POLITICA
Un gobernador aliado de Milei suspendió las elecciones PASO por un año con la ayuda del massismo

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero (Unión Cívica Radical), consiguió que la Cámara de Diputados provincial avale su proyecto de suspender las elecciones PASO por un año. El mandatario, aliado del presidente Javier Milei, logró aprobar una iniciativa que coincide con los objetivos del jefe del Estado, que busca apoyos en el Congreso para eliminar las internas obligatorias del calendario electoral nacional.
La votación en Chaco se destrabó gracias al respaldo de una diputada massista a la suspensión promovida por el gobierno provincial.
La iniciativa del gobierno de Zdero consiguió 17 votos afirmativos en la sesión extraordinaria que se realizó este miércoles por la mañana, entre los que están los 16 del bloque del oficialismo chaqueño y uno de la diputada massista Katia Blanc. El resto de los diputados del peronismo (15) se ausentó para no dar quorum ni votar.
Zdero es un aliado de La Libertad Avanza. En las elecciones de medio término del año pasado, el gobernador selló una alianza con el oficialismo nacional y se impuso en las elecciones legislativas.
La Cámara de Diputados de Chaco (el Poder Legislativo provincial es unicameral) está integrada por 32 legisladores, y su composición actual exhibe una división por mitades entre oficialismo y oposición, con 16 diputados por bando.
“Quiero dejar en claro que estoy convencida de que nos debemos una reforma electoral integral para oxigenar la política. Limitar cargos, multar candidaturas testimoniales. Y reivindiquemos la interna de cada partido”, dijo Blanc en la sesión, según consignó el sitio chaqueño Diario Chaco. Su postura a favor de la suspensión de las PASO no tuvo aval de la conducción nacional del Frente Renovador, indicaron desde el massismo nacional.
El interbloque Chaco Puede, la bancada de Zdero, presentó la propuesta de suspender las PASO hace cinco meses, con el argumento principal de que el ahorro de dinero por no realizar las internas obligatorias en 2027 será de entre $4000 y $5000 millones. Blanc, la legisladora que aportó su voto clave al oficialismo, propuso que ese dinero se destine al hospital pediátrico de Resistencia, para la compra de insumos. Ese destino quedó especificado en el texto de la norma, según informó el Poder Legislativo de la provincia del Chaco.
La propuesta de suspender las PASO, en lugar de la eliminación definitiva, se realizó “para lograr consenso”, afirmó a una fuente del oficialismo chaqueño. En el peronismo, en cambio, argumentaron que descartarlas de modo definitivo era riesgoso porque el actual oficialismo podría necesitarlas en otras circunstancias futuras. Chaco es la primera provincia que suspende las PASO para las elecciones de 2027.
La ausencia de las PASO en el calendario electoral del año que viene complica las definiciones políticas en el peronismo chaqueño, espacio al que Zdero desbancó del poder en una elección de alto impacto nacional en 2023, cuando venció en primera vuelta a Jorge “Coqui” Capitanich, mandatario peronista que estuvo 16 años en el poder.
El justicialismo chaqueño tiene entre tres y cuatro aspirantes a competir por la candidatura a gobernador, un escenario de fraccionamiento que se replica en las intendencias más relevantes de la provincia, gobernadas por el espacio de Zdero. “Nos afecta mucho. No solo en cuanto a la candidatura a gobernador, sino también a intendentes. Eso desordena todo. Ahora tendremos que discutir si hacemos una interna abierta partidaria”, dijo a una fuente del peronismo chaqueño.
Además de Capitanich, en el justicialismo provincial suenan como potenciales candidatos a competir por la gobernación Atlanto Honceruk y Santiago Pérez Pons (ambos son diputados provinciales) y Magdalena “Magda” Ayala, intendenta de Barranqueras (una de las cuatro localidades que componen el Gran Resistencia).
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POLITICA
Senado: el oficialismo aceptó cambios y la reforma del Central deberá volver a Diputados

El Senado sesionará este jueves, a partir de las 12, para tratar una agenda acotada de temas y que tendrá una novedad un tanto amarga para el Poder Ejecutivo. Si bien se incluyó en el temario, el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA sufrirá modificaciones y, por lo tanto, no será ley, ya que deberá volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados.
El otro tema incorporado para el debate tampoco está muy firme. Se trata del proyecto de zonas frías, iniciativa que modifica la ley sancionada en 2021 por el kirchnerismo para recortar los subsidios al gas en amplios sectores el país. El texto plantea una división regional en el recinto que atraviesa de manera transversal los bloques políticos. “Están atados con alambre”, dijeron en el oficialismo sobre los votos para aprobarlo; si los consiguen, será ley.
Los cambios que demorarán la sanción de la reforma del marco regulatorio del Central fueron confirmados por la líder del bloque oficialista de la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), al término de la reunión de jefes de bloque.
La novedad tiene que ver con la cláusula elaborada por el Poder Ejecutivo que, para blindar y darle estabilidad al BCRA, estableció la necesidad de conseguir el voto de los dos tercios de ambas cámaras para remover a un director de la entidad, una mayoría agravada similar a la que se requiere para el juicio político al Presidente y a los jueces de la Corte.
Una norma tan estricta era la forma en la que la administración libertaria pretendía blindar al actual titular del BCRA, Santiago Bausili.
En el recinto se cambiará ese texto por uno que establecerá la necesidad de reunir mayoría absoluta de 37 votos afirmativos, tanto para designar −hoy se requiere la mitad más uno de los presentes− como para remover a los miembros del directorio de la autoridad monetaria, incluido su presidente.
Además, se excluirá a la Cámara de Diputados del proceso, que quedará limitado al Senado por ser la cámara legislativa que tiene la facultad constitucional de nombrar a los miembros de la conducción del banco, según destacó Bullrich al explicar las modificaciones que se le introducirán al proyecto.
La sesión fue acordada esta tarde en una reunión de Labor Parlamentaria, encuentro en el que Bullrich también propuso incorporar un proyecto que agrava las penas por el delito de falsas denuncias, impulsado por la radical Carolina Losada (Santa Fe).
Sin embargo, su propuesta se encontró con la oposición del kirchnerismo y del peronismo que, en sintonía con la postura de colectivos feministas, consideran el tema una jugada destinada a desalentar las denuncias por abuso y acoso sexual.
En la reforma de la carta orgánica del Banco Central se involucró el propio presidente Javier Milei, quien la ubicó como una de las prioridades legislativas de su Gobierno al considerarla una iniciativa estratégica.
Su principal reforma es la modificación de la ley que regula el funcionamiento de la autoridad monetaria para fijarle como principal objetivo la de preservar el valor de la moneda, eliminando las metas fijadas durante el kirchnerismo, que incluían la preservación del empleo y del desarrollo económico con equidad social, entre otras medidas.
En su búsqueda de convertir al Banco Central en el custodio del valor del peso, le restringe la posibilidad de financiamiento al Tesoro, prohibiéndole otorgar adelantos transitorios, limitando su participación en el mercado mediante la compra de títulos públicos y restringiendo la posibilidad de que la emisión monetaria sea utilizada como herramienta para cubrir desequilibrios fiscales.
El proyecto de zonas frías, por su parte, cambia de manera radical el régimen de subsidios al gas que en 2021 votó el kirchnerismo para incluir a ciudades y regiones ubicadas más allá de la zona patagónica, medida que el Gobierno calificó como “electoralista” a la hora de defender su iniciativa.
El texto que llega al recinto reduce el alcance geográfico automático del esquema y reserva la cobertura subsidiada a las regiones de frío más extremo del país, como la Patagonia, Malargüe y la Puna.
A contramano del criterio principalmente territorial, el Gobierno propone focalizar los beneficios por nivel de ingresos y según condiciones de vulnerabilidad.
Así, los hogares alcanzados por los parámetros sociales podrían conservar el beneficio mediante el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que usuarios de provincias incorporadas en la ampliación anterior quedarán expuestos a una reducción o eliminación del descuento.
La iniciativa combina una discusión fiscal con otra de fuerte contenido federal. Para el oficialismo, el régimen vigente expandió el gasto público sin una justificación técnica suficiente.
En la vereda de enfrente, el kirchnerismo y otras fuerzas provinciales sostienen que la reforma traerá aparejada fuertes aumentos de tarifas para hogares y actividades económicas de zonas con inviernos rigurosos que obligan a consumos elevados de gas.
El Gobierno necesita la sanción de zonas frías por el ahorro que le implicará la reducción de subsidios, lo que le permitirá acercarse a sostener su credo basado en el superávit fiscal.
Con ese objetivo se ha movido el jefe de Gabinete, Diego Santilli, aceptando el reclamo de las provincias del norte para crear un régimen de zonas cálidas: aportes financieros para sustentar el mayor consumo eléctrico en los meses calurosos del año.
Sin embargo, el hecho de que esas inyecciones financieras se dispongan por resolución y no queden asentadas en una ley genera cierta incertidumbre en los gobernadores, lo que podría traducirse este jueves en un retaceo de votos que podría obligar a suspender el debate del proyecto.
Gustavo Ybarra,Conforme a
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Reino Unido le respondió a Javier Milei tras su discurso en la ONU: “El desarrollo de los hidrocarburos es legítimo”

A través de un comunicado que intenta hacer prevalecer su soberanía sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido le respondió al duro discurso que pronunció Javier Milei en Nueva York ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que criticó al organismo por “mirar para otro lado” ante el reclamo argentino, al que calificó como “una causa nacional”. Asimismo, los británicos afirmaron tener el derecho de explotar los recursos naturales del territorio en disputa.
“El Reino Unido no tiene ninguna duda sobre su soberanía sobre las Islas Malvinas y Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur, y las zonas marítimas circundantes de ambos territorios”, comienza el hilo de respuestas al jefe de Estado dentro del texto, en el que a las Malvinas se las menciona como Falkland.
Asimismo, en el texto compartido a través de una cuenta de redes sociales de los representantes británicos ante la ONU, el Reino Unido sostiene “firmemente su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños”.
“Este derecho se establece en la Carta de las Naciones Unidas y está consagrado en el artículo 1 de los dos Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos. Los isleños tienen tanto derecho a determinar su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural como cualquier otro pueblo”, resaltaron.
Si bien tomaron nota de que “Argentina se refiere regularmente a resoluciones de las Naciones Unidas y a declaraciones diplomáticas regionales que exhortan a celebrar negociaciones sobre la soberanía de las Islas”, advirtieron que “estas no modifican ni diluyen la obligación de las naciones de respetar el derecho jurídicamente vinculante de autodeterminación”.

“La relación del Reino Unido con las Islas Malvinas y todos sus Territorios de Ultramar es moderna y se basa en la asociación, los valores compartidos y el derecho de los habitantes de cada territorio a determinar su propio futuro. Argentina sigue negando que este derecho humano fundamental se aplique a los habitantes de las Islas Malvinas y busca activamente oportunidades en foros internacionales para hacer valer su reivindicación de soberanía. Este comportamiento es totalmente incompatible con los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas y no es el comportamiento que esperamos de una democracia”, acusaron en el documento.
La publicación recuerda que “en 2013, los isleños celebraron un referéndum sobre el futuro de las Islas”. “El resultado del referéndum fue que, con una participación del 92%, el 99,8% votó por mantener el estatus actual de las Islas como territorio autónomo del Reino Unido. El referéndum fue supervisado por observadores independientes de Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Uruguay, Chile y Brasil”, resaltaron.
“Los isleños han dejado claro su deseo abrumador de que las Islas Malvinas sigan siendo un Territorio de Ultramar del Reino Unido. No puede haber diálogo sobre soberanía a menos que los isleños de las Malvinas así lo deseen”, indicaron.

Es en ese contexto y tras esa introducción que aparece en el comunicado el tema específico de la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas.
“El Gobierno del Reino Unido apoya sistemáticamente el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales. Esto es una parte integral de su derecho de autodeterminación. El desarrollo de los recursos de hidrocarburos de las Islas Malvinas es una actividad comercial legítima regulada por la legislación del Gobierno de las Islas, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La legislación interna argentina no se aplica a las Islas Malvinas”, manifestaron.
Según el documento, “la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas no prohíbe el desarrollo económico ni desplaza el derecho de autodeterminación de los isleños. Asimismo, la Resolución 31/49 no limita ni elimina los derechos de los isleños a determinar libremente su condición política y a procurar libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
“Los esfuerzos continuos para obstaculizar y hostigar a las empresas internacionales involucradas en los hidrocarburos de las Islas Malvinas, y de hecho en otras industrias de las Islas Malvinas, constituyen un intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tienen justificación alguna en el derecho internacional. Además, obstaculizan los negocios globales y son incompatibles con el libre comercio”, concluye el comunicado.
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La actriz Dolores Fonzi criticó al Gobierno por los recortes a la cultura y el titular del INCAA salió al cruce

Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Dolores Fonzi cuestionó en duros términos el desfinanciamiento de la cultura en Argentina y apuntó contra las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei, al que definió como “desalmado”.
Sus declaraciones generaron una rápida respuesta de Carlos Pirovano, presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), quien rechazó los cuestionamientos y sostuvo que actualmente el organismo destina más recursos al sector que en años anteriores.
La actriz y directora, que participó de la presentación de Mis muertos tristes, describió el presente de la industria audiovisual argentina como “pésimo”.
“En estos encuentros se celebra el cine y se celebra la unión, y conocés gente de la industria, donde tratás de hacer uniones y puentes. Pero Argentina está en un momento incapacitado de propiciar la otra orilla del puente. Entonces está muy complicado”, dijo.
La actriz atribuyó esa situación a la pérdida de mecanismos de financiamiento y cooperación internacional que, según su visión, permitían concretar producciones de diversa escala. “Dependemos de las plataformas totalmente, porque ni siquiera se puede gestionar este tipo de coproducciones”, afirmó.
En ese sentido, recordó que el cine argentino solía desarrollar proyectos junto a países como Francia, Bélgica y Alemania mediante fondos y acuerdos de coproducción internacionales. “Gracias al Instituto que sostenía la gestión se lograba filmar películas con estas coproducciones internacionales. Eso ya no es posible”, recriminó.
Y añadió: “No solo retiraron los recursos del INCAA, sino que cortaron todo tipo de posibilidad de puente con otros países”, planteó.
“Intentaron quitarle los subsidios a los libros, al teatro y así con todo en la cultura. La cultura es la memoria y la identidad de los pueblos, es el alma. Gente desalmada gobernando pretende matar lo poco de alma que queda”, concluyó
La respuesta del INCAA
Las declaraciones de Fonzi tuvieron repercusión inmediata y fueron respondidas este miércoles por Carlos Pirovano durante una entrevista en Radio Mitre. El titular del INCAA rechazó sus declaraciones y aseguró que el financiamiento del sector no fue recortado.
“Es falso que se cortaron los apoyos. Se están dando cinco veces más apoyos de los que se dieron en el 2023. En ese año se dio al cine cinco millones de dólares y este año 25 millones de dólares”, precisó.
Pirovano afirmó además que la actividad cinematográfica se mantiene y que el número de estrenos nacionales continúa creciendo.
“Este año ya tenemos 155 estrenos nacionales, de los cuales 30 son de la nueva gestión, es decir rodados en la nueva gestión. Vamos a tener películas en San Sebastián, Venecia, en Cannes y en Argentina. El año que viene van a haber más películas. Estamos abriendo convocatorias”, explicó.
Consultado sobre la fuerte definición de Fonzi acerca del gobierno, Pirovano contestó: “Tener alma o no lo determina Dios. Me parece que ella tiene que informarse un poco más. En la gestión pasada no hubo ningún convenio. Nosotros hemos cerrado un convenio de coproducción en desarrollo y producción con Paraguay. También otro de coproducción con Brasil y otro más con Italia para dos coproducciones”, indicó.
Y luego sostuvo que Fonzi junto a otras actrices son “viudas de la gestión anterior”. “Son los que lucraban de la gestión anterior. Para ellos no hay rodaje porque ellos no pueden ir a buscar al sector privado. Va Fonzi sí que hizo Belén cien por ciento con Amazon, Jeff Bezos. Le debe doler mucho eso”, afirmó.
Y continuó: “Nosotros no los empujamos hacia las plataformas, los empujamos hacia la audiencia. Si quieren el subsidio acrediten la audiencia, tengan películas con espectadores. Es lo que dice la ley, que es del 94, pero que la tergiversaron para hacer una asignación universal por productor”.
En el cierre de la entrevista, Pirovano insistió que la principal modificación introducida por la nueva gestión fue exigir resultados de público para acceder a los subsidios. “La única diferencia que hicimos en toda la diferencia de subsidios fue que pedimos audiencia. Antes de esto daban 300 millones de pesos por entregar una película. No importaba si la veía alguien o no”.
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