Era un papel recortado. Parecía parte de un poema. Olía a rancio, a pasado, a humedad, a moho, a delicada mugre. El sobre contenía, además del recorte de papel, una carta enigmática, turbadora y amenazante. Si era verdad, era atroz.

El 26 de junio de 1987, hace ya 39 años, tres personas recibieron otros tantos sobres con la misma carta y un recorte diferente del que debía haber sido un poema. Y lo era. Las cartas llegaron al entonces presidente del Partido Justicialista, Carlos Grosso; al secretario general de la CGT, Saúl Ubaldini, que murió en 2006; y al senador Vicente Leonides Saadi, que murió en 1988. Horas después, cuando se unieron los tres fragmentos de papel de aroma acre, podía leerse unos versos escritos con candor colegial y literario. Decía: “Te acuerdas, Juan, / cuando tomados de la mano / recorríamos el jardín / y vos me arrancabas una flor / como prueba de tu amor (…)”.

Era el poema que María Estela Martínez de Perón había dejado, enmarcado con esmero, sobre el ataúd del general en julio de 1974, en una cripta de la residencia presidencial de Olivos.

La carta que acompañaba el recorte contradecía con brutal descaro la inocente lírica del poema. Estaba escrita a máquina y decía: “Junio 23 de 1987. Por la presente llevo a su conocimiento que con fecha 10 del corriente mes y año, el grupo al cual represento procedió a retirar o amputar las manos de los restos de quien en vida fuera el Teniente General Juan Domingo Perón (…)”. Sus autores pedían ocho millones de dólares por devolver los restos embalsamados de Perón y ofrecían como prueba de la profanación el poema de su viuda.

La carta extorsiva mezclaba ironía, audacia, injuria y burla. Hablaba de la tumba de Perón como de “un exnicho blindado”; contenía errores ortográficos infantiles, demasiado evidentes para ser reales, eses en lugar de zetas, bes en lugar de ves, acentos en palabras que no los pedían, como si sus autores hubiesen tenido la intención de demostrar que aquello no era analfabetismo, sino vejamen y certeza de impunidad. La firma, críptica, encerraba un dilema para detectives aficionados: “Hermes Iai y los 13”.

Así fue como empezó un enigma que ya lleva casi cuatro décadas sin resolver. Y ni asomo de que se resuelva. El misterio, como en los grandes crímenes políticos argentinos, ya roza casi el olvido, envuelto en una indiferencia injuriosa y en una bruma que ningún viento disipa: quiénes profanaron la tumba de Perón en el Cementerio de la Chacarita; quiénes violentaron la bóveda familiar y abrieron el ataúd; quiénes aserraron las manos embalsamadas del tres veces presidente del país; quiénes robaron su sable y el poema que su tercera esposa había dejado sobre el féretro a modo de trémulo homenaje final; quiénes y cómo lo hicieron, para qué, por qué y adónde fueron a parar los restos de ese cadáver ultrajado. Las preguntas sin respuestas rondan los polvorientos expedientes judiciales, los que no fueron robados, o yacen en las tumbas que se abrieron durante la investigación del caso, entre ellas, la del primero de los jueces que intervino y que murió en un extraño accidente de autos que todavía huele a atentado, o son respuestas que callan quienes no deberían callar.

Tres días después del misterioso mensaje, el 29 de junio, avisado de una posible profanación de la tumba de Perón, uno de sus sobrinos, Roberto García, visitó la bóveda de familiar en la Chacarita, ubicada a pocos pasos a la izquierda de la entrada del cementerio: halló una de las claraboyas rota, aunque el ataúd estaba allí abajo, al parecer intacto. Faltaban, eso sí, el sable y la gorra de teniente general de Perón. De inmediato hizo la denuncia por robo en la comisaría 29; la investigación recayó en el Juzgado de Instrucción número 27 a cargo de Jaime Far Suau. El juez decidió inspeccionar la bóveda pasada la tarde del 1 de julio, décimo tercer aniversario de la muerte de Perón, cuando hubieran terminado los actos en su homenaje,

Fue esa noche cuando la Justicia descubrió que el ataúd había sido violentado, alguien había partido el cristal que lo protegía, agujereado la caja metálica que dejaba ver ahora los brazos del general, con las muñecas seccionadas.

Forenses y técnicos sugirieron en ese momento o luego que las manos habían sido seccionadas con una sierra de Gigli, un cable dentado flexible con dos agarraderas en los extremos que usan los cirujanos para cortar huesos. Los peritos afirmaron que la mano derecha, la más próxima al vidrio blindado, había sido cortada “en el límite superior de la muñeca, sobre el cúbito y el radio” y la izquierda había sido mutilada “por debajo del límite inferior de la muñeca, en la primera línea de los huesos del carpo”, dice el expediente.

Calcularon también que, por el “serrín cadavérico” acumulado, los cortes eran recientes. Los técnicos también determinaron que los profanadores habían usado una maza de medio kilo y una punta de hierro con forma de estrella irregular de 27 centímetros en su parte más ancha, para perforar el vidrio blindado de ocho centímetros de espesor que protegía el féretro, y una cizalla para cortar la lámina de metal que cubría el cadáver para pasar así por ese hueco la sierra de Gigli usada para amputar las manos. Habían trabajado por lo menos dos horas. Nadie los había molestado. Los investigadores hallaron también restos de velas cerca del ataúd y un dedo de goma usado para evitar cortes con la sierra. Era un trabajo de profesionales.

La gorra no había sido robada: estaba caída a un costado del ataúd. Faltaba el sable. Ante el cadáver mutilado de Perón, Far Suau, conmovido, pidió a quienes lo acompañaban, policías, personal de su juzgado, testigos, un minuto de silencio. El juez no lo sabía, pero ya desde la mañana los servicios de inteligencia lo estaban “caminando” para reunir información sobre su historia judicial, su vida privada, sus hábitos y costumbres, familia, pasado, fortalezas debilidades, todo lo que pudiese ser útil para ejercer un control o influencia sobre su conducta judicial: es de manual en las cloacas del Estado.

Además del peronismo, la profanación también sacudió al gobierno de Raúl Alfonsín, en especial a su ministro del Interior, Antonio Tróccoli y al jefe de la SIDE, Facundo Suárez. Aquellos eran días agitados y apenas se habían aquietado las aguas sacudidas por la primera de las rebeliones carapintadas en las Pascuas de aquel agitado 1987. Durante ese junio que llegaba casi a su fin, una serie de atentados parecía devolver al país a los violentos años 70: en sólo treinta días habían estallado treinta y tres bombas, más de una por día en promedio, en locales de la UCR, en casas de jueces, políticos y sindicalistas, en colegios y en cines, mientras el poder militar, heredero de la dictadura, dejaba trascender el descontento cuartelero por los juicios seguidos contra oficiales acusados de violaciones a los derechos humanos, una secuela del juicio de 1985 a los ex comandantes del “proceso”.

La mañana del 2 de julio, la noticia del robo de las manos de Perón cayó en medio de un acto público que presidía Alfonsín, que sabía nada de la profanación. Los periodistas esperaban el final del acto para interrogarlo y su entonces vocero, José Ignacio López, creyó imprescindible enterarlo. Se acercó a Alfonsín mucho antes que sus colegas y le dio la noticia casi al oído, en un susurro. A unos metros de la escena, el fotógrafo de Casa de Gobierno, Víctor Bugge, olió que en ese gesto había algo e hizo lo que todo gran reportero hace: alzó su cámara y disparó. El rostro tenso de López y el gesto demudado de Alfonsín son hoy un pedazo de la historia contemporánea argentina.

Como es habitual en estos casos, surgieron infinidad de pistas falsas, demoras judiciales, yerros difíciles de explicar en los investigadores, pactos de silencio, omisiones, olvidos, medidas dilatorias, confusión, oscuridad, impunidad. Casi un ensayo general de las investigaciones que intentaron dilucidar los atentados a la Embajada de Israel de 1992, a la Amia, en 1994 y el asesinato del fiscal Alberto Nisman, en 2015, para no mencionar los numerosos suicidios dudosos que quedaron como indudables y pretendieron cerrar, y en algunos casos lo lograron, resonantes investigaciones judiciales.

El misterioso “Grupo de los 13” que firmaba la carta extorsiva, parecía ajeno a todo: durante el frío mes de julio insistió con varios llamados telefónicos en exigir el rescate de ocho millones de dólares, una suma que el PJ decía no albergar en sus arcas y que, de tenerlos, no estaba dispuesto a empeñar en la devolución de los restos de Perón.

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Un año y cuatro meses después del inicio de la instrucción judicial, el 22 de noviembre de 1988, el juez Far Suau murió en un extraño accidente de autos cuando regresaba de Bariloche de visitar a su hijo. Manejaba su Ford Sierra en el que viajaba quien era entonces su mujer, Susana Guaita y el hijo pequeño de Guaita, Maximiliano, entonces de cuatro años. Far Suau había interrogado en Madrid a la viuda de Perón. Todos los detalles de aquella entrevista entre el juez y la ex presidente, viajaban con Far Suau en una carpeta negra que desapareció después del accidente.

El auto del juez volcó y se incendió de modo inexplicable en un tramo recto de la ruta, cerca de Coronel Dorrego, y quedó destrozado además de quemado; el cadáver de Far Suau, con la cabeza partida, había quedado a diez metros de los restos del Ford. El juez de Bahía Blanca que investigó el episodio nunca creyó en la teoría del accidente, tal vez por el buen estado de la ruta y por las condiciones en las que había quedado el Ford, además de por el insólito y feroz incendio que siguió al vuelco.

Junto con Far Suau murió Guaita y sólo sobrevivió el pequeño Maximiliano. Veintiocho años después, a sus treinta y un años, Maximiliano Guaita reveló que Far Suau ya había sufrido un atentado en una quinta familiar en plena investigación del robo de las manos de Perón. Dijo al diario Perfil que el día de la muerte del juez y de su madre, escuchó un estallido en el auto en momentos en que se dormía. “Fue una explosión, como si explotara el calefón de tu casa. Y no recuerdo nada más hasta que me desperté en una clínica de Bahía Blanca”. Guaita sostuvo entonces que está comprobado que el auto del juez llevaba los neumáticos cargados con gas y que no hubo un accidente, que se trató de un atentado. “¿Qué accidente? Gas en las cubiertas y toda la mafia que se movía detrás del robo de las manos de Perón. Jaime era una persona que sabía demasiado y lo querían hacer boleta”.

En una fecha no precisada entre el inicio de la investigación y la primera mitad de 1988, el comisario Carlos Zunino, jefe de la seccional 29 que recibió la denuncia por la profanación, que había participado junto al juez de la inspección de la bóveda familiar la noche del 1 de julio, la noche del minuto de silencio, y que había viajado a Madrid con Far Suau para entrevistar a la viuda de Perón, salvó su vida por milagro: fue asaltado al llegar a su casa y le dispararon en la cabeza. Sobrevivió, y tiempo después pasó a retiro. Fue uno de los primeros, si no el primero, de los desplazamientos, designaciones ascensos y desplazamientos que descabezaron casi el equipo original de investigadores del caso. La causa fue cerrada por el sucesor de Far Suau, Carlos Andina Allende. Zunino murió en enero de 2004.

Uno de los serenos del cementerio, Luis Paulino Lavagno, que denunció amenazas contra su vida, fue hallado muerto “por un paro cardiorrespiratorio no traumático”, según el certificado de defunción. La autopsia determinó que había sufrido golpes antes de su muerte. Y también murió por una hemorragia cerebral causada por golpes María del Carmen Melo, una mujer que rondaba el cementerio, que llevaba a diario una flor a la tumba de Perón y que quería hablar con los investigadores para dar la descripción de un sospechoso que había visto dar vueltas alrededor de la bóveda.

En 1997 los periodistas Damián Nabot y David Cox publicaron “Perón, la otra muerte”, una minuciosa investigación sobre el caso, en el que afirmaron que el robo de las manos de Perón fue ordenado por Licio Gelli, aquel mafioso que pergeñó en Italia la logia masónica fascista “Propaganda Due”, y que en 1973, a pedido del canciller Alberto Vignes, había sido condecorado por Perón con la más alta distinción argentina: el collar de la Orden del Libertador.

Según Nabot y Cox, la firma de la carta de extorsión, “Hermes Iai” coincidía con las creencias egipcias y esotéricas que cultivaba y ejercía Gelli. También afirmaron que en el robo habían participado agentes de inteligencia argentinos en actividad, o retirados una vez recuperada la democracia, con la intención de hacer tambalear al gobierno de Alfonsín. Antes de su muerte, en 2015, Nabot entrevistó por teléfono a Gelli que negó toda relación con el robo de las manos de Perón. La Justicia en cambio, quién sabe si con alguna firme certeza, prefirió determinar, o sugerir al menos, que la firma “Hermes Iai” correspondía a la máquina de escribir, marca “Hermes”, en la que se hacía redactado la carta que pedía ocho millones de dólares para devolver los restos de Perón. Si fue así, además de una crueldad insana, hay que reconocer a los delincuentes un similar sentido del humor.

Otro libro sobre el caso, “La profanación”, de Claudio Negrete y Juan Carlos Iglesias, sostiene el móvil político y el accionar de los servicios de inteligencia. Los autores afirman que, pese a los signos de violencia en la bóveda, los delincuentes tuvieron que usar la llave de la bóveda porque la mutilación de las manos debió hacerse con el ataúd fuera de ese recinto estrecho. Iglesias, uno de los autores de la tesis que murió en 2007, era un antiguo afiliado al radicalismo y también amigo del juez Far Suau. Si la teoría de “La profanación” es cierta, los profanadores actuaron entonces casi a cielo abierto y seguros de su impunidad.

La aparición de una copia de las llaves de la bóveda de la familia Perón, hizo que en 1994 el juez Alberto Baños reabriera la causa. Baños había sido uno de los secretarios de Far Suau y creía, como creía también Far Suau, que los profanadores tenían en su poder las llaves del vidrio blindado que cubría el ataúd, que la mutilación se había hecho con el cajón fuera de su estante y que los cristales rotos, incluida la claraboya de la bóveda, era un intento de sembrar pistas falsas.

En 2007, Baños pidió al gobierno de Néstor Kirchner que aportara información sobre medio centenar de personas, civiles y militares, relacionadas con la inteligencia de la dictadura y que aparecían ligadas al robo de las manos de Perón. Recibió muy poca información, apenas los antecedentes de una sola persona, en un papel membretado de la Jefatura de Gabinete, a cargo entonces del más tarde presidente Alberto Fernández.

En julio de 2008 el juez trabajaba en su casa con la investigación: se había llevado del juzgado tres cuerpos de la causa. El domingo 6, un grupo comando entró a la casa del juez, en Adrogué, y se llevó los expedientes y su computadora portátil. Baños denunció el robo ante la Cámara del Crimen como una “operación de inteligencia” y justificó su sospecha con la precisión de un entendido: no le habían robado “ningún elemento de valor tales como equipos de música, instrumentos musicales, alhajas, joyas, relojes ni dinero en efectivo, aun cuando varios de esos bienes se encontraban perfectamente a disposición de los intrusos”.

Al año siguiente, Baños recibió en su despacho de Tribunales un pequeño ataúd de madera que contenía una bala y una foto suya con un punto rojo en la frente. La sutileza iba a repetirse en 2015 luego de la muerte del fiscal Nisman: su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, recibió la tapa de una revista con la imagen de Nisman con un círculo rojo en la frente.

Una noche de marzo de 2009, a las once y media, Baños, junto a su mujer y a dos hombres de la Federal, sorprendieron a dos desconocidos en el parque de su casa de Adrogué. Hubo un intercambio de disparos entre el juez, uno de sus custodios y los asaltantes, que escaparon por un costado que hacía frontera con las vías del ferrocarril. La investigación dijo “intento de robo”.

En 2014 el entonces abogado de María Estela Martínez, Atilio Neira, dijo que la CIA “tiene archivos en condiciones de desclasificar”, sobre el robo de las manos de Perón. Según Neira, la información de la central de inteligencia americana podría echar luz sobre la profanación y sobre la participación de agentes que “pertenecerían a los servicios de inteligencia militar” argentina, una hipótesis que en 1987 también había sostenido el jefe de la SIDE de Alfonsín, Facundo Suárez. Neira reveló que David Cox, autor con Damián Nabot del libro “Perón, la otra muerte”, se había puesto en contacto con la CIA y había recibido “una respuesta positiva”, pero que se trataba de documentación clasificada y que para requerir su desclasificación, Cox debía recurrir a los tribunales de Estados Unidos. La causa por el robo de las manos de Perón sigue abierta.

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Cada 1 de julio, aniversario de su muerte, Perón es recordado con la frase con la que se despidió el 12 de junio de 1974, menos de un mes antes de su muerte: “Yo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que, para mí, es la palabra del pueblo argentino”.

Música maravillosa, sí. Pero la partitura era un espanto.

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