POLITICA
Una sindicalista ligada a La Cámpora compró el piso de abajo de Cristina Kirchner y hay dudas sobre para qué se usa
Cristina Kirchner tiene una vecina muy cercana. María Soledad Calle es referente de La Cámpora en la ciudad de Campana y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), gremio que fue intervenido por una serie de irregularidades. En sus redes sociales, la joven sindicalista tiene varias fotos junto a la expresidenta, a quien idolatra como su referente política. El 20 agosto del año pasado, apenas dos meses después que el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la expresidenta, Calle adquirió el inmueble que está justo abajo, en el primer piso de San José 1111. ¿Para qué lo compró? Durante la negociación previa, la joven mencionó que ese inmueble se utilizaría “como sede de una Fundación”, pero al menos dos fuentes que conocen los detalles de la operación sospechan de su verdadero uso.
visitó el lugar durante los últimos días y trató de ubicar a Calle pero nadie contestó el timbre. Personas apostadas en el interior del edificio dijeron no conocer a una mujer con ese nombre.
La joven dirigente tiene una vida ligada el Estado. Arrancó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, luego saltó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y en 2015 desembarcó en el Concejo Deliberante de Campana, donde presidió el bloque de La Cámpora durante cuatro años. A partir de ese momento, lideró la oposición al intendente Sebastián Abella (PRO) y proyectó su carrera política en el ámbito provincial.
Calle tiene varios actos compartidos junto al gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios. En las redes sociales siempre mostró su adoración por Cristina y Néstor Kirchner. En 2022, la visitó a la ex vicepresidenta en su despacho del Senado y posteó algunas imágenes. “El amor no se proscribe. Vayas donde vayas, estaremos. ❤️🇦🇷“, le dedicó luego de ese encuentro, el 6 de diciembre de ese año.
Apenas unos días después, su vida cambiaría abruptamente. En diciembre de 2022 creó, junto a un socio, Adalberto Raúl Braconi, la empresa USEM SA, que dos meses después pasaría a administrar una parte de los fondos de la UOM, según consta en documentos judiciales. El acuerdo, tal como reveló el diario Clarín, se firmó en febrero de 2023 y tiene vigencia hasta 2033. El gremio que lideraba en ese entonces Abel Furlán le cedió a la empresa de Calle la administración del 80 por ciento de los aportes de sus 200.000 afiliados.
Braconi, que aparece firmando el acuerdo y los resúmenes bancarios, había sido empleado de la Municipalidad de Zárate y también trabajó para Nucleoeléctrica SA.
A partir de ese momento, USEM SA se quedó con el 0,5% del total de los aportes de los trabajadores de la UOM. Un negocio que habría significado una ganancia de unos $100 millones mensuales.
Lo más llamativo de todo es que Calle ya aparecía en ese momento como empleada de la UOM y representaba al sindicato ante organismos internacionales. Por esa función hizo decenas de viajes al exterior. Dentro del gremio aseguran que la joven camporista logró una cercanía con Furlán, aliado incondicional del kirchnerismo.
Según fuentes judiciales, la investigación en curso busca determinar si Calle estuvo de los “dos lados del mostrador”. En diálogo con , la sindicalista negó ser empleada del gremio.
Por ese contrato con la USEM, Calle y Furlán fueron denunciados por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático y están siendo investigados por el juez federal Julián Ercolini. Se los acusa de los delitos de administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
“Dicho contrato habría conferido a USEM S.A. facultades de significativa amplitud, entre ellas la administración de aproximadamente el 80% de los aportes sindicales, la apertura de cuentas bancarias en nombre del sindicato, la ejecución de pagos y la administración de la caja sindical, todo ello a cambio de una retribución equivalente al 0,5% de la recaudación por cuota sindical, en el marco de una contratación de diez años de duración”, dijeron tres dirigentes opositores a Furlán cuando se presentaron como querellantes. Los mismos dirigentes ya habían denunciado amenazas y hechos de violencia de parte de la conducción de la UOM.
“La empresa fue la usina recaudadora de La Cámpora y demás está decir un negocio de Soledad Calle y Abel Furlán, acuerdos con laboratorios amigos para mayor retorno y así muchos negocios más”, dijo Ángel Derosso, uno de los dirigentes opositores que se presentó como querellante.
En las elecciones presidenciales de 2023, Calle hizo campaña por su delfín en Campana, Alejo Sarna, y por la fórmula que integraban Sergio Massa y Agustín Rossi.
Después del contrato con la UOM, Calle incrementó su patrimonio de manera vertiginosa. Agosto de 2025 fue un mes especial. El 8, según un documento oficial, adquirió el 50 por ciento de un BMW M135 X Drive, un vehículo de lujo valuado en US$ 70.000. Decidió registrarlo en la ciudad de Buenos Aires aunque sigue teniendo domicilio en Campana. Calle ya tenía el 100 por ciento de un Peugeot 3008, modelo 2023.
Dos semanas después, el 20 agosto, adquirió el primer piso de San José 1111, un departamento de 252 m2 que estaba en venta desde hacía mucho tiempo. En ese momento, las movilizaciones a favor de la ex presidenta eran frecuentes. La mayoría de los vecinos se quejaban en público de las complicaciones que eso generaba. Sin embargo, Calle desembolsó US$189.000 por esa propiedad, según un documento del Registro de la Propiedad al que accedió . Serían unos 750 dólares el metro cuadrado, por debajo del valor de mercado.
De hecho, a fines del año pasado trascendió que se vendía el departamento del tercer piso, muy similar al de Cristina Kirchner y al de Soledad Calle. Se publicaba a US$295.000. Ante una consulta de , la inmobiliaria Mariana Stange Real Estate explicó en ese momento que “el departamento tiene unos detalles lindísimos para vivienda y también para uso profesional; es ideal para una escribanía, un estudio de abogados o una empresa que valore las buenas construcciones de otros tiempos”.
También en el mes de agosto de año pasado, Calle creó su segunda empresa, Grupo Vertice Global, junto a Federico Darío Monzón, un comerciante de Campana. La firma se dedica a los servicios financieros, según consta en el edicto publicado ese mes en el Boletín Oficial, y declaró un domicilio en el barrio de Villa Urquiza.
Consultada por , Calle negó en una llamada telefónica todo lo que indican los documentos: “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”.
Empleados y custodios
¿Para que se usó ese inmueble durante estos meses? Las fuentes al tanto de la operación aseguran que Calle nunca lo usó y que se habría utilizado para que puedan descansar las mujeres que ayudan a la expresidenta en su cuidado personal. Ella tiene al menos tres empleadas domésticas. Integran un listado de unas 30 personas que pueden ingresar al departamento del segundo piso sin dar aviso a la Justicia. Tampoco se descarta que los propios custodios pasen horas en ese lugar. De hecho, no hay un baño químico en la puerta del edificio.
¿Cristina Kirchner pudo haber estado en ese departamento? Desde el entorno de la expresidenta lo desmienten. “No tenemos idea de ese departamento. Si ella sale del departamento le suena la tobillera”, dijo un allegado ante una consulta de .
Desde la Justicia aseguran que solo se encargan “del control de la domiciliaria”, con informes trimestrales de dos organismos específicos, y que la seguridad es absoluta responsabilidad de la Policía Federal. Pero hay un dato que suma sospechas: el GPS asociado a la pulsera electrónica solo mide el radio del edificio. “Los movimientos dentro del edificio, si los hubo, no se informaban porque hay una autorización para ir a la terraza”, explicó una fuente judicial. Cerca de la expresidenta aseguran que “apenas sale al pasillo suena la pulsera”. En realidad, se genera un alerta en el centro de monitoreo. Pero al tener autorización para ir a la terraza, esa alerta no se informa como una irregularidad. Es decir, si se movió de un piso a otro, hasta ahora no se informa.
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Con colaboración de Ricardo Brom
Cristina Kirchner,Se publicaba a US$295.000.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Cristina Kirchner,Conforme a
POLITICA
“Tiene que ser una base manejada por Argentina”: el intendente de Ushuaia respaldó el proyecto para operar hacia la Antártida
Ushuaia busca consolidarse como base de las operaciones argentinas hacia la Antártida. El proyecto de la Base Naval Integrada, previsto junto a la bahía de la ciudad, tiene el foco puesto en el financiamiento, su administración y el lugar que tendrá en la logística del Atlántico Sur y la economía fueguina.
Walter Vuoto, intendente de Ushuaia, respaldó que el proyecto sea financiado y gestionado por el país. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó en Infobae Al Amanecer, al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero pasen por el Congreso.
La obra está prevista sobre la bahía de Ushuaia, cerca del aeropuerto y del centro urbano. Vuoto señaló que comenzó en 2022 y que los trabajos iniciales sobre el terreno llevaron el avance a 10%.
El funcionario remarcó que la iniciativa tuvo partidas en los presupuestos nacionales desde 2021 y empezó a ejecutarse durante la gestión de Jorge Taiana al frente del Ministerio de Defensa. Al mismo tiempo planteó que los recursos nacionales deben sostener la construcción y que cualquier aporte externo requiere control del Congreso de la Nación.
Una plataforma para las operaciones hacia la Antártida
La Base Naval Integrada permitiría ampliar las operaciones argentinas hacia la Antártida, donde la Armada Argentina ya abastece a las bases nacionales. Vuoto consideró que la nueva infraestructura podría recibir embarcaciones de gran porte, incluido el rompehielos Almirante Irízar, aunque no detalló las características técnicas proyectadas.
“La base es bienvenida”, afirmó el intendente. Su propuesta apunta a conformar en Ushuaia un polo logístico antártico que fortalezca la cadena de proveedores, los servicios portuarios y la industria naval fueguina.
La ciudad compite con Punta Arenas, en Chile, por la actividad vinculada con las operaciones antárticas. Vuoto vinculó esa competencia con la capacidad de ofrecer infraestructura y servicios: “Uno va a competir al mundo con capacidad logística”.
El nuevo emplazamiento también exigirá cambios en la organización urbana. Cabe destacar que la Armada Argentina opera hoy desde una base ubicada en el centro de Ushuaia, mientras que la futura instalación requerirá definiciones sobre circulación, servicios y logística en las que participen la Nación, la provincia y el municipio.
Los tres niveles de gobierno integraron una mesa de discusión en la etapa inicial del proyecto. Sobre esto, Vuoto añadió que el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, prevé convocar una mesa técnica para conocer las fases de inversión y sus consecuencias locales.
Malvinas, recursos del Atlántico Sur y control parlamentario
Vuoto vinculó la construcción de la base con el reclamo argentino sobre las islas Malvinas, la defensa de los recursos marítimos y el fortalecimiento de las capacidades militares.
En este sentido, afirmó que contar con un cuartel militar en la ciudad es “un deseo eterno para los fueguinos” y sostuvo que “la causa Malvinas nos debe unir a todos”. A su criterio, una mayor presencia logística puede acompañar la política de soberanía en el Atlántico Sur.
Al mismo tiempo, cuestionó la posición del presidente Javier Milei sobre Malvinas, a raíz de declaraciones previas del mandatario sobre Margaret Thatcher y el nacionalismo. “Milei termina siendo un accidente en la causa Malvinas”, sostuvo.
También mencionó la Ley 26.659, sancionada en 2011, que prevé sanciones para las empresas que operen sin autorización argentina en áreas relacionadas con Malvinas. Para Vuoto, la discusión debe incluir la explotación de hidrocarburos, la pesca y las alianzas internacionales.
El jefe comunal afirmó que las empresas Rockhopper y Navitas exploran el área Sea Lion, en la cuenca norte de Malvinas. Atribuyó a esos recursos un valor de USD 180 mil millones, aunque no presentó documentación para respaldar esa estimación.
Entre otras cosas, aseguró además que embarcaciones con permisos isleños extraen 260 mil toneladas anuales de pesca en aguas que consideró argentinas. Frente a esa situación, propuso revisar la estrategia internacional del país sobre la explotación de recursos en el Atlántico Sur.
Las autoridades nacionales mencionaron una inversión de USD 500 millones para la base, según indicó el intendente, quien pidió precisar la composición del presupuesto y las etapas de ejecución. “Tiene que ser una base manejada por Argentina para los argentinos y argentinas”, afirmó al reclamar que los eventuales acuerdos de financiamiento extranjero sean sometidos al Congreso.
La caída industrial y la búsqueda de nuevas actividades
La construcción de la base forma parte, para Vuoto, de una estrategia para ampliar la matriz productiva de Tierra del Fuego. El intendente sostuvo que la provincia perdió 10 mil puestos de trabajo industriales por la apertura de importaciones y la reducción de aranceles que afectaron a la producción local de equipos electrónicos.
“Hemos perdido diez mil puestos de trabajo”, afirmó. Y rechazó que la apertura comercial haya reducido los precios de los celulares y sostuvo que el contrabando pasó de representar 13% del mercado a ocupar 70%, sin precisar el período de comparación.
Vuoto defendió el régimen de promoción económica y fiscal establecido por la Ley 19.640. Según su planteo, la norma buscó poblar la Patagonia y consolidar la presencia argentina en una región próxima a Malvinas y Chile.
El intendente expresó respaldo a nuevas inversiones y afirmó que Ushuaia recibiría favorablemente un polo de inteligencia artificial por las bajas temperaturas, los recursos de agua y la infraestructura portuaria. “Generar soberanía es que ni un fueguino más se vaya de Tierra del Fuego”, concluyó.
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POLITICA
Se reactiva el juicio por la muerte del obispo Ponce de León y en la Iglesia piden “verdad y justicia”
El Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de la Argentina celebró el primer avance de la investigación judicial por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, ocurrida durante la dictadura militar. Dos civiles vinculados en aquel tiempo con el área de Inteligencia del Ejército deberán prestar declaración indagatoria el martes 29 de este mes, a 49 años de los hechos, por lo que los curas villeros convocaron “a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”.
Ponce de León era obispo de San Nicolás y acompañó a familiares de detenidos y desaparecidos durante el régimen militar. Su muerte se produjo el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional 9, en un hecho que en su momento se presentó como un accidente vial, lo que llevó al cierre de la causa.
La Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura militar, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos que se registraban en la Argentina.
Ahora el juez federal Carlos Alberto Vera Barros dispuso las primeras indagatorias del proceso. Así, deberán presentarse Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al obispo, y Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Ambos tienen hoy más de 80 años, pero el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar.
Fueron determinantes para declarar “cosa juzgada írrita” la sentencia que había cerrado el caso una reconstrucción realizada por computadora del siniestro ocurrido el 11 de julio de 1977 en la ruta 9, que permitió establecer la mecánica del atentado, y los análisis forenses que determinaron que las heridas del obispo no eran las que se habían declarado, así como las presuntas lesiones de los conductores con los que había chocado.
“Es posible inferir en grado de sospecha que Bottini junto a Luis Martínez podrían haber tenido el dominio material de los hechos delictivos, esto es, que la colisión, acorde a la hipótesis criminal, fue un atentado pensado y ejecutado por las autoridades militares contra la persona del Obispo Ponce de León y no un accidente”, argumentó la Cámara Federal al disponer la nulidad de la sentencia de 1978 que había cerrado el caso.
“Pastor con olor a oveja”
“A casi 50 años del homicidio de Monseñor Carlos Ponce de León, obispo de San Nicolás, durante la última dictadura militar, y en momentos en que la causa judicial vuelve a moverse tras años de demoras, convocamos a nuestras comunidades y a toda la Iglesia argentina a un tiempo fuerte de oración por la verdad y la justicia sobre su muerte”, declaró el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares en su pronunciamiento.
“Para los que no lo conocen: Ponce de León fue un pastor del pueblo, comprometido hasta el fondo con los sacerdotes y comunidades que intentaron renovar la Iglesia argentina desde la cercanía con los más humildes. Al decir de Francisco, un pastor con olor a oveja, respondiendo con el evangelio al desafío del tiempo histórico que le tocó vivir”, dijeron los sacerdotes.
Recordaron, incluso, que el obispo “denunció ante el Vaticano las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura y sufrió la persecución del poder militar”. A raíz de ello, hoy la Justicia “encuadra su muerte como un posible crimen de lesa humanidad”.
En su pronunciamiento, los curas de las villas agregan: “Hasta hoy esperamos saber la verdad sobre su muerte” y subrayan que “su legado sigue siendo un llamado de Dios, aquí en la Argentina, para estar al lado de los que padecen injusticias y exclusión”.
Y concluyen: “Prontos a la llegada de nuestro Papá León decimos con él que el cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social”.
Mariano De Vedia,Iglesia,Fuerzas Armadas,Conforme a
POLITICA
Súper Niño: proponen usar fondos viales rurales para atender obras hídricas ante el riesgo de inundaciones y crecidas
El bloque Unión y Libertad del Senado de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para habilitar durante 180 días el uso de fondos viales rurales en obras hídricas urgentes. La iniciativa permitiría a los municipios reasignar hasta el 100% de esos recursos ante el riesgo de lluvias e inundaciones asociado a una posible llegada del fenómeno de El Niño.
La propuesta fue impulsada por los senadores bonaerenses Sergio Vargas, Carlos Kikuchi y Silvana Ventura. El objetivo es dar a los intendentes una herramienta temporal para intervenir en zonas afectadas por anegamientos, con tareas de drenaje, limpieza de canales y reparación de infraestructura.
El texto plantea una modificación excepcional y acotada en el tiempo del esquema establecido por la Ley 13.010, que asigna los fondos descentralizados del Impuesto Inmobiliario Rural al mantenimiento, mejorado y perfilado de los caminos de tierra.
De aprobarse, los municipios de la provincia de Buenos Aires quedarían habilitados para utilizar esos recursos en obras consideradas críticas ante excesos de agua. El permiso tendría una vigencia de 180 días corridos y contemplaría la reasignación de hasta el 100% de los fondos viales rurales.
Entre las intervenciones previstas figuran el drenaje pluvial, el dragado y la limpieza de canales, la reparación de alcantarillas y la compra de equipamiento destinado a responder ante emergencias hídricas.
Kikuchi sostuvo que las reglas actuales no se corresponden con la situación que podrían enfrentar los distritos. “Viene El Niño y nosotros seguimos con un manual de reglas viejo. Si sabemos que se van a desbordar los drenajes, ¿por qué obligamos a los municipios a gastar sus recursos en emparejar calles de tierra?”, afirmó el legislador.
Según los fundamentos de la iniciativa, el mantenimiento de la red vial rural pierde eficacia si los canales y desagües están desbordados o no tienen capacidad para conducir el agua acumulada. Desde el bloque consideran que la normativa vigente limita la respuesta de los gobiernos locales frente a fenómenos climáticos de gran impacto.
Vargas señaló que la propuesta no incluye partidas adicionales ni cambios tributarios. “No estamos pidiendo más plata ni creando nuevos impuestos, estamos pidiendo que puedan usar los recursos que ya tienen para prevenir las consecuencias de las inundaciones”, indicó.
El senador agregó que los intendentes conocen de cerca las necesidades de cada distrito y deben contar con margen para definir las prioridades frente a una emergencia. El proyecto busca mitigar posibles afectaciones sobre la producción agropecuaria, los caminos rurales y las comunidades del interior bonaerense.
La iniciativa deberá avanzar ahora en el tratamiento legislativo para reunir los respaldos necesarios en el Senado provincial.
Los antecedentes muestran que el impacto de El Niño no se distribuye de forma homogénea en Argentina. La meteoróloga Cindy Fernández, de Meteored, explicó que la influencia suele sentirse con mayor intensidad en el litoral y el noreste del país, regiones donde pueden darse períodos con más lluvias y tormentas de mayor intensidad.
Por su parte, Marcelo Madelón, pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, alertó que las precipitaciones acumuladas en lapsos cortos pueden exceder la capacidad de respuesta de la infraestructura urbana y rural. También remarcó que las lluvias en el sur de Brasil inciden en los caudales de los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, un factor relevante para las zonas cercanas a esas cuencas.
Nature / Wildlife,Disasters / Accidents,South America / Central America
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