniciativa. La reciente conformación de las comisiones en el Senado determinó que la comisión de Trabajo y Legislación Social-una de las cuales en las que indefectiblemente se discutirá el tema- quede bajo control del kirchnerismo, bajo la figura de la senadora María Rosa Martínez, que retiene la presidencia de dicho ámbito.
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